La CPE y convenios internacionales de la ONU y la OEA respaldan la irretroactividad de las normas. Vicepresidente dice que la norma evitará más acciones violentas. Aprobarán más decretos si se ve afectada la unidad del territorio nacional.
TRASLADO A LA FISCALÍA • Ignacio Villa Vargas, El Viejo (con gorra), es conducido a declarar y fue imputado.
El Estado iría a juicio con el DS confiscador
La CPE y convenios internacionales de la ONU y la OEA respaldan la irretroactividad de las normas, como el DS de incautación de bienes a las personas vinculadas con terrorismo, alzamiento armado y sedición.
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La Razón
El Estado corre el riesgo de ser demandado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos si se aplica, rompiendo el principio de irretroactividad de las normas legales, el Decreto 0138 de incautación de bienes en contra de los involucrados y vinculados con el supuesto grupo terrorista liderado por Eduardo Rózsa.
La advertencia fue hecha por la ministra de la Corte Suprema de Justicia, Rosario Canedo; la magistrada del Tribunal Constitucional, Silvia Salame, y el constitucionalista Carlos Alarcón, quienes coincidieron en señalar que el decreto fue aprobado después de la comisión del supuesto delito de terrorismo.
El Pacto de San José de Costa Rica sobre Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas (ONU) y la Constitución Política señalan que no hay retroactividad en la aplicación de normas, entre ellas penales, dijo Alarcón.
En consecuencia, si se aplica el decreto de incautación de bienes —aprobado el miércoles— en el caso de supuesto terrorismo instaurado el 16 de abril, se corre el riesgo de ser demandado y el Estado, aseguró el jurista, “no podrá sostener en un Tribunal Internacional de Derechos Humanos esta demanda”.
La ministra Canedo coincidió en que no hay efecto retroactivo en las normas, excepto en materia laboral o, siempre que favorezcan a los procesados. Para Salame, el caso terrorismo no puede ser sometido al decreto, “pues los principios en todo el mundo prevén que no procede la retroactividad (en tema penal)”.
Según Salame, no sólo existe riesgo de enfrentar un juicio internacional, sino que los mismos jueces la rechacen, porque no se ajusta a la norma constitucional.
Alarcón explicó que también se violan los artículos 109, 116 y 123 de la Constitución Política, que norman en esta materia.
No obstante el fiscal del caso, Marcelo Soza, informó que, una vez se impute a los implicados, pediría la incautación de bienes.
El decreto autoriza al Fiscal, con sólo una imputación, solicitar a un juez la incautación de los bienes, valores y dinero de las personas relacionadas con conductas o delitos de terrorismo, alzamiento armado y sedición.
El vicepresidente Álvaro García aseguró que la disposición es “materialmente aplicable, desde el momento de su emisión” y añadió que afectaría a unas seis personas vinculadas al caso Rózsa.
“Entonces, cuando nos condenen internacionalmente con cifras millonarias, va a tener que pagar el fiscal Soza y el Gobierno”, insistió Alarcón.
Mientras tanto el vocero del Palacio, Iván Canelas, abrió la posibilidad de debatir con los empresarios el tema de terrorismo.
Gobierno defiende la norma
El viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, defendió ayer la constitucionalidad y legalidad del Decreto 0138, que autoriza a la Fiscalía incautar los bienes, valores y dineros de las personas relacionadas con conductas y delitos de terrorismo, alzamiento armado y sedición.
La disposición legal, explicó, sólo reglamenta disposiciones establecidas en el Código de Procedimiento Penal. Aclaró que se habla de conducta porque es ésta, justamente, la que lleva a la comisión de delitos.
Chávez explicó que la Fiscalía decidirá si solicita o no la incautación de los bienes, siempre previa una imputación a los supuestos implicados en el caso.
En este contexto, precisó que la disposición no se aplicará por simple sospecha, pues una imputación implica contar con los elementos suficientes como para acusar a una persona.
La autoridad aseguró que el decreto, aprobado el miércoles, cuenta con el respaldo de la Constitución Política del Estado y convenios internacionales de lucha contra el terrorismo.
Normativa nacional e internacional
Los artículos de la CPE y de los convenios internacionales establecen que una norma, sobre todo penal, no puede aplicarse retroactivamente.
Garantías (CPE, art. 109)
Todos los derechos son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección. Estos derechos y garantía sólo serán regulados por ley.
Inocencia (CPE, art. 116)
Cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible. Si hay dudas, en el proceso regirá la norma más favorable al imputado.
Venidero (CPE, art. 123)
La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá carácter retroactivo, excepto en materia laboral o en materia penal, cuando beneficie al imputado.
La OEA
El Pacto de San José de Costa Rica establece que no se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
La ONU
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala que no se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El juicio
De vulnerarse estas disposiciones, no se descarta que un Estado pueda ser llevado al Tribunal Interamericano de Derechos Humanos.
García dice que la norma evitará más acciones violentas
ANUNCIO • Aprobarán más decretos si se ve afectada la unidad del territorio nacional.
EN LA CONFERENCIA • El vicepresidente Álvaro García dijo que cinco personas deben preocuparse por la disposición.
La Razón
El vicepresidente Álvaro García informó ayer que el Decreto Supremo 0138 de incautación de bienes, valores y dinero a personas ligadas con el terrorismo, tiene el objetivo de evitar que se vuelva a intentar acciones que pretendan fragmentar el país.
“Lo que queremos es dejar una señal muy fuerte: que nadie pueda volver a intentar dividir Bolivia y aquel que intente dividirla va a recibir un castigo ejemplar del Estado. Es preferible ser duro con una, dos o tres personas, que luego sufrir las consecuencias de semejante crimen que ensangrienta a las familias, como sucedió en otros países del mundo”, justificó el dignatario de Estado.
Manifestó que si bien la norma no será contemplativa con los involucrados, “se mueve en el marco del respeto y de los derechos constitucionales”.
El miércoles, el Ejecutivo aprobó el decreto que autoriza a la Fiscalía solicitar la incautación de bienes, valores y dinero de los sospechosos de conductas y delitos de sedición, alzamiento armado y terrorismo. García dijo que la norma se aplicará a los relacionados con el supuesto grupo terrorista de Eduardo Rózsa.
“Ningún boliviano puede soñar ni en su peor pesadilla herir o agredir la integridad de la patria. Si hay algunos políticos a quienes les preocupa el decreto, seguramente esos políticos, directa o indirectamente, están involucrados en este plan”, cuestionó.
Señaló que la mayoría de la población no debe sentirse preocupada por esta decisión del Gobierno. “Deben ser cuatro o cinco personas de alma turbulenta que han confabulado contra Bolivia, que han armado toda una estructura delincuencial”, indicó.
El Ministerio Público realizará la solicitud de incautación tras hacer conocer una imputación contra los sospechosos. “Si uno no hizo nada, va a dar su palabra, exponer su verdad y saldrá triunfante del escenario”, explicó.
Remarcó que, por el delito de traición a la patria, la sanción tiene que ser implacable porque “atentar contra la patria es atentar a todo el Estado…”.
El 16 de abril, un operativo policial desarticuló un supuesto grupo terrorista liderado por Rózsa. El testigo clave de la Fiscalía, Ignacio Villa Vargas, afirmó que líderes cruceños tenían contactos con el grupo.
DATOS
Reacción • Juristas, empresarios y la oposición cuestionaron el decreto emitido el miércoles. El senador Óscar Ortiz dijo que la norma es una forma de “terrorismo de Estado”.
Proceso • La incautación se aplicará aunque los fondos no se hayan usado o no se hayan llegado a producir los actos de terrorismo, de sedición o alzamiento armado.