DEFENSA • El presidente de la Corte Suprema se declaró víctima de una estrategia política para neutralizar el Poder Judicial. Diputados retoma hoy la sesión para decidir su enjuiciamiento
El ministro • Fernández deja el hemiciclo luego de que se dictó una pausa en su caso.
Pasada la medianoche, el plenario de la Cámara de Diputados declaró un cuarto intermedio hasta las 11.00 de hoy, en la sesión que instaló para analizar la aprobación del inicio de un juicio de responsabilidades contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eddy Fernández.
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De esta forma, la mayoría oficialista en esa cámara también postergó su anticipada determinación de aprobar el enjuiciamiento y, en consecuencia, la suspensión de la autoridad judicial, quien ayer asistió al pleno acompañado de sus abogadas Aida Camacho y Audalia Zurita.
Fernández es acusado por retardación de justicia en los casos de los juicios que la Corte Suprema de Justicia sigue contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (genocidio y peculado), el ex ministro de Salud, Tonchi Marinkovic (corrupción) y el ex prefecto de La Paz, Luis Alberto “Chito” Valle (corrupción)
La plenaria comenzó a las 16.00 horas, con la lectura del informe que elaboró la mayoría oficialista en la Comisión de Constitución y que encuentra conveniente el inicio de un juicio de responsabilidades. El proceso se prolongó hasta las 19.50.
Los miembros de la comisión, entre ellos el diputado Jorge Silva (MAS), justificaron la decisión que tomaron señalando que existen los suficientes indicios para establecer que Fernández incurrió en retardación de justicia.
“Se ha acusado que esta decisión ha sido impulsada por la Comisión de Constitución, por el Gobierno y por el MAS, para intentar descabezar a la Suprema, siendo que se ha comprobado que en estos tres juicios ha habido retardación, negligencia y una actuación arbitraria”, dijo Silva.
Rogelio Mayta, el abogado defensor de las denominadas #“víctimas de octubre negro”, quienes interpusieron la demanda contra Fernández, denunció que “no hubo un acompañamiento real de la justicia en este proceso”.
Por el contrario, la diputada Lourdes Millares (Podemos) denunció que se cometieron una serie de actos irregulares para forzar la aprobación del juicio, como el hecho de que el Comité del Ministerio Público hubiera aprobado un informe el 18 de marzo, antes de que éste fuera impreso, lo que ocurrió el 19.
“Fue un informe falso…no se siguió el procedimiento legal establecido”, denunció. Para la diputada, “el MAS está incurriendo en el delito de persecución política. Estoy convencida de que esto es parte de una estrategia política del Gobierno para defenestrar al Poder Judicial”, señaló.
Aida Camacho, la abogada de la defensa, hizo notar que Fernández conoció el caso “octubre negro” recién en mayo del 2008, por lo que no podría ser responsable de los retrasos que se hubieran producido antes. “No podemos asumir responsabilidad de lo que ocurrió antes”, señaló.
Aseguró que “no hay argumento legal que pueda demostrar que hubo alguna falla procesal” e hizo notar que la demanda fue presentada por medio millar de víctimas del caso Octubre, “que no tienen nada que ver con los casos Marinkovic y Chito Valle”.
Fernández se declaró víctima de una conjura política y denunció que “ya no sólo los ciudadanos son detenidos por encapuchados, sino los miembros del Poder Judicial son perseguidos políticamente”.
La oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia informó que la eventual suspensión de Fernández repercutirá en los procesos que siguen los litigantes.
“Dejaría a la Corte Suprema en una situación absolutamente grave, no sólo por la falta de quórum, sino porque muchos temas quedarían pendientes, hasta la falta de resolución en muchas causas menores en las salas especializadas y la imposibilidad de conformar Tribunales de juicio”.
CRISIS JUDICIAL
Crisis • Este poder del Estado atraviesa una de sus peores crisis, debido a que el Tribunal Constitucional (TC) se encuentra paralizado, al igual que el Consejo de la Judicatura. Como consecuencia, miles de litigantes se encuentran afectados. Un último reporte señala que hay cerca de 4.000 procesos paralizados en el TC.
Casos • El Fiscal General, Mario Uribe, enfrenta una demanda por prevaricato interpuesta por la ministra Nardi Suxo. También enfrentan procesos los ministros de la Corte Suprema José Luis Baptista, Teófilo Tarquino, Hugo Roberto Suárez, Ángel Irusta Pérez y Rosario Canedo. Los casos se encuentran en el Congreso.
Diputados comenzó a juzgar a Fernández
Molestia. El presidente de la Corte Suprema de Justicia aseguró que el 50% de sus acusadores apellida Mamani, el 40%, Quispe y que la mayoría no tiene carné. Desde las 11:00 de hoy se reanuda la audiencia
Marco Chuquimia. La Paz – El Deber
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eddy Fernández, cuyo proceso se inició ayer en la Cámara de Diputados y fue declarado un cuarto intermedio hasta hoy a las 11:00, afirmó que recién ante los legisladores se enteró de que tiene 520 acusadores, “el 50% con apellido Mamani y el 40% con apellido Quispe, y la mayoría sin carné, de identidad. Ese tipo de denuncias no causan efecto legal”, sostuvo momentos antes de dejar el edificio parlamentario, luego de que los legisladores decidieran postergar la sesión en la que se decidirá si lo suspenden de sus funciones para que el Senado lo juzgue.
Los diputados del oficialismo lo acusan de retardación de justicia en al menos tres juicios de responsabilidades -del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, el ex ministro de Salud Tonchi Marinkovic y del ex prefecto de La Paz Luis Alberto Valle Ureña- aseguraron que existen suficientes pruebas para sustentar el juicio.
Esas pruebas fueron cuestionadas por los parlamentarios de la oposición, especialmente por la diputada Lourdes Millares, que aseguró que sus colegas oficialistas del MAS “manipularon las evidencias que están presentando” en sesiones del comité de Justicia y Policía Judicial, que fueron realizadas sin comunicar a los opositores de tales audiencias.
El presidente de este comité, Jorge Silva, aseguró que la diputada Millares nunca aceptará las acciones de los miembros de esta instancia porque su posición es política y obedece a una consigna, que es la de defender a todas las autoridades que estén acusadas ante el Congreso.
Desde las 11:00 de hoy, la abogada defensora, Audalia Zurita, será quien continúe con los argumentos de la defensa.
El oficialismo afirmó que en el caso del juicio contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y contra su gabinete, la acusación fue presentada el 17 de julio de 2007 y ‘recién’ se culminó con la notificación en julio de 2008; asimismo, señalan en su acusación que el presidente del ente judicial decidió la notificación personal cuando los acusados ya habían sido declarados rebeldes, que tenían abogados de oficio y por tanto la notificación debió realizarse a esos profesionales.
La defensa aseguró que no se puede implicar en este problema a Fernández, porque él asumió en junio de 2008 la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y, por tanto, cuando se produjo la notificación tenía dos meses de gestión.
La diputada Millares aseveró que ni siquiera se cumplieron los plazos que establece el reglamento de debates de la Cámara de Diputados para esta clase de sesiones y que se vulneró la Ley 2623 de juzgamiento de Altas Autoridades del Estado. Recordó que incluso los diputados del oficialismo falsificaron convocatorias para acelerar el proceso.
Fernández señaló que ayer en la audiencia se enteró de que se habían seguido pasos procesales de los que nunca fue informado y reclamó por sus derechos.
“Quedó claro que la denuncia no sólo es falsa, sino también infundada”, afirmó.
En el caso Marinkovic, los acusadores afirmaron que la denuncia data de mayo de 2007 y que recién el presidente de la Suprema señaló audiencia para mayo de 2008, “cuando el plazo para esos casos es de 20 días. Camacho replicó que no existe más discusiones sobre este caso, porque ya hay una sentencia .
Pero los oficialistas aseguran que la ‘leve condena’ de tres años que se impuso a Marinkovic es responsabilidad del presidente Fernández, porque preside el Tribunal de Sentencia. Respecto al ex prefecto paceño Luis Alberto Valle, los acusadores consideran que actuó de forma negligente.
Pero la defensa recordó que esta ex autoridad ya tiene mandamiento de aprehensión por su negativa a presentarse ante las instancias judiciales, como era el fallo original.
Sesión con resultado casi cantado
Los diputados del oficialismo y de la oposición ya tienen posiciones adelantadas. Los primeros saben que el voto será a favor del informe de la Comisión de Constitución que recomendó la apertura de un juicio de responsabilidades y la suspensión de la máxima autoridad judicial del país.
Por el otro lado, los opositores están seguros de que existe el ‘voto consigna’ entre los oficialistas.
La diputada Marisol Aban admitió que en Diputados no hay ninguna protección contra las autoridades acusadas por la mayoría que tiene el oficialismo y que, por tanto, se debe esperar el juicio en la Cámara de Senadores, y dio por descontado que Eddy Fernández sea suspendido de su cargo.
Mientras los masistas preparan su estrategia para encarar el juicio ante la Cámara Alta, el presidente del Comité de Ministerio Público y Policía Justicia, Jorge Silva, aseguró que acudirán como fiscales a este juicio, en el que la oposición tiene el control cameral.
Cuando se procesó a la magistrada Rosario Canedo, el año pasado, los miembros de esta comisión no acudieron y se desató una pugna porque asistieron miembros opositores que dieron legalidad a ese juicio, ante la ausencia de los fiscales masistas.
Apuntes
– Maratónico. La sesión se inició a las 15:55. La lectura de la proposición acusatoria se extendió por tres horas y media, aproximadamente, concluyó a las 19:30. Luego empezaron las extensas argumentaciones de los diputados de la Comisión de Constitución.
– Tenso. A las 20:15 se produjo un fuerte intercambio de palabras entre el abogado de las víctimas de octubre, Rogelio Mayta, y la defensora de Fernández, Audalia Zurita, que se acusaron de incumplir las leyes. El altercado se produjo ante la sorpresa de los periodistas.
– Hambrientos. Mientras se producía la argumentación de los diputados del oficialismo, se ordenó la distribución de comida rápida a los legisladores, que dejaron desierto el hemiciclo y fueron a reclamar sus raciones al Salón Rojo, el cual se transformó en un comedor improvisado.
– Cansancio. Los diputados oficialistas y opositores acordaron el cuarto intermedio cuando la abogada defensora, Audalia Zurita, hacía uso de la palabra y dijo que le faltaba ‘mucho’ en su exposición. Ante esta aseveración, el presidente determinó el receso hasta hoy.
– Desafío. Fernández aseguró que ahora la ciudadanía se convirtió en juez de los diputados, que están ‘obligados’ a escuchar los descargos y obrar en consecuencia. “No hay derecho a equivocarse”, advirtió antes de dejar el palacio legislativo.