Solamente quien no sabe que todo eso forma una larga cadena de violaciones a los derechos humanos puede invitar a organismos internacionales para que lo investiguen…
Editorial La Prensa
El presidente Evo Morales invitó recientemente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a investigar en Bolivia acusaciones de violaciones a los derechos fundamentales, afirmando que su Gobierno no los viola y que todo lo que se dice al respecto no son otra cosa que intentos de sus adversarios para desprestigiar a su Gobierno.
Parece que el Presidente no se ha enterado o que su entorno no le informa lo que realmente sucede, lo cual tiene al Mandatario desinformado en torno a la realidad del país o, lo que sería peor, que el Presidente realmente sepa y lo quiera ocultar, sin intentar siquiera corregir los errores que su Gobierno comete cada dos por tres.
Es muy difícil creer que el Presidente no sepa que a Leopoldo Fernández, aquel prefecto de Pando a quien el Ministro de la Presidencia prometió enterrar junto a gusanos, se le vulneraron sus derechos humanos al traérsele a La Paz y no permitir que se le juzgue en Cobija, y que se hubiera hecho caso omiso a la orden de la Corte Suprema de Justicia para que se le siga un juicio de responsabilidades; que a varios pandinos se los apresó en las oscuras horas de la casi madrugada; que aquellos policías o militares “sin rostro” como los que juzgaron y condenaron a Abimael Guzmán, en el Perú, los golpearon, y golpearon a sus esposas e hijos; que no existe el debido proceso para los opositores; que un grupo de campesinos oficialistas hubiera confiscado la casa de un ex vicepresidente de la República y que se hubiera pegado a su mujer e hijos simplemente porque votó contra la aprobación de la Constitución Política Estado; que se hubiera descabezado al Tribunal Constitucional quitándole a mucha gente la posibilidad de acudir a esa instancia en defensa de sus derechos conculcados; que se hubiera obligado a mucha otra gente a votar por el Sí en el reciente referéndum, sin respetar su derecho a escoger libremente qué hacer con su voto; y muchos otros cientos de casos que implican violar los derechos humanos y las leyes del país, incluyendo a la nueva CPE que el mismo MAS propuso de manera poco ortodoxa.
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Solamente quien no sabe que todo eso forma una larga cadena de violaciones a los derechos humanos puede invitar a organismos internacionales para que lo investiguen a despecho de ver dañada la imagen de un Gobierno que no se cansa de calificarse como democrático.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia ha anunciado que vigilará que los detenidos sean sometidos a un debido proceso, con la posibilidad de defenderse y recibir un trato imparcial. Es una buena medida porque de esta manera podría evitarse que sigan transgrediéndose las leyes.
El Gobierno debe obrar dentro de la CPE y la ley. No es posible que se pregone la vocación democrática de sus miembros, dentro y fuera del país y después se vulnere ese principio al pasarse por encima de las normas establecidas por las propias mayorías gubernamentales.