Reveló que Rózsa amenazó con secuestrar a los familiares de los empresarios que se resistieran a seguir aportando a sus actividades.
Fiscal anunció que el decreto de incautación se aplicará contra los prófugos
Tumulto: Ignacio Villa Vargas sube a un radiotaxi, ayer en La Paz, en medio de forcejeos y empujones
La Prensa
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El fiscal anunció que solicitará la anotación de los bienes de los implicados que se fuguen del país. Para esta mañana está prevista la declaración, como testigo, del abogado Denver Pedraza.
A Ignacio Villa Vargas, alias el “Viejo”, cuya salud está muy deteriorada, se le ha imputado el delito de terrorismo, aunque por su condición física no pudo ser aprehendido por la Fiscalía y su futuro quedó en manos de la juez Marcela Siles, quien debe fijar fecha y hora para la correspondiente audiencia de medidas cautelares.
Ayer, durante unas tres horas, el testigo “clave” del Ministerio Público respondió el cuestionario del fiscal Marcelo Soza. Informes confidenciales dieron cuenta de que el ex integrante de la milicia liderada por Eduardo Rózsa Flores se indispuso en seis oportunidades y debió inyectarse una dosis de insulina.
Su delicada condición determinó que luego de declarar fuese internado en un nosocomio.
Vestido con una chamarra de color beige claro, una gorra roja y gafas oscuras, Villa Vargas llegó subrepticiamente al edificio del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), donde tiene sus oficinas el fiscal Soza, y salió alrededor de las 13.15 en medio de un aparatoso operativo.
Instantes más tarde, Soza salió a la puerta de la casona para “informar a la opinión pública y a la prensa que este señor Ignacio Villa Vargas ha sido imputado por el delito de terrorismo” y por la tarde puso el escrito a consideración de la juez Siles.
Villa Vargas, ex presidente de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), fue chofer de la milicia liderada por Rózsa Flores, que fue desarticulada por la Policía la madrugada del jueves 16 de abril en el hotel Las Américas de Santa Cruz de la Sierra.
Incautación de bienes
Con respecto a la aplicación del decreto que autoriza la incautación de bienes de quienes participen, financien o sean cómplices en actos de terrorismo, Soza dijo que “hay mucha gente que está siendo investigada, pero eso no significa que se vaya a atacar sus bienes”.
Hasta el momento, son cinco las personas que no están en el país: los abogados Alejandro Melgar Pereyra y Hugo Antonio Achá Melgar, el agrónomo Luis Alberto Hurtado Vaca, el ex funcionario de la Feria Exposición de Santa Cruz Enrique Vaca Pedraza y Luis Orlando Hurtado, responsable de finanzas de La Torre.
Este grupo se formó para financiar las movilizaciones y el referendo autonómico celebrado en el departamento de Santa Cruz el 4 de mayo de 2008.
Explicó que se evaluará el grado de participación de cada persona y después de analizar cada caso “se dictaminará lo que corresponda y si fuera necesario, se solicitará al juez cautelar una posible incautación”.
Si alguno de los sospechosos se fugara del país, “la ley prevé esta situación”, pues el Código de Procedimiento Penal establece que se puede hacer una anotación preventiva de los bienes del declarado rebelde. “Podemos aplicar esta disposición si es que existiera un indicio fundado. Previa imputación formal, vamos a ver la posibilidad” de aplicar el decreto.
En sus declaraciones, Villa Vargas reiteró que el grupo irregular se había propuesto eliminar físicamente al presidente Evo Morales, al vicepresidente Álvaro García Linera y a otras autoridades nacionales y regionales.
Insistió en sus denuncias contra el prefecto cruceño, Rubén Costas, y el ex presidente del Comité pro Santa Cruz Branko Marinkovic como financiadores e impulsores de la milicia, en tanto que volvió a involucrar a líderes de la institucionalidad cruceña, como Guido Nayar, Pedro Yovhío o Lorgio Balcázar.
El fiscal Soza confirmó que todos los mencionados deberán prestar declaraciones, por lo que los líderes de la institucionalidad cruceña deberán explicar si mantuvieron algún tipo de relación con la milicia que, según Rózsa, buscaba “defender” el departamento de Santa Cruz y, de ser necesario, crear una nueva República en esa región.
Según el abogado cruceño Denver Pedraza, defensor de los ex unionistas Juan Carlos Gueder y Alcides Mendoza, Villa Vargas declaró haber colocado artefactos explosivos en varios puntos de Santa Cruz, en particular para afectar ductos de transporte de hidrocarburos, y en los ingresos a la ciudad capital.
Tal información “es la misma que tienen el presidente Evo Morales, Alfredo Rada, Álvaro García Linera, Raúl García Linera y el que se hace pasar por coronel Clavijo”.
Raúl Corro, abogado asociado a Pedraza, confirmó que el “coronel Clavijo” es Luis Nolberto Clavijo, director general de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno, en tanto que el hermano del Vicepresidente conoce también las denuncias formuladas sobre tráfico de armas y terrorismo por Denver Pedraza.
El jurista expresó su malestar por que tanto el Gobierno como el Ministerio Público, que están al tanto del asunto, nada hicieron para evitarlo.
Pedraza debió declarar el lunes 25 ante el fiscal Soza, en condición de testigo, pero ayer presentó un memorial, por lo que esa audiencia se adelantó para este viernes a las 09.00.
Otros testimonios
Eduardo Guilarte, gerente propietario de la empresa de seguridad privada Arias, compareció durante dos horas y media ante los investigadores de la Fiscalía.
“Hace 11 meses, desde el 16 de junio de 2008, mi empresa dejó de prestar servicios en la Feria Exposición, debido a un pedido de incremento en los emolumentos, que nosotros pedimos a la Feria. Éste fue rechazado por sus ejecutivos que contrataron a una empresa al alcance de lo que podían pagar”.
Guilarte explicó que desde el 17 de junio personal de la empresa Falcon se hizo cargo de la vigilancia del recinto ferial.
Entretanto, la empresaria del rubro de belleza Kathy Rabzuc se excusó de revelar detalles de su participación, bajo el argumento de que “el fiscal Soza tiene la declaración, pueden preguntársela a él. Todo está normal, tranquilo, declaré lo que tenía que declarar”.
Aclaró, sin embargo, que llegó a La Paz para defenderse de una acusación falsa formulada en contra suya, pues el ex unionista Alcides Mendoza sostuvo que la empresaria guardó armamento destinado al grupo presuntamente terrorista que lideraba Rózsa Flores.
En Santa Cruz, Rabzuc respondió que cualquier autoridad podía revisar sus propiedades para determinar si había almacenado material bélico y, además, criticó la gestión del prefecto Costas.
Finalmente, indicó que dejó de recibir las amenazas que en determinado momento le habían causado inquietud.
Para esta mañana está prevista la declaración del empresario Ronald Alberto Suárez.
El Vicepresidente dice que su juicio prescribió
En rueda de prensa ofrecida ayer por la tarde, el vicepresidente Álvaro García Linera sostuvo que de las 18 acusaciones que le fueron formuladas ninguna pudo ser comprobada y que la causa abierta en su contra, por el delito de terrorismo, prescribió.
Entre 1991 y 1992, bajo el liderazgo de Felipe Quispe Huanca, se articuló el Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK), que propició algunos atentados con explosivos que causaron tres muertes y afectaron una torre eléctrica en El Alto y el oleoducto del altiplano en proximidades de Sica Sica.
García Linera fue uno de los ideólogos de ese grupo armado y cuando fue capturado por los organismos de inteligencia del Estado, “sin decreto” de incautación, sufrió el robo de mil volúmenes de su biblioteca especializada en ciencias sociales. El Vicepresidente dijo que fue sometido a torturas.
“Estoy en búsqueda y pesquisa de mis mil libros, que deben de estar en los estantes” de los represores del Gobierno del Acuerdo Patriótico.
La autoridad indicó que los alcances del Decreto 0138, que permite la incautación de los bienes de aquellas personas que participen directamente en actos de terrorismo, intenten incurrir en este tipo penal, sean cómplices o financiadores de esta actividades, “no deben preocupar” a los ciudadanos que “aman a su patria” y que el Gobierno podrá promulgar “diez decretos supremos más para garantizar la unidad e integridad territorial”.
“Esos que planifican la división de Bolivia deben sentirse preocupados. A ellos está dirigido este decreto, para que nadie se atreva a dividirnos, por lo tanto, si hay algunos políticos a quienes preocupa el decreto, están involucrados en el plan nefasto”.
Ronald Suárez comparece hoy
El representante legal y accionista de la empresa CorHat, dedicada a la promoción y realización de los juegos de azar en Bolivia, Ronald Alberto Suárez, fue involucrado en el caso de presunto terrorismo por un informe de los organismos de inteligencia, pues ningún testimonio menciona una eventual vinculación con el hecho, según aseguró ayer su abogado, Otto Ritter.
Hasta diciembre de 2007, según el jurista, Suárez fue propietario de una empresa que alquilaba equipos de radiocomunicaciones por banda ciudadana, que fueron utilizados en diversas actividades culturales, deportivas, artísticas e incluso políticas, pero un reporte dio cuenta de que esos transmisores de radio habían sido empleados por Eduardo Rózsa Flores y sus camaradas.
“La última vez que se prestaron esos equipos fue el año 2007. Después no se volvió a prestar ningún equipo más a nadie”.
Sin embargo, admitió que Suárez puso a disposición de los organizadores de “algún cabildo” tales walkie-talkies, por lo que se pudo confundir las cosas, según el abogado.
“Aparentemente, otro nexo es un señor Melgar, que trabaja en la sala de juegos, Big Star, que es de propiedad de Ronny Suárez y que este señor Melgar sería familiar de Alejandro Melgar y sería el nexo a través del cual se estaría negociando con la Prefectura una resolución prefectural para tener exclusividad en el tema de las salas de juego. Al respecto, conversé ayer con el señor Melgar y me confirmó que no es familiar ni de lejos de esta persona y ni siquiera lo conoció personalmente o por referencias”.
Alejandro Melgar, quien se encuentra en el exilio por voluntad propia, es sindicado de haber financiado las actividades de la milicia.
Ritter aseguró que su cliente viajó a La Paz, pese a que tiene una expresa prohibición médica para trasladarse a la altura, por lo que ayer “estuvo en su pieza en el hotel con un tanque de oxígeno”.
Resaltó que su defendido nunca hizo “ningún aporte a ningún grupo de ninguna naturaleza” y mucho menos con dinero proveniente de las recaudaciones de las salas de juego.
“Él es abogado de profesión y también tiene un poder de representación de la firma CorHat, él tiene acciones en esa empresa por un 5 por ciento aproximadamente. En realidad, su patrimonio no pasa del 6 por ciento”.
Ronald Alberto Suárez debió prestar ayer sus declaraciones ante el fiscal Marcelo Soza, pero ese acto fue postergado “teóricamente”, según Ritter, hasta las 10.00 de hoy.
Costas niega relación con Rózsa
El prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, negó ayer ante los micrófonos de la red radial Erbol cualquier vínculo con la presunta célula terrorista desarticulada en Bolivia y aseguró que esa posibilidad es solamente una “mala telenovela chavista” que usa el presidente Evo Morales para llegar sin rivales a las elecciones previstas para el domingo 6 de diciembre.
“Esta mala telenovela chavista tiene a todo el mundo asustado, porque cada día aparece un implicado más, tal vez nos tengan con lo mismo hasta diciembre, porque el verdadero propósito de esto es político, lograr que la gente sea atemorizada y amedrentada”.
Algunas de las personas que prestaron sus declaraciones informativas ante las autoridades judiciales involucraron a Costas en el caso “terrorismo”, pero esta autoridad pidió seriedad frente a ese hecho y no creer solamente en dichos, y que se presenten pruebas de su presunta implicación en el caso.
“Lógicamente, hasta diciembre, (el presidente Morales) quiere jugar, como sabe jugar fútbol, solo en la cancha, pero yo soy demócrata y seré el primero en estar en contra (de cualquier irregularidad). Hay que darle importancia a cosas serias y no a distracciones”.
El Prefecto cruceño se mostró partidario de que la justicia aplique las sanciones previstas en el ordenamiento jurídico nacional a aquellas personas a las que se compruebe su participación, apoyo o financiamiento de actividades irregulares, penadas por las leyes bolivianas en vigencia.
“Hay que ser serios, que se sindique a las personas que de verdad tengan que ver con esto (del terrorismo) y con debidas pruebas, pero obviamente respetando el derecho a la vida”.
Ignacio Villa Vargas, alias el “Viejo”, Mario Tádic y Juan Carlos Gueder Bruno, tres personas que afrontan la acción de la justicia por sus nexos con Rózsa Flores y sus camaradas, aseguraron que Rubén Costas participó en la organización del grupo irregular.
La autoridad será llamada a prestar declaraciones en La Paz por el caso, después de que Villa Vargas ratificara ayer sus declaraciones en torno a la implicación del Prefecto.
Mientras tanto, Costas criticó el contenido del Decreto 0138, que da lugar a la incautación de los bienes, dinero y valores de las personas que resulten implicadas, hubieran intentado, sean cómplices o financiadores de los grupos irregulares.
Proceso
LA PREFECTURA de Santa Cruz ha dejado en manos de Luis Orlando Justiniano, coordinador del grupo La Torre, la aclaración sobre los manejos económicos de esa instancia de organización de la institucionalidad cruceña.
LA C0MISIÓN MULTIPARTIDARIA de la Cámara Baja se encuentra en Santa Cruz de la Sierra para recibir nuevos testimonios.
LA HIJA de Luis Orlando Justiniano comunicó a los legisladores que su padre salió del país por motivos personales y se disculpó por no acudir a la cita.
EL PRESIDENTE de la comisión, el oficialista César Navarro, calificó la ausencia de Justiniano como “una mala señal”.
EL GRUPO LA TORRE fue una instancia de coordinación de la institucionalidad cruceña durante el proceso de lucha por la autonomía regional, según Rolando Aguilera, secretario general de la Prefectura, y Luis Alberto Alpire, jefe de gabinete del prefecto Rubén Costas.
LOS CONVOCADOS a declarar que concurrieron al acto fueron Raúl Áñez (gerente de Fegasacruz), Miguel Salek (gerente de la empresa de seguridad Falcon), Edmundo Guilarte (gerente de la empresa Aries), Mario Herrera (gerente de Fexpocruz) y Lucio Áñez (general retirado de Ejército).
LOS AUSENTES fueron Carlos Guillén (vicepresidente del club Blooming), Lorgio Balcázar (ex gerente del Comité pro Santa Cruz, y el mencionado Luis Orlando Hurtado.
HUBO CONTRADICCIONES, pues fuentes de la comisión indicaron que el funcionario de Fegasacruz, en cuyo stand ubicado en los predios feriales supuestamente se reunía el grupo de Eduardo Rózsa, declaró que el lugar estuvo cerrado luego de las actividades de septiembre de 2008; sin embargo, la versión fue desmentidas por los otros funcionarios de la Fexpo.
Investigación
La comisión investigadora de Diputados continuará hoy su trabajo en Santa Cruz.
Está prevista la presencia de seis personalidad de la institucionalidad cruceña.
Héctor Laguna, funcionario de la Cámara Agropecuaria del Oriente, será el primero.
Ronald Castedo, ex presidente de la telefónica cruceña, comparecerá a continuación.
Hugo Achá debería concurrir a continuación, pero se encuentra en Nueva York, EEUU.
Enrique Vaca será esperado, aunque no asistirá, pues es otro de los “autoexiliados”.
Edgardo Cuéllar, asesor en comunicación del grupo La Torre, acudirá posteriormente.
Alejandro Melgar, otro autoexiliado, será esperado posteriormente por los diputados.
Informe
El fiscal Marcelo Soza trasladó sus oficinas del Ministerio Público al IDIF.
En ese ambiente goza de mayores comodidades y puede evitar el acoso del periodismo.
Hace años, la casona en la que funciona el IDIF era sede del Ministerio Público.
Rózsa planeaba secuestros para lograr financiamiento
Fiscalía • Hizo la revelación en su primera declaración a la Fiscalía, que ayer lo imputó.
La Razón
El líder del supuesto grupo terrorista Eduardo Rózsa amenazó con secuestrar a los familiares de los empresarios que se resistieran a seguir aportando económicamente a sus actividades, según se revela en las declaraciones de Ignacio Villa Vargas, El Viejo, hechas el 21 de abril a la Fiscalía.
“Rózsa me comentó que en principio la plata daban unos empresarios y que todos los empresarios debían pagar, porque la causa triunfe. Había un grupo que no daba y que por ello los otros también querían dejar, pero para ello él tenía ya la solución; que, cuando dejen de dar, él secuestraría a los hijos de algunos que no están aportando para que empiecen a pagar”, se desprende de sus declaraciones reproducidas en un reporte de la red Erbol. Añade que Rózsa iba a iniciar “secuestros a las familias de los empresarios más ricos que no aportaban a su causa”.
Villa, quien fue líder de los unionistas durante varios años en décadas pasadas, dijo que el objetivo de la llegada de Rózsa a Bolivia era matar al presidente Evo Morales, al vicepresidente Álvaro García Linera y al ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana.
Además informó en sus declaraciones que “siempre realizaban viajes a Tarija, Cobija, Sucre y Trinidad en avioneta, junto al Roly Aguilera, (de la Prefectura cruceña).
La Fiscalía imputó ayer a Villa Vargas por terrorismo.