Un nuevo atentado a la libertad de prensa, de expresión y de opinión y a la libre empresa trata de cometer el gobierno del Movimiento Al Socialismo presidido por Evo Morales Aima, con la intención de sacar de circulación a quienes critican y censuran su forma de administrar el país.
Editorial El Diario.
El partido gobernante podría controlar todos los poderes del Estado, pero ajustando sus actos a lo que manda el ordenamiento legal vigente en el territorio nacional, no recurriendo a decretos, como lo viene haciendo, porque el derecho a disentir se lo ejerce en la Cámara de Senadores, donde muchos de sus miembros representan a partidos de oposición, además que hay dos disidentes del oficialista MAS, lo que imposibilita que la bancada legislativa oficialista consiga sancionar las leyes que le interesa para su posterior promulgación y ejecución.
Los gobernantes mediante los llamados movimientos sociales presionan a los legisladores para la aprobación de las leyes que les interesan y proceden a cercar la Plaza Murillo y el edificio del Congreso Nacional. Otras veces, como esa forma de imponer la aprobación de una norma los desprestigia, negocian con quienes dicen ser de oposición, los que con disimulo logran algunas concesiones y viabilizan la aprobación, aunque con esa conducta originen fricciones dentro de cada fuerza política con representación congresal. Ante esta situación desfavorable para el masismo, sus dirigentes, sobre todo su Jefe, están convencidos de que la gobernabilidad tiene obstáculos difíciles de vencer, por lo tanto pretenden controlar primero todos los poderes del Estado y luego ingresar al campo empresarial privado, donde consideran que el mayor escollo es el de los medios de comunicación. La estrategia consiste en que el Presidente de la República y su Gobierno aparentan ser víctimas de las noticias, observaciones y críticas que son difundidas, las que en su generalidad dan cuenta de la mala gestión gubernamental.
Las descalificaciones, estigmatizaciones y ataques a los periodistas y medios de comunicación son parte de la forma de gobernar del MAS. Desde hace dos años se producen agresiones, amenazas y atentados contra los trabajadores de la información y las empresas en las que laboran. Se contabiliza más de 200 agresiones, decenas de heridos, un asesinato, el estallido de un artefacto explosivo en el inmueble de un canal de televisión, siendo responsable de ese atentado nada menos que un militar miembro del aparato de seguridad de Palacio de Gobierno. Asimismo se organizó un grupo de choque exclusivamente para amenazar y agredir a periodistas, a la cabeza de dos matones de apellido Cerrudo y Mora. El Gobierno no debería hacerse la víctima porque los verdaderos agresores de los periodistas responden al Ejecutivo.
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Además el Presidente de la República con actitud discriminatoria ha dispuesto que las conferencias de prensa para determinados casos solamente sean abiertas para los corresponsales de la prensa internacional. Esta es una agresión a la libertad de información de los bolivianos y más aún de los comunicadores que deben transmitir noticias y hacer cuestionamientos, cuando algo no es claro.
Las agresiones del Gobierno a periodistas y medios también son de carácter económico, porque muchas dependencias de la administración pública han optado por conveniente limitar o negar la contratación de los espacios periodísticos para difundir publicidad estatal, lo que constituye una discriminación. Así las autoridades buscan la sumisión de los medios de comunicación al Gobierno. Por lo tanto resulta paradójico querer hacerse víctimas de la prensa cuando los que detentan el poder coyunturalmente maltratan a la prensa libre y no comprometida con partidos políticos, sectas religiosas u otro tipo de instituciones.
Hace poco el Primer Mandatario dio curso a la emisión de decretos para la confiscación de medios de comunicación, empresas, bienes y cuentas de todos aquellos que se presume que colaboraron con el grupo “terrorista” descubierto en Santa Cruz. Esta medida es característica de las dictaduras, a la que recurre el gobierno del MAS, aunque primero se debería demostrar que los muertos en el Hotel Las Américas de la ciudad de Santa Cruz son realmente terroristas y hubo un enfrentamiento armado. En el caso de los medios, si uno cometiera irregularidades, sólo el proceso legal establecido podría determinar la validez de una denuncia en tal sentido.
Para los próximos días está concertada la visita de los ejecutivos de la Sociedad Interamericana de Prensa al presidente Evo Morales, para hacerle conocer la preocupación por los ataques a los periodistas y medios de comunicación por parte de la administración gubernamental masista. En esa reunión el jefe de Estado tiene que demostrar todas sus denuncias contra los medios de comunicación y también explicar el motivo de su política en contra de la libertad de prensa y el libre ejercicio de la información.