El castigo a la disidencia no es un hecho aislado; es, por el contrario, una tendencia política, peligrosa, antidemocrática e inadmisible. Quizás por los sufrimientos que padecieron los bolivianos que expresaron sus ideas, hoy muchos otros han optado por el doloroso silencio.
Editorial La Razón.
Desde su nacimiento, los seres humanos son libres en igualdad y en derecho y tienen una diversidad de facultades inherentes a su propia naturaleza, sin las cuales no podrían desenvolverse, tanto en lo físico como en lo social. En este último espacio, la diversidad es parte sustancial de su existencia, entre los que se encuentran el derecho a discrepar, a disentir, a gozar de la libertad de tener ideas y pensamientos que no siempre pueden ni deben ser coincidentes con los del resto.
En consideración a que estos derechos se ponen, a veces, en riesgo, por la intolerancia y el autoritarismo de los que ejercen el poder político, la sociedad contemporánea optó por recurrir a la toma de acuerdos comunes, entre ellos a la institucionalización de los Derechos Humanos, mediante una Declaración adoptada en la Organización de las Naciones Unidas.
A través de este documento, aprobado por todos los países del mundo, entre ellos Bolivia, se reconoce que la libertad de disentir no es concesión de nadie, pero además se determina que la violación de este derecho es un atentado que se comete contra todo el género humano.
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El sistema democrático asienta sus principios en el pluralismo, o sea que el disenso es componente esencial de su prédica y de su praxis. Por tanto, si un gobierno quiere identificarse como democrático, su primera obligación es respetar e incluso rendir culto a la libertad de ideas, de pensamiento y de expresión. Si acaso no la respeta ni la hace respetar, no puede jactarse de ser democrático, puede ser cualquier otra cosa.
En Bolivia, se están dando crecientes brotes de intolerancia contra los que disienten con el Gobierno. Desgraciadamente, tales manifestaciones están llegando a la violencia extrema. No sólo se trata de pugnar con las ideas, sino de imponer a la fuerza su ideario y su accionar, sin vacilaciones ni escrúpulos.
A los disidentes de las filas del partido gobernante, el Movimiento al Socialismo (MAS), se los expulsa, se los golpea y se los daña, queman o destrozan bienes inmobiliarios. Y a los que se identifican como opositores se llega incluso a flagelarlos, despojarles de sus bienes y pertenencias, aparte de sembrar el miedo, el terror y la inseguridad en sus familias.
Este diario publicó en el Informe de Lunes una serie de casos que revela que el castigo a la disidencia no es un hecho aislado; por el contrario, se ha convertido en una tendencia peligrosa, antidemocrática e inadmisible. Quizás por los sufrimientos que tuvieron los ciudadanos bolivianos que decidieron expresar sus opiniones, otros ahora optan por el silencio amargo.
El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones (…)”
Es tiempo aún de que el presidente Evo Morales detenga esta ola de intolerancia y violencia, antes de que se convierta en una vorágine que podría dar paso a las pasiones más bajas de los fanáticos. Si está seguro de que tiene el respaldo de las mayorías bolivianas, está ante el desafío de cumplir con las leyes y con los derechos ciudadanos. En democracia, se puede disentir.