La Fiscalía observa nuevas irregularidades en la investigación por corrupción. El desembolso de recursos del fideicomiso sin orden de proceder de YPFB.
El fiscal Edward Mollinedo en declaraciones a los medios
La Prensa
El Ministerio Público determinó que la asociación accidental Catler-Uniservice efectuó gastos injustificados por 984.157 dólares con los recursos que le entregó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) porque no pudo evidenciar la adquisición de equipos u obras para la planta separadora de líquidos de Río Grande.
Los fondos salieron del fideicomiso constituido para financiar la construcción de ese proyecto en Santa Cruz.
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Así lo fundamentó el fiscal Edward Mollinedo durante la audiencia cautelar del anterior jueves en el Juzgado Décimo de Instrucción y que investiga si hubo corrupción en el contrato suscrito entre este consorcio y la estatal petrolera el año pasado.
Según el representante del Ministerio Público, para llevar adelante el proyecto, los socios de la asociación accidental Miguel O’Connor, Mario Cossío Mc Galem y su empleado Luis Fernando Córdoba, quien incluso fungía como abogado, hicieron varios retiros de la cuenta habilitada en el Banco Unión.
El monto asciende a 984.157 dólares de un total de 3,3 millones de dólares habilitados en las cuentas y que el Ministerio Público no encontró respaldo. Aunque la defensa de los imputados en el proceso aseguró que se tienen los descargos, pero no se los presentó en la audiencia.
Según documentación que obtuvo la Fiscalía de la Unidad de Investigaciones Financiera (UIF), tanto Cossío Mc Galem como Córdoba argumentaron la compra de equipos y maquinaria, tuberías y otros materiales para la planta y el inicio del proyecto.
Sin embargo, Mollinedo recordó que no existe una sola piedra de la planta en la localidad de Río Grande, en Santa Cruz, como pudo evidenciar en la inspección realizada hace un mes.
“No existe infraestructura caminera, estudios de impacto ambiental, es un monte cerrado, según la inspección realizada”.
Aun así las investigaciones demuestran que con el dinero del Estado se realizaron diferentes operaciones y pagos supuestamente para impulsar la planta.
Por ejemplo se giraron cheques a entidades financieras por 127.490 dólares, cheques a diferentes personas por 574.536 dólares, operaciones de comercio exterior con la firma Indumil SRL por 140.545 dólares, equipamiento eléctrico y digital por 23.061 dólares y desembolsos a varias empresas por 118.525 dólares. Sin embargo, Mollinedo explicó que Cossío Mc Galem declaró que con los fondos sólo se adquirió una computadora portátil.
Aunque los informes que se pudieron recabar dan cuenta de que esta persona recibió 110.000 dólares el 3 de diciembre de 2008; 65.000 dólares el 15 de enero de este año y 150.000 dólares el 27 de enero. “Es una de las principales personalidades que se beneficiaron de los recursos que no fueron a la realización de las obras”. En la audiencia Miguel O’Connor señaló que no se ejecutaron labores en Río Grande porque nunca se recibió la orden de proceder de YPFB.
Mollinedo cuestionó esa justificación porque si no había esta instrucción, no había razón para que la asociación accidental reciba desembolsos del fideicomiso.
“¿Por qué si no había orden de proceder reciben ese dinero anticipadamente del fideicomiso?”.
Además observó que la familia O’Connor hizo traspasos de cuentas en dólares a otras en bolivianos, como figura en reportes del 2 de diciembre de 2008, cuando sacó 100.000 dólares, los depositó en su cuenta con un monto de 700.000 bolivianos, pero el mismo día los retiró. “¿Para qué hace eso un empresario?”.
Como parte de los movimientos revelados por la Fiscalía, también se informó de un desembolso de 99.000 y 78.000 dólares a favor de Paola Miranda. Esta persona es la abogada de Raúl Jordán Pereda que prestó a los hermanos O’Connor su inmueble para que puedan garantizar las pólizas emitidas por las compañías de seguro Bisa, Credinform e Illimani destinadas a garantizar la ejecución del proyecto.
Tras la audiencia cautelar del jueves, la juez Marcela Siles dispuso la remisión a la cárcel de San Pedro de Miguel O’Connor, Luis Fernando Córdoba, Mario Cossío Mc Galem, Fernando Aramayo Doria Medina y Javier Navia Doria Medina (cuñado de Santos Ramírez).
YPFB iniciará auditoría a firmas subcontratadas
La empresa estadounidense Gulsby y las argentinas Sica y Gonella serán auditadas técnicamente por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con el objetivo de conocer cuál es el grado de avance en la construcción de la Planta Separadora de Licuables en Río Grande, Santa Cruz.
El presidente interino de la estatal petrolera, Carlos Villegas, informó que el 18 de mayo se iniciará la auditoría a las tres compañías contratadas por la empresa Catler-Uniservice para impulsar la realización del proyecto.
El análisis se efectuará con el apoyo de la empresa Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), socia de Yacimientos.
“A las empresas que contrató Catler-Uniservice, el equipo técnico de YPFB, apoyado con una colaboración desinteresada de PDVSA, les hará un auditoría para saber exactamente el grado de avance, la capacidad de las empresas, y la calidad de las partes y los productos que están siendo producidos en los países que acabo de mencionar”.
El 14 de marzo, la estatal petrolera instruyó suspender los pagos a las empresas argentinas Sica y Lito Gonella, subcontratistas de la sociedad accidental Catler-Uniservice, mientras dura la investigación del Ministerio Público sobre las supuestas irregularidades en el contrato.
Ambas deben construir 25 tanques semirremolques, 35 tanques cisterna, 14 tanques fijos para GLP y dos de almacenamiento de gasolina.
Investigación
A pedido de la defensa, la reconstrucción del asesinato del empresario Jorge O‘Connor, representante de Catler-Uniservice, se iniciará hoy a las 08.00 en el Hotel Plaza, donde esta persona junto con Mario Cossío Mc Galem, Miguel O‘Connor y Luis Fernando Córdoba tomaron un desayuno.
La reconstrucción se hará a solicitud de Córdoba, uno de los acusados de complicidad. La Fiscalía busca hallar más indicios sobre la muerte del empresario y el destino de los 450.000 dólares que le robaron el 27 de enero.
Más datos
El Gobierno constituyó un fideicomiso de 45 millones de dólares en el Banco Unión a favor de YPFB para financiar la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande.
La estatal petrolera contrató para esta labor a la asociación accidental Catler- Uniservice, que se conformó tres días antes de la firma del contrato en julio de 2008.
El consorcio recibió 3,3 millones de dólares de un total de 16,5 millones de dólares que se canalizaron como anticipos. 13,2 millones se dirigieron a Gulsby.
Esta firma norteamericana construye una parte de los equipos de la planta en Estados Unidos.
Otro de los componentes fue encargado a Lito Gonella, en Argentina. Ambas firmas fueron contratadas por Catler-Uniservice.
El Ministerio Público abrió un proceso por corrupción en el contrato con Catler-Uniservice, además del juicio por asesinato del empresario Miguel O’Connor.
El jueves fueron remitidos a la cárcel de San Pedro Miguel O’Connor, Luis Fernando Córdoba, Mario Cossío Mc Galem, Fernando Aramayo Doria Medina y Javier Navia Doria Medina (cuñado de Santos Ramírez).
La Fiscalía también lleva adelante otro proceso por la conformación irregular de la firma YPFB-SIPSA por parte de Santos Ramírez.