La Fiscalía ordenó la detención del ex Director Nacional Administrativo de YPFB.
Informe: la máxima autoridad de la estatal petrolera abandona la Fiscalía luego de prestar declaraciones sobre el caso Catler-Uniservice
La Prensa
El Gobierno departamental dice que el Decreto 29506 vulneró la Ley Safco y generó discrecionalidad. El Gobierno evalúa la presentación de una demanda contra el prefecto Mario Cossío.
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El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, acusó a Santos Ramírez de negarle información sobre el contrato entre esa empresa estatal y Catler-Uniservice. Esta es la razón por la cual la actual autoridad de la estatal dice que no conoció el documento mientras fue ministro de Hidrocarburos.
La Fiscalía ordenó ayer, por su lado, la detención de Marco Antonio Vega, ex director nacional de Administración de YPFB y quien dio el visto bueno sobre la solvencia de la nueva socia de la estatal para impulsar la construcción de la planta separadora de líquidos de Río Grande, en Santa Cruz.
Villegas precisó: “Ahora públicamente expreso que yo no tenía conocimiento ni de una coma ni un punto del contrato con Catler-Uniservice”.
Añadió que se enteró del contenido en detalle cuando asumió la presidencia interina de YPFB, el 31 de enero.
Esto sucedió porque cuando solicitó información a YPFB mediante un oficio, entre julio y agosto, no recibió respuesta del ex presidente Ramírez. “Primero se rechazaba el envío de la información porque la carta no estaba suscrita por el Ministro de Hidrocarburos debido a que lo hice a través de la Dirección Jurídica y (…) No se podía enviar la información porque la información de hechos acontecidos, solamente le corresponde a la Contraloría General de la República”.
Villegas fue posesionado de su cargo actual el 31 de enero después de que Ramírez Valverde fuera destituido por el presidente Evo Morales, bajo la sospecha de actos de corrupción en el proceso de adjudicación y contratación de Catler-Uniservice.
La firma fue seleccionada para construir la planta de extracción de líquidos en Río Grande que tenía el objetivo de elevar la producción de gas licuado de petróleo (GLP) y gasolina para el abastecimiento interno y la exportación.
Antes desempeñó el cargo de ministro de Planificación del Desarrollo, desde enero de 2006 hasta el 15 de septiembre de ese año. Entre el 16 de septiembre de 2006 y agosto de 2008 estuvo en la cartera de Hidrocarburos.
La firma del contrato con Catler-Uniservice fue el 14 de julio de 2008. Dos meses antes se iniciaron los encuentros con las empresas interesadas en el proyecto, como lo certifica el acta de reunión aclaratoria del 27 de mayo de 2008.
En un acta posterior, del 6 de junio de 2008, se registra la participación de seis empresas del rubro, entre ellas Catler, un representante del Ministerio de Hidrocarburos y Energía de nombre Mario Ávalos y el representante de YPFB Mario Arenas.
El contrato con Catler-Uniservice es investigado por el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, mientras que el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción hizo una auditoría.
Este último encontró responsabilidad administrativa, civil y penal en Ramírez y otros ex funcionarios de YPFB
Por este proyecto se creó un fideicomiso de 45 millones de dólares, de los que se han desembolsado 3,3 millones de dólares, y se abrió una carta de crédito por 35 millones.
Semanas después de la firma del contrato, el senador Carlos D’Arlach pidió al Ministerio de Hidrocarburos un informe sobre dicho acuerdo. La respuesta a todas las preguntas la firmó Villegas.
Sin embargo, el Presidente de YPFB afirmó que “era tan general, tan general que yo no tenía elementos para poder (responder) (…) porque pedí una información en ese entonces a YPFB sobre el contenido del contrato y lo único que hice, como dice la carta, remití lo que YPFB me envió en aquel entonces”.
Además no pudo informarse a través de su representante en el Directorio porque éste tampoco tuvo conocimiento del contrato.
Respecto de la compañía YPFB-SIPSA, Villegas señaló un similar criterio: “A los pocos días de estar en la presidencia, lo que me informaron es que hay esta empresa”, entonces se la interviene.
La firma fue constituida por Ramírez el 4 de septiembre de 2008 con la compra del 99 por ciento de las acciones de la recalificadora de garrafas Full Industry.
Detención
El Ministerio Público ordenó la aprehensión del ex director Nacional Administrativo de YPFB Marco Antonio Vega del Carpio, quien emitió el certificado de precalificación para la empresa Catler-Uniservice sobre el cumplimiento en la entrega de documentos necesarios para el registro como potencial proponente en la adjudicación del contrato.
De acuerdo con el Fiscal Edward Mollinedo, Vega participó en todo el proceso de precalificación, calificación, concertación y adjudicación a favor de la sociedad accidental.
Ayer por la mañana presentó su declaración ante la Fiscalía, luego fue llevado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCN), hasta que un juzgado de medidas cautelares determine su libertad o su detención preventiva en el penal de San Pedro.
Se lo acusa de seis delitos, los más graves, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica y asociación delictuosa.
YPFB fue la garantía del contrato de Andina y SIPSA
Para la firma del contrato de alquiler del equipo de perforación PDV 08, YPFB Servicios e Industrias Petroleras S.A. (SIPSA) debió presentar ocho pólizas que tenían como garantía adicional a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Este contrato, firmado con YPFB Andina S.A. el 16 de diciembre del año pasado, establece en los Términos Generales de Contratación, artículo 11, que durante toda la duración del acuerdo, de seis meses, debía mantener un seguro de workmen compensation o de cobertura a los empleados expatriados conforme a las leyes de origen de cada obrero. No se establece un precio.
Se requirió además el seguro de responsabilidad civil patronal por cinco millones de dólares; otro civil general por el mismo monto; seguro de vida de 10.000 dólares por persona; contra accidentes por la misma cantidad; de todo riesgo para sus equipos por el valor de cada máquina; otro de responsabilidad civil para automóviles o embarcaciones por cinco millones de dólares; y para aeronaves, incluidos helicópteros, por 20 millones de dólares. Estos documentos tenían que entregarse a YPFB Andina antes de iniciar el trabajo.
Dicho contrato fue suscrito para iniciar la perforación del pozo 34D en el campo Víbora, que pertenece a Andina. El mismo documento establece nueve diferentes tarifas por servicios; en el caso de entrar a operar costará 27.000 dólares por día.
Sin embargo, a la fecha, el taladro PDV 08 aún no perforó el pozo, con lo cual YPFB-SIPSA incumple los términos del documento contractual.
Según los trabajadores del campo petrolero, la maquinaria carece de una pieza.
El miembro del Directorio de YPFB, Fernando Vincenti, afirmó que se completó esta pieza y el equipo puede empezar a operar en cualquier momento.
YPFB-SIPSA es una empresa creada de una recalificadora de garrafas quebrada, según informó su ex propietaria Lucy Barbery.
Una auditoría del Ministerio de Transparencia estableció un posible daño económico al Estado de 60,7 millones de dólares.
García Linera pide “cirugía”
El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García, señaló el miércoles que la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) necesita una “cirugía mayor y no aspirinas o remedios caseros” para superar su crisis institucional, salpicada por denuncias de corrupción.
El Segundo Mandatario señaló que en esa especie de reingeniería la estatal petrolera se removerá a cuanto personal sea necesario hasta quedarse con los profesionales y funcionaros indispensables y necesarios para la buena marcha de la empresa.
El presidente de la estatal, Carlos Villegas, anunció que la empresa contará con unas 982 personas, tomando en cuenta que en sus planillas ya tiene 716 permanentes y contratará 266 eventuales.
En YPFB “tenemos que estar en el orden de los 800 a 1.000 trabajadores”, porque “pueden ser más o menos”.
A los pocos días de asumir el mando, el 12 de febrero, Villegas informó que la compañía tenía supernumerarios con 1.557 trabajadores. Un mes después, asegura que la “composición contractual” es de 1.447 empleados permanentes y eventuales. Adicionalmente “hay contratos verbales”, de éstos “alrededor de 17 personas en la Empresa Boliviana de Industrialización en Cochabamba y en menor número en La Paz”.
Fiscalía abre proceso a O’Connor
El Ministerio Público abrirá proceso contra Miguel O’Connor D’Arlach Taborga y otros cuatro imputados en la investigación de actos de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) relacionados con el pago irregular de 450.000 dólares a la Fundación Khantati.
La comisión de fiscales asignada al caso solicitará hoy al Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal la detención preventiva de los representantes de Uniservice Miguel O’Connor D’Arlach Taborga y Mario Cossío Mac Galem; del presidente y representante de la Fundación Khantati, Javier Navia Doria Medina; de Gonzalo Aramayo Navia y de Luis Fernando “Ticoco” Córdoba, empleado del fallecido empresario Jorge O’Connor D’Arlach.
El fiscal Edward Mollinedo dijo que existen indicios contra estas cinco personas por los delitos de cohecho activo y organización criminal.
“El Ministerio Público ha solicitado la detención preventiva de estas personas y también la aplicación de las medidas cautelares de carácter real. Estos aspectos serán considerados por el juez, quien determine su situación jurídica”.
Este caso pasó al Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal debido a la recusación, planteada por la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, contra la juez Marcela Siles, quien postergó la audiencia de medidas cautelares que debía realizarse el 27 de febrero contra estas cinco personas. El Gobierno considera que hubo errores en la concesión de libertad provisional a favor de la ex ejecutiva de YPFB Esther Carmona y la detención domiciliaria aplicada contra el destituido viceministro de Desarrollo Energético Misael Gemio, acusados de corrupción.
Decreto 29506
El fiscal Edward Mollinedo no iniciará ninguna investigación al Poder Ejecutivo por la aprobación del Decreto Supremo 29506, que permitió la libre contratación de bienes y servicios a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Esta norma también facilitó la adjudicación de la construcción de la planta separadora de líquidos de Río Grande a la empresa Catler-Uniservice, formada tres días antes de que se suscribiera el contrato.
Mollinedo aclaró que, si bien la norma otorgó facilidades, son las personas que tenían responsabilidad en su aplicación las que le dieron un mal uso. La Prefectura de Tarija interpuso una demanda de juicio de responsabilidades contra el presidente Evo Morales por la promulgación del decreto supremo en cuestión debido a que vulnera la fiscalización de la Ley Safco.
Uniservice no acabó hospital
La Caja Nacional de Salud (CNS) contrató, mediante la minuta 045/2006 y por la suma de 12.060.000 bolivianos, a la empresa Uniservice, de propiedad de los hermanos O’Connor D’Arlach Taborga, para la construcción del Hospital Regional Cobija, que no ha entregado todavía.
La Gerencia General de la entidad aseguradora suscribió el contrato en junio de 2006 con Uniservice (cuyo representante legal Miguel O’Connor D’Arlach Taborga es imputado por la Fiscalía por corrupción en YPFB), con el propósito de que esta empresa entregara este hospital el último trimestre de 2007, para lo cual desembolsó el 10 por ciento del costo de la obra, 1,2 millones de bolivianos.
No obstante, este trabajo no fue fructífero, por lo que la CNS se vio obligada a modificar en dos oportunidades el contrato original para darle más tiempo y elevar a 13,8 millones de bolivianos el costo final de la construcción de ese nosocomio, que ya debía empezar a funcionar el primer semestre de 2008.
La agencia ANF tuvo acceso al contrato suscrito entre la Caja Nacional de Salud y el representante legal de Uniservice, Miguel O’Connor D’Arlach Taborga, en el que se establece que esta obra empezó a ejecutarse en julio de 2006 y debía concluirse en un lapso de 460 días, lo cual no ocurrió.
Los gerentes generales de la entidad aseguradora implicados en este contrato y sus modificaciones son Álvaro Carranza Urriolagoita, Grace Ponce de Loza y el recién relevado Jorge Fernández Gantier, quienes, en criterio de los trabajadores de la CNS, no cumplieron con una labor financiera efectiva ni fiscalizadora. Uniservice y Catler debían construir la planta separadora de líquidos de Río Grande.
LOS DATOS
El contrato entre YPFB y Catler-Uniservice no se protocolizó en Notaría de Gobierno.
Tampoco el documento fue enviado a la Contraloría en los cinco días de término.
Además éste carece de la firma de abogados que otorguen legalidad al contrato.