Uno de los cabecillas de la emboscada a la patrulla proclamó que lo de Himalaya no fue una “toma” ilegal, sino una “nacionalización” (“comunitaria”, por supuesto) de esos yacimientos.
Editorial La Prensa.
La serie de avasallamientos a la propiedad privada en el país suma ejemplos, lo que entraña no sólo violaciones a principios constitucionales que resguardan los derechos patrimoniales de las personas, sino que desfiguran la imagen del país, en lo interno y en lo internacional, en lo que respecta a seguridad jurídica.
El caso de Huatajata, en las riberas del Lago Titicaca, alcanzó una amplia resonancia a causa de que la víctima, Víctor Hugo Cárdenas, como ex vicepresidente y acreditado miembro de la intelectualidad boliviana, es bastante conocido en el exterior. Pero antes se habían producido otros avasallamientos de propiedad privada en otros lugares del territorio nacional.
No podía ser más lamentable la más reciente de tales acciones: a sólo 50 kilómetros de La Paz, en Cohoni, tuvo lugar la nacionalización “comunitaria” de los yacimientos mineros otorgados por la Comibol a la empresa Himalaya, que allí invirtió nueve millones de dólares en infraestructura para la extracción de plata y otros minerales. Campesinos de la zona, dirigidos por gente del MAS, en octubre de 2007, ocuparon la mina y emboscaron a una patrulla policial que en cumplimiento de órdenes judiciales iba al lugar a rescatar el yacimiento para sus legítimos propietarios. El caso no es único, pues existen al menos 13 similares en la zona minera del altiplano, en las que ciertas comunidades de “originarios” avasallan violentamente a los propietarios de minas.
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¿Cuál la etiología de estos avasallamientos? Uno de los cabecillas de la referida emboscada “comunitaria” a la patrulla policial hizo declaraciones que nos dan la clave para una respuesta más o menos certera. Proclamó que lo de Himalaya no fue una “toma” ilegal, sino una “nacionalización” (“comunitaria”, por supuesto) de esos yacimientos. Dijo que los “recursos naturales en el país son de los originarios y deben ser explotados y manejados por originarios”.
No cabe duda que el declarante no hacía sino repetir lo que escucha de dirigentes de los “movimientos sociales” del MAS, respecto a los avances que para los comunitarios significa una nueva Constitución Política que define a Bolivia como un Estado de “Derecho Plurinacional Comunitario”, dentro del cual la “nación originaria”, con rango de “autonomía indígeno-originaria campesina”, dispondría de un espacio sobre el cual asumir, entre otras acciones de soberanía, la “gestión y administración de recursos renovables, de acuerdo a la Constitución”.
El caso es que en las comunidades indígenas se afirma la errónea creencia de que la nueva CPE les abre las puertas a la propiedad y control no sólo de los recursos renovables de su territorio, sino de los yacimientos mineros que ellos atesoren. Empiezan a considerarse un mini-Estado dentro del Estado con derecho a hacer cuanto les venga en gana dentro de sus límites. De ahí la proclama de la “nacionalización comunitaria” de la mina de Himalaya.
Lo plurinacional, como era de esperarse, empieza a pasarle la factura al Gobierno de Evo Morales, la que, con toda seguridad, se verá abultada por nuevos hechos en el futuro inmediato.