Detienen a Aruquipa y a su ex asesor por caso Sipsa-YPFB


Investigación. Los detenidos son acusados por tráfico de influencias y asociación delictuosa. La Fiscalía investiga a otros posibles implicados

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Guillermo Aruquipa es conducido a celdas de la policía, luego de dar su declaración. | La Prensa – Redacción central Los Tiempos



Detienen a Aruquipa y a su ex asesor por caso Sipsa-YPFB

Por Redacción central – Los Tiempos – 14/04/2009

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La Paz | Anf. El ex su­pe­rin­ten­den­te de Hi­dro­car­bu­ros, Gui­ller­mo Aru­qui­pa y su ex ase­sor ju­rí­di­co, Leo­nar­do Chi­quie, fue­ron apre­hen­di­dos la no­che de es­te lu­nes por dis­po­si­ción del Mi­nis­te­rio Pú­bli­co, acu­sa­dos por los de­li­tos de trá­fi­co de in­fluen­cias y aso­cia­ción de­lic­tuo­sa, en­tre otros, por la con­for­ma­ción irre­gu­lar de la so­cie­dad en­tre Ya­ci­mien­tos Pe­tro­lí­fe­ros Fis­ca­les Bo­li­via­nos (YPFB) y la em­pre­sa pri­va­da de Ser­vi­cios e In­dus­trias Pe­tro­le­ras S.A. (Sip­sa).

El fis­cal asig­na­do a la in­ves­ti­ga­ción de es­te ca­so, Cé­sar Ro­ma­no, di­jo que se de­ter­mi­nó la de­ten­ción de Aru­qui­pa de­bi­do a que si bien lle­gó a pres­tar su de­cla­ra­ción in­for­ma­ti­va, pos­te­rior­men­te in­ten­tó con­fun­dir alos fis­ca­les.

Tras seis ho­ras de de­cla­ra­ción, Aru­qui­pa fue con­du­ci­do a cel­das de la Po­li­cía Ju­di­cial de la Cor­te Su­pe­rior de Dis­tri­to de La Paz, y se­rá so­me­ti­do hoy mar­tes a una au­dien­cia de me­di­das cau­te­la­res an­te la jue­za Cuar­to de Ins­truc­ción en lo Pe­nal, Mar­goth Pé­rez, que po­dría ins­truir su de­ten­ción pre­ven­ti­va en la cár­cel de San Pe­dro, o apli­car­le me­di­das sus­ti­tu­ti­vas.

Aru­qui­pa, se pre­sen­tó ha­ce una se­ma­na an­te el Mi­nis­te­rio Pú­bli­co sin abo­ga­do de­fen­sor, por lo que so­li­ci­tó a la Fis­ca­lía sus­pen­da pa­ra es­te 13 de abril.

La Fis­ca­lía de­ter­mi­nó que fue ile­gal la crea­ción YPFB-Sip­sa, en sep­tiem­bre de 2008, al con­si­de­rar que Sip­sa fue cons­ti­tui­da por or­den del en­ton­ces pre­si­den­te de la es­ta­tal pe­tro­le­ra con el pro­pó­si­to de pres­tar ser­vi­cios a YPFB, co­mo la re­ca­li­fi­ca­ción de ga­rra­fas de gas li­cua­do de pe­tró­leo (GLP), con­tra­to que se ad­ju­di­có por 1,8 mi­llo­nes de dó­la­res.

Del mis­mo mo­do, El ex ase­sor ju­rí­di­co de la Su­pe­rin­ten­den­cia de Hi­dro­car­bu­ros y ex fun­cio­na­rio de YPFB, Leo­nar­do Chi­quie, fue apre­hen­di­do tam­bién ayer, acu­sa­do de los de­li­tos de in­cum­pli­mien­to de de­be­res y con­duc­ta an­tie­co­nó­mi­ca, en­tre otros de­li­tos, por es­tar im­pli­ca­do en la crea­ción irre­gu­lar de Sip­sa.

Uno de los in­te­gran­tes de la co­mi­sión de fis­ca­les que in­ves­ti­ga es­te ca­so ocu­rri­do du­ran­te la ges­tión del ex pre­si­den­te de YPFB, San­tos Ra­mí­rez, Ed­win Sar­mien­to, di­jo que el Mi­nis­te­rio Pú­bli­co, dis­pu­so la apre­hen­sión de Chi­quie, tras pres­tar sus de­cla­ra­cio­nes in­for­ma­ti­vas la tar­de de es­te lu­nes. El ex fun­cio­na­rio fue tras­la­da­do a cel­das de la Po­li­cía Ju­di­cial y se­rá so­me­ti­do a una au­dien­cia cau­te­lar hoy mar­tes, que de­fi­ni­rá su de­ten­ción pre­ven­ti­va o la apli­ca­ción de me­di­das sus­ti­tu­ti­vas. El 4 de abril, Est­her Car­mo­na, ex ase­so­ra ju­rí­di­ca de Ra­mí­rez, fue en­via­da por el mis­mo ca­so a de­ten­ción pre­ven­ti­va en el Cen­tro de Orien­ta­ción Fe­me­ni­na (COF) de Obra­jes acu­sa­da de es­tar vin­cu­la­da en las irre­gu­la­ri­da­des que fue­ron de­tec­ta­das en el con­tra­to en­tre la es­ta­tal pe­tro­le­ra y Sip­sa.

El pa­sa­do 1 de abril la ex vi­ce­pre­si­den­ta de la em­pre­sa de Ser­vi­cios e In­dus­trias Pe­tro­le­ras So­cie­dad Anó­ni­ma (Sip­sa) y ex ase­so­ra ju­rí­di­ca de YPFB, Est­her Car­mo­na, fue de­te­ni­da y dos días des­pués, una jue­za or­de­nó la de­ten­ción pre­ven­ti­va en el Cen­tro de Orien­ta­ción Fe­me­ni­na de Obra­jes, por ries­go de fu­ga y obs­ta­cu­li­za­ción.

No reconocen obligaciones

El pre­si­den­te de la Ya­ci­mien­tos Pe­tro­lí­fe­ros Fis­ca­les Bo­li­via­nos (YPFB), Car­los Vi­lle­gas, di­jo es­te lu­nes que la es­ta­tal pe­tro­le­ra no re­co­no­ce nin­gu­na obli­ga­ción, ni re­la­ción con­trac­tual con Ca­tler-Uni­ser­vi­ce, aun­que re­co­no­ció que no se pue­de res­cin­dir el con­tra­to uni­la­te­ral­men­te.

«Co­mo YPFB, en las atri­bu­cio­nes que te­ne­mos en el es­ta­tu­to te­ne­mos que anu­lar el pro­ce­so de con­tra­ta­ción, eso quie­re de­cir que Ya­ci­mien­tos no tie­ne nin­gu­na re­la­ción con­trac­tual con la em­pre­sa Ca­tler; eso es lo que hi­ci­mos», ase­gu­ró Vi­lle­gas. Ex­pli­có que la se­ma­na pa­sa­da se en­vió una car­ta a la em­pre­sa de se­gu­ros Cre­din­form so­li­ci­tán­do­les la «in­me­dia­ta eje­cu­ción de la pó­li­zas de se­gu­ro», co­mo otro an­te­ce­den­te que de­mues­tre que la es­ta­tal ya no tie­ne re­la­ción con­trac­tual con la em­pre­sa.

«No te­ne­mos nin­gu­na atri­bu­ción de anu­lar con­tra­tos si­no el pro­ce­so de con­tra­ta­ción, no te­ne­mos nin­gu­na re­la­ción, nin­gu­na obli­ga­ción de nin­gu­na na­tu­ra­le­za con Ca­tler», ex­pre­só.

Del mis­mo mo­do, anun­ció que es­te mes se de­fi­ni­rá una es­tra­te­gia pa­ra re­cu­pe­rar los re­cur­sos eco­nó­mi­cos que fue­ron ero­ga­dos y que ade­más se con­ti­nua­rá con el pro­ce­so pe­nal con­tra los res­pon­sa­bles de es­te es­cán­da­lo de co­rrup­ción des­cu­bier­to en YPFB tras el ase­si­na­to del ge­ren­te de Ca­tler-Uni­ser­vi­ce, Jor­ge O’Con­nor.

Ex Súper de Hidrocarburos fue arrestado por caso YPFB-SIPSA

También fue aprehendido el director Jurídico de la reguladora, Leonardo Chiquie

imageAudiencia: el ex Superintendente sostiene un control de Tv en una sala del Ministerio Público, ayer

La Prensa

El Ministerio Público pedirá la detención preventiva de ambos sospechosos en la audiencia de hoy.

El ex superintendente de Hidrocarburos Guillermo Aruquipa fue aprehendido ayer por instrucción de la Fiscalía que lo acusa de los delitos de conducta antieconómica, suscripción de contrato lesivo para el Estado e incumplimiento de deberes en el caso YPFB-SIPSA. También fue arrestado el director Jurídico de la entidad reguladora, Leonardo Chiquie.

El fiscal César Romano informó que Aruquipa comparecerá hoy en el Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Penal, donde se determinará si se acoge a la libertad condicional o si es remitido con medidas cautelares al penal de San Pedro.

El ex Superintendente fue trasladado, alrededor de las 20.30, de la Fiscalía de Distrito de La Paz a un ambiente de la División de Corrupción Pública de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde pasó la noche.

En cambio, Chiquie fue enviado, el mediodía de este lunes, a las celdas del Ministerio Público, ubicadas frente al edificio de esa dependencia estatal (calle Potosí, entre Genaro Sanjinés y Yanacocha).

La Fiscalía acusa al Director Jurídico de la Superintendencia de incumplimiento de deberes y de autorizar la firma de un contrato lesivo para el Estado.

El abogado de Aruquipa, Jorge Tapia, intentó negar la detención de su defendido y afirmó que éste había sido llevado a la División de Corrupción Pública porque la audiencia informativa fue declarada en cuarto intermedio para que continúe hoy.

Aruquipa no quiso hacer declaraciones ni cuando salió de la Fiscalía con destino a la FELCC ni cuando ingresaba en este edificio, ubicado en la calle Sucre.

El ahora detenido renunció al cargo de Superintendente de Hidrocarburos el 2 de abril, luego de presentarse a declarar, en calidad de sospechoso, en la comisión de fiscales que indaga el caso YPFB-SIPSA.

En aquella ocasión la sesión fue suspendida por pedido de los mismos fiscales que consideraron necesaria la presencia del abogado de Aruquipa para proseguir con la audiencia informativa, porque habían encontrado indicios de que el “Súper” había cometido actos delictivos durante su gestión. La primera declaración de Aruquipa, como testigo, fue el 13 de marzo de este año, en el marco de las investigaciones por el robo de 450.000 dólares el 27 de enero, acción violenta en la que fue asesinado el ingeniero Jorge O’Connor D’Arlach, representante de la sociedad accidental Catler-Uniservice.

Esta firma suscribió, en 2008, un contrato con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por 86 millones de dólares para la construcción de una planta separadora de líquidos hidrocarburíferos en la provincia Cordillera de Santa Cruz.

Pero las irregularidades halladas por la Fiscalía apuntaban al acuerdo comercial firmado en septiembre del año pasado por la estatal petrolera y Servicios e Industrias Petroleras Sociedad Anónima (SIPSA) para la recalificación de garrafas de gas licuado de petróleo (GLP) por 1,8 millones de dólares, que beneficiaba con la elevación de precios a esta última firma. En su edición del 19 de marzo de 2009 La Prensa reveló que Aruquipa autorizó el 9 de septiembre, mediante la Resolución 0895/2008, el alza de los precios de inspección y certificación de los botellones entre 48 y 68,1 por ciento.

De este modo, SIPSA pasó a cobrar por ese trabajo 7,4 dólares por cada garrafa de 10 kilos sin cambio de válvula (antes costaba 4,4 dólares) y 13 dólares con cambio de válvula (antes costaba 8,3 dólares).

Este incremento fue avalado por Chiquie en su calidad de Directo Jurídico de YPFB. SIPSA fue creada por orden de Santos Ramírez, ahora ex presidente de Yacimientos, con el objetivo de que prestara servicios a YPFB.

En el contrato Aruquipa justificó ese alza por el supuesto incremento de los precios internacionales de los repuestos y el encarecimiento de la mano de obra.

Sin embargo, el Decreto 29066, del 21 de marzo de 2007, estableció que la Superintendencia sólo podía fijar esos parámetros por un año, es decir, hasta marzo de 2009.

El ex gerente de SIPSA Rogelio Ashimine todavía no se presentó ante la Fiscalía y se instruyó su aprehensión para que preste su declaración informativa.

Recalificación paralizada

De acuerdo con un reporte de la Red televisiva ATB, los empleados de Servicios e Industrias Petroleras Sociedad Anónima (SIPSA) están impagos hace dos meses, mientras que el proceso de recalificación de garrafas de gas licuado de petróleo (GLP) se paralizó.

Un trabajador de la planta de SIPSA, ubicada en la ciudad de El Alto, declaró, además, que desconocen cuál será el destino de la empresa, que fue creada por Santos Ramírez, ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en septiembre de 2009.

Las operaciones de SIPSA se paralizaron después de que se descubrieran los actos de corrupción en la estatal petrolera como consecuencia del robo de 450.000 dólares, el 27 de enero, en el que murió el ingeniero Jorge O’Connor D’Arlach, representante de Catler-Uniservice.

La Prensa denunció el 22 de marzo de este año la existencia en los almacenes de SIPSA de 18.000 garrafas de GLP que todavía no habían pasado la inspección.

El presidente interino de la estatal petrolera, Carlos Villegas, dijo hace más de una semana que aún se elaboraban los término de la licitación que sería lanzada para contratar una nueva empresa recalificadora. Pero no dio fechas.

En septiembre, Yacimientos, que por entonces estaba conducida por Santos Ramírez, decidió no renovar el contrato con las recalificadoras Socoin SRL y Full Industry. Esta información fue proporcionada a La Prensa por la representante de esta última firma, Lucy Barberí.

Pero dispuso la compra de 220 acciones de Full Industry por 216.000 dólares, monto que, según Ramírez, no fue desembolsado todavía.

Los detalles

SIPSA fue creada por el ahora ex presidente de YPFB Santos Ramírez en septiembre de 2009.

Con ese propósito, Ramírez dispuso la compra de 220 acciones por 16.000 dólares de la firma recalificadora Full Industry, aunque la anterior semana fue el mismo quien dijo que no se había autorizado todavía el desembolso para ese pago.

218 de esos valores debían pasar a constituir SIPSA. Lucy Barberí, representante de Full Industry, debía mantener en su poder una acción y Nilda Domínguez (otra socia minoritaria), otra.

El 9 de septiembre del año pasado, Ramírez firmó con SIPSA un contrato por 1,8 millones de dólares para la recalificación de garrafas de GLP.

Para ello emitió la Resolución Administrativa 0865/2008 el 9 de septiembre.

En ese documento se autorizó el incremento del costo de la recalificación de la siguiente manera: garrafas de 10 kilos, sin cambio de válvula, de 4,4 dólares a 7,4 dólares. Con cambio de válvula, de 8,3 a 13 dólares. Garrafas de 45 kilos: sin cambio de válvula, de 4,4 dólares a 7,4 dólares. Con cambio de válvula, de 10,4 dólares a 15,2 dólares.

Este lunes también declaró en la Fiscalía el ex presidente del Directorio de SIPSA y ex viceministro de Planificación Energética Misael Gemio, quien desde el mes pasado guarda detención domiciliaria.

El 1 de este mes, una juez cautelar dispuso la detención de la ex vicepresidenta de SIPSA y ex asesora jurídica de Ramírez en YPFB Esther Carmona, por su supuesta participación en la constitución irregular de la recalificadora.

Ramírez fue detenido en febrero este año por su presunta vinculación con los actos de corrupción en la estatal petrolera nacional.

Esas irregularidades fueron descubiertas tras el robo de 450.000 dólares, el 27 de enero, en una casa de la Tejada Sorzano, donde murió por un disparo de arma de fuego Jorge O’Connor, representante de Catler.


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