El Gobierno, además de insistir en torno a la presunción de un plan terrorista, de cuya existencia no mostró evidencia alguna, prefirió limitar cualquier información sobre el operativo…
Editorial La Prensa
La noticia conmocionó a todo el país. El jueves 16 a la madrugada, una brigada especial antiterrorista de la Policía ingresó en un hotel en el centro de la ciudad de Santa Cruz en un operativo del que resultaron tres presuntos terroristas muertos y dos detenidos. Las declaraciones oficiales aseguraban que se había logrado abortar la acción de un grupo terrorista, responsable de la bomba que el día anterior había estallado en la casa del cardenal Julio Terrazas, y cuyo proyecto primordial serían, además del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García, personalidades de la oposición como el prefecto cruceño, Rubén Costas.
Más allá de esa información a la que el oficialismo le dio mucho énfasis, las noticias sobre el operativo policial fueron demasiado escuetas. Se supo del traslado de los detenidos a la ciudad de La Paz, aunque —además de que se tratan de un ciudadano húngaro y uno boliviano— no se conocieron detalles de su identidad. Aduciendo problemas de seguridad, hasta el momento en que se escribe esta nota tampoco se permitió el encuentro de los detenidos con la prensa nacional. Las declaraciones del Gobierno contrastaban con respuestas opositoras, siempre sobre la base de suposiciones.
Como era previsible, otras versiones empezaron a circular después. Primero, el operativo no se habría realizado con previa orden del Fiscal, por lo que se habrían violado las leyes. De acuerdo con empleados del hotel, la Policía había cortado las cámaras filmadoras de seguridad y borró documentación de internet. También hubo versiones de que el momento del operativo los presuntos terroristas estaban durmiendo, lo que habla de la imposibilidad de algún enfrentamiento, más aún cuando la explosión había sido causada por los policías.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
El Gobierno, además de insistir en torno a la presunción de un plan terrorista de cuya existencia no mostró ninguna evidencia, prefirió limitar al máximo cualquier información sobre el operativo, evitando que de alguna manera transcendieran versiones públicas de los dos detenidos en torno al operativo policial en el que los detuvieron. Naturalmente, tanto celo policial tiene que redundar en múltiples trascendidos que, inevitablemente, terminan por hacer dudar sobre la versión oficial del Gobierno, ante la posibilidad de que muchos hechos desmintieran la información dada por la Policía.
De todas maneras, el caso se ha convertido en una bola de nieve inmensa e incontenible, y la responsabilidad es del mismo Gobierno que ha preferido omitir algunos detalles de los hechos, al punto de que su versión denuncia cada vez mayores omisiones. ¿Acaso no sería mejor mostrar algunas de las pruebas que tiene de la existencia del complot terrorista que, según asegura, está en marcha impulsada por sectores empresariales? Si es que tiene alguna, claro está.