La estatal adelantó 800.000 dólares por el contrato de recalificación de garrafas, dinero que fue desviado a la perforación
Catler bloquea el plan de YPFB para Río Grande.
Labores: dos técnicos de la recalificadora en plena revisión de garrafas hace un par de meses
La Prensa
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La firma logró un contrato con YPFB por 1,8 millones de dólares para recalificar garrafas. De acuerdo con el registro en Fundempresa, YPFB-SIPSA amplió sus servicios en el campo petrolero.
Cada acción de YPFB-Servicios e Industrias Petroleras S.A. (SIPSA) le costó a la estatal petrolera 29 veces más de lo que se pagó a Transredes por cada una de sus acciones cuando se procedió con su nacionalización, el 2 de junio de 2008. Además, por el contrato de recalificación de garrafas de gas licuado de petróleo (GLP) se adelantó a la firma creada por Santos Ramírez Valverde el 44,4 por ciento, monto que fue desviado.
En declaraciones a la Red Erbol, el presidente interino de YPFB, Carlos Villegas, confirmó esta irregularidad.
Señaló que cada acción que la estatal petrolera compró de Full Industry valía 815 dólares, monto elevado en comparación con los 28 dólares que se pagó a Transredes S.A. TR-Holdings. “No hay punto de comparación, Transredes era una empresa solvente, de capacidad técnica”.
El 20 de agosto de 2008, Ramírez, como presidente de Yacimientos, compró 220 acciones de la firma recalificadora por un valor de 216.000 dólares y posteriormente formó YPFB- SIPSA.
Según el monto indicado por Villegas, por todo el paquete accionario sólo se habían comprometido 179.300 dólares.
En su declaración ante el Ministerio Público del 8 de abril, Ramírez aseguró que YPFB no pagó el precio de compra a Full Industry, lo cual fue confirmado a mediados de febrero en declaraciones a La Prensa por la accionista minoritaria Lucy Barberí.
Contrariamente, el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción dejó abierta la posibilidad de que el monto se haya cancelado, debido a que la auditoría técnica-legal a YPFB-SIPSA determinó un daño económico al Estado de al menos 60,7 millones de dólares.
Full Industry era propiedad de tres socios, Mario Orsini, quien tenía la mayor parte accionaria; Lucy Barberí y Nilda Domínguez.
En el momento de su compra, la firma estaba paralizada porque YPFB ordenó que se suspendiera el servicio de recalificación de garrafas porque asumiría este servicio con su propia planta.
En febrero, Barberí explicó a La Prensa que la compañía tenía muchas deudas y que Yacimientos, en la negociación, se comprometió a asumir los pasivos. Esta situación condujo al cierre del taller que se tenía montado en Santa Cruz y a trasladar la maquinaria a La Paz. Además, el precio se fijó sólo sobre la base de un avalúo de las máquinas que se encuentran en el taller de El Alto, que está instalado en un terreno alquilado a la firma Indubar.
El 31 de enero, a raíz de los indicios de corrupción en la firma del contrato entre Yacimientos y la asociación accidental Catler-Uniservice, el presidente Evo Morales ordenó la intervención a la estatal petrolera, lo cual permitió conocer la conformación de SIPSA
El director de YPFB, Fernando Vincenti, informó que cuando se entró en la oficina de la compañía en Santa Cruz se encontraron sólo computadoras y una impresora de propiedad de Yacimientos y que sus ambientes habían sido entregados “de favor” por una empresa constructora.
Por el contrario, Transredes S.A., sociedad suscrita en partes iguales entre Ashmore Energy Internacional (AEI) y Shell Gas, era dueña de la mayor parte de los oleoductos, gasoductos y poliductos de Bolivia, entre éstos el que transporta gas a Brasil. Permaneció 11 años en el país al cargo del servicio de transporte de productos hidrocarburíferos.
Fue nacionalizada el 2 de junio de 2008 en virtud del Decreto Supremo 29586, con lo que el 98 por ciento de las acciones pasaron a nombre de YPFB.
Pago anticipado
Después de su constitución YPFB-SIPSA suscribió con Yacimientos un contrato para la recalificación de garrafas de GLP, por un valor de 1,8 millones de dólares.
Villegas informó que se desembolsó un adelanto de algo más de 800.000 dólares por este acuerdo, sin embargo se desviaron a otro fin. “Lo que se hace al interior de SIPSA es que esos recursos se trasladan para otra actividad, que es el ofrecimiento de servicios de perforación”, entonces, “es ahí donde se invierte una cantidad importante en el marco de un acuerdo que tienen YPFB (y) PDVSA”.
De acuerdo con el registro en Fundempresa, YPFB-SIPSA amplió sus servicios iniciales de recalificación de garrafas a la prestación de servicios petroleros y gasíferos, exploratorios y de mantenimiento de pozos productivos, construcción de plantas y equipamiento de campos petroleros y gasíferos, y así se promocionaba en el exterior.
Villegas confirmó que en la reunión de la semana pasada del Directorio de YPFB se resolvió anular el contrato con SIPSA, que está en proceso de liquidación anunciada hace un mes, aunque aún no se define la empresa que asumirá este trabajo.
“No existe relación con Catler”
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, confirmó que “YPFB no tiene ninguna relación contractual con la empresa Catler-Uniservice”, por lo que tampoco existe “ninguna obligación de ninguna naturaleza con la empresa”.
La decisión fue tomada después de que el Directorio de la estatal petrolera anulara el proceso de contratación para construir una planta gasífera en Santa Cruz.
Sin embargo, Yacimientos pidió que se ejecutaran las tres pólizas de seguros entregadas por Catler conforme al contrato y espera recuperar nueve millones de dólares de los 16,5 millones desembolsados.
Villegas informó que existe una estrategia para volver a contar con los fondos y los 35 millones de dólares de una carta de crédito abierta en el Commerce Bank (Estados Unidos) sobre el que aún no puede dar detalles. Anunció el inicio de una auditoría técnica sobre el avance de obras de las tres empresas subcontratadas: Gulsby Process System, en EEUU, y Sica Metalúrgica y Lito Gonella, en Argentina.
Credinform sólo ejecutará póliza cuando la estatal petrolera demuestre incumplimiento de contrato
La aseguradora Credinform Internacional informó ayer que sólo ejecutará la póliza de garantías de correcta inversión de anticipo exigida por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) cuando la estatal demuestre que hubo incumplimiento de contrato por parte de Catler-Uniservice.
Así lo reveló el subgerente general de la compañía, Nilton López, en una entrevista con La Prensa en la que confirmó la recepción de la carta de solicitud formulada por YPFB el 7 de abril.
El jueves de la semana pasada, la estatal petrolera decidió romper el contrato suscrito con la asociación accidental para la construcción de la planta separadora de líquidos en Río Grande, Santa Cruz, además de exigir a Credinform las pólizas de garantía por nueve millones de dólares.
López aclaró que la compañía avaló sólo una póliza de garantía de 1.650.000 dólares por la correcta inversión de anticipo, es decir, los recursos otorgados por YPFB a la asociación accidental y que se hubiesen gastado en la compra de maquinaria, el capital de operaciones, que fue el destino inicial de los fondos.
“Si Catler-Uniservice demuestra que se usó los fondos otorgados para ese fin, no habría incumplimiento al contrato de las garantías”.
Según López, YPFB debía hacer llegar una resolución administrativa firmada por la máxima autoridad ejecutiva, en este caso Carlos Villegas, demostrando el incumplimiento o mal uso del anticipo.
Sin embargo, señaló que después de haber hecho conocer a Catler-Uniservice la solicitud de YPBF, sus ejecutivos respondieron el 9 de abril que el consorcio no incumplió el contrato y que cuenta con todo el respaldo documentado de las obras.
Por eso, Credinform solicitó que se le haga llegar los papeles para evaluarlos y que Catler-Uniservice presente en 15 días sus descargos.
“Estamos esperando esa documentación para analizar si el requerimiento de YPFB es procedente o no. Hemos dado una semana, pero tenemos 15 días hábiles para pronunciarnos”.
Sin embargo, si terminado el plazo ninguna de las partes demuestra fehacientemente sus argumentos, Credinform podrá solicitar un peritaje que deberá resolverse en la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (SPVS).
Las otras pólizas
Para la construcción de la planta separadora de Río Grande, Catler-Uniservice garantizó otras dos pólizas por 1.650.000 dólares (cada una de 825.000 dólares), por la correcta inversión de anticipo avalada por Seguros Illimani, y otra por 6.044.615 dólares, equivalente al 7 por ciento del contrato principal de la separadora de líquidos (86 millones de dólares),
Esto para garantizar el cumplimiento de contrato de obra, y fue respaldada por la compañía Bisa Seguros y Reaseguros.
La investigación conducida por el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y la Fiscalía cuestionó que en las adendas incluidas en el contrato con Catler-Uniservice se hubiese aceptado la entrega de pólizas en lugar de boletas de garantía.
Esta observación fue ratificada ayer por el presidente de YPFB, Carlos Villegas, quien sin embargo dijo desconocer la existencia de las pólizas respaldadas por Illimani y Bisa. Por ello, la única carta que envió la estatal petrolera para la ejecución de aquéllas fue a Credinform.
“Yo tengo la información de que solamente tenemos pólizas de seguro con la empresa Credinform Internacional, por nueve millones de dólares”, fue la respuesta que dio a una consulta formulada por La Prensa.
La estatal aún analiza cómo dará continuidad al proyecto y evitar que se produzca en los siguientes meses una escasez de gas licuado de petróleo (GLP) que debía ser aliviada por la planta separadora.
Cronología de la constitución de YPFB-SIPSA
Santos Ramírez Valverde adquiere 220 acciones de Full Industry el 20 de agosto.
El 4 de septiembre inscriben ante Notario de Fe Pública el cambio de nombre a YPFB-SIPSA.
Entregan sendas acciones a Lucy Barberí y Nilda Domínguez, antes propietarias de Full Industry.
Con tres accionistas forman una sociedad anónima de carácter privado aunque es de YPFB.
Más datos
El 12 de febrero, el Presidente de YPFB, Carlos Villegas, ordena una auditoría técnica-legal a SIPSA.
Se cuestionaban dos aspectos: primero, la constitución de la empresa de carácter privado.
Segundo, la situación financiera, porque se encontró que tenían deudas.
La tarea fue delegada al Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.
El informe de este despacho concluyó un posible daño económico de 60,7 millones de dólares.
Por ello, YPFB pone una denuncia ante el Ministerio Público en contra de Santos Ramírez.
Catler bloquea el plan de YPFB para Río Grande
El consorcio pedirá la nulidad del contrato con Yacimientos en la vía arbitral y demandará al Estado por daños y perjuicios. El presidente de YPFB negó una relación contractual y anunció una estrategia para recobrar el dinero pagado.
TRAS DECLARAR EN LA FISCALÍA • Oculto en el asiento posterior de un taxi, el ex súper de Hidrocarburos Guillermo Aruquipa es llevado a celdas de la Policía Judicial. Fue anoche.
La Razón
El consorcio Catler-Uniservice, contratado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande (Santa Cruz), bloquea el plan del Gobierno para concluir el proyecto gasífero.
“Si bien el directorio de Yacimientos ha anulado el proceso administrativo de contratación, el contrato está plena y absolutamente vigente”, declaró ayer a La Razón Javier Camacho, uno de los abogados del consorcio.
“No tenemos ninguna atribución de anular contratos”, admitió el presidente de la estatal petrolera, Carlos Villegas; aunque agregó que al haber anulado el proceso de contratación, “YPFB no tiene ninguna relación contractual con Catler-Uniservice”.
Reveló, además, algunos detalles de la estrategia del Gobierno para recuperar el dinero desembolsado para el proyecto.
“Parte de la estrategia es una auditoría técnica para saber el estado de las partes que se están produciendo (para la planta) y la capacidad de las empresas (subcontratistas)”, indicó la autoridad en una rueda de prensa.
Camacho aseguró que “sólo en la vía arbitral podría tomarse alguna determinación respecto a la nulidad del contrato; mientras tanto, la relación contractual está plenamente vigente”.
En una carta notariada enviada el 17 de marzo, el consorcio comunicó a Villegas su intención de rescindir el contrato por la falta de desembolsos de tres certificados de pago para la fabricación de la planta. Al no obtener respuesta, envió una segunda nota el 9 de abril, para hacerle saber que la resolución se hará efectiva.
“Como no tenemos ninguna relación contractual, no tengo obligación de dar respuesta a esas cartas”, señaló Villegas.
Según Camacho, en la demanda de nulidad del contrato ante la comisión de arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), “lógicamente vamos a pedir el resarcimiento de todos los daños y perjuicios ocasionados”. Agregó que, previo a ese proceso, existe un período de conciliación de 30 días que ya comenzó.
Villegas explicó que la auditoría estará precedida por la conformación de la gerencia del proyecto en Yacimientos y la contratación de una empresa supervisora. “Vamos a hacer un trabajo con esos dos equipos, de visualización y diseño de la ingeniería básica y conceptual (del proyecto) para que, en base a esos documentos, se haga la auditoría”.
El contrato entre YPFB y Catler-Uniservice, por $us 86,3 millones, fue suscrito el 14 de julio del 2008. Tras su firma, el Estado abrió una carta de crédito por $us 35 millones para pagar a la empresa estadounidense Gulsby, subcontratista de Catler, que construye gran parte de la maquinaria destinada a la planta.
De ese monto, 13 millones de dólares ya fueron desembolsados. Mientras, la construcción de equipos complementarios se realiza en Argentina y está a cargo de las empresas Sica y Gonella.
Adicionalmente, hubo dos pagos por $us 3,3 millones a Uniservice, miembro del consorcio.
“Tenemos conocimiento de que en los días anteriores el presidente de YPFB y algunos funcionarios han mantenido una serie de reuniones con los subcontratistas y están presionando para que continúen el proyecto de la planta, prescindiendo de Catler-Uniservice”, reveló Camacho.
Tachó la acción de “ilegal” y argumentó que “todas esas empresas son muy respetuosas de la ley” y que las mismas “tienen contratos con Catler-Uniservice, que les prohíben hacerla a un lado porque es ella la que realiza el gerenciado del proyecto”.
Consultado al respecto, Villegas señaló que “no hay ninguna relación contractual entre YPFB y Gulsby, Gonella o Sica”.
Además, la autoridad recordó que la semana pasada la estatal petrolera envió una carta a la empresa aseguradora Credinform para solicitarle “una inmediata ejecución de las pólizas de seguros” que el consorcio abrió para garantizar la obra. Precisó que el dinero de las pólizas ronda los cerca de 9 millones de dólares.
“Ni siquiera han tenido el cuidado de revisar que los $us 9 millones no solamente están en Credinform y que otra parte está en Bisa y creo que en Alianza”, afirmó Camacho a este medio.
Añadió que Credinform no puede ejecutar las pólizas porque ello debe estar respaldado en un incumplimiento del contrato por parte del consorcio. “Catler y las subcontratistas siguen cumpliendo el contrato que ya tiene un avance de más del 45%”, dijo.
De acuerdo con Camacho, el consorcio estaría dispuesto a hacerse a un lado del proyecto de Río Grande “siempre y cuando no exista un perjuicio” y el tema se maneje “en un marco de total legalidad, transparencia, racionalidad y en el que no haya excesos de ninguna de las partes”.
El ex súper de Hidrocarburos fue aprehendido
La comisión de fiscales que investiga el caso SIPSA determinó ayer la aprehensión del ex superintendente de Hidrocarburos Guillermo Aruquipa y del ex director jurídico de esa entidad Leonardo Chiquié.
Según un reporte de la red ATB, Aruquipa se presentó ayer a declarar ante la Fiscalía a las 14.00. Tras haber comparecido por cinco horas, a las 19.30 la ex autoridad fue aprehendida.
El fiscal César Romano dijo que se determinó su detención debido a que, si bien llegó a prestar su declaración informativa, posteriormente intentó confundir a los fiscales, reportó ANF.
La semana pasada, Aruquipa llegó al Ministerio Público sin un abogado defensor y solicitó suspender su comparecencia.
Esa instancia investiga la irregular conformación de Servicios e Industrias Petroleras SA (SIPSA), empresa creada por YPFB para la recalificación de garrafas y la perforación de pozos.
En el caso de Chiquié, el fiscal Edwin Sarmiento indicó a ATB que su declaración estuvo en función a la resolución administrativa del ente regulador que dio lugar a la recalificación y al incremento en el precio para recalificar las garrafas de 10 y 45 kg.
Según ANF, Aruquipa será sometido hoy a la audiencia de medidas cautelares en el Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Penal, presidido por Margot Pérez.
Entre los delitos investigados están: incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.