Investigación. Los detenidos son acusados por tráfico de influencias y asociación delictuosa. La Fiscalía investiga a otros posibles implicados
Guillermo Aruquipa es conducido a celdas de la policía, luego de dar su declaración. | La Prensa – Redacción central Los Tiempos
Detienen a Aruquipa y a su ex asesor por caso Sipsa-YPFB
Por Redacción central – Los Tiempos – 14/04/2009
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La Paz | Anf. El ex superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa y su ex asesor jurídico, Leonardo Chiquie, fueron aprehendidos la noche de este lunes por disposición del Ministerio Público, acusados por los delitos de tráfico de influencias y asociación delictuosa, entre otros, por la conformación irregular de la sociedad entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la empresa privada de Servicios e Industrias Petroleras S.A. (Sipsa).
El fiscal asignado a la investigación de este caso, César Romano, dijo que se determinó la detención de Aruquipa debido a que si bien llegó a prestar su declaración informativa, posteriormente intentó confundir alos fiscales.
Tras seis horas de declaración, Aruquipa fue conducido a celdas de la Policía Judicial de la Corte Superior de Distrito de La Paz, y será sometido hoy martes a una audiencia de medidas cautelares ante la jueza Cuarto de Instrucción en lo Penal, Margoth Pérez, que podría instruir su detención preventiva en la cárcel de San Pedro, o aplicarle medidas sustitutivas.
Aruquipa, se presentó hace una semana ante el Ministerio Público sin abogado defensor, por lo que solicitó a la Fiscalía suspenda para este 13 de abril.
La Fiscalía determinó que fue ilegal la creación YPFB-Sipsa, en septiembre de 2008, al considerar que Sipsa fue constituida por orden del entonces presidente de la estatal petrolera con el propósito de prestar servicios a YPFB, como la recalificación de garrafas de gas licuado de petróleo (GLP), contrato que se adjudicó por 1,8 millones de dólares.
Del mismo modo, El ex asesor jurídico de la Superintendencia de Hidrocarburos y ex funcionario de YPFB, Leonardo Chiquie, fue aprehendido también ayer, acusado de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, entre otros delitos, por estar implicado en la creación irregular de Sipsa.
Uno de los integrantes de la comisión de fiscales que investiga este caso ocurrido durante la gestión del ex presidente de YPFB, Santos Ramírez, Edwin Sarmiento, dijo que el Ministerio Público, dispuso la aprehensión de Chiquie, tras prestar sus declaraciones informativas la tarde de este lunes. El ex funcionario fue trasladado a celdas de la Policía Judicial y será sometido a una audiencia cautelar hoy martes, que definirá su detención preventiva o la aplicación de medidas sustitutivas. El 4 de abril, Esther Carmona, ex asesora jurídica de Ramírez, fue enviada por el mismo caso a detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes acusada de estar vinculada en las irregularidades que fueron detectadas en el contrato entre la estatal petrolera y Sipsa.
El pasado 1 de abril la ex vicepresidenta de la empresa de Servicios e Industrias Petroleras Sociedad Anónima (Sipsa) y ex asesora jurídica de YPFB, Esther Carmona, fue detenida y dos días después, una jueza ordenó la detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, por riesgo de fuga y obstaculización.
No reconocen obligaciones
El presidente de la Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, dijo este lunes que la estatal petrolera no reconoce ninguna obligación, ni relación contractual con Catler-Uniservice, aunque reconoció que no se puede rescindir el contrato unilateralmente.
«Como YPFB, en las atribuciones que tenemos en el estatuto tenemos que anular el proceso de contratación, eso quiere decir que Yacimientos no tiene ninguna relación contractual con la empresa Catler; eso es lo que hicimos», aseguró Villegas. Explicó que la semana pasada se envió una carta a la empresa de seguros Credinform solicitándoles la «inmediata ejecución de la pólizas de seguro», como otro antecedente que demuestre que la estatal ya no tiene relación contractual con la empresa.
«No tenemos ninguna atribución de anular contratos sino el proceso de contratación, no tenemos ninguna relación, ninguna obligación de ninguna naturaleza con Catler», expresó.
Del mismo modo, anunció que este mes se definirá una estrategia para recuperar los recursos económicos que fueron erogados y que además se continuará con el proceso penal contra los responsables de este escándalo de corrupción descubierto en YPFB tras el asesinato del gerente de Catler-Uniservice, Jorge O’Connor.
Ex Súper de Hidrocarburos fue arrestado por caso YPFB-SIPSA
También fue aprehendido el director Jurídico de la reguladora, Leonardo Chiquie
Audiencia: el ex Superintendente sostiene un control de Tv en una sala del Ministerio Público, ayer
La Prensa
El Ministerio Público pedirá la detención preventiva de ambos sospechosos en la audiencia de hoy.
El ex superintendente de Hidrocarburos Guillermo Aruquipa fue aprehendido ayer por instrucción de la Fiscalía que lo acusa de los delitos de conducta antieconómica, suscripción de contrato lesivo para el Estado e incumplimiento de deberes en el caso YPFB-SIPSA. También fue arrestado el director Jurídico de la entidad reguladora, Leonardo Chiquie.
El fiscal César Romano informó que Aruquipa comparecerá hoy en el Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Penal, donde se determinará si se acoge a la libertad condicional o si es remitido con medidas cautelares al penal de San Pedro.
El ex Superintendente fue trasladado, alrededor de las 20.30, de la Fiscalía de Distrito de La Paz a un ambiente de la División de Corrupción Pública de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde pasó la noche.
En cambio, Chiquie fue enviado, el mediodía de este lunes, a las celdas del Ministerio Público, ubicadas frente al edificio de esa dependencia estatal (calle Potosí, entre Genaro Sanjinés y Yanacocha).
La Fiscalía acusa al Director Jurídico de la Superintendencia de incumplimiento de deberes y de autorizar la firma de un contrato lesivo para el Estado.
El abogado de Aruquipa, Jorge Tapia, intentó negar la detención de su defendido y afirmó que éste había sido llevado a la División de Corrupción Pública porque la audiencia informativa fue declarada en cuarto intermedio para que continúe hoy.
Aruquipa no quiso hacer declaraciones ni cuando salió de la Fiscalía con destino a la FELCC ni cuando ingresaba en este edificio, ubicado en la calle Sucre.
El ahora detenido renunció al cargo de Superintendente de Hidrocarburos el 2 de abril, luego de presentarse a declarar, en calidad de sospechoso, en la comisión de fiscales que indaga el caso YPFB-SIPSA.
En aquella ocasión la sesión fue suspendida por pedido de los mismos fiscales que consideraron necesaria la presencia del abogado de Aruquipa para proseguir con la audiencia informativa, porque habían encontrado indicios de que el “Súper” había cometido actos delictivos durante su gestión. La primera declaración de Aruquipa, como testigo, fue el 13 de marzo de este año, en el marco de las investigaciones por el robo de 450.000 dólares el 27 de enero, acción violenta en la que fue asesinado el ingeniero Jorge O’Connor D’Arlach, representante de la sociedad accidental Catler-Uniservice.
Esta firma suscribió, en 2008, un contrato con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por 86 millones de dólares para la construcción de una planta separadora de líquidos hidrocarburíferos en la provincia Cordillera de Santa Cruz.
Pero las irregularidades halladas por la Fiscalía apuntaban al acuerdo comercial firmado en septiembre del año pasado por la estatal petrolera y Servicios e Industrias Petroleras Sociedad Anónima (SIPSA) para la recalificación de garrafas de gas licuado de petróleo (GLP) por 1,8 millones de dólares, que beneficiaba con la elevación de precios a esta última firma. En su edición del 19 de marzo de 2009 La Prensa reveló que Aruquipa autorizó el 9 de septiembre, mediante la Resolución 0895/2008, el alza de los precios de inspección y certificación de los botellones entre 48 y 68,1 por ciento.
De este modo, SIPSA pasó a cobrar por ese trabajo 7,4 dólares por cada garrafa de 10 kilos sin cambio de válvula (antes costaba 4,4 dólares) y 13 dólares con cambio de válvula (antes costaba 8,3 dólares).
Este incremento fue avalado por Chiquie en su calidad de Directo Jurídico de YPFB. SIPSA fue creada por orden de Santos Ramírez, ahora ex presidente de Yacimientos, con el objetivo de que prestara servicios a YPFB.
En el contrato Aruquipa justificó ese alza por el supuesto incremento de los precios internacionales de los repuestos y el encarecimiento de la mano de obra.
Sin embargo, el Decreto 29066, del 21 de marzo de 2007, estableció que la Superintendencia sólo podía fijar esos parámetros por un año, es decir, hasta marzo de 2009.
El ex gerente de SIPSA Rogelio Ashimine todavía no se presentó ante la Fiscalía y se instruyó su aprehensión para que preste su declaración informativa.
Recalificación paralizada
De acuerdo con un reporte de la Red televisiva ATB, los empleados de Servicios e Industrias Petroleras Sociedad Anónima (SIPSA) están impagos hace dos meses, mientras que el proceso de recalificación de garrafas de gas licuado de petróleo (GLP) se paralizó.
Un trabajador de la planta de SIPSA, ubicada en la ciudad de El Alto, declaró, además, que desconocen cuál será el destino de la empresa, que fue creada por Santos Ramírez, ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en septiembre de 2009.
Las operaciones de SIPSA se paralizaron después de que se descubrieran los actos de corrupción en la estatal petrolera como consecuencia del robo de 450.000 dólares, el 27 de enero, en el que murió el ingeniero Jorge O’Connor D’Arlach, representante de Catler-Uniservice.
La Prensa denunció el 22 de marzo de este año la existencia en los almacenes de SIPSA de 18.000 garrafas de GLP que todavía no habían pasado la inspección.
El presidente interino de la estatal petrolera, Carlos Villegas, dijo hace más de una semana que aún se elaboraban los término de la licitación que sería lanzada para contratar una nueva empresa recalificadora. Pero no dio fechas.
En septiembre, Yacimientos, que por entonces estaba conducida por Santos Ramírez, decidió no renovar el contrato con las recalificadoras Socoin SRL y Full Industry. Esta información fue proporcionada a La Prensa por la representante de esta última firma, Lucy Barberí.
Pero dispuso la compra de 220 acciones de Full Industry por 216.000 dólares, monto que, según Ramírez, no fue desembolsado todavía.
Los detalles
SIPSA fue creada por el ahora ex presidente de YPFB Santos Ramírez en septiembre de 2009.
Con ese propósito, Ramírez dispuso la compra de 220 acciones por 16.000 dólares de la firma recalificadora Full Industry, aunque la anterior semana fue el mismo quien dijo que no se había autorizado todavía el desembolso para ese pago.
218 de esos valores debían pasar a constituir SIPSA. Lucy Barberí, representante de Full Industry, debía mantener en su poder una acción y Nilda Domínguez (otra socia minoritaria), otra.
El 9 de septiembre del año pasado, Ramírez firmó con SIPSA un contrato por 1,8 millones de dólares para la recalificación de garrafas de GLP.
Para ello emitió la Resolución Administrativa 0865/2008 el 9 de septiembre.
En ese documento se autorizó el incremento del costo de la recalificación de la siguiente manera: garrafas de 10 kilos, sin cambio de válvula, de 4,4 dólares a 7,4 dólares. Con cambio de válvula, de 8,3 a 13 dólares. Garrafas de 45 kilos: sin cambio de válvula, de 4,4 dólares a 7,4 dólares. Con cambio de válvula, de 10,4 dólares a 15,2 dólares.
Este lunes también declaró en la Fiscalía el ex presidente del Directorio de SIPSA y ex viceministro de Planificación Energética Misael Gemio, quien desde el mes pasado guarda detención domiciliaria.
El 1 de este mes, una juez cautelar dispuso la detención de la ex vicepresidenta de SIPSA y ex asesora jurídica de Ramírez en YPFB Esther Carmona, por su supuesta participación en la constitución irregular de la recalificadora.
Ramírez fue detenido en febrero este año por su presunta vinculación con los actos de corrupción en la estatal petrolera nacional.
Esas irregularidades fueron descubiertas tras el robo de 450.000 dólares, el 27 de enero, en una casa de la Tejada Sorzano, donde murió por un disparo de arma de fuego Jorge O’Connor, representante de Catler.