Aquellas señales gubernamentales apuntan a creer que Santa Cruz es afectada por una especie de estrangulamiento con consecuencias económicas y, seguramente, políticas. Es algo lamentable para un país que requiere diálogo, unidad, progreso y acuerdos.
Editorial La Razón
El discurso generalizante, acciones politizadas y ciertas medidas económicas del Gobierno que apuntan al departamento de Santa Cruz podrían tener dos severas consecuencias, que, hoy más que antes, deben ser analizadas y, ojalá, dé lugar a una nueva actitud con la locomotora del país. La primera consecuencia es que aquellos gestos pueden tener un efecto bumerán contra el Ejecutivo y otra es que los cruceños podrían sentirse atacados innecesaria e injustamente en su país.
El riesgo al que se alude tiene tres vertientes en estos momentos: a los cruceños se los pone en un mismo saco para decirles que son fascistas y de derecha; la militarización del departamento, desde esta semana, genera fuertes tensiones en la población en general, porque con el respaldo de aquel poderío (1.500 efectivos en estado de apronte), sus habitantes suponen que nadie está libre de ser aprehendido, traído a La Paz y “judicializado” por un Ministerio Público, que parece estar al servicio de las esferas gubernamentales.
No existe duda alguna. Quienes resulten involucrados con el miliciano Eduardo Rózsa Flores deben ser juzgados como corresponde. Eso sí, con estricto y riguroso apego al sistema penal boliviano y a la nueva Constitución, sean bolivianos o no. Sin embargo, el proceder del Gobierno con los líderes de la región cruceña, en este caso, como en otros de naturaleza política y sensibles, no es el adecuado.
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A estas circunstancias se suma una combinación viscosa de diversos componentes que afectan a miles de cruceños, incluso a aquellos que se ganan el día con muchísimo esfuerzo.
El suplemento Ejecutivos de La Razón publicó el domingo reciente una investigación, en la que se establece que el 90% de los productores soyeros y cañeros que viven en el llamado Norte Integrado de Santa Cruz, son “collas”. Desde 1956 han colonizado esas tierras y, en los últimos 20 años, altiplánicos y vallunos trabajaron en el sector agrícola y hoy son prósperos empresarios. No olvidaron el “ama quella” —no seas flojo— y ahora viven bien y aportan con alimentos al país.
El Norte Integrado de Santa Cruz es un polo de desarrollo agroindustrial que satisface la demanda interna de arroz, maíz, sorgo, trigo, café, frutas, arvejas, algodón, caña de azúcar, girasol, sésamo, macororó y otros. En tanto que los productos derivados de la soya y la caña son —mejor dicho eran— exportados exitosamente a países vecinos, Europa, Asia y Estados Unidos.
Sí, lo “eran”, porque el gobierno de Evo Morales emitió el Decreto 29460 imponiendo la suspensión “temporal” de exportaciones de aceite de soya y girasol, aunque este año aquello se convirtió en cupos pero con condiciones.
Otros productos castigados son los cárnicos, además del trigo, maíz, arroz y harina de trigo. El Instituto Boliviano de Comercio Exterior informó que “la mayoría de (aquellas) partidas ya se están exportando”, pero aclaró que “hay otros, como los animales y carne bovina, que siguen suspendidos”. La producción cruceña está frenada por las severas restricciones del acceso al diesel, aspecto que no ha sido abordado por el Gobierno.
Aquellas señales apuntan a creer que Santa Cruz es afectada por una especie de estrangulamiento con consecuencias económicas y, seguramente, políticas. Es algo lamentable para un país que requiere diálogo, unidad, progreso y acuerdos.