Más tardó en presentarse voluntariamente el imputado para declarar en oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) que en quedar privado de su libertad…
Editorial La Prensa y El Deber
Como la del embudo parece ser la ley que organismos gubernamentales aplican, según de quiénes se trate, entre los considerados opositores y oficialistas. Todo un sainete el que resulta de la actual aplicación de la justicia bajo el clima candente que tiene atrapado al país sin visos de un retorno a la paz social, a la tranquila convivencia entre bolivianos. Aspirar a ellas es algo que resulta mucho pedir o añorar en las actuales circunstancias. Y con la ley del embudo se actúa con el mayor desparpajo y sin que importen un bledo los derechos ciudadanos consagrados en los textos constitucionales, el que se mantiene en vigencia y el que, aunque recién aprobado, afronta insalvables dificultades interpretativas en su aplicación.
Dos casos ilustrativos resultan de la detención de un dirigente universitario cruceño, supuestamente involucrado en la violenta toma de reparticiones públicas ocurrida en esa ciudad en septiembre pasado, como consecuencia del recorte que el Gobierno masista dispuso de los ingresos departamentales por concepto del impuesto directo a los hidrocarburos (IDH). Más tardó en presentarse voluntariamente el imputado para declarar en oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) que en quedar privado de su libertad que luego recuperaría bajo medidas sustitutivas. Por fortuna, no siguió la suerte de otros detenidos a los que —como en las épocas dictatoriales— se hizo objeto de inauditos atropellos en los operativos que derivaron en sus apresamientos.
En cambio, como peces en el agua se sienten, entre otros, los responsables de la muerte a golpes de un periodista en una comunidad del altiplano paceño, al igual que el militar involucrado en un atentado terrorista contra un medio televisivo en Yacuiba, o como los sindicados en el caso de contrabando de 33 camiones en Pando y cuyas salpicaduras alcanzaron a un influyente ministro de Estado. O los cientos de campesinos que con armas de fuego y dinamita obligaron a retirarse a 200 policías de una mina usurpada por aquéllos hace ya 18 meses, sin que nada pueda hacer el Estado para devolverla a su legítimo concesionario.
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Ya es parte del anecdotario el “magnicidio” inventado en despachos ministeriales, con el que se pretendió involucrar en 2008 a dos jóvenes cruceños aficionados a la caza que grupos de la Policía “sorprendieron” con una carabina reconstruida a no menos de tres kilómetros del sitio desde el que supuestamente atentarían contra la vida del Presidente de la República. La que no fue otra cosa que una grotesca pantomima quedó en nada, pero se hizo evidente la celeridad y el rigor que entonces caracterizó el operativo policial.
Por lo antes expuesto, son muy claras las señales de cómo viene barajada la mano cuando se quiere aplicar justicia en el actual régimen, que le pone un énfasis mayor y un implacable rigor si se trata, como se ha vuelto una constante evidencia, de ajustarle las clavijas a sus desafectos que no son pocos.