Humillación: el Presidente increpó públicamente al periodista Raphael Ramírez en el Palacio de Gobierno
Las amenazas a La Prensa fueron denunciadas ante la ONU y se presentó una demanda en la Fiscalía.
La Prensa.- El juicio del presidente Evo Morales contra La Prensa comienza hoy, cinco meses y ocho días después de la publicación de dos cartas que le relacionaban con el sonado caso de contrabando ocurrido en Pando entre julio y agosto de 2008. El Tribunal de Imprenta se constituirá a las 09.30 en el Juzgado Tercero en lo Penal.
La demanda, interpuesta por los abogados del Primer Mandatario a causa de una revelación hecha por este matutino, empezará a tratarse en la máxima instancia de jurisdicción para los medios de comunicación.
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Doce personalidades fueron designadas para formar el Tribunal: Ronald Grebe, presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz; Deysi Orozco; Ana María Romero de Campero, ex defensora del Pueblo; Florencia Ballivián de Romero; César Enrique Díaz; Mario Alfonso Ibáñez; Sandra Aliaga; Lucio Rada; Ramiro Molina; Pedro Martínez; Alberto Quevedo y Armando Martínez. Como suplentes se encuentran José Luis Aguirre, Dulfredo Retamoso, Julieta Paredes, José Villarroel, Jaime Villalba y Jhonny Ayaviri.
Las ediciones del 9, 10 y 11 de diciembre de 2008 de este matutino ocasionaron la demanda. Las notas cuestionadas estaban relacionadas con el caso denominado “33 camiones” en el que también se vio involucrado el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. La Prensa publicó dos cartas redactadas por el líder de los contrabandistas, Jesús Chambi, dirigidas al presidente Morales. En éstas el dirigente le recordaba al Jefe de Estado que conversaron acerca de una “solución” para el problema que atravesaban sus mercaderías, retenidas en Cobija. La Prensa publicó íntegramente las misivas el 9 de diciembre.
“Señor Presidente, tal cual las conversaciones sostenidas con su Ilustre Autoridad, en circunstancias en que estuvo de visita acá en nuestro departamento, y posteriormente en el propio Palacio de Gobierno conjuntamente el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, (…) donde se vio la posibilidad de dar solución definitiva al problema que atravesamos los residentes de Puerto Evo, en el sentido de la legal reexpedición de nuestra mercadería a Puerto Evo desde la Zona Franca de Cobija”.
Ese mismo día, en el Palacio de Gobierno, el Presidente recriminó públicamente a un periodista de este medio. Morales emplazó a Raphael Ramírez a “probar” el titular publicado: “Evo negoció ‘luz verde’ con los contrabandistas dos meses antes”. El escarnio, calificado por todo el gremio como una “humillación”, fue transmitido a todo el país por el canal estatal. El hecho ocasionó que Ramírez, editor de la sección Al Filo y que no redactó la nota cuestionada, fuera amenazado de muerte varias veces por teléfono y agredido físicamente dos veces a pocas cuadras de la plaza Murillo.
El jefe de Redacción de este matutino, Carlos Morales Peña, también recibió varias amenazas por teléfono. Estos actos intimidatorios ocasionaron que se presenten denuncias ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), ente que está haciendo seguimiento del caso.
Con un poder notariado firmado por Evo Morales, el equipo de abogados del Ministerio de la Presidencia interpuso una querella ante la división de Corrupción Pública del Ministerio Público bajo los cargos de “desacato, calumnias e injuria”. La demanda penal, interpuesta el 12 de marzo, antes de pasar al Tribunal de Imprenta (la única instancia autorizada para tratar esta clase de juicios), pasó por dos fiscales, Isabelino Gómez y Edward Mollinedo. La Prensa, a través de su Jefe de Redacción, hizo saber que sólo contestaría ante un Tribunal de Prensa.
Morales Peña afirmó que este juicio representa una intimidación a los medios de comunicación. El sindicato de este matutino y los trabajadores de éste se pronunciaron respaldando la investigación periodística que ocasionó este juicio.
Antes de publicar la nota cuestionada se cumplieron con todos los pasos en la elaboración de la información. Se solicitaron las contrapartes, el ministro Quintana no accedió a la entrevista requerida y el vocero presidencial, Iván Canelas, negó tener conocimiento de las cartas en una conversación en la que colgó el teléfono abruptamente.
El caso denominado “33 camiones” se destapó el 4 de diciembre. El ex presidente de la Aduana César López, en su declaración ante a la comisión especial que investigaba lo sucedido, indicó que el Ministro de la Presidencia autorizó el paso de un convoy de motorizados con mercadería fuera de norma.
La noche entre el 26 y el 27 de julio, 33 vehículos abandonaron la Zona Franca de Cobija. Al mediodía del 27 fueron retenidos por el Comando de Tareas Conjuntas en la localidad de Santa Rosa del Abuná. El 23 de agosto, los contrabandistas recuperaron los vehículos rebasando el control de los militares. El destino final de la mercadería era Puerto Evo, una población fronteriza que vive del comercio de electrodomésticos y otros productos al Brasil.
Periodistas afirman que juicio es una intimidación
Organizaciones de la prensa de Bolivia, trabajadores del sector y analistas lamentaron la medida del Gobierno de llevar a La Prensa a juicio de imprenta. Observaron que el hecho busca intimidar y amedrentar el ejercicio de la libertad de expresión.
Hoy se realizará la primera audiencia pública en el Juzgado Tercero en lo Penal, ubicado en la Corte Superior de Distrito. El presidente Evo Morales, a través de los abogados del Ministerio de la Presidencia, interpuso la demanda ante este matutino por los delitos de injurias, calumnia y desacato.
La Asociación Nacional de Prensa (ANP), a través de su director ejecutivo, Juan Javier Zeballos, condenó la acción del Gobierno y sostuvo que la medida es un “acto de amedrentamiento” que atenta contra el periodismo y la libertad de expresión en el país. Pedro Glasinovic, secretario ejecutivo de la Asociación de Periodistas de Bolivia, comentó que el Ejecutivo y Evo Morales identificaron a los medios de comunicación y a los periodistas erróneamente como sus principales enemigos. Glasinovic indicó que en adelante los trabajadores de la información deberán continuar con su labor porque ése es el deber que tienen.
El jefe de Redacción de La Prensa, Carlos Morales Peña, condenó la demanda del Gobierno y reafirmó que la investigación periodística que ocasionó el malestar en el Ejecutivo fue hecha cumpliendo con los requerimientos profesionales de la construcción de la información. “La intención es amedrentar a los medios de comunicación, a La Prensa en particular y a los periodistas en general”.
Asimismo, el constitucionalista Carlos Alarcón explicó que el delito de desacato ha desaparecido en varios países porque funciona como una mordaza para los periodistas e investigadores. Bolivia no cuenta con una ley de acceso a la información pública como ocurre en varios Estados.
Jefe de Redacción de La Prensa presenta demanda por amenazas
El jefe de Redacción de La Prensa, Carlos Morales Peña, presentó una demanda penal por las amenazas de muerte que continúa recibiendo su familia, en las que se exige detener las investigaciones periodísticas sobre el caso de los 33 camiones con contrabando en el departamento de Pando.
La denuncia fue presentada ante el fiscal Franklin Aguilar Boyan, quien designó como investigador al suboficial Rubén Espinoza en el Distrito Policial número 4 de la zona Sur.
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la zona Sur informó que inició la correspondiente indagación. El investigador especial ordenó la revisión de las llamadas telefónicas recibidas en las últimas semanas por la familia de Morales Peña.
También se convocará a declarar a quienes se sospeche que puedan estar vinculados con dichas amenazas de muerte.
Las llamadas intimidatorias fueron recibidas por la esposa de Morales Peña, en las que una voz anónima señala: “Dile a ese cabrón que deje de joder, que se cuide porque lo vamos a matar”. Además, aseguran que mantienen un seguimiento del directivo del periódico y que saben dónde vive.
Las intimidaciones también fueron recibidas por el editor de la sección Al Filo de La Prensa, Raphael Ramírez, quien a la misma hora del lunes 13 de abril también fue alertado por teléfono de que era seguido por desconocidos y que se cuidara porque le harían daño a su persona.
Ramírez, el 9 de diciembre, fue reprochado públicamente por el presidente Evo Morales en el Palacio de Gobierno debido a que este medio publicó dos cartas que le relacionaban con un grupo de comerciantes que sacaron mercadería de contrabando de la Zona Franca de Cobija durante 2008. El acto fue transmitido a todo el país por televisión boliviana. En los días siguientes, el periodista empezó a recibir llamadas intimidatorias anónimas.
Morales Peña notificó de estas amenazas de muerte al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), organismo internacional que decidió llevar a cabo un seguimiento de las denuncias sobre amenazas contra periodistas bolivianos, en general, y contra el periódico La Prensa, en particular.
“Nos nos van a acallar, pueden seguir llamando todas las veces que quieran. No tenemos miedo, sabemos que estamos con la verdad”, afirmó Morales Peña, quien denunció que el Gobierno no otorgó las garantías solicitadas para el desempeño profesional de los periodistas de La Prensa.
El martes 14 abril, La Prensa envió una carta formal al Ministerio de Gobierno reclamando que se otorguen garantías para los trabajadores de este medio. Sin embargo, hasta este momento, lunes 18 de mayo, ningún policía se hizo presente en instalaciones del periódico ubicadas en la calle Mayor Lopera 230 del barrio de Villa Fátima, pese a que continúan las intimidaciones. Las amenazas se reanudaron desde el 12 de marzo, fecha en la que los abogados de Evo Morales presentaron la demanda contra este matutino por el delito de desacato.
“Buscan amedrentarnos mientras el Gobierno mira para un costado. Ésa es la razón por la que hoy no contamos con policías en nuestro recinto de trabajo”, declaró el Jefe de Redacción, quien recordó que grupos afines al Ejecutivo, entre ellos el Comité Cívico Popular (CCP) y la Central Obrera Regional (COR) amenazaron y atropellaron los derechos de los periodistas en diversas ocasiones.
Las amenazas recibidas por los trabajadores de este matutino ocasionaron la condena las organizaciones del sector como la Asociación Nacional de Prensa (ANP), la Asociación de Periodistas de Bolivia (APB) y la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CTPB). El sindicato de este matutino y los trabajadores también se solidarizaron con sus colegas.
Cronología
9 de diciembre de 2008:
La Prensa publica dos cartas dirigidas al presidente Morales en las que el líder de un grupo de contrabandistas, Jesús Chambi, le recuerda que conversaron acerca de una solución para el conflicto de sus mercaderías, retenidas en la Zona Franca de Cobija por no tener sus impuestos pagados.
Ese mismo día, en el Palacio de Gobierno, Morales recrimina públicamente a un periodista de este medio de comunicación. Este hecho ocasiona que el trabajador reciba amenazas telefónicas y agresiones físicas.
10 de diciembre: Evo asegura en Tarija que no humilló a nadie y señala que La Prensa debe pedir perdón por la publicación de las cartas.
12 de diciembre: Morales anuncia que no hablará más con los medios nacionales. Afirma que sólo el 10 por ciento de los periodistas debe tener dignidad por ser asalariados de los dueños de medios de comunicación.
15 de diciembre: Periodistas realizan un paro simbólico repudiando los ataques del Gobierno.
Javier Zeballos
ANP
“La ANP considera que cualquier juicio contra un medio de comunicación constituye un mecanismo de amedrentamiento y un intento por limitar la libertad de prensa y de expresión. Si bien es el camino que establece la ley, el periódico La Prensa saldrá indemne de esto porque creemos que no ha incurrido en ningún delito o falta. La ANP estará siempre solidaria con el periódico La Prensa”.
Gonzalo Pérez
Sindicato La Prensa
“Es la única instancia para dilucidar las acusaciones, esto dará la oportunidad para que se presenten todos los documentos correspondientes que corroboren el trabajo de los periodistas que elaboraron la nota. Lo que sí rechazamos fue la manera en que el Gobierno acusó públicamente al medio de comunicación. Sabemos que saldremos airosos del hecho, porque tenemos todos los documentos necesarios”.
Pedro Glasinovic
APB
“El Gobierno cree erróneamente que los periodistas somos sus enemigos. Lo que se tiene que hacer es lo que dicta la Ley de Imprenta, que establece los mecanismos y el modo de cómo se debe proceder en este caso. Lo que queda simplemente es esperar que no se desvíen del proceso que establece la ley. Resta que el Tribunal sea ecuánime en el veredicto y que llegue al final de todo el proceso”.
Pablo Zenteno
CTPB
“Se tiene que llegar a una definición en el Tribunal y parar con los amedrentamientos. Así se acabarán estas situaciones tan anómalas que se han presentado y que han generado momentos de tensión contra los compañeros, principalmente contra Raphael (Ramírez). Querer llevar a los medios de comunicación y a periodistas a tribunales ordinarios no corresponde, lo dijimos en su momento”.
“Juicio es un exceso del Gobierno”
Por: Carlos Alarcón, Constitucionalista
Se ve de manera conveniente que se haya rescatado la figura del Tribunal de Imprenta para el juicio al periódico La Prensa. La constitución de esa instancia es una garantía que tienen los periodistas para desempeñar su trabajo en condiciones de relativa libertad. Lo que no es conveniente, obviamente, es que el Gobierno llegue a estos extremos de índole penal para hacer conocer un reclamo que tiene contra un determinado medio de comunicación, sobre todo sí se trata de utilizar la figura del desacato. Hay ejemplos en varios países de Latinoamérica en los que se dejó de enjuiciar a ciudadanos o periodistas por desacato. Lo que hicieron fue suprimir de sus legislaciones penales aquella figura porque entendían que es una suerte de mordaza contra investigadores o periodistas que quieren hacer valer una crítica ante entidades públicas del Gobierno de turno. Entonces, como una señal de avanzada en el ámbito democrático existe la tendencia de suprimir de las legislaciones la figura penal del desacato.
En cuanto a la relación del Gobierno con los medios de comunicación, yo creo que es bastante tortuosa y sesgada sobre todo de parte del Ejecutivo, que ya está afectando al derecho de la información de los ciudadanos, porque el Gobierno deliberadamente restringe el acceso a datos a los periodistas nacionales y locales, pero permite la información a los extranjeros. Entonces, esa discriminación que realiza el Gobierno entre periodistas nacionales y periodistas extranjeros es una vulneración directa y grave a la libertad de expresión.