La confiscación de los bienes es un instrumento de persecución, de amedrentamiento contra los enemigos políticos. No es nada nuevo.
Editorial El Nuevo Día
Nadie debería estar sorprendido con el reciente decreto que ordena la confiscación de los bienes de las personas que estuvieran implicadas en el financiamiento o la perpetración de actos terroristas. Evo Morales nunca ha ocultado su discurso justiciero y sus deseos de despojar de sus bienes a los que él considera sus enemigos.
Tampoco es novedad el maniqueísmo con el que maneja las normas y las acciones del Estado. Todas las leyes relacionadas con el uso de la tierra fueron reacondicionadas basándose en prejuicios y con el claro objetivo de quitarles sus tierras a los agricultores y ganaderos del oriente, porque en el Gobierno estaban seguros que éstos eran unos traficantes de tierras, especuladores que se dedicaban a cebar lotes de “engorde” y que no hubieran podido justificar los draconianos requisitos para demostrar la Función Económica y Social. Han pasado dos años desde que empezó el proceso de saneamiento y pese a todas las trampas y procedimientos mañosos que se han aplicado, el Gobierno sólo ha podido revertir apenas unas cuantas propiedades, cuyos dueños aún tienen la instancia judicial para demostrar que son víctimas de procesos viciados de nulidades.
En la Constitución que se aprobó en enero también existe una amenaza hacia la propiedad privada, cuando se plantea la exigencia del cumplimiento de una función social para cualquier bien. Esta figura necesita una reglamentación, aunque no será extraño que su aplicación dependa del omnipotente sistema de “control social”, una forma que se presta a la persecución.
El MAS también ha estado ensayando un método que emplearon viejos “revolucionarios” para despojar de sus propiedades a unos para repartirlas a sus correligionarios. En esas estuvo el doble del presidente Morales, Valerio Queso, quien ha cobrado notoriedad en varios casos de loteamiento. Esta fórmula, sin embargo, es particularmente problemática para el régimen, no sólo por la figura de un personaje que tiene un tremendo parecido fisonómico al Primer Mandatario, sino porque alrededor del MAS existen innumerables “movimientos sociales” que esperan su turno para hacer lo propio, hecho que derivaría en un caos incontrolable para el propio Gobierno.
El MAS ha hallado en el “terrorismo” y el “separatismo” una nueva forma de estigmatizar al oriente boliviano y más precisamente a Santa Cruz. La finalidad sigue siendo la misma que estaba detrás de los trillados motes de “oligarcas”, “latifundistas” y “vendepatrias”, es decir, aplicarles el peor castigo al que se puede someter a un enemigo político: quitarles sus bienes.
Más allá de todas las barbaridades jurídicas que contiene el nuevo decreto, deja establecidos numerosos prejuicios que apuntan directamente a los que siempre han estado en la mira del Gobierno. La norma da por sentado que quienes solventan a los terroristas son empresarios o que tienen gran poder económico y que actúan en las regiones que se han declarado abiertamente opositoras a los lineamiento del MAS. Sin duda alguna, será otro intento del oficialismo de mostrarle al resto del país las cabezas de los que siempre ha buscado o, en todo caso, de generar terror entre los que piensan distinto a ellos, como ha sucedido entre los productores del campo que se han tenido que someter a acciones por demás abusivas.
Qué es absoluto
bajo el penoco
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El presidente Morales dijo que su objetivo es lograr el control de los tres poderes republicanos: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Esas declaraciones no cayeron bien ni siquiera entre sus colaboradores y la prueba es que han salido a aclarar el asunto, afirmando que el jefazo fue tergiversado por la prensa (¡bendita prensa!). El vocero presidencial dijo que no es absolutismo lo que se busca sino “mayoría” para que las acciones del Gobierno no encuentren obstáculos ni retardación en los otros poderes. Cualquiera que haya jugado “chorromorro” sabe que cuando uno bien fornido se encarama sobre el resto, lo que digan los de abajo importa un pepino y mucho menos cuando la fiebre populista considera que las minorías equivalen a cero o merecen desaparecer. El Presidente no necesita intérpretes, él sabe bien lo que dijo, lo aprendió de la “democracia sindical”.