La pureza de las elecciones para la renovación de los poderes públicos marcha paralela a los altibajos de la democracia boliviana, marcando períodos de adulteración y de saludable estabilidad. La impureza electoral tiene una doble vertiente: la gestada por las fuerzas políticas y la relacionada al mecanismo electoral o a las reglas a las que debe sujetarse. La primera es difícil de controlar por su carácter reservado, pero que constituye un factor negativo. La segunda, en cambio, trasunta el grado de organización y capacidad de confiabilidad de los órganos del Estado. Ésta, siempre podrá ser perfeccionada y purificada.
Editorial El Diario.
Después del 2005 venimos observando impugnaciones cada vez más insistentes sobre la manipulación del censo electoral, provenientes de la identificación personal y del Registro Civil. Al respecto, los veedores internacionales han caído, por lo menos, en la superficialidad de limitarse a los datos de la CNE, otorgándole una certificación aprobatoria.
Como emergencia de la nueva Constitución, se encuentra a nivel del Organo Legislativo un proyecto de Ley Electoral Provisional, elaborado por el Ejecutivo y aceptado sin observaciones por la Cámara de Diputados; en cambio sí, fue objetyo de cuestionamientos en Senadores. Dichas objeciones son muchas, limitaciones de espacio nos obligan a referirnos sólo a algunas importantes. La resistencia del Gobierno a continuar con un padrón objetado restan legitimidad a la elección de diciembre próximo, bajo el débil argumento de que falta de tiempo y con el escudo de que por mandato constitucional la indicada fecha es inamovible. Retoma vigencia el vicio del manejo elástico de la Ley de Leyes según las conveniencias de la mayoría. La manipulación o mejor el fraude, se inicia en 2006 con el pretexto de la “carnetización gratuita”, efectuada con personal y financiamiento venezolanos. Antes del referendo ratificatorio menudearon las denuncias de carnetización o cedulación en domicilios particulares en las ciudades y en las oficinas del MAS en el campo. Ahora el Gobierno ha mandado a imprimir unos 3 millones de cédulas de identidad para su distribución en Bolivia y en el exterior, denuncia que una diputada ha respaldado con la exhibición de dichos ejemplares en blanco en número no determinado. No obstante la CNE y el Ejecutivo siguen exigiendo pruebas.
Apresuradamente el proyecto de ley habilita el voto de los residentes en el exterior, limitado a los de la ciudad de Buenos Aires, donde éstos han dado muestras efectivas de su apoyo al presidente Evo Morales. La inscripción se efectuará a través del Consulado y los funcionarios diplomáticos bolivianos en esa urbe, con una tenue participación de la CNE. El objetivo del Gobierno no es otro que el de asegurarse el triunfo en diciembre ante una votación que empezó a flaquear en el último referendo.
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La desproporción de circunscripciones uninominales entre el campo y las ciudades y el consiguiente número de votos para elegir en unas y otras es notoriamente injusto para los centros urbanos. Mientras en algunos de éstos se requiere más de 100 mil votos por diputado, en las zonas rurales bastarán 40 mil votos para elegir a un uninominal, además de haberse disminuido las circunscripciones urbanas en beneficio de las del campo, donde el MAS disfruta del “voto comunitario” a su favor. Globalmente esta desproporción asigna sólo el 35% de escaños a las ciudades y el 65% a la región rural, no obstante que el último censo establece una relación poblacional precisamente inversa.
Para las “naciones” indígenas se ha previsto 15 escaños, cuyos postulantes deben ser visados y propuestos exclusivamente por el Conamaq, la Cidob y la CSUTCB, organizaciones pertenecientes al MAS, adjudicándose autoritariamente el oficialismo este número de diputaciones que coloca en clara desventaja a la oposición y, lo que es más grave, coarta el libre ejercicio democrático a estos sectores.
Volviendo sobre el voto en el exterior, salta objetivamente a la vista su impropiedad para un país como el nuestro. Y es que se trata de una población de 3 millones que ha dejado de estar compenetrada de la realidad nacional. Semejante cantidad de electores, aun considerando que no votarán todos, como es natural suponer, es un factor externo que puede dar un triunfo redondo a un determinado candidato en cualquier elección, tal cual está a punto de ocurrir al presente, lo que proviniendo de fuera de las fronteras, violenta la lógica electoral que corresponde ejercer a los verdaderos ciudadanos y no a aquellos que han roto su vínculo con el país, cualquiera que sea el motivo de su ausencia. Se trata de un voto irresponsable al desentenderse de sus consecuencias malas o buenas que pueda acarrear y que no les afectará en lo más mínimo, pero que sí afecta y compromete a una población distante que confronta el día a día del acontecer nacional. Los partidos de oposición que no se salvan de actitudes demagógicas se han adscrito a la impropiedad de esta propuesta, con sólo objeciones de tipo técnico e instrumental. En algunos países del continente se admite este tipo de voto, porque sus residentes en el exterior son pocos miles que no alteran los resultados finales. Se trata de una suerte de gentileza política, que no corresponde a las condiciones propias del país y a jugar tan dadivosamente con su destino, por circunstancias coyunturales.