Los ex ministros que habrían abandonado el país son: Yerko Kukoc (Gobierno), Guido Añez (Agricultura) y Mirtha Quevedo (Participación Popular) para evadir juicio en la Corte Suprema
Abril 08 de 2009. Mirtha Quevedo, jefa nacional del MNR celebra aniversario de su partido.
Sucre, 7 mayo (ABI) – El abogado Freddy Avalos, uno de los defensores de las víctimas de la masacre de civiles en la insurrección popular de octubre de 2003, denunció el jueves «la fuga» de tres ministros del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, para frenar el juicio de responsabilidades abierto en la Corte Suprema (CSJ) contra el ex mandatario y sus colaboradores.
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«Los ex ministros que fugaron son: Yerko Kukoc (Gobierno), Guido Añez (Agricultura) y Mirtha Quevedo (participación Popular)», denunció Ávalos, a menos de dos semanas de la apertura de obrados en la CSJ.
Quevedo ejerce actualmente la jefatura del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).
Ávalos explicó que las tres personas que fugaron gozaban del beneficio de medidas sustitutivas y que ahora pasan a ser prófugos de la justicia.
«Lo que pretende ellos es simplemente que no se inicie el juicio de responsabilidades, porque no se podrá llevar adelante hasta que se los pueda capturar. Lo que quieren es escapar para no someterse a la justicia en Bolivia. Eso demuestra, claramente, que ellos saben que tienen un grado de responsabilidad», argumentó el defensor.
Diecisiete son los implicados en proceso conocido como «octubre negro», de los que se han radicado en EEUU, Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín (Defensa) y Jorge Joaquín Berindoague (Hidrocarburos).
La CSJ señaló el inicio del juicio de responsabilidades a Sánchez de Lozada y sus ministros, para las 15h00 del 18 de mayo en la ciudad de Sucre.
Sánchez de Lozada, refugiado en Estados Unidos desde el 18 de octubre de 2003, un día después de derrocado en medio de una sangrienta insurrección popular, ha sido formalizado luego de casi seis años de trámites, por la muerte de 67 personas.
También por infligir daños económicos y suscribir contratos lesivos al Estado, durante su primer mandato, entre 1993 y 1997, con multinacionales petroleras, tales como la estadounidense Enron.