La cadena de abusos que se cometen en el país muestra un panorama nada halagador a las inversiones, pues no hay quién se anime a exponer capital y equipos, sabiendo que “algunas disposiciones sociales” dan visto bueno a las actitudes ilegales de comunarios originarios que no respetan las leyes y menos los derechos ciudadanos
Editorial La Patria
Si hay algo que está afectando seriamente la imagen de nuestro país es la violencia que de-satan los denominados “originarios” que al amparo de ciertas prerrogativas oficiales avasallan la propiedad privada, imponen condiciones, desacatan las leyes, alteran el orden establecido y hasta atacan y desarman a los policías en franco desacato a las leyes y la normatividad institucional.
En todas partes hay avasalladores, algunos se autodenominan “sin tierra” y arremeten contra propietarios de terrenos e inclusive de viviendas construidas, en otra instancia acuden al expediente de la “justicia comunitaria” y desalojan a los propietarios de sus viviendas, destruyen enseres y declaran “estado de sitio comunitario” lo que impide el curso de anunciadas investigaciones.
Lo más reciente, comunarios originarios de un cantón paceño (Cohoni) se declaran dueños de las tierras del lugar pero además de una propiedad privada, como la mina Himalaya donde se instalan por la fuerza, despojan de las fuentes de empleo y hasta de viviendas a trabajadores mineros y sus familiares, anuncian que por una decisión de la “comunidad” nacionalizan la mina y se enfrentan con policías que tenían la misión de restablecer el orden y la legalidad en esa mina ocupada desde hace más de año y medio. Lo grave es que de-sarman violentamente a los guardias, los despojan de sus armas de reglamento, de los uniformes y de paso los golpean como queriendo sentar precedente sobre su derecho de avasallamiento.
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Hay otros casos de ocupación de propiedades mineras en distritos de Oruro y Potosí también en una zona de Cochabamba y La Paz, donde la fuerza es determinante para ocupaciones arbitrarias y el despojo de propiedad, equipos, herramientas y enseres de las familias de sacrificados mineros. En todos los casos se anuncia la investigación de los hechos y resulta que la intervención de autoridades de las prefecturas intermedian en esas supuestas soluciones y sólo confirman los actos atrabiliarios de comunarios que se apropian de concesiones mineras.
La cadena de abusos que se cometen en el país muestra un panorama nada halagador a las inversiones, pues no hay quién se anime a exponer capital y equipos, sabiendo que “algunas disposiciones sociales” dan visto bueno a las actitudes ilegales de comunarios originarios que no respetan las leyes y menos los derechos ciudadanos, supuestamente amparados por una seguridad jurídica, que en la práctica está ausente en el cuidado de la ciudadanía y sus bienes.
El Gobierno está frente a un terrible problema, o pone orden allí donde prevalece el caos o pierde el control sobre los movimientos sociales y las corrientes originarias, que cada cual por su lado y a su turno están creando una verdadera descomposición del orden constituido dejando en desamparo a la población en general, incluyendo los policías que deben ser celosos guardianes de la cosa pública y no víctimas de la intolerancia.
Se trata de restablecer el respeto a las leyes, a la Constitución vigente con pleno respeto a los derechos ciudadanos y la propiedad privada. No puede admitirse más vandalismo a título de reivindicaciones sociales, el país está perdiendo mucho con la inseguridad reinante.