Juristas califican de inconstitucional la medida. Opositores rechazan las acusaciones de Evo. Comisión convocará a directivos de Cotas. Morales tendrá más seguridad.
• EN COCHABAMBA • El presidente Evo Morales en conferencia de prensa tras la reunión con sus bases sociales, que le exigieron aprobar el decreto de confiscación. Fue el 25.
La Razón
El Viceministro de Justicia dice que la medida se respaldará en el Código Penal y que “apoyará” las sanciones judiciales que se apliquen a los presuntos responsables. Varios juristas califican de inconstitucional una medida de esta naturaleza.
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Un día después de que el presidente Evo Morales anunciara un decreto para confiscar bienes de empresarios vinculados con supuestos hechos terroristas, el Gobierno salió al paso para defender y tratar de explicar la fundamentación legal de la medida, mientras varios juristas se adelantaron a calificarla de inconstitucional.
El viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, informó que aún se estudia cómo implementar la instrucción presidencial porque es necesario establecer “cual será el camino apropiado para, digamos sancionar y, aparte que los bienes sean resarcidos al Estado, cuando ocurran estos casos (de terrorismo)”.
Morales, justamente en la reunión con sus bases en Cochabamba, el sábado, señaló que instruyó a sus abogados preparar el decreto supremo para que, “si algún empresario tiene relaciones con estos mercenarios extranjeros, este empresario tiene que ir a la cárcel y entregar todos sus bienes (al Estado)”.
El caso de los supuestos terroristas está en investigación. De este grupo, perdieron la vida tres personas, entre ellas el líder, el boliviano-húngaro Eduardo Rozsa. Se detuvo a dos y la Policía busca a tres prófugos.
Para el constitucionalista Carlos Alarcón, la eventual decisión presidencial no encontrará ningún sustento legal pues, según la legislación vigente, la confiscación sólo procede por expropiación o una sentencia judicial.
“Fuera de eso, sería un acto arbitrario y anticonstitucional, y más parecería una confiscación de tipo político que está prohibido”, explicó el constitucionalista.
El caso de los supuestos terroristas está en investigación. De este grupo, tres murieron y dos están detenidos producto de un operativo policial ejecutado el 16 de abril. Tres están prófugos.
Al momento, no se conoce vínculos del grupo, pero el vicepresidente Álvaro García anticipó el pasado 19 de abril, a tres días del operativo en la ciudad de Santa Cruz, que los financiadores serían “personas vinculadas a actividades empresariales”.
Según el presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Bernardo Wayar, la amenaza lanzada por el Mandatario tiene fines de índole político, porque carece de sustento legal.
“Es un amedrentamiento contra la población del departamento de Santa Cruz. No se puede lanzar estas amenazas al calor de concentraciones sociales, éstas sólo van en contra del Estado de derecho. Lo que estamos viviendo está desbordando lo racional”, cuestionó el jurista.
Chávez dijo que la medida se respaldaría en el Código Penal, que puede acompañar sus fallos con resarcimiento de orden civil. Opinó que, “cuando ya exista una sentencia emitida por juez, el Estado —explicó— (recién) apoyará esta decisión con el decreto”.
Este argumento fue cuestionado por Wayar. “No se pueden emitir sanciones por decreto. Cualquier sanción debe ser establecida por una ley de la república y tiene que ser emitida por el Poder Legislativo. La Constitución Política del Estado no autoriza al Ejecutivo la confiscación como sanción o como pena”, dijo.
CÓDIGO PENAL
Artículo 87 (Responsabilidad civil) • Toda persona responsable penalmente, lo es también civilmente y está obligada a la reparación de los daños materiales y morales causados por el delito.
Artículo 88 • La responsabilidad civil será preferente al pago de la multa y a cualquier otra obligación que el responsable no hubiera contraído después de cometido el delito.
Opositores rechazan las acusaciones de Morales
Decisión • Trabajarán en un “frente único” para las elecciones de diciembre próximo.
Luego que el presidente Evo Morales calificara a la oposición regional de “separatista”, ayer la prefecta de Chuquisaca, Savina Cuéllar, y otras autoridades respondieron que están acostumbrados a estas acusaciones sin pruebas y derivadas de una actitud presidencial “divisionista”.
“El único separatista es el Presidente de la República; él, desde que asumió la Presidencia dividió al país con hechos y discurso”, aseguró Cuéllar, mientras que el director de Autonomía de la Prefectura de Santa Cruz, Carlos Dabdoub, minimizó y cuestionó las acusaciones.
Morales, durante la inauguración de un encuentro oficialista en Cochabamba, el sábado, aseguró que se promovía “un terrorismo separatista y divisionista” en el país y, seguidamente señaló que se identificará a los separatistas cuando éstos se “vayan a unir en las elecciones”.
Para Dabdoub esta acusación no tiene mayor relevancia en la medida que, en varias ocasiones fue hecha sin ningún respaldo.
“Estamos cansados de estas declaraciones y la verdad ya no le damos la mínima importancia. Nosotros solamente nos dedicamos a trabajar, construir y vivir en paz”, expresó la autoridad prefectural de Santa Cruz.
Mientras tanto el primer candidato oficial a las elecciones presidenciales de diciembre, por Alianza Social (AS), René Joaquino, sostuvo que ésta es una actitud acostumbrada de Morales.
“Una vez más el Presidente acusa sin argumentos y se equivoca al culpar a los demás por responsabilidades que el propio Gobierno las tiene. Éste no fue un Gobierno que construyó el país, fue más bien un Gobierno de racismo y confrontación”, dijo.
Dabdoub señaló que, pese a las apreciaciones de Morales “seguirán en la búsqueda de un frente amplio (opositor)”.
Situación
Labor • La regiones opuestas a la administración de Morales se encuentran trabajando en la formación de un frente amplio para las elecciones próximas.
Candidatos • René Joaquino oficializó su candidatura, mientras que el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas dijo que lo haría próximamente.
Comisión convocará a directivos de Cotas
Cronograma • Realizarán una inspección ocular a los lugares que son investigados.
Luego de realizar una inspección ocular a los lugares donde actuó el supuesto grupo terrorista en Santa Cruz, la Comisión Multipartidaria encargada de investigar el caso convocará a declarar a los responsables de la cooperativa de teléfonos Cotas.
El diputado oficialista y presidente de la Comisión, César Navarro, informó que el caso de Cotas será parte de las pesquisas que realicen, aunque evitó comentar otros detalles del trabajo.
En el stand de la cooperativa, instalada en los predios de Expocruz, se encontró un arsenal de armas y municiones pertenecientes al supuesto grupo irregular abatido el 16 de abril en un operativo policial.
Se reveló que Eduardo Rozsa, el líder de este grupo, habría sido contratado por la cooperativa.
El diputado de Podemos Bernardo Montenegro informó que se convocará a las autoridades de esta institución, como a otros responsables de la Expocruz y del hotel Las Américas, donde se alojaron los sindicados.
“Estaba siempre planificado (las convocatorias), porque no se puede ignorar que hay varios hilos que atar dentro de lo que es el por qué estaban ahí adentro (Expocruz), y otros que hacen al tema de Cotas”, explicó.
La inspección ocular se realizará hoy a la casa del cardenal Julio Terrazas, blanco de un atentado con artefacto explosivo; al hotel Las Américas y a la casa del viceministro Saúl Ávalos.
Los hechos
Explosión • El 15 de abril por la madrugada se atentó con artefacto explosivo contra la casa del cardenal Julio Terrazas.
Expocruz • En el stand de Cotas, instalada en los predios de la Expoferia, se encontró un arsenal de armas y explosivos.
Fiscalía • El fiscal Marcelo Sosa investiga el caso. El sábado presentó un video, donde, asegura, se habla de un magnicidio.
Morales tendrá más seguridad
Protección
Luego de ser identificado un supuesto grupo de terroristas, del que tres están prófugos, la seguridad del presidente Evo Morales, del vicepresidente Álvaro García y de los miembros del gabinete ministerial fue reforzada, informó ayer el ministro de Gobierno, Alfredo Rada.
“Se tomaron medidas para reforzar el contingente policial que da seguridad a los dignatarios de Estado”, sostuvo la autoridad a la gubernamental Patria Nueva.
El supuesto grupo irregular fue relacionado con el atentado a la casa del cardenal Julio Terrazas. El sábado se reveló imágenes en la que tres de los sindicados, muertos en el operativo del 16 de abril, hablan de un magnicidio.
Rada dijo que los fiscales del caso recibirán protección.