La Cámara Baja enviará a la Fiscalía el informe oficialista, que culpa al ex presidente de la Aduana César López, denunciante del hecho.
LA SESIÓN DE LA CÁMARA BAJA • Los diputados oficialistas levantan la mano para aprobar el informe elaborado por sus colegas sobre el caso de contrabando en Pando. Ocurrió ayer.
La Razón
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La Cámara de Diputados, en la que el oficialista MAS ostenta la mayoría, aprobó ayer el informe elaborado por parlamentarios de ese partido sobre el caso de los 33 camiones de contrabando en Pando y lo enviará a la Fiscalía.
En julio del 2008, los propietarios de la mercadería transportada en los vehículos evadieron el control en la tranca del kilómetro 19, con el argumento de que tenían permiso del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. Más adelante, fueron retenidos cerca de la población de Santa Rosa del Abuná.
Tras permanecer un mes allí, rebasaron al Control Operativo Aduanero (COA) y huyeron con motorizados y productos.
El entonces presidente de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), general César López, denunció el hecho y, luego, una comisión de diputados inició la investigación correspondiente, a fin de elaborar un informe que sería enviado a la Fiscalía.
La semana pasada, la comisión presentó tres informes para que sean tratados ante el pleno de la Cámara Baja: uno elaborado por los cuatro diputados masistas, un segundo realizado por los opositores y el tercero hecho por Javier Zavaleta (MSM-MAS).
En la sesión de ayer, el informe oficialista se impuso en la votación por mayoría con 56 votos; mientras, el documento de la oposición logró 31 votos y el del MSM obtuvo seis. Tres parlamentarios votaron en blanco.
Entre otros, el documento libera de toda responsabilidad en el caso a Juan Ramón Quintana y al actual prefecto de Pando, Rafael Bandeira, que entonces conducía el Comando Conjunto en ese departamento y que fue sindicado de haber dado la orden para el paso de los camiones, por instrucción del ministro.
Esta determinación se tomó pese a que la comisión contaba con un extracto de llamadas telefónicas recibidas y realizadas por los implicados en el caso, en el que se detallaba que durante los días en que se produjo el hecho, Bandeira mantuvo contacto con el ministro Quintana, su secretaria y con Jesús Chambi, dirigente de los comerciantes que cometieron el ilícito.
El informe oficialista halló indicios de responsabilidad administrativa en César López; Mario Vásquez, administrador de la Aduana de Cobija; Luis Fernando Sánchez, gerente de la regional La Paz, con tuición en la de Pando; y en el teniente Christian Deheza, efectivo del COA.
El documento elaborado por el MAS sostiene que las modificaciones realizadas al Código Tributario por la ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2009 se aplican al caso, por lo que los comerciantes no cometieron el delito de contrabando, sino una contravención aduanera.
Contradictoriamente, el oficialismo consideró que la misma disposición no se aplica “en el caso que nos ocupa, toda vez que la Comisión Legislativa Especial investiga la participación de funcionarios públicos en el caso”.
Por ello, el informe de los diputados del MAS indica que los sindicados están implicados en un caso de contrabando, pues “permitieron el paso del valor total de la mercadería que transportaban los 33 camiones, sin ser posible su individualización”.
Finalmente, el documento sugiere al Órgano Ejecutivo dar curso a la solicitud de los pobladores de Puerto Evo, de crear una Zona Económica Especial en el lugar.
LAS REACCIONES
Zavaleta • El diputado del MSM sostuvo que respetará el documento aprobado, si bien observó que el informe mostraba “lealtad y compañerismo hacia los correligionarios del MAS” que fueron investigados.
Murillo • El diputado de UN, Arturo Murillo, afirmó que quienes aprobaron el informe “deberían estar avergonzados”, pues el documento “da impunidad a los contrabandistas y legaliza la corrupción en el país”.
Con voto del MAS, se aprueba el informe que exculpa a Quintana
El documento solicita imputar a César López por los 33 camiones con contrabando
Aprobación: los diputados del MAS levantan la mano para aprobar el informe sobre contrabando
La Prensa
El diputado Arturo Murillo anunció que seguirá impulsando la investigación ante la Fiscalía.
Con el voto del oficialismo, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer el informe final sobre el caso de los 33 camiones con mercadería de contrabando que exonera de responsabilidad al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y al prefecto de Pando, Rafael Bandeira. El documento solicita a la Fiscalía General imputar al ex presidente de la Aduana general retirado César López, quien denunció el hecho, y a tres funcionarios aduaneros.
Después de más de ocho meses de investigación realizada por la comisión especial multipartidaria, la Cámara Baja aprobó el informe de los diputados masistas y desechó los documentos elaborados por el presidente del grupo parlamentario, Javier Zavaleta (MSM), y las fuerzas opositoras.
La oposición descalificó el dossier del MAS porque, según dice, buscó liberar de culpa a las autoridades del Órgano Ejecutivo, como el ministro Quintana, quien fue vinculado en este caso por el ex presidente de la Aduana César López y por un video en el que se escucha al dirigente de los “comerciantes” de Puerto Evo, Jesús Chambi, señalar que supuestamente tenían autorización de la autoridad gubernamental para evadir el control aduanero.
El informe presentado por los legisladores oficialistas Édgar Valeriano, Ricardo Ayllón, Antonio Sánchez y José Pimentel se impuso por mayoría con 56 votos, frente a los 31 que obtuvo el documento de la oposición y los seis del reporte de Zavaleta.
El pleno camaral debatió por tres días consecutivos los informes que fueron presentados por la comisión multipartidaria, no se acordó nada.
En la resolución camaral se solicita al Ministerio Público la imputación formal del general César López por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes por no haber instruido la elaboración de las actas de intervención de la mercadería retenida.
Esos documentos eran necesarios para que el Ministerio Público dé curso a la querella por contrabando, tal como lo dispone el Código Tributario. Se responsabiliza a López porque, según las declaraciones recabadas, éste tenía conocimiento de la retención de los camiones desde el primer momento.
Asimismo, pide el enjuiciamiento del ex gerente regional de la Aduana de La Paz Luis Fernando Sánchez, del ex administrador de la Aduana de Cobija Mario Vásquez y del teniente del COA Cristian Deheza Lugones. Todos por incumplimiento de deberes.
Se rechazó el informe elaborado por el presidente de la comisión, Javier Zavaleta, y el redactado por la oposición, que hallaba responsabilidad en tres ministros de Estado.
Los diputados Bernardo Montenegro, Felipe Tenorio (Podemos), Arturo Murillo (Unidad Nacional) y María Teresa Núñez (MNR) presentaron un informe que hallaba responsabilidad en los ministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; de Defensa, Walker San Miguel, y de Hacienda, Luis Arce Catacora. Además, exoneraba a César López de culpa.
El documento redactado por Zavaleta le solicitaba al presidente Morales que determine si Quintana tuvo responsabilidad administrativa por sus actos. El nuevo informe elimina esta sugerencia.
Entre el 26 y 27 de julio de 2008 salieron de la Zona Franca (Zofra) de Cobija al menos 33 camiones con mercadería, que no terminó de ser desaduanizada, con destino a la frontera con Brasil. Supuestamente, para pasar la tranca del kilómetro 19, que es la salida de Zofra. Los mercaderes habrían recibido una autorización del ministro Quintana, según denunció el ex Presidente de la Aduana.
Sin embargo, el 27 de julio fueron detenidos en Santa Rosa del Abuná por efectivos del Comando Conjunto que apoyan en la lucha contra el contrabando al Control Operativo Aduanero, y los camiones con sus cargas permanecieron ahí hasta el 23 de agosto, cuando fueron recuperados violentamente por sus dueños y pobladores de Puerto Evo.
En el transcurso de ese tiempo se realizaron una serie de gestiones, incluso los dirigentes de Puerto Evo se reunieron con el ministro Quintana en el Palacio de Gobierno. También hubo preparativos para la recuperación de las mercancías. El “Operativo Retorno” nunca se pudo ejecutar.
López calificó al informe de la comisión como “injusto y forzado”. Aseguró que desde su despacho se hizo todo lo posible para recuperar los camiones.
La Cámara Baja deberá presentar el reporte aprobado ante el Ministerio Público para que, desde esa instancia, se continúe la investigación. El diputado Murillo anunció que hará llegar a la Fiscalía todas las grabaciones y pruebas acumuladas para que “este tema no quede en la impunidad como quiere el Gobierno”.
Los detalles
La comisión de diputados investigó la denuncia por lo menos ocho meses.
No hubo consenso y se presentaron tres informes al pleno de la Cámara de Diputados.
La Fiscalía evaluará la documentación y las pruebas acopiadas por los legisladores.