3,3 MILLONES • Así lo afirmó el fiscal Edward Mollinedo. El dinero fue cobrado por los hermanos O’Connor y tres de sus colaboradores.
• EN ENTREVISTA • Mollinedo declara ante los medios de comunicación. Ocurrió ayer en la Fiscalía de Distrito.
La Razón
El Ministerio Público considera que Miguel O’Connor D’Arlach (hermano del empresario fallecido Jorge O’Connor), Mario Cossío Mc Galem (asesor jurídico de la empresa Uniservice), Luis Fernando Córdova (representante legal de la empresa en La Paz) y Paola Miranda (abogada de Uniservice) entre otros, extrajeron la suma de 3.3 millones de dólares, correspondientes a un fideicomiso, para derivarlos a cuentas personales en el exterior.
Esta millonaria suma se desprende de un fideicomiso de 45 millones de dólares, transferidos el 2 de septiembre del 2008, para el inicio de obras y puesta en marcha de una planta separadora de licuables en Río Grande, Santa Cruz, y a la empresa adjudicataria Catler-Uniservice.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Según el fiscal de Corrupción Pública, Edward Mollinedo, este dinero fue repartido a través de giros realizados en Miami, Estados Unidos y a cuentas personales y que serán difíciles de recuperar. Ante esta situación, la Fiscalía solicitará la anotación preventiva de los bienes de estas personas para que sirvan de garantía por el daño que se habría provocado al Estado.
“Los 3.3 millones de dólares los cobran Miguel O’Connor, Luis Fernando Córdova, Mario Cossío y otras personas como una abogada, Paola Miranda. Ese dinero se esfuma en giros, en Miami y en cuentas particulares. Jamás van a ser recuperados por el Estado”, señaló Mollinedo en las puertas de su oficina
Luego, el fiscal agregó: “por eso es que el Ministerio Público solicitó la anotación preventiva de todos los bienes de estas personas para garantizar y tratar de recuperar parte de ese dinero que el Estado ya ha perdido”.
El 8 de agosto, el Ministerio de Hacienda suscribió un contrato de fideicomiso con el Banco Unión y Yacimientos por 45 millones de dólares para la planta de gas. De ese dinero, se extrajeron 35 millones que servían para una Carta de Crédito a las empresas adjudicadas, en este caso, la Catler-Uniservice (Catler, con sede en Argentina y que luego llega a unirse a Uniservice para ese proyecto) y las subcontratadas, Gulsby y Texas Energy, en EEUU.
En ese entonces, se entregó la suma de 13.3 millones de dólares para la fabricación de un turbo expander en Estados Unidos y dar pie al inicio de la obra.
Sin embargo, según el Ministerio Público, esa suma de dinero también habría sido perdida pues no se verificó en el exterior si se fabrica el turbo expander y si las compañías cumplen con los contratos firmados.
“¿Es posible que el Estado recupere ese monto de dinero?, no lo creo. Precisamente la inspección nos dirá si estas empresas están cumpliendo con esta parte del proceso, si no lo están, claro que hay daño económico al Estado, y si no están en las condiciones del contrato, claro que también hay daño (…). Hemos suspendido ese viaje (a EEUU) debido a la falta recursos económicos”, afirmó Mollinedo.
De acuerdo con el representante de la Fiscalía, el ex presidente de la estatal petrolera, Santos Ramírez, afirmó que envió a una persona de la empresa para constatar dicha situación. No obstante, según Mollinedo, esa visita fue casual y poco seria.
“Hay un informe que refería Ramírez, de una persona que viajó a EEUU pero por otros motivos, y de pasada le dice Santos que vea eso también (la fabricación del turbo expander). ¿Eso es algo legal?, ¿algo que el funcionario público debe hacer?, pues no lo es” cuestionó Mollinedo.
Esta persona comisionada, de quien Mollinedo mantuvo en reserva su identidad, será llamada a declarar ante la Fiscalía para colaborar en la pesquisa.
Por otro lado, una comisión del Ejecutivo que investiga la presunta corrupción en Yacimientos viajó a Houston en EEUU para verificar esta situación, sin embargo, hasta la fecha aún no se informó los resultados obtenidos por el grupo que retornó al país el viernes 13 de febrero.
La Fiscalía solicitará en una audiencia el congelamiento de los fondos del fideicomiso para evitar más irregularidades de este tipo, advirtió Mollinedo.
“Es lo que preocupa al Ministerio Público, mañana (hoy) el juez de Instrucción (Carlos Guerrero) es quien va a determinar este congelamiento”, dijo Mollinedo, al referirse a una audiencia acordada para hoy.
IMPUTACIONES
Implicados • La Fiscalía imputó a O’Connor, Cossío, Córdova, además de Javier Navia y Gonzalo Aramayo por los delitos de cohecho activo, contratos lesivos al Estado y otros. La audiencia de medidas cautelares fue acordada para hoy.
Contrato • Un senador oficialista tuvo conocimiento de que los documentos de Catler-Uniservice con Gulsby son del 2002, “ese contrato es una burla” añadió el parlamentario.
Para la Fiscalía, Vega es un implicado “clave”
ACUSACIÓN • Conocía las irregularidades al interior de YPFB. Ramírez le otorgó el puesto.
El Ministerio Público apunta a que Marco Antonio Vega del Carpio, ex director administrativo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), participó en el proceso de contratación directa de la empresa estatal a la Catler-Uniservice y que tenía conocimiento de los hechos irregulares que se tejían al interior.
La Fiscalía presentó ayer la imputación y ahora es acusado de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, uso indebido de influencias y asociación delictuosa.
“Él es una de las principales personas que participa en todo el proceso, inclusive antes de su nombramiento formal. Él emite un certificado de precalificación (de Catler-Uniservice) sin cumplir con las normas establecidas para tal efecto, sin observar los documentos legales de Catler- Uniservice y una serie de irregularidades”, afirmó ayer el fiscal Edward Mollinedo.
Vega fue detenido el miércoles y su audiencia cautelar sería hoy. Además, el implicado fue acusado por la Fiscalía de no ser profesional y firmar como tal, además de no cumplir con los requisitos del Decreto 20506, que faculta la contratación de la empresa Catler-Uniservice.
“Él conocía perfectamente las irregularidades. Las avala con el certificado de precalificación, y participa en las reuniones de concertación. Influye en los personeros que son los que emiten un certificado para que adjudiquen el contrato (para la construcción de la planta en Santa Cruz) a la Catler-Uniservice, complementó Mollinedo.
Según el fiscal, Vega fue nombrado por Santos Ramírez, ex titular de YPFB, “pero tiene que ser un funcionario altamente calificado y de conocimiento en hidrocarburos, pero él no tiene esa calidad, ni siquiera es profesional”, complementó.
OTRO IMPLICADO
Fiscalía • Mollinedo recibió las declaraciones de Mauricio Ochoa, uno de los abogados de YPFB que admitió informes para la suscripción de adendas al contrato principal, según afirmó ayer la Fiscalía.
Defensa • Su defensor legal, Amador Quispe, indicó que su cliente desconocía los contratos firmados con la empresa, “porque se firmaron tres días antes de que él entre al cargo en YPFB”, dijo.
En un día se hicieron nueve trámites para el consorcio
CASO • El 11 de julio se habilitó a Catler como proponente y se le adjudicó la obra, entre otros.
En un solo día se realizaron nueve trámites para favorecer al consorcio Catler-Uniservice con la adjudicación de la obra de la planta separadora de líquidos en Río Grande (Santa Cruz), observa el informe de la comisión especial de la Cámara Alta que investiga las irregularidades y posibles hechos de corrupción sucedidos en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
El documento aprobado el miércoles por el pleno de la Cámara de Senadores, y rechazado por el vicepresidente Álvaro García Linera, a la letra indica que “en un solo día (11 de julio de 2008), se protocolizaron los documentos de constitución de la Asociación Accidental Catler Uniservice, se otorgó poder a sus representantes legales, se presentó la documentación de la empresa a YPFB, se habilitó a la misma como proponente potencial, se presentó su propuesta para la construcción de la planta, se abrió la propuesta, se hizo el informe de la comisión de calificación, se presentó el informe de concertación de esta comisión y se emitió la resolución administrativa de adjudicación”.
Entre otras irregularidades, el informe también cuestiona que el contrato no fue protocolizado por la Notaría de Gobierno, obligación legal que corresponde al presidente ejecutivo de la estatal, cargo que entonces recaía en Santos Ramírez. El contrato tampoco fue registrado ante la Contraloría General de la República (CGR), conforme a las disposiciones legales de control fiscal.
YPFB no tiene los recursos para pagar toda la planta
CONTRATO • Carlos Villegas reveló que los ministerios de Economía, Hidrocarburos y Planificación gestionaron sin éxito el dinero que falta.
• 14 DE JULIO DEL 2008 • El presidente Evo Morales estrecha la mano de Agustín Melano (izq.) tras la firma del contrato con el consorcio Catler-Uniservice. El evento fue en Río Grande.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no cuenta con los recursos suficientes para pagar la instalación “llave en mano” de la planta separadora de líquidos de Río Grande, confirmó el presidente de la estatal petrolera, Carlos Villegas.
El miércoles, tras declarar ante la Fiscalía, el también interventor de la estatal petrolera explicó que hasta ahora el Ejecutivo no logró conseguir los 45 millones de dólares que faltan para completar el fideicomiso de 90 millones que se creó para financiar la obra. La construcción está a cargo de la sociedad accidental Catler-Uniservice.
El contrato se firmó el 14 de julio del 2008 y establece que el costo de la obra será de 86,3 millones de dólares y que debe ser entregado en un plazo de 340 días, aunque no especifica la fecha en que entra en vigencia.
En el evento de suscripción del contrato, el presidente Evo Morales destacó que el costo de la construcción sería cubierto en su totalidad con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN) y también sostuvo que el primer desembolso sería de 45 millones de dólares. Pese a esta intención y casi a ocho meses de la firma, Carlos Villegas señaló que el restante aún no fue conseguido.
“El decreto dice que el valor es de 90 millones de dólares, 45 millones para abrir el fideicomiso y el restante (45 millones) se delegó a los ministros de Hacienda (ahora Economía y Finanzas Públicas), Planificación del Desarrollo e Hidrocarburos hacer gestiones para encontrar el financiamiento. Las gestiones no han tenido resultados (…) Se realizaron gestiones y no se encontraron los 45 millones”. reveló.
Sin embargo, en febrero, en las declaraciones que brindó a la Comisión Especial Multipartidaria de Investigación del Senado (en febrero de este año), el ministro de Economía, Luis Arce, respondió a la consulta de cómo se firmó un contrato si sólo se tenía la mitad del dinero indicando que el resto lo tenía YPFB, según explicó el miércoles el presidente de la instancia, Wálter Guiteras.
En el período en que el Órgano Ejecutivo buscó el financiamiento que falta para completar el fideicomiso, el titular de la cartera de Planificación del Desarrollo era Carlos Villegas, el de Hidrocarburos, Saúl Avalos y el de Hacienda, el propio Luis Arce.
Si bien Yacimientos cuenta con 45 millones de dólares, por el momento se requiere sólo 41,7 millones más para pagar la instalación de la planta separadora de líquidos en el campo cruceño.
Según el informe del Banco Unión, que administra el fideicomiso de YPFB, de los primeros 45 millones de dólares depositados, 35 millones de dólares se desembolsaron para abrir las cartas de crédito que garanticen el pago a la empresa estadounidense Gulsby System, que está a cargo de la fabricación del equipo básico (el turbo expander) y del estudio de diseño de la planta. De este monto, ya fueron desembolsados 16,5 millones de dólares.
La entidad financiera informó que también se desembolsaron $us 3,3 millones para pagar a la empresa Catler-Uniservice, dinero que, no obstante, quedó en manos de Uniservice SRL, una de las empresas parte del consorcio. El monto se cobró en dos retiros, y en el fideicomiso queda un saldo de $us 6,7 millones.
El miércoles, la comisión de fiscales que investiga los actos de corrupción en YPFB en torno a la adjudicación y firma del contrato con Catler-Uniservice, anunció que pedirá que se congele el dinero que queda en el fideicomiso.
CARACTERíSTICAS
Construcción • En Argentina, las empresas Sica y Bonella deberían estar construyendo una parte de los componentes de la planta separadora de líquidos de Río Grande (Santa Cruz).
EEUU • Una comisión del Ejecutivo viajó en febrero a EEUU para conocer el avance de la obra que emprende la otra subcontratista, Gulsby. Los resultados aún no fueron informados.