La norma no será de carácter retroactivo. Supuestos abusos a DDHH serán denunciados en foros. Cónsul de Hungría informa a la UE sobre el caso de Toazo.Iglesia, preocupada por violencia. 
El boliviano-húngaro Eduardo Rozsa (foto internet)
La Razón
ALCANCE • La norma no será de carácter retroactivo, anunció el Viceministro de Justicia.
El decreto que anunció el Gobierno para la confiscación de bienes a las personas que resulten involucradas en casos de terrorismo, no afectará a los implicados en el caso del boliviano-húngaro Eduardo Rozsa, ya que la norma no será de aplicación retroactiva, manifestó ayer a la red Unitel el viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez.
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El vicepresidente Álvaro García señaló que el Gobierno no retrocederá en la aprobación de este decreto, lo que dijo que podría ocurrir “ojalá mañana (por hoy), aunque puede tardar unos días”.
Según Chávez, el decreto “no es retroactivo, no va a ser una norma retroactiva, va a ser una norma hacia adelante; entonces, no debería preocupar de ninguna manera que afecte a un caso en concreto”. En este contexto, dijo que “no alcanzaría al caso Rozsa”.
Además, reiteró que aún no existe una fecha para su presentación, ya que resta realizar un análisis técnico para definir su contenido y alcance legal.
Asimismo, descartó que la norma vaya a vulnerar los preceptos constitucionales. “De ninguna manera el decreto va a afectar los derechos constitucionales de los y las bolivianas”, dijo.
Expertos como el ex magistrado del Tribunal Constitucional, José Antonio Rivera, advirtieron que no se puede aprobar vía decreto una confiscación de bienes.
“No existe esa figura en la nueva Constitución; al contrario, se puede inferir que Bolivia se ha alineado al resto de los Estados contemporáneos que proscriben la confiscación”, aseveró.
El sábado, el presidente Evo Morales anunció la aprobación de un decreto para la confiscación de bienes de las personas que resulten involucradas en hechos de terrorismo. Hasta ayer, según Chávez, aún continuaba en análisis la normativa, que tiene como objetivo lograr un resarcimiento por los daños que podría sufrir el Estado.
Piden información a Súper de Bancos y a Migración
PESQUISAS • El Ministerio Público hará la solicitud. Tendrían cuentas en el Banco Unión.
El Ministerio Público solicitó ayer a la Dirección Nacional de Migración información sobre el ingreso al país de los extranjeros que integraban la supuesta organización terrorista y a la Superintendencia de Bancos datos en torno a los movimientos bancarios que realizaron.
El fiscal Marcelo Sosa explicó que para este propósito se enviaron requerimientos a estas dos entidades tomando en cuenta que “toda institución tiene la obligación de cumplir con esto” —obligación frente a las autoridades de la Fiscalía.
En el caso de Migración, deberá informar —explicó— en qué fecha ingresaron al país Eduardo Rozsa (boliviano húngaro), Magyarosi Arpak (rumano), Michael Dwyer (irlandés), fallecidos en el operativo de un grupo de élite de la Policía; y el boliviano croata Mario Tadik Astorga y el húngaro Elot Toazo, ambos detenidos en la cárcel de La Paz.
A la Superintendencia de Bancos, señaló, se le solicitó informes sobre los movimientos bancarios que habrían realizado los miembros de este grupo. Los investigadores encontraron en el hotel Las Américas —donde fueron abatidos tres supuestos terroristas y detenidos otros dos— tarjetas del Banco Unión.
“Se ha pedido requerimiento para alguna información, más que todo en el tema de migración de estas personas, y en la Superintendencia de Bancos sobre sus cuentas bancarias para conocer el movimiento económico (que hacía)”, indicó Sosa.
Una vez que se tenga esta información “se va a cursar las citaciones a las personas que, necesariamente, tengan que ver en este tema”, informó.
Paralelamente, la comisión multipartidaria que indaga el caso también solicitó información a la Superintendencia de Bancos sobre el mismo.
En el marco del proceso indagatorio, también se remitió al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) el video proporcionado por un “testigo clave”, en el que estarían los tres supuestos terroristas, muertos el 16 de abril, hablando de un magnicidio.
Supuestos abusos a DDHH serán denunciados en foros
DEFENSA
Rigoberto Paredes, abogado del supuesto terrorista húngaro Elot Toazo, no descartó recurrir a instancias internacionales para denunciar la violación de los derechos humanos de su defendido en el momento de su detención, en un operativo policial ejecutado en Santa Cruz.
“Ha habido un exceso de violencia (en su detención)”, aseguró Paredes, quien luego recordó que Toazo tiene hematomas en su cuerpo. Una fuente vinculada a la indagación detalló que Toazo fue golpeado con la culata de un arma, mientras que Mario Tadik Astorga sufrió un golpe en el rostro que le movió un diente. “Le daban alimento licuado”, dijo.
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia (APDHB) coincidió en que hubo violencia en este operativo.
El Cónsul de Hungría informa a la UE sobre el caso de Toazo
Seguimiento
El cónsul de Hungría, Matyás Jozsa, dijo ayer que informó a la Unión Europea todo cuanto realizó en La Paz en el objetivo de precautelar los derechos de su connacional Elot Toazo, acusado de ser parte de un supuesto grupo de terroristas.
“He informado de todos mis pasos que he hecho acá, sobre la protección que estamos ofreciendo a ese ciudadano húngaro y sobre los trámites para transportar el cadáver de Magyarosi Arpak (rumano de origen húngaro), que está en su última fase”, detalló el diplomático.
Jozsa, quien es representante diplomático húngaro en Argentina, expresó que solicitó a la representación de la Unión Europea seguir el curso de las investigaciones sobre el presunto hecho de terrorismo.
Iglesia, preocupada por violencia
PEDIDO • Que se esclarezca el atentado contra la casa del Cardenal.
Al finalizar la Asamblea Ordinaria de Obispos, la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) expresó su preocupación por “un creciente clima de inseguridad” y demandó el esclarecimiento del atentado perpetrado a la casa del cardenal Julio Terrazas.
“Protestamos enérgicamente y exigimos un pronto esclarecimiento de lo sucedido, para que no vuelvan a ocurrir hechos semejantes en contra de ninguna persona”, señala el comunicado.
La casa del Cardenal fue objeto de un atentado la madrugada del 15 de abril. La Policía responsabilizó de este hecho al grupo de supuestos terroristas, de los cuales tres están muertos, dos detenidos y tres prófugos.
“Se constata que la violencia genera incertidumbre e inseguridad, la agresividad, la falta de respeto a la vida y a la dignidad de las personas y sus pertenencias, el desprecio a la normatividad institucional: hechos de los que somos testigos casi a diario”, indica el documento.
Los obispos afirmaron que el atentado contra la casa del Cardenal “también es contra su persona y la misma Iglesia Católica”.
Monseñor Edmundo Abastoflor, presidente en ejercicio de la CEB, advirtió ayer que la violencia es recurrente. “El utilizar el recurso de la violencia parece que creciera”, lamentó. Redacción Cochabamba