Incautación: un camión con mercadería de contrabando retenido por el COA en un operativo practicado en el departamento de La Paz este año
Las llamadas confirmaban los testimonios de las autoridades aduaneras la noche del 26 de julio.
La Prensa.- El informe de conclusiones sobre el caso de los 33 camiones que en agosto de 2008 salieron con mercadería de contrabando hacia Brasil, aprobado por la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados, llegó a la Fiscalía General de la República; sin embargo, el documento refrendado se cerró sin esclarecer al menos siete claves del proceso. Uno de los presuntos involucrados en este hecho es el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
El último informe sobre este caso fue redactado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) y aprobado en la Cámara de Diputados por la mayoría oficialista. Una revisión del documento deja varios “cabos sueltos”, por ejemplo, no esclarece si hubo o no contrabando en la salida de 33 camiones que dejaron la Zona Franca de Cobija el 26 de julio de 2008; omite como prueba el video en el que los comerciantes afirman tener la autorización de Quintana para pasar el puesto de control ubicado en las afueras de la capital pandina; no aclara la relación de llamadas entre los teléfonos del líder de los comerciantes de Puerto Evo, Jesús Chambi, y del Ministro de la Presidencia.
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Además, no se precisa por qué los camiones no pudieron ser recuperados tras 27 días de permanecer retenidos en Santa Rosa de Abuná y libera de responsabilidad al prefecto de Pando, Rafael Bandeira, quien entonces era comandante del Comando de Tareas Conjuntas.
En el documento tampoco se menciona nada acerca de la recuperación violenta de los camiones por parte de los comerciantes y no se abre ningún proceso para el grupo de personas que liberó la mercadería del cerco policial. Además quedó sin esclarecer si el presidente Evo Morales participó o no en este caso o qué grado de conocimiento tuvo sobre los hechos. Tampoco se esclarecieron los amedrentamientos sufridos por la familia del ex presidente de la Aduana Nacional César López, quien destapó el caso. La esposa de López perdió un ojo por un ataque de desconocidos (ver página 4).
La noche del 26 y la madrugada del 27 de julio, 33 camiones abandonaron la ciudad de Cobija y pasaron la tranca de Control Operativo Aduanero (COA) del kilómetro 19, límite de la zona franca de esa ciudad. Al mediodía, el convoy fue retenido por fuerzas del Comando Conjunto en la localidad de Santa Rosa del Abuná. Para pasar el punto de control, el líder de la caravana Jesús Chambi habría señalado que contaba con la autorización del ministro Quintana.
En noviembre de 2005, tres años antes, los comerciantes firmaron un documento público en el que reconocieron que estaban en situación de ilegalidad.
Durante 27 días los camiones permanecieron retenidos y, además, custodiados por los dueños de los vehículos y pobladores de Puerto Evo. El 23 de agosto, más de 200 personas recuperaron por la fuerza esos vehículos.
Una comisión multipartidaria hizo la labor de cabeza de Ministerio Público para investigar este hecho.
El grupo parlamentario estuvo encabezado por el diputado Javier Zavaleta, del Movimiento Sin Miedo (MSM), que es aliado del MAS. El oficialismo, por su parte, designó como miembros de la comisión a los diputados José Pimentel, Antonio Sánchez, Édgar Valeriano y Ricardo Aillón. Por Podemos participaron Bernardo Montenegro y Felipe Tenorio. Unidad Nacional designó a Arturo Murillo, y María Teresa Núñez representó al MNR.
El grupo no logró ponerse de acuerdo y presentó tres informes al pleno de Diputados. Uno redactado por Zavaleta, otro elaborado por la oposición y finalmente el del MAS, que fue aprobado en la Cámara Baja por la mayoría oficialista. Este documento libera de responsabilidad al prefecto Bandeira y a Juan Ramón Quintana y solicita la imputación formal de César López por incumplimiento de deberes (ver tabla).
Zavaleta afirmó que el jueves 14 envió formalmente el expediente, con más de 500 hojas, al fiscal general, Mario Uribe, quien dijo que una vez que lo reciba estudiará el caso y lo derivará a un fiscal para que realice las investigaciones, adjunte más datos y compruebe las declaraciones.
Durante la investigación, la comisión solicitó a la empresa Entel el detalle de llamadas realizadas y recibidas por el celular de Jesús Chambi. En la nómina se confirma que el líder de los comerciantes, entre el 26 y 31 de julio, conversó con el ministro Quintana, su secretaria privada y el entonces comandante del Comando de Tareas Conjuntas, Rafael Bandeira.
El informe aprobado por el oficialismo indica que “el detalle no demuestra ni aporta ningún elemento que pruebe que alguna autoridad de Gobierno, que son titulares de las líneas que figuran en la relación, haya autorizado o dado alguna orden relativa al paso de los 33 camiones”.
La lista de llamadas corrobora los testimonios de las autoridades aduaneras presentes la noche del 26 de julio en la tranca del kilómetro 19. Chambi llamó de su celular a Rafael Bandeira y lo comunicó con el teniente del COA Cristian Deheza. Los testimonios de los involucrados coinciden en que la llamada se cortó por la falta de señal en la zona.
El responsable de ese punto de control, el teniente Cristian Deheza, presentó como prueba de la “autorización” otorgada por Quintana un video grabado en su celular en el que se escucha y se ve a Chambi afirmar que tiene la “autorización” de Quintana y la venia de Bandeira, quien ahora es prefecto de Pando.
Se comprobó que el audiovisual es auténtico e incluso fue reconocido por Chambi, quien indicó que el video no es montado, sino que el término “autorización” lo dijo en otro contexto de la conversación. Durante los 27 días que los camiones estuvieron retenidos, al menos tres veces fue suspendido el denominado Operativo Retorno. Las autoridades de la Aduana reiteradamente hicieron solicitudes de apoyo al Comando Conjunto. López llegó a enviar una comunicación al entonces comandante de las Fuerzas Armadas, Luis Trigo.
Un informe elaborado el 4 de agosto por el administrador de la Zona Franca de Cobija, Mario Vásquez, al que tuvo acceso La Prensa, relata que uno de los intentos se detuvo por la visita del subcomandante del COA, Wálter Villalpando. “Me indicó que había recibido instrucciones telefónicamente de su comandante para que se mantengan en suspenso las acciones. Él (su comandante) se estaba reuniendo con autoridades nacionales para tratar el caso”.
Nunca se pudo precisar a qué comandante se refería Villalpando. Bandeira explicó que no pudo recuperar los camiones porque no contaba con tres batallones para efectuar la operación. Además señaló que cuando dejó el Comando Conjunto, el 10 de agosto, “los camiones estaban resguardados”.
Asimismo, en el documento no se menciona la actuación de los comerciantes durante el conflicto. El 23 de agosto, un grupo de más de 200 personas recuperó los motorizados y su mercancía en un operativo en el que se usaron armas de fuego, según informes de la Aduana. Los camiones estaban retenidos por el Comando Conjunto y técnicos de la Aduana levantaron las actas de intervención correspondientes. Según la Ley de Aduana, esa acción se califica como sustracción de prensa aduanera.
Chambi negó haber participado en la acción, sin embargo, los testimonios de los presentes en aquella jornada dan cuenta de que encabezó el operativo. El informe no establece si la salida de la mercadería fue contrabando. La participación del Presidente tampoco se llegó a esclarecer aunque La Prensa publicó cartas enviadas a Morales que revelan reuniones para “resolver” el conflicto destapado por la retención de mercadería.
El Jefe de Estado después reconoció que había derivado el caso al Ministro de la Presidencia para que lo resolviera porque se trataba de un “conflicto social”.
Los tres informes presentados
Los presuntos involucrados
Juan Ramón Quintana, ministro de la Presidencia
Rafael Bandeira Arze, ex comandante del Comando Conjunto
César López Saavedra, ex presidente de la Aduana Nacional de Bolivia
Jesús Chambi, líder de los comerciantes
Cristian Deheza, teniente del Control Operativo Aduanero
Luis Fernando Sánchez, ex gerente de la Aduana Regional de La Paz
Mario Vásquez Peñaranda, ex administrador de Zona Franca Cobija
Wálter Villalpando Moya, ex subcomandante del COA
Carlos Manuel Gonzales, fiscal de distrito de Cobija
Informe aprobado (MAS)
No se encuentra ninguna responsabilidad penal ni administrativa
No se encuentra ninguna responsabilidad penal ni administrativa
Se solicita la imputación formal por el delito de incumplimiento de deberes
No se menciona ninguna responsabilidad por las acciones tomadas
Se solicita la imputación formal por el delito de incumplimiento de deberes
Se solicita la imputación formal por el delito de incumplimiento de deberes
Se solicita la imputación formal por el delito de incumplimiento de deberes
No se encuentra ninguna responsabilidad penal ni administrativa
No se encuentra ninguna responsabilidad penal ni administrativa
El informe solamente se refiere a cuatro autoridades aduaneras. Exonera a los demás involucrados.
Informe de la oposición
Se requiere la imputación formal por conducta antieconómica
Se requiere la imputación por conducta antieconómica y denegación de auxilio
No se encuentra ninguna responsabilidad penal ni administrativa
Se requiere la imputación por resistencia a la autoridad y ventajas ilegítimas
Se solicita la imputación formal por el delito de incumplimiento de deberes
No se encuentra ninguna responsabilidad penal ni administrativa
No se encuentra ninguna responsabilidad penal ni administrativa
Se solicita la imputación formal por el delito de incumplimiento de deberes
Se solicita la imputación formal por el delito de incumplimiento de deberes
El informe pide imputar a los ministros de Hacienda, Luis Arce, y de Defensa, Walker San Miguel
Informe del diputado Javier Zavaleta
Sugiere al presidente Morales definir si hubo responsabilidad administrativa
Se requiere la imputación por conducta antieconómica y denegación de auxilio
Se requiere la imputación por conducta antieconómica y denegación de auxilio
No se menciona ninguna responsabilidad por las acciones tomadas
Imputación por conducta antieconómica e incumplimiento de deberes
Se requiere la imputación por conducta antieconómica y denegación de auxilio
Imputación por conducta antieconómica e incumplimiento de deberes
Imputación por conducta antieconómica e incumplimiento de deberes
Se solicita la imputación formal por el delito de incumplimiento de deberes
El documento pide imputar al ex comandante de Policía Silvio Magarzo
por denegación de auxilio.
“Me reuní con el Presidente para informarle”
“Ese informe aprobado da la impresión de que yo debería subirme a los camiones detenidos”. “Quintana (…) me dijo que había un grupo que más tarde ingresaría a un régimen normativo”.
El ex presidente de la Aduana Nacional César López destapó el caso de los camiones con su declaración ante la comisión especial que investigaba lo sucedido. El informe aprobado por la Cámara de Diputados solicita que se le inicie un proceso penal por incumplimiento de deberes. La ex autoridad conversó con La Prensa y reiteró que hizo varias gestiones necesarias para recuperar la mercadería retenida. Insiste en que el Comando Conjunto y las Fuerzas Armadas no le prestaron el auxilio necesario para el operativo.
—¿Cuál es su versión de lo sucedido?
—Conocemos a través de los informes del teniente Cristian Deheza, del fiscal Jhon Sosa y del administrador de zona franca (Mario Vásquez) del paso de los 33 camiones. Deheza da parte a varias autoridades de lo sucedido; al jefe departamental de Policía (Silvio Magarzo); al comandante del Comando Conjunto, Rafael Bandeira, y a otros. Los informes escritos que tenemos dan cuenta de que se menciona el nombre del ministro Quintana y el de Rafael Bandeira, se habla de una autorización. Para confirmar eso inclusive hay un video donde se escucha cómo nombran al Ministro. El lunes 28 de julio (de 2008) recibo los informes. Inmediatamente se instruye que tomen las medidas necesarias. El señor Vásquez cumple su tarea allá y se elabora la querella. Esto tuvo algunos problemas, pero eran solucionables, eran de forma y no de fondo. La querella finalmente funcionó porque los contrabandistas fueron imputados. Como los vehículos estaban en Santa Rosa del Abuná, lo que buscamos fue recuperar los camiones para hacer las actas de valoración. Esa tarea normalmente se la hace en un recinto, pero como los contrabandistas no querían retornar inmediatamente se empieza a pedir apoyo a las Fuerzas Armadas. Lamentablemente no existe ese apoyo hasta que llegó el 23 de agosto, cuando los contrabandistas cometen un nuevo delito, robar la mercadería detenida.
—¿Usted cumplió con sus obligaciones para recuperar los camiones?
—Nosotros hicimos conocer todo esto, se han hecho las denuncias e incluso se ha comunicado todo a los medios de comunicación. Se pidió permanentemente apoyo, incluso al Presidente. Nosotros continuamos las denuncias, incluso se hizo una nueva querella. Llegamos a detener a unos nueve vehículos hasta que fui relevado de mi cargo. Tengo aproximadamente unas 500 hojas con documentación que prueba que se hicieron todas las gestiones. Lo que hay que comprender es que yo fui Presidente Ejecutivo. Ese informe aprobado en Diputados da la impresión de que yo debería subir a los camiones, haber hecho las valoraciones, ser miembro del COA. No tenía que hacer esas cosas. Dimos una serie de instrucciones para que todos cumplan sus responsabilidades.
—Le enjuiciarán porque supuestamente usted no interpuso a tiempo la demanda contra los autores del hecho. ¿Es verdad?
—La querella se realizó, tuvo algunos inconvenientes, por ejemplo, las actas de valoración, que eran necesarias. Luego solicitaron un poder notarial de la Presidencia, lo mandamos. Eran cosas de forma. Eso no era responsabilidad del presidente, para eso están los abogados, los asesores jurídicos.
—Usted dijo que recibió llamadas del ministro Quintana y de Bandeira durante la salida de los camiones de Cobija. ¿Qué le dijeron?
—El viernes 25 (de julio) me llamó Quintana y el domingo (27 de julio) me llamó Bandeira. Sobre la llamada del Ministro, él me dijo que se encontraba en esa oportunidad en Cobija y que había una cantidad de vehículos con mercadería para pasar a Puerto Montevideo y que más tarde estos sinvergüenzas ingresarían dentro de un régimen normativo. Inclusive manifestó que estos camiones podían pasar, la mitad al amanecer del día sábado y otra mitad el día domingo, a lo que yo le contesté y le dije que no era quien iba a desautorizar al Presidente, ya que fue él quien había ordenado la creación del Comando Conjunto en Pando y que la misión precisamente de este comando era evitar el contrabando. Él continuó y me dijo que había logrado algunos acuerdos políticos y que le llamara al contraalmirante Bandeira y de esa manera había concluido nuestra conversación. Con Bandeira hablé cerca de las siete de la noche. Él me preguntó por las posibilidades de que yo le pasara un documento reservado para autorizar aquel paso.
—¿Llegó a discutir el tema con el presidente Morales?
—Pedimos auxilio hasta al Comandante de las Fuerzas Armadas, yo le escribí. Como no hubo respuestas, nos comunicamos con el Presidente. Nos reunimos en la Residencia Presidencial. Le informé todo lo sucedido. Él me dijo que actúe dentro del marco de la ley. Meses después fui citado al Palacio, Morales me consultó sobre el estado de la Aduana y le informé de los avances. Finalmente me dijo que sería relevado. Solamente le agradecí.
“Seguimos viviendo persecuciones, pero no tengo miedo a morir…”
Jhenieffer Wissemberg, esposa de César López
“No han entrado una sola vez a nuestra casa (…) tenían el poder de violentar nuestras vidas”.
Jhenieffer Wissemberg, esposa del ex presidente de la Aduana Nacional César López, perdió un ojo luego de que un grupo de desconocidos irrumpiera en su domicilio y la atacara violentamente. Su marido destapó el caso de los 33 camiones que habrían salido del departamento de Pando con mercadería de contrabando en 2008. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, se vio involucrado en el escándalo. La Prensa obtuvo una entrevista exclusiva con la víctima, quien relata lo sucedido en el ataque que sufrió el 9 de agosto del año pasado.
—Usted ha sido víctima de varios atentados. ¿Podemos hablar y recordar esos difíciles momentos?
—En principio debo decirle que me considero una persona fuerte, que durante mi vida he pasado muchos momentos difíciles que he superado por mi convicción de que la vida no nos prueba con situaciones más fuertes que nuestra propia capacidad de superarlas.
Con relación a lo sucedido, vivimos y seguimos viviendo persecuciones, llamadas telefónicas, correos anónimos, autos y personas persiguiéndonos, amenazas y amedrentamientos, los que, sin restarles importancia, nos hicieron más fuertes, unidos y cuidadosos. Creímos que eran sólo amenazas, la forma usual en que los poderosos corruptos utilizan para callar a los que ponen en riesgo sus intereses. Las cosas que se estaban haciendo en la Aduana iban por buen camino, porque de no ser así, ¿quién se habría tomado la molestia de tratar de mantenernos bajo tanta presión?
—¿Después de las amenazas sucedió el incidente del 9 de agosto?
—Las cosas se complicaron cada vez más, y de hecho, mi esposo llegó al punto de denunciar ante el Viceministerio de Lucha Contra la Corrupción supuestos hechos de corrupción que habían detectado en una regional de la Aduana que supuestamente recolectaba fondos para personas influyentes del Ejecutivo. La Aduana, por orden del general César López, abrió en ese entonces un proceso de investigación y le hizo conocer los supuestos hechos al Presidente de la República. La Unidad de Lucha Contra la Corrupción de la misma Aduana empezó un proceso legal ante el fiscal pertinente. El caso fue parado directa e inmediatamente por un ministro de Estado.
Las investigaciones siguieron y se hicieron complejas cada vez más, hasta que la noche del 9 de agosto de 2008, la noche previa al referéndum, bajé a despedir a una amiga que se encontraba en nuestra casa, la vi salir y cerré la puerta. Regresaba a nuestro dormitorio cuando de forma abrupta recibí un golpe seco, fuerte, duro que me hizo rodar al piso y golpear mi cabeza contra una mesa. La persona o personas salieron corriendo hacia la calle mientras yo llamaba a mi esposo pidiendo auxilio.
Mi cara estaba completamente ensangrentada y el dolor era muy fuerte. Instintivamente llevé mis manos a la cara y, en medio de la sangre, mi ojo derecho completo cayó entre mis manos. Fue algo horrible, impresionante, sangraba copiosamente, mientras buscábamos un recipiente para poner el ojo derecho e ir inmediatamente al médico. Aún me duele la angustia de mi esposo tratando de recoger del piso del baño el ojo que en mi desesperación por cambiarme de ropa rápidamente hice caer al suelo. El doctor Monasterios, un brillante oftalmólogo boliviano, nos atendió en principio en su consultorio en (la zona de) San Miguel, pero al ver la gravedad del caso nos pidió que nos trasladáramos a su clínica que se encuentra en Sopocachi. Me operó inmediatamente, y al concluir, me advirtió de que habíamos salvado el ojo, pero no la vista.
—¿Su familia sufrió otro atentado?
—Un segundo atentado se dio la noche del 1 de octubre, eran casi las nueve de la noche y mi esposo seguía con varias personas en su oficina, en la Aduana. Yo sentía mucho dolor y cansancio. Para no interrumpir sus reuniones llamé al capitán Saavedra, seguridad y ayudante de César, y le pedí que, por favor, le informara que estaba bajando a casa en taxi. El guardia me acompañó al taxi, tomó la placa del mismo y me fui. Al llegar, toqué el timbre y esperé que mi hijo, que era la única persona que se encontraba en casa, me abriera la puerta. Mientras esperaba, dos personas se acercaron, uno me puso un cuchillo en el cuello y el otro me hizo más de 30 cortes de navaja entre el muslo y la pierna y el brazo derechos. Uno de esos hombres me advirtió: “Dile al cojudo de tu marido que se calle, que no joda más, que si no, éste será sólo el principio”. No pude responder nada, lo único que hice mientras esto pasaba fue rogar a Dios que mi hijo se tardara en abrir la puerta de entrada, que me dañaran a mí como era su intención, pero que a él no le hicieran ningún daño.
Un tercer atentado se dio en el domicilio de mi suegra en la ciudad de Cochabamba, una señora de 90 años de edad que nada tiene que ver con las acciones delictivas que se investigaban.
En la puerta de su casa dejaron, una tarde de la última semana de octubre, una bolsa con cargas de dinamita y sus guías, así como cartuchos de diferentes calibres, que tuvieron que ser recogidos por los bomberos de la Policía Nacional en presencia de algunos medios de comunicación. En el momento de los atentados no sentí miedo, los enfrenté como vinieron, actúe rápido para mi curación y seguí viviendo la vida con la misma intensidad con que la he vivido siempre, con las complicaciones propias de reaprender a hacer las cosas intuyendo los espacios y los objetos, cayéndome y levantándome, pero en fin, siguiendo adelante sin temor.
—Se supo que volvieron a irrumpir nuevamente en su domicilio, ¿es cierto?
—No han entrado una sola vez en nuestro domicilio, algunas fueron más obvias que otras. La vez a la que usted se refiere y que se hizo público a través de los medios de comunicación y con la presencia de las autoridades de la FELCC de la Policía Nacional fue en octubre, una semana después del último atentado. No había nadie en casa y cuando regresamos del trabajo, más o menos a las nueve y media de la noche, encontramos los muebles de una sala de estar frente a nuestro dormitorio completamente destruidos con cortes realizados con navajas, dejando las mismas marcas que hicieron en mi cuerpo. No robaron nada. No era ése el propósito, sólo querían que supiéramos que podrían entrar cuando quisieran, que tenían el poder de violentar nuestra intimidad y nuestras vidas cuando lo quisieran.
Recuerdo que, esa noche, llegó la Policía, tomó huellas y mientras los integrantes de la patrulla hacían el trabajo, el oficial a cargo le pidió a mi esposo hablar en privado. Entraron en nuestro dormitorio donde yo me encontraba, el oficial le dijo a mi esposo: “General… usted tiene problemas con…” (Se pidió mantener en reserva esta parte de la conversación).
—¿Usted dice que los atentados contra su vida y la de su familia tienen relación con las denuncias de su esposo?
—Sí, obviamente. Los hechos no sólo coinciden, sino que están plenamente sincronizados con la dinámica sociopolítica del país. Esta serie de atentados pudo constatar que nuestra relación familiar es muy fuerte y está fundada en amor, en respeto, en lealtad y en una necesidad compartida de vivir la vida para servir —desde nuestras potencialidades y limitaciones— al verdadero proceso de cambio en el que creemos. Por supuesto que somos tal vez más cuidadosos, tomamos más precauciones, pero éstas no han cambiado nuestra forma de ser y la dinámica de nuestra vida. No tengo miedo a morir. Morir es la parte más natural de vivir. Cuando hablo de tener más precauciones me refiero a las que tenemos con nuestros hijos o con nuestra familia, procurando que el peso del odio se limite a nosotros y no a ellos.