Otra comprobación es que los medios no son infalibles, pero esto no debe avalar la sentencia gubernamental de que la mayoría de los privados son “brazos políticos” de la oposición.
Editorial La Prensa
En un país donde cuesta cada vez más sentarse y escucharse, la inédita reunión del presidente Evo Morales y sus colaboradores con miembros de la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP) puede considerarse un ejercicio saludable. Sin embargo, a pesar de los compromisos de tolerancia y respeto a la libertad de expresión, no hay señales para augurar un cambio efectivo en las relaciones del Gobierno con los medios de comunicación.
Llama la atención que en los últimos 25 años de democracia nunca antes un organismo del perfil de la SIP haya visitado el país en dos oportunidades como lo ha hecho en 2008 y recién. Es una señal de la preocupación que hay afuera por el estado de la libertad de expresión en Bolivia.
El caso nacional no parece estar aislado del contexto sudamericano, donde gobiernos con características similares que el de Evo Morales tienen cada vez más dificultades y tensiones con los medios de comunicación. En Venezuela hay movilizaciones que reclaman la reapertura de un canal de televisión clausurado hace dos años y protestan por el posible cierre de Globovisión. En Argentina se debate sobre una nueva ley de radiodifusión, que limitaría el tiempo de duración de la licencia, lo que es interpretado por la oposición como una acción de control político de los medios. Y, a comienzos de semana, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció que planteará en Unasur la creación de un órgano supranacional para controlar y sancionar a “medios corruptos”. Como se ve, se viven tiempos difíciles para el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, sobre todo en algunos países del hemisferio.
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Ése es el contexto en el que se dio la áspera reunión entre el presidente Morales y miembros de la SIP. Si algo se debe destacar de los resultados es la constatación de que en Bolivia aún hay libertad de expresión, pero que se la ejerce con dificultades. Otra comprobación es que los medios no son infalibles, pero esto no debe avalar la sentencia gubernamental de que la mayoría de los privados son “brazos políticos” de la oposición.
Estas apreciaciones ratifican que al Gobierno le incomoda la crítica y la disidencia termina satanizada o calificada como oposición. Llama la atención también que gran parte de las críticas sean expuestas por funcionarios que tienen a su cargo el aparato mediático gubernamental, que no es el mejor ejemplo de buen periodismo.
Aunque es posible que la reunión de Evo con la SIP haya servido para reposicionar la imagen internacional del Gobierno, criticada por el deterioro de su relación con los medios, se debe rescatar el compromiso de tolerancia del Primer Mandatario. Mientras tanto, a medida que crecen las dificultades para ejercer el periodismo, aumenta la necesidad de que los medios reafirmen su compromiso con los principios éticos que lo autorregulan y con las leyes, a fin de evitar la vulnerabilidad y pérdida de credibilidad, que sólo ayudarían a intentos políticos de control o censura.