Textileros piden a las alcaldías el decomiso de prendería usada. La FAM condiciona controles, pese a que la Ley 2028 les da facultades
Protesta: textileros de El Alto queman un muñeco vestido con prendas a medio uso (La Prensa)
Contra la ropa usada sólo hay marchas
La Razón
Empresarios y trabajadores participaron en la marcha convocada por el Ejecutivo. La comercialización de la mercadería continúa pese al veto.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
El Gobierno organizó ayer una marcha en defensa de la industria nacional y en rechazo a la venta de ropa usada; no obstante, a la fecha, no ha ejecutado acciones concretas para evitar la comercialización de ese producto, actividad que está prohibida en el país desde el 1 de abril.
Ayer en la mañana, miles de personas, entre industriales pequeños, medianos y grandes, artesanos, confeccionistas, además de fabriles y dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), respondieron a la convocatoria del Ejecutivo y marcharon contra la venta de prendería usada. Entre los movilizados, estuvo el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Daniel Sánchez.
La marcha partió a las 10.00 desde la zona del Cementerio y concluyó al mediodía en la Plaza del Estudiante. Los marchistas portaban banderas, carteles y bombos; algunos arrastraban muñecos de trapo por las calles. A su paso por la ciudad, los marchistas, que ocupaban al menos seis cuadras, corearon consignas en contra de la prendería usada e hicieron estallar petardos.
La movilización, que fue convocada la semana pasada por el ministro de Trabajo, Calixto Chipana, resultó pacífica. Y es que se temía por posibles enfrentamientos con los vendedores de ropa usada, de quienes también se esperaba una marcha paralela.
“Nos plegamos a la marcha de los fabriles en defensa de la producción nacional que se confecciona tanto para el mercado nacional como para la exportación. Es una movilización por la dignidad y contra el abuso de los contrabandistas que internan ropa usada al país”, dijo Daniel Sánchez, que lideró la movilización junto a Adalberto Rojas, viceministro de Trabajo, y a Sócimo Paniagua, dirigente de la COB.
A su paso por la calle Tumusla, los marchistas recibieron el apoyo de los gremialistas que venden ropa confeccionada en el país. Similares muestras de apoyo fueron expresadas a los sectores en la avenida Montes, en la Pérez Velasco y en El Prado.
Según la gubernamental ABI, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario, Fernando Fuente Daza, alertó en la mañana sobre el peligro que representa el uso de prendería de segunda mano, “toda vez que su procedencia, origen y condiciones anteriores de uso, son completamente desconocidas”.
MOVILIZACIÓN EN LA PAZ • Un hombre que marchó ayer contra la ropa usada suspende un palo para mostrar una de esas prendas en llamas, a su paso por la avenida Mcal. Santa Cruz.
A pesar de la movilización y de la alerta lanzada por Fuente, la venta de ropa usada aún continúa y el Gobierno no ha asumido acciones para hacer cumplir la prohibición de esta actividad.
El Decreto 28761, del 21 de junio del 2006, estableció la prohibición de la importación de ropa usada desde el 2007 y la de la venta a partir del 1 de marzo del 2008. Posteriormente, el Decreto 29521, emitido el 18 de abril del 2008, dio un año más para la comercialización de prendería de segunda mano en el país, hasta el 31 de marzo de este año.
Los vendedores de ropa usada se resisten a la prohibición y aunque ya no hablan de ampliación para la comercialización, exigen al Gobierno una “reposición”, vía decreto, del año perdido para terminar de vender las más de 11.000 toneladas del producto que aún quedarían en el país, y para cambiar de rubro.
El sector ha rechazado la oferta del Ejecutivo, que planteó a los comerciantes que dejen de vender la ropa y, a cambio, se les daría una capacitación de tres meses y Bs 650 mensuales. Con todo, el Gobierno inició el registro de los comercializadores para su reconversión productiva.
“Es una movilización por la dignidad y contra el abuso de los contrabandistas que internan ropa usada al país”.
DANIEL SÁNCHEZ, presidente de la Cámara de Industrias.
Textileros piden a las alcaldías el decomiso de prendería usada
La FAM condiciona controles, pese a que la Ley 2028 les da facultades
La Prensa
Los municipios piden al Gobierno un plan integral para poder actuar en el problema de la ropa usada.
Trabajadores textileros y micro y pequeños empresarios marcharon ayer por las principales calles paceñas para demandar la prohibición de la venta de ropa usada y su decomiso inmediato por parte de las alcaldías. La ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Patricia Ballivián, envió una nota a la Federación de Asociaciones de Municipios (FAM) para que asuman esa competencia en el marco de la Ley de Municipalidades.
Esa cartera de Estado respaldó su pedido con un certificado emitido por el Ministerio de Salud en sentido de que el uso de esas prendas son un riesgo para la salud.
Además, la Ley de Municipalidades, en su artículo 8, le otorga la tuición de la defensa de la salud pública.
En ese marco, la Guardia Municipal es la que debe encabezar los operativos para evitar la venta de prendas íntimas, zapatos, frazadas en las tiendas y mercados de abasto.
La FAM-Bolivia rechazó esa solicitud y condicionó su actuación a la presentación de un plan integral de parte del Gobierno para solucionar el problema.
La movilización que fue convocada por la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) y respaldada por el ministro de Trabajo, Calixto Chipana, comenzó a las 09.00 en el Cementerio General, desde donde centenares de obreros y confeccionistas bajaron hasta el centro paceño protestando en contra del comercio de mercadería a medio uso.
Arrastrando muñecos vestidos con ropas usadas, pidieron el corte definitivo de la venta de esas prendas que pese a existir un decreto que lo prohíbe, continúa vendiéndose.
La marcha estuvo encabezada por el presidente de la Cámara Nacional de Industria (CNI), Daniel Sánchez, y del viceministro de Empleo, Roberto Illanes. Participaron cientos de obreros de las empresas Universaltex, Ametex, Hilasa, Hiltrabol, Textilón, Makitesa, Amec, Asfacal, Appecal, las asociaciones comunitarias de Desaguadero y Calamarca y afiliados a la Federación Regional de Micro y Pequeños empresarios de El Alto.
La movilización interfirió el tráfico vehicular en el centro durante dos horas y se desarrolló de manera pacífica, a diferencia de la marcha que realizaron la semana pasada los comerciantes de mercadería a medio uso y que colapsó la ciudad.
El presidente de la CNI manifestó que el decomiso debe hacerse de “inmediato” y reciclar la mercadería, porque esa actividad afecta a 450.000 trabajadores.
El presidente de Conamype, Marco Antonio Gonzales, sugirió quemar esas prendas y dijo que existe la posibilidad de que los “ropavejeros” puedan se parte de los complejos productivos que administra esa organización o comerciar la producción de los microempresarios.
El Viceministro de Empleo dijo que el Gobierno defenderá la industria nacional, pero que también garantizará la “reconversión” de los vendedores de ropa usada.
El presidente de los microempresarios de El Alto, Humberto Sandalio, pidió la participación de las alcaldías en el control y decomiso de las prendas a medio uso.
Sin embargo, el vicepresidente de la FAM y presidente del Concejo Municipal de La Paz, Luis Revilla, dijo que no recibió ninguna carta de la ministra Ballivián, pero que en todo caso, la participación de las alcaldías depende de la presentación de un plan integral para la solución de este problema. “La FAM está haciendo un comunicado al Gobierno en sentido de que mientras no exista un plan integral para encarar este problema, va a ser muy difícil pensar en nuestra intervención”.
El tema, dijo, va más allá de un control en las calles, sino tiene que ver con el contrabando y la reconversión de la gente que se dedica a esa actividad.
La importación está prohibida desde 2007, y es atribución de la Aduana combatir el ingreso ilegal de la mercadería en las fronteras.
Fondesif y entidades deben responder por la cartera
El Gobierno responsabilizó al Fondo de Desarrollo Productivo y de Apoyo al Sistema Financiero y a las entidades financieras por no haber realizado un adecuado seguimiento a los créditos del Programa de Reconversión Productiva.
Además de asegurarse de que estos recursos sean destinados a un emprendimiento productivo y que no sean mal utilizados por algunos comerciantes de ropa usada.
El viceministro de Micro y Pequeña Empresa, Ramiro Lizondo, admitió que no se hizo un seguimiento, por lo tanto, la “responsabilidad exclusiva de la otorgación de créditos es de las entidades de primer piso, o sea, de las entidades financieras”.
Éstas asumieron la responsabilidad de dar los créditos en función de sus propios criterios de calificación. Por eso es que en diciembre, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural decidió suspender el programa.
La autoridad dijo, además, que el Fondesif tiene la responsabilidad de la recuperación de la cartera colocada y es esa instancia la que debe decidir si “toma algún mecanismo o medida para adelantar la recuperación de esa cartera que supuestamente se habría mal utilizado”.
Según Lizondo, 5.048 personas solicitaron ser parte del Programa de Reconversión Productiva. De ésas, 563 accedieron a un crédito del fideicomiso de 80 millones de bolivianos, 110 personas destinaron los fondos a un emprendimiento productivo y 453 a proyectos comerciales. “Una parte de estos, dijo, habrían destinado los recursos a aumentar el stock de su mercadería a medio uso”.
Las entidades financieras que se adjudicaron la intermediación de los créditos a través de un proceso de selección gubernamental fueron la Cooperativa Sudamericana, Pablo VI, Buen Samaritano y el Banco Unión.
Salud
El Ministerio de Salud remitió una nota a Desarrollo Productivo mencionando:”No es recomendable utilizar la ropa usada proveniente de cualquier país de origen, por cuanto puede ser transmisor de microorganismos, hongos, bacterias y otros, que pueden tener efectos patológicos agudos o crónicos, además se debe considerar el estado inmune de nuestra población, ya que la mayoría no está bien protegida”.
Identificó componentes de riesgo:
1. Cantidad de gérmenes.
2. Virulencia intrínseca del organismo particular (capacidad de multiplicación).
3. Periodo de incubación, toxicidad, poder de invasión.
6. Tiempo de actuación y asociación microbiana.
8. Ruta de entrada del patógeno.
9. El estado inmune del huésped.
Ley 2028
La ministra de Desarrollo Productivo, Patricia Ballivián, pidió a la FAM asumir control de la ropa usada en el marco de la Ley de Municipalidades:
Artículo 8 (Competencias). Las competencias del gobierno municipal para el cumplimiento de sus fines son las siguientes:
I. En materia de desarrollo humano o sostenible:
11. Sancionar en el marco de sus competencias los daños a la salud pública y al medio ambiente, ocasionados por las actividades industriales, comerciales o económicas de cualquier tipo o naturaleza que se realicen en su jurisdicción.
IV. En materia de defensa del consumidor:
2. Establecer un sistema de control de calidad, calificación bromatológica y de niveles y condiciones de sostenibilidad
ecológica para los productos producidos, comercializados o transportados en su jurisdicción;
4. Decomisar y destruir, sin derecho a compensación para los infractores, los bienes de consumo humano o animal que generen condiciones patológicas de cualquier naturaleza en individuos o poblaciones humanas o animales; así como los productos destinados al cultivo vegetal que generen o puedan generar condiciones de alteración genética de dichos seres vivos que se encuentren dentro de su jurisdicción.