Juristas aseguran que el Decreto 0138 viola la CPE. Es terrorismo de Estado y síntoma de la narcodictadura, según la oposición. El Gobierno descarta retroactividad del DS.
Gobierno. Wilfredo Chávez y Juan Ramón Quintana detallaron el alcance de la norma dispuesta por Evo Morales
Incautarán bienes a los que apoyen el terrorismo
Investigación. El Gobierno aprobó un decreto que alcanzará también a los secesionistas. Políticos de oposición, empresarios privados y productores consideran que Evo Morales aplica un terrorismo de Estado
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Henrry Ugarte A. | El Deber
El Gobierno del presidente Evo Morales aprobó ayer un decreto supremo para incautarse de manera expedita los bienes y fondos económicos de personas acusadas por terrorismo o secesionismo. La norma le da facultad al representante del Ministerio Público para que, a tiempo de iniciar la etapa de investigación o en su desarrollo, hasta antes de dictarse la sentencia pida la incautación de bienes sujetos a confiscación.
La aprobación del decreto 0138 provocó expresiones de rechazo de líderes de la oposición, empresarios privados y productores agropecuarios, por considerarlo inconstitucional.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, afirmó ayer que el decreto aprobado en gabinete responde a los hechos separatistas, terroristas y violentos que han pretendido dividir al país.
Según la norma, la incautación procede por orden de un juez, a solicitud de cualquier fiscal, y establece el distrito de La Paz como sede para dilucidar todos los casos, incluidos aquéllos que pudieran ocurrir en Santa Cruz.
Hasta la fecha, el decomiso de bienes en Bolivia sólo ocurría por delitos de narcotráfico y la expropiación de la propiedad privada era viable por causa de necesidad o utilidad pública, calificada mediante una ley.
La norma sale un mes después de que el Gobierno denunciara que empresarios de Santa Cruz apoyaron la supuesta célula terrorista que fue desarticulada en la capital cruceña y de la que presuntamente formaban parte el boliviano-húngaro-croata Eduardo Rózsa, el irlandés Michael Dwyer y el húngaro Árpád Magyarosi, que fueron abatidos por la Policía en un operativo realizado el 16 de abril en el hotel Las Américas; además del boliviano-croata Mario Tadic y el rumano-húngaro Elöd Tóásó, que están presos en La Paz.
Según el presidente del Senado, Óscar Ortiz, el Gobierno «está ingresando en un oscurantismo en materia de derecho y en un terrorismo de Estado para atemorizar a la gente para que nadie se pueda animar a hacerle oposición».
Para la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), un decreto no puede ir en contra del mandato constitucional que garantiza la propiedad privada.
Según Gabriel Dabdoub, presidente de la CEPB, cuando las acciones políticas no se enmarcan en la ley, los abusos y los excesos pueden victimizar a ciudadanos inocentes o desprestigiar instituciones.
Por su lado, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO, Mauricio Roca, consideró que, desde el punto de vista legal, la emisión del decreto es una falta de seriedad por parte del Gobierno. “Es una acción más de persecución política”, dijo Roca.
El titular de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Óscar Urenda, calificó como ‘abusivo y atropellador’ el decreto de confiscación.
Para el secretario de Autonomía de la Prefectura, Carlos Dabdoub, la intención del Gobierno es amedrentar a la prensa, empresarios y regiones autonómicas que están en contra del proyecto oficialista.
Decreto Supremo 0138
– Jurisdicción. La ciudad de La Paz queda consolidada como ámbito de jurisdicción procesal para el juzgamiento de los delitos de terrorismo, sedición o alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado.
– Aplicación. La presente norma reglamentaria se aplicará sobre el patrimonio, medios e instrumentos para la comisión o financiamiento que pertenecieren a los imputados o posibles instigadores y cómplices, desde la media noche del momento del hecho delictivo.
– Medidas. El fiscal requerirá ante el juez la incautación del patrimonio y los fondos de los imputados y cómplices. Los bienes muebles e inmuebles quedarán bajo custodia de Dircabi; todo lo incautado se destinará a programas de seguridad ciudadana y del Estado.
– Procedimiento. El fiscal, a tiempo de iniciar la etapa de investigación o en su desarrollo, hasta antes de dictarse la sentencia, solicitará al juez la incautación de bienes sujetos a confiscación, especificando los que quedarán a su disposición a efectos de prueba.
– Resolución. Si luego de celebrado el juicio se determina la sentencia condenatoria y aquélla adquiere ejecución, el juez dispondrá que los bienes incautados pasen a la categoría de confiscados y a propiedad del Estado, sin derecho a indemnización. No serán incautados los bienes muebles u objetos personales que fueran del uso indispensable del imputado.
Violentan la Constitución
Jorge Asbún / Abogado constitucionalista
El decreto violenta la Constitución aprobada por el propio MAS y las leyes en vigencia, porque en un estado de derecho las reglas de las competencias sólo pueden ser creadas por ley, jamás por decreto.
Lo que se ve con este tipo de decreto es que el Presidente de la República quiere hacer en el país lo que se le venga en ganas. Esta nueva norma no es más que una afirmación del sentido personal con el que quieren llevar a cabo los procesos en Bolivia, por encima de las leyes y la propia Carta Magna.
Encuentro una tentación autoritaria muy grave en el Gobierno, que viene mostrando como característica en estos tres años. Esto supone la restricción permanente de los derechos, de las libertades y de los medios de comunicación; es algo muy complicado.
Se restringen los derechos
Sonia Soto / Defensora del pueblo
La confiscación está presente a lo largo de la humanidad, desde la antigua Roma, con un destino político. Con el avance de la democracia y la defensa universal de los derechos humanos constituyó un gran paso cuando la mayor parte de los estados la incluyeron en sus constituciones.
Desde el punto de los derechos humanos, preocupa que se establezca una medida penal que restringe derechos a través de un decreto, porque sólo una norma con rango de ley puede concretar este objetivo.
Se está exponiendo la seguridad jurídica de las personas. Todos estamos en contra de la violencia y el terrorismo, pero creemos que no deberían adoptarse mecanismos que no sean legítimos y legales para restringir los derechos.
Evo autoriza la incautación de bienes bajo sola sospecha
La Razón
La acción está contenida en el Decreto 0138, que castiga las conductas y delitos ligados al alzamiento armado y la sedición. El Ejecutivo dice que fue aprobado en defensa de la unidad del país y que se aplicará en el caso Rózsa.
• EN LA CONFERENCIA • El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, informa sobre el contenido del decreto.
El gobierno de Evo Morales aprobó ayer el Decreto Supremo 0138, que autoriza a la Fiscalía solicitar la confiscación de bienes, valores y dinero de los sospechosos de conductas y delitos de sedición, alzamiento armado y terrorismo. Adelantó que la norma se aplicará a quienes resulten relacionados con el supuesto grupo terrorista de Eduardo Rózsa.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y el viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, hicieron conocer el decreto que Morales perfiló el 26 de abril luego de que el propio Gobierno aseguró que empresarios habrían financiado al grupo de Rózsa.
“Ésta es una medida preventiva; responde, en esencia, a la preservación de la unidad de la patria. Cualquier actividad, cualquier hecho que intente socavar los cimientos de la unidad de la patria, va a ser sometido, juzgado, condenado y procesado al amparo de la ley”, explicó Quintana en conferencia de prensa.
Según el decreto, estos casos se tramitarán en La Paz y la Fiscalía será la encargada de solicitar a un juez la incautación de bienes inmuebles, valores y dinero de las personas imputadas y de los posibles cómplices e instigadores de delitos y conductas de terrorismo, sedición y alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado.
La norma, que provocó rechazo de políticos, cívicos y empresarios, usa de forma paralela los términos de delitos y conductas al referirse al terrorismo, sedición y alzamiento armado.
No será necesario que concluya un juicio para aplicar estas sanciones. El Fiscal, “a tiempo de iniciar la etapa de investigación o en su desarrollo, hasta antes de dictarse sentencia…solicitará…la incautación de bienes”, prevé parte de la referida norma.
Esto, según Chávez, no viola la presunción de inocencia. “Es una norma preventiva, sin deslindar la presunción de inocencia”, insistió el viceministro y añadió que el decreto “versa sobre la protección que el Estado, y todo Estado debe darse para combatir la delincuencia que busca destruir la unidad del país”.
Los convenios internacionales sobre terrorismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Constitución Política del Estado y el Código Penal son la base legal sobre la cual el Gobierno respaldó su disposición.
No obstante, para el ex miembro del Tribunal Constitucional, Willman Durán, el decreto legisla sobre procedimientos de decomiso de recurso y bienes fijados en el artículo 71 del Código de Procedimiento Penal.
“Un decreto interfiere sobre esos ámbitos de competencia desconociendo la jerarquía normativa existente en el país”, explicó, mientras el presidente del Colegio de Abogados de Bolivia, Edwin Rojas, señaló que se viola el artículo constitucional que prohíbe la exacción y coacción.
El decreto, además de incautar bienes, autoriza a la Fiscalía tramitar ante el juez la retención de fondos de aquellas personas vinculadas con los casos, independientemente de si este dinero haya sido o no utilizado en los delitos o conductas sancionadas.
“Los bienes incautados, incluidos recursos financieros y valores, preferentemente se destinarán a programas de seguridad ciudadana”, señala el parágrafo quinto del artículo 4 de la norma. La calidad de incautación pasará a confiscación cuando haya sentencia condenatoria.
Sin embargo, no prevé el proceder si el acusado es absuelto.
El fiscal del caso de supuesto terrorismo, Marcelo Soza, amplió la investigación, según memorial al que tuvo acceso La Razón, contra 24 líderes políticos, empresariales y cívicos cruceños, como el prefecto Rubén Costas, el ex cívico Branko Marinkovic y los empresarios Mauricio Roca y Pedro Yovio.
El asesor del Ministerio de Gobierno, Rubén Gamarra, explicó que de principio la norma se aplicará a las personas que resulten relacionadas con el grupo desarticulado el 16 de abril, cuando murieron Rózsa, Michael Dwyer y Árpád Magyarosi, y fueron detenidos Mario Tadic y Elöt Tóásó.
El Presidente explicó que la norma busca “castigar” a quienes financiaron las actividades de los miembros del grupo Rózsa, entre los que el martes incluyó a medios de comunicación.
Posiciones
Fiscalía • El ministro de Defensa, Walker San Miguel, informó que el Ministerio Público, como defensor del Estado, debe actuar de oficio en estos casos.
Oposición • El senador Óscar Ortiz dijo que el decreto es una forma de “terrorismo de Estado” y el inicio de “una época de oscurantismo en derecho”.
Empresarios • Exigen debatir esta norma, aunque adelantaron que está en contra de la normativa legal vigente y atenta contra la propiedad privada.
El decreto para combatir el terrorismo
La Fiscalía solicitará la ejecución de la incautación de bienes en la investigación sobre los delitos de terrorismo, sedición y de alzamiento armado.
Respaldo La disposición legal se ampara en convenios internacionales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre lucha contra el terrorismo, la Carta Democrática Interamericana, la Constitución Política del Estado y el Código Penal.
Jurisdicción La ciudad de La Paz, como sede de los poderes, queda consolidada como ámbito de jurisdicción procesal para el juzgamiento de los delitos de terrorismo, sedición o alzamiento armados contra la seguridad y soberanía del Estado.
Aplicación La norma será aplicada sobre el patrimonio, medios e instrumentos para la comisión o financiamiento que pertenecieren a los imputados o posibles instigadores y cómplices de conductas de terrorismo, sedición y alzamiento armado.
Cautelares La Fiscalía pedirá al juez la incautación del patrimonio, medios e instrumentos que pertenecieran a los imputados y posibles instigadores y cómplices de conductas calificadas de terrorismo, sedición o alzamiento.
Dinero El Fiscal podrá requerir la retención de fondos de los imputados y posibles instigadores y cómplices. La incautación se aplicará aunque los fondos no se hayan usado o no se haya llegado a producir los actos de terrorismo, sedición o alzamiento.
Procedimiento La Fiscalía, a tiempo de iniciar la etapa de investigación o en su desarrollo, hasta antes de dictarse sentencia, mediante requerimiento solicitará al juez la incautación de bienes sujetos a confiscación, especificando los que dejará.
Juez Dispondrá de la incautación de los bienes inmuebles, valores y dineros que hayan podido servir a la comisión de los delitos señalados. Concluido el juicio, si se establece la culpabilidad del acusado, sus bienes pasarán a ser confiscados.
Previsión No serán objeto de incautación los bienes muebles u objetos personales que fueran de uso indispensable por el imputado o posibles instigadores y cómplices, y su cónyuge, según dispone el Código Civil.
Juristas aseguran que el Decreto 0138 viola la CPE
ANÁLISIS • Por el contrario, el Gobierno afirma que se encuentra apoyado por convenios internacionales, la Constitución y las leyes.
LA ORGANIZACIÓN • El 4 de mayo, la Fiscalía presentó un organigrama del grupo y conexiones de Eduardo Rózsa.
El decreto supremo para incautar bienes de personas relacionadas con los delitos o conductas tipificados como terrorismo, alzamiento armado o sedición, viola la Constitución Política del Estado y se sobrepone a la Ley del Código de Procedimiento Penal que regula sobre la materia de incautación, coincidieron en señalar varios expertos juristas.
El presidente del Colegio de Abogados de Bolivia, Edwin Rojas, informó que la disposición legal aprobada en la reunión de gabinete de ayer viola los artículos 114, 116, 118 y 120 de la recientemente aprobada y vigente Constitución, impulsada por el gobierno de Evo Morales.
A diferencia de la disposición gubernamental, el artículo 114 prohíbe toda forma de exacción contra las personas, mientras que el artículo 116, explicó, garantiza la presunción de inocencias, que en este caso no se respeta, pues se incautará bienes al iniciarse o en el curso del proceso.
Según el jurista, esta es una especie de muerte civil, que está prohibida en el artículo 118 de la Carta Magna. El decreto señala que la jurisdicción para estos casos será La Paz, pero el artículo 120 deja establecido que, dijo, la autoridad jurisdiccional competente es un juez natural.
Para el ex miembro del Tribunal Constitucional y constitucionalista Willman Durán, el decreto supremo representa la usurpación de funciones del Congreso, toda vez que una norma de esta naturaleza debió ser emitida por el Poder Legislativo.
“El Gobierno está usurpando funciones que no le competen, porque la versión constitucional vigente, como la anterior, señalan que el único que puede crear normas vinculadas a tipificar delitos, sancionarlos y fijar los procedimientos judiciales, es el Parlamento”, insistió.
El presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Bernardo Wáyar, comparte el criterio de Durán. “Los procedimientos judiciales y este tipo de sanciones y medidas se dictan necesariamente por medio de una ley. No hay posibilidad alguna de que un decreto supremo pueda regular este tipo de normas”, afirmó.
Durán recordó que el tema del decomiso de recursos y bienes está inscrito en el artículo 71 del Código Penal, por lo que, en su opinión, el decreto pretende sobreponerse a la ley.
El Gobierno respaldó la aprobación del Decreto Supremo 0138 en convenios internacionales sobre terrorismo de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en la Constitución Política del Estado —en lo relativo al delito de traición a la patria— y en el Código Penal, según informó el viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez.
En consecuencia, el asesor jurídico del Ministerio de Gobierno, Rubén Gamarra, sostuvo que el decreto sólo reglamenta las disposiciones vigentes, como los convenios internacionales.
Los hechos
Policía • Un operativo policial desarticuló un supuesto grupo terrorista. Murieron Eduardo Rózsa, Michael Dwyer y Árpád Magyarosi; y se detuvo a Mario Tadic y Elöt Tóásó.
Caso • El Ministerio Público inició un proceso de investigación. Hasta el momento reveló la existencia de supuestos nexos del grupo con líderes del departamento de Santa Cruz.
Conceptos jurídicos en torno al decreto de incautación
La disposición legal aprobada ayer por el Gobierno autoriza la incautación de bienes, valores y dinero.
Terrorismo
Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. La definición no tipifica un delito concreto, porque pueden configurarse delitos específicos.
Seguridad
Ausencia de riesgo o también confianza en algo o alguien. Puede tomar diversos sentidos según el área de referencia.
Incautación
Acción y efecto de incautarse, de tomar posesión un tribunal, u otra autoridad competente, de dinero o bienes de otra clase.
Cómplice
Persona que, sin ser autora de un delito, coopera a su perpetración por actos anteriores o simultáneos. A veces posteriores.
Instigador
Constituye una forma de participación criminal, consistente en inducir directamente a otra persona a la realización del delito.
Delito
El acto típicamente antijurídico, culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad, imputable a un hombre y sometido a sanción penal.
El Gobierno descarta la retroactividad del DS
VIGENCIA • El Ejecutivo anticipa que la norma se debe aplicar desde su aprobación.
El Ejecutivo, a través del viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, explicó que el Decreto 0138 no será retroactivo, de tal forma que no tocará al vicepresidente Álvaro García, quien estuvo vinculado a acciones irregulares.
“Esta norma no es retroactiva como lo quieren hacer creer los opositores”, respondió la autoridad, durante la conferencia de prensa en la que junto al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, presentaron y explicaron el contenido y los alcances de esta disposición legal.
En la tarde, el ministro de Defensa, Walker San Miguel, y el asesor jurídico del Ministerio de Gobierno, Rubén Gamarra, en dos conferencias de prensa distintas, defendieron el decreto y coincidieron en que su aplicación no será retroactiva.
Legisladores de la oposición señalaron que el decreto debe aplicarse para quienes en el pasado también estuvieron involucrados en atentados contra el Estado, en referencia al actual vicepresidente Álvaro García, quien fue parte del Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK).
San Miguel respondió que los “opositores al oficialismo buscan confundir a la sociedad boliviana al mencionar que con el decreto supremo debía procederse con la incautación de bienes del vicepresidente García Linera”.
El Decreto Supremo 0138 autoriza a la Fiscalía solicitar a un juez la incautación de los bienes, valores y dineros de las personas que resulten vinculadas con la conducta o el delito de terrorismo, alzamiento armado y sedición contra la seguridad y soberanía del Estado.
Gamarra informó que la disposición se aplicaría en las vinculaciones que se hallen en el caso Rózsa.
ANTECEDENTES
Solicitud • El presidente Evo Morales anunció en abril la aprobación de una disposición legal que castigue a los posibles financiadores de acciones irregulares en el país.
Aplicación • El decreto supremo se aplicará a partir de una orden del juez, quien deberá valorar y fundamentar su decisión para la incautación de los bienes de los acusados.
Califican al decreto de intimidatorio
RECHAZO • Políticos y empresarios rechazan el decreto sobre incautación de bienes.
Políticos, parlamentarios y empresarios advirtieron ayer que el decreto sobre confiscación de bienes aprobado ayer por el Gobierno, encierra un mensaje de amedrentamiento y da señales de un proyecto dictatorial.
´Este decreto está contra la ley, contra el mandato constitucional que garantiza la propiedad privada y se violan procedimientos del Código Penal”, cuestionó el presidente de los empresarios privados, Gabriel Dabdoub.
“Este tipo de disposiciones no son nada buenas, hay leyes que tenemos hace mucho tiempo para sancionar a quienes resultaren culpables. Este tipo de mecanismo no me parece´, dijo el titular de la Federación de Empresarios de La Paz, Enrique García.
Para el ex presidente Jorge Quiroga, “lo que el Gobierno está haciendo es usar esto para amedrentar a la gente y amedrentar a los medios de comunicación”, criterio con el que coincidieron el concejal de El Alto Roberto de la Cruz y el senador por Pando Róger Pinto.
´Es una más de don Evo Morales en la toma del poder, pero sobre todo la persecución a todos aquellos que no coincidan con su opinión´, dijo el senador.
El presidente del Senado, Óscar Ortiz, dijo que la medida es absurda. “Estaríamos entrando en una etapa de oscurantismo en materia de derecho, en una etapa de terrorismo de Estado, donde en el fondo es atemorizar a la gente para que nadie se pueda animar a hacer oposición”.
“El Gobierno está llevando al país a una narcodictadura”, afirmó el diputado Pablo Klinski.
LA MEDIDA
Alcance • El decreto aprobado por el Gobierno establece que se confiscarán los bienes de las personas vinculadas con actividades terroristas, de secesión o de daño a la soberanía.
Mecanismo • Define que el fiscal realizará la solicitud de confiscación y que un juez decidirá, incluso antes de que se emita una sentencia.
Puntos de vista
Elaboremos una ley concertada
GABRIEL DABDOUB.
Presidente de la CEPB.
“La CEPB propone un debate de ideas del DS 0138 y sus consecuencias que pueda realizarse el martes para elaborar una ley que establezca claramente en qué situación el Estado puede confiscar bienes privados, una ley que cuente con el aporte de todos los sectores y sea resultado de una discusión de ideas y no de imposiciones de ningún sector… un DS no puede ir contra el mandato constitucional”.
Es una medida llena de cinismo
JORGE QUIROGA.
Ex presidente de la República.
“Eso es cinismo. Gente que ha estado metida y que ha protegido y defendido a las FARC, que ha liberado a gente del MRTK del Perú y que ha secuestrado aquí a empresarios y que tienen a Wálter Chávez demandado allá ante la justicia, que ha puesto bombas en canales, que han sido parte del MRTK, que venga y que ahora sea la plana mayor de un gobierno que dice que va a luchar contra el terrorismo, eso muestra que es cinismo”.
No es la forma correcta de luchar
WALDO LÓPEZ.
Pdte. del Colegio de Economistas.
“No creo que (la aprobación del decreto) sea la forma adecuada de luchar contra el terrorismo, creo que eso está más en el campo político y debería llegar a respetarse ese marco de autonomía relativa que hay entre la economía y la política. La política influye en la economía y la política influye en la economía, pero son actividades que tienen sus propios límites y aquí se está barriendo ese límite y se puede generar mucha distorsión”.
Hay terrorismo de Estado en el país
ÓSCAR ORTIZ.
Presidente del Senado.
“Eso es terrorismo de Estado, eso sí que es terrorismo de Estado, porque la confiscación es una medida (contra) las normas de derecho constitucional, en todas las comunidades de países democráticos hace varias décadas que se eliminó como pena. Es algo que (está) prohibido en todos los tratados internacionales de derechos humanos; y segundo, no se pueden establecer normas donde a sola sospecha se aplique una pena”.
El Gobierno ha pasado el límite
RÓGER PINTO.
Diputado de Pando.
“Creo que el Gobierno ha pasado la línea roja, se debe legislar por el tema de la propiedad y del derecho de las personas y no administrar por decretos. Hoy en día, el Gobierno determinará quiénes son los terroristas, a quién hay que ejecutar y a quién perseguir… El Presidente nos ha llevado casi 40 años atrás y nos vuelve a decir que él es la ley, que él puede determinar qué es terrorismo, a quién hay que perseguir”.
Habrá que pelear en el Senado
ÓSCAR URENDA.
Presidente de la brigada de Sta. Cruz
“Lastimosamente el único espacio político y democrático es el Senado, donde la oposición intentará revertir esta situación, denunciarla, pelear democráticamente desde el punto de vista parlamentario, porque que no existe otra instancia, ya que no hay sala plena, no hay Tribunal Constitucional, y solamente queda la denuncia pública para que el pueblo se organice en contra de un proyecto absolutista y totalitario”
Es una amenaza a los medios
ROBERTO DE LA CRUZ.
Concejal de El Alto.
´Está dando el mensaje de que si no están con él les va a confiscar, por eso es una amenaza frontal… Estamos de acuerdo para que se sancione drásticamente a los terroristas y separatistas, pero no a los medios de comunicación porque sería atentar a la libertad de pensamiento y a la democracia… el Gobierno procederá a confiscar los medios de comunicación a simple sospecha, lo que vulneraría la libertad de expresión”.
Síntomas de la narcodictadura
PABLO KLINSKy.
Diputado de Santa Cruz.
“El objetivo del Movimiento al Socialismo se está cumpliendo al haber eliminado el Tribunal Constitucional, al haber sometido al Poder Judicial, al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República. Todos estos son síntomas de la narcodictadura que estamos viviendo en el país… no hay que olvidar el pasado del Vicepresidente y el Presidente de la República para saber a dónde nos dirigimos en el país”.
La incautación de bienes será posible a sola imputación fiscal
Gobierno promulgó decreto antiterrorismo que causa protesta de empresarios
Anuncio: el viceministro Wilfredo Chávez y el ministro Ramón Quintana informan ayer los alcances del decreto
La Prensa
Dircabi será la entidad responsable de administrar el patrimonio incautado por terrorismo. El líder de los empresarios privados dijo que el decreto tiene un “alto contenido político”.
Tal como lo había anunciado Evo Morales, el gabinete aprobó ayer un decreto que dispone la incautación de bienes, valores y caudales de dinero pertenecientes a los imputados o posibles instigadores y cómplices de conductas calificadas por un fiscal como terrorismo, sedición o alzamientos armados, incluso en caso de que los delitos no se hubiesen consumado.
El viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, explicó que “el decreto versa sobre la protección que todo Estado debe darse para combatir una delincuencia que busca destruir la unidad nacional, que busca generar caos, que busca crear hostilidad armada dentro del territorio nacional”.
Esta medida coercitiva se podrá aplicar a sola imputación, vale decir, cuando existan indicios y no pruebas de su participación en los hechos, cuando todavía debe regir el principio de presunción de inocencia.
La madrugada del 16 de abril, un operativo policial desbarató un grupo irregular, tres de cuyos integrantes (Eduardo Rózsa Flores, Árpád Magyarosi y Micheal Dwyer) fueron muertos y dos (Elöd Tóásó y Mario Tádic) fueron capturados con vida.
El martes, el presidente Morales anunció en Cochabamba que el Gobierno aprobaría el decreto por el que, si se comprueba que “si algún boliviano, medio de comunicación o empresario hubiera dado dinero para ese grupo”, sus propiedades pasarán a dominio del Estado.
El asesor jurídico del Ministerio de Gobierno, Rubén Gamarra, añadió que el decreto no incorpora un nuevo tipo penal al ordenamiento jurídico, sino que reglamenta los vigentes.
La norma se basa en la Convención para Prevenir y Sancionar los Delitos de Terrorismo, la Convención Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, la Carta Democrática Interamericana, la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Convención Interamericana contra el Terrorismo, así como el artículo 124 de la Constitución.
Además alude a los artículos 23, 121 y 133 del Código Penal, que definen los delitos de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, sedición y terrorismo.
Los bienes inmuebles de los responsables se hipotecarán para el resarcimiento de la responsabilidad civil.
Reacción empresarial
El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Gabriel Dabdoub, mostró la preocupación del sector por la medida.
En conferencia de prensa dijo que el decreto “tiene un alto contenido político que no busca la unidad del país” y propuso una ley “que establezca en qué situaciones el Estado podrá confiscar bienes privados que sea el resultado de una discusión de ideas y no de la imposición”.
Aclaró que no defiende acciones delictivas pero exigirá que se aplique y respete la ley para sancionar a los empresarios por una eventual vinculación con el terrorismo.
La disposición, que ya fue publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia, por lo que entró en vigencia de inmediato, estipula que todos los delitos de este caso se procesarán en la sede del Gobierno porque, “al ser víctima el Estado y su sede principal es la ciudad de La Paz, se establece esta jurisdicción para que conozca los delitos de terrorismo, sedición, alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado”.
La nueva norma permite la incautación del patrimonio, medios e instrumentos pertenecientes a los imputados, posibles instigadores y a los cómplices.
El patrimonio, que podrá incluir valores, tales como acciones o depósitos y dinero, será manejado por la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), que no abarcará los bienes muebles y aquellos que sean indispensables para los imputados.
Rubén Gamarra aclaró que “a todos los que hayan participado coadyuvando, financiando a estos grupos terroristas y en virtud de este decreto, será afectado su patrimonio”, por lo que se podrá aplicar en el caso Rózsa.
La parte resolutiva del decreto
ARTÍCULO 1 (Objeto). El presente decreto supremo tiene por objeto establecer el procedimiento para determinar la jurisdicción, la aplicación de medidas cautelares sobre el patrimonio, medios e instrumentos que hubieran sido utilizados o estuviesen comprometidos en la comisión de los delitos de terrorismo, sedición o alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado.
ARTÍCULO 2 (Jurisdicción). Queda consolidada la ciudad de La Paz como ámbito de jurisdicción procesal para el juzgamiento de los delitos de terrorismo, sedición o alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, siendo esta ciudad la sede de Gobierno legalmente constituida donde se encuentran las principales instituciones del Estado Plurinacional de Bolivia.
ARTÍCULO 3 (Ámbito de aplicación). La presente norma reglamentaria se aplicará sobre el patrimonio, medios e instrumentos para la comisión o financiamiento que pertenecieren a los imputados, o posibles instigadores y cómplices de las conductas calificadas por el fiscal como terrorismo, sedición o alzamientos armados contra la seguridad y la soberanía del Estado, desde la medianoche del momento del hecho delictivo.
ARTÍCULO 4 (Aplicación de medidas cautelares de carácter
real) I. En conocimiento del hecho por cualesquiera de las formas de inicio de la investigación penal, el Fiscal, dentro el plazo de las diligencias preliminares dispuesto por el artículo 300 de la Ley 1970, de 25 de marzo de 1999, Código de Procedimiento Penal, por la supuesta comisión del delito o ante la flagrancia prevista en el artículo 230 de la ley antes citada, requerirá ante el Juez de Instrucción, la incautación del patrimonio, medios e instrumentos que pertenecieran a los imputados, y posibles instigadores y cómplices de las conductas calificadas como terrorismo, sedición o alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado.
II. Los bienes muebles e inmuebles quedarán bajo custodia de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados.
III. El Fiscal podrá requerir la retención de fondos de los imputados y posibles instigadores y cómplices por ante el sistema bancario y de entidades financieras a través de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. La incautación se aplicará aunque los fondos de recursos financieros no hayan sido usados efectivamente o no se hayan llegado a producir los actos de terrorismo, sedición o alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado.
IV. La incautación de bienes inmuebles del propietario procederá cuando éste haya participado en cualquiera de sus formas.
V. Los bienes incautados, incluidos recursos financieros y valores, preferentemente se destinarán a programas de seguridad ciudadana y del Estado.
ARTÍCULO 5 (Procedimiento para la aplicación de medidas cautelares de carácter real) I. El o la Fiscal, a tiempo de iniciar la etapa de investigación o en su desarrollo, hasta antes de dictarse la sentencia, mediante requerimiento fundamentado, solicitará al Juez o la Jueza de la Instrucción la incautación de bienes sujetos a confiscación, especificando los que quedarán a su disposición a efectos de prueba.
II. Resolución de incautación. El Juez o la Jueza de Instrucción Penal, atendiendo el requerimiento fiscal, si existen suficientes elementos de convicción acerca de la participación del imputado o posibles instigadores y cómplices dispondrá:
a) La incautación de los bienes inmuebles, valores y dineros que hayan podido servir a la comisión de los delitos de terrorismo, sedición o alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado.
b) La anotación preventiva de la resolución de incautación, tratándose de bienes muebles sujetos a registro.
c) La entrega de los bienes a Dircabi.
d) Si luego de celebrado el juicio se determina la sentencia condenatoria y aquélla adquiere ejecutoría, los bienes incautados pasarán a la categoría de confiscados y pasarán a propiedad del Estado, sin derecho a indemnización alguna.
El “Viejo” declarará y será imputado hoy en La Paz
Esta mañana, Ignacio Villa Vargas, alias el “Viejo”, prestará declaraciones ante el Ministerio Público y se le imputará el delito de terrorismo, a objeto de que sea puesto a disposición de un juez cautelar en el curso de las siguientes horas.
Villa Vargas era considerado el testigo “clave” de la Fiscalía, pero ante las protestas de los diputados que investigan el caso, el fiscal Marcelo Soza anunció que el ex unionista será procesado por el caso, por lo que se procederá a su aprehensión.
Por la tarde, la empresaria cruceña Kathy Rabzuk comparecerá ante Soza, quien investiga el caso de presunto terrorismo.
El representante del Ministerio Público aseguró que se investiga “todo lo concerniente” al caso, lo que incluye la posible presencia de una brigada de “carapintadas” en territorio nacional, aunque admitió que no sabe si los argentinos operan en el país.
Informó que, si bien durante el proceso se mencionó el nombre del argentino Jorge Mones Ruiz, no se logró determinar aún el grado de participación de esta persona en los hechos que indaga.
Soza dijo que “gradualmente estamos analizando la información” para definir a qué otras personas se convocará a declarar sobre la acción de la célula irregular dirigida por Eduardo Rózsa Flores, uno de cuyos camaradas sobrevivientes, el húngaro Elöd Tóásó, pidió garantías para él y su familia.
“No puedo actuar de oficio, pero pienso que la Cancillería podría pedir, a través de los canales diplomáticos, al Gobierno húngaro que preste protección” a los parientes del detenido preventivo, aunque “el interesado” tendría que hacer el pedido respectivo al Ministerio de Relaciones Exteriores.
Sin embargo, el mayor Aguilera señaló que Mones no está en la lista de investigados que vinieron como soldados para iniciar una lucha contra los collas, pero no hay indicios de que cometieron alguna acción terrorista; supuestamente están en el oriente de Bolivia.
Comisión multipartidaria investigadora
El presidente de la comisión multipartidaria de Diputados que investiga el caso, el oficialista César Navarro, informó que el ex gerente del Comité pro Santa Cruz Lorgio “Yoyo” Balcázar Arroyo será investigado porque puede ser uno de los financiadores del grupo irregular liderado por Rózsa Flores.
Navarro dijo que el Decreto 0138, promulgado ayer, puede ser aplicado en su caso, especialmente sobre los tres medios radiales de los que es propietario individualmente o en sociedad, por lo que dio a entender que la disposición se podrá ejecutar contra quienes resulten imputados en este caso.
Aclaró que “no es una acusación a los medios de comunicación en general, no es un concepto global, plural y colectivo, sino declaraciones identificaron al dueño de un medio de comunicación”.
Según la Agencia de Noticias Fides, Mario Tádic, sobreviviente del operativo del 16 de abril en Santa Cruz, acusó a Balcázar de ser el jefe de inteligencia dentro de la organización.
“Vulnera la Constitución”
El constitucionalista Carlos Alarcón aseguró ayer que el Decreto Supremo 0138, de incautación de bienes y valores a personas o entidades involucradas en delitos de terrorismo, sedición o alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, transgrede las disposiciones de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) y no debe aplicarse al caso descubierto en Santa Cruz el jueves 16 de abril.
“Este decreto no sólo viola la Constitución, sino los tratados internacionales de derechos humanos porque ambos cuerpos jurídicos exigen que una ley emanada del Órgano Legislativo regule las consecuencias de un delito”.
El abogado explicó que la Carta Magna establece que sólo una ley puede regular los derechos fundamentales sobre propiedad e información. A Alarcón le preocupan estos temas porque, en el caso de terrorismo, incluso se menciona a algunos medios de comunicación, lo que pone en riesgo la libertad de expresión en el país.
Apuntó que existe un principio universal en el tratado de derechos humanos, que establece en materia penal el principio de reserva legal, es decir, que sólo el Órgano Legislativo es competente para sancionar los regímenes que correspondan.
El Gobierno debió haber remitido el proyecto de ley al Congreso Nacional o esperar a que se forme la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional en lugar de promulgar un decreto supremo.
“Desde que está en vigencia la nueva Constitución, el propio Gobierno ha impulsado las trasgresiones y son más las violaciones que los cumplimientos”.
Quien debiera controlar este caso es el Tribunal Constitucional, pero sus labores están paralizadas porque sólo cuenta con una magistrada suplente en funciones. “Por tanto, este tipo de abusos de poder quedará sin una oportuna reparación”.
El analista dijo que este decreto no podrá ser ejecutado en el caso del presunto grupo irregular liderado por Eduardo Rózsa Flores, sino que deberá ser aplicado en futuros casos análogos, si éstos se presentaran.
“La nueva Constitución prohíbe la aplicación retroactiva de la norma penal, salvo en delitos relativos a corrupción, no a los temas de terrorismo como en el presente”.
Las declaraciones del “Viejo”
IGNACIO VILLA VARGAS, el testigo “clave” de la Fiscalía, prestó declaraciones, a las que la red PAT tuvo acceso anoche.
UNA DE LAS PRIMERAS revelaciones del ex unionista es que Eduardo Rózsa Flores se hacía llamar Germán Villarroel.
SOSTUVO que el boliviano-croata-húngaro participó en los atentados con explosivos perpetrados contra la radioemisora perteneciente al masista disidente Guido Guardia, al domicilio del viceministro Saúl Ávalos y a la residencia del cardenal Julio Terrazas.
EL OBJETIVO del grupo era la eliminación física de Evo Morales y del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
JUAN CARLOS GUEDER era, dijo a los fiscales, uno de los “hombres fuertes” de la milicia.
CARLOS ALBERTO GUILLÉN, vicepresidente del club Blooming, y Rózsa eran quienes pagaban las cuentas de los hoteles en los que se hospedaban los integrantes del grupo.
LA MILICIA tenía dos campos de entrenamiento en técnicas de combate cuerpo a cuerpo.
EL “NEGRO” David Cejas ubicó a Villa Vargas “porque era su asesor”. Le comunicó que formaba “un grupo de verdad” y que debía encontrarse con “Germán” en el stand de Cotas en la Fexpocruz.
EN ESA OCASIÓN, Villa Vargas dijo que se había encontrado con “Germán, que estaba reunido con otros gringos. Estaban Mauricio Roca, Pedro Yovhío, Guido Nayar. Me comunicaron telefónicamente con el prefecto Rubén Costas. Me ofreció una casa y una propiedad”.
RECOGIÓ A “Germán” y al irlandés Dwyer la noche del atentado contra la propiedad del prelado católico. “Con posterioridad, me enteré de que se había producido un hecho terrorista. Entre carcajadas, Germán me comentó que se había bajado y colocado un explosivo en un basurero”.
LA MILICIA capacitaba a los miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) en el polígono de Río Grande. Uno de los instructores era Micheal Dwyer.