Las tomas de propiedades privadas, rurales y urbanas son numerosas. En algunas de éstas la causa es alarmante, porque se trata de la producción de coca y marihuana en tierras que supuestamente “no cumplen una función económica y social”, según el argumento falaz.
Editorial La Razón.
Si bien el asalto y la usurpación de la casa del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, en Sankajahuira, por parte de gente instigada, es un referente dramático, el problema mayor es que en diversos lugares del país, principalmente en el occidente, se están produciendo tomas parecidas de propiedades mineras, agrícolas y de vivienda, lo que pone en duda, si acaso no en riesgo, el respeto y el derecho a la propiedad privada.
En el proyecto inicial de la Constitución Política del Estado, del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), existían explícitas disposiciones acerca de ello, pero en la que finalmente está vigente no dejan de haber asideros para que alguna gente —que linda en lo delictivo— las interprete a su manera y concluya que les reconocería el supuesto derecho de apropiarse de lo ajeno.
El Informe de Fin de Semana de La Razón, publicado el domingo, abunda en referir casos en que, de forma creciente, se está incurriendo en aquellos atropellos, sin que las autoridades competentes empleen todo el poder que tienen para impedir que la tendencia se propague, y, además, sancionar a los autores.
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En el sector del subsuelo existen al menos 13 conflictos entre comunarios y empresas mineras privadas o cooperativas. En tres de éstos los hechos pasaron a mayores, porque hubo un muerto y varios heridos. En la mina Himalaya, situada en la localidad de Cohoni, o sea a poca distancia de La Paz, los asaltantes se enfrentaron con un contingente policial (constituido por 36 efectivos), al que no sólo derrotaron con el uso de armas de fuego, sino que lo humillaron, quitándole su armamento —en su mayoría escopetas de gases lacrimógenos—, le robaron sus pertenencias personales y lo desnudaron para que así vuelva, si podía, a su cuartel.
La empresa minera Chacarilla, productora de cobre, también cerca de esta capital, fue asaltada por comunarios del sector en marzo reciente. En esta ocasión, el enfrentamiento fue entre comunarios y ex cooperativistas, dejando el saldo de dos heridos.
Un tercer caso data ya del 2007, teniendo como protagonistas a los comunarios de Cocamillupaya, quienes lograron expulsar a los trabajadores mineros de Lipichi, cerca de Sorata, igualmente en La Paz. La empresa afectada y sus trabajadores intentaron retomarla el domingo 8 de marzo de este año, pero hubo resistencia de los ocupantes, arrojando como saldo un muerto y cuatro heridos. La Policía explicó que no quiso intervenir porque ambos bandos están armados.
Las tomas de propiedades privadas, rurales y urbanas resultan ser numerosas. En algunas de éstas la causa es alarmante, porque se trata de la producción de coca y marihuana en tierras que supuestamente “no cumplen una función económica y social”, según el argumento falaz que emplean los asaltantes.
Existen también situaciones originadas en motivos políticos. Al ex vicepresidente Cárdenas se lo condena porque hizo campaña por el No en el referéndum constituyente. A su vez, a la ex diputada Marlene Paredes le destrozaron su casa, en la localidad de Carmen de Chicalulo, a 67 kilómetros de La Paz, por ser disidente del MAS. En concreto, el debilitamiento del derecho de propiedad es ostensible, lo que está generando inquietud generalizada. Las tibias declaraciones oficiales que al respecto se formulan son insuficientes para detener la ola delictiva.