Sánchez de Lozada y siete ex ministros están fuera del país. Uno tiene paradero desconocido
R. Navia y C. Delgado – El Deber
Analistas ven una ganancia mediática
Después de cinco años y siete meses de los hechos de ‘octubre negro’, la Fiscalía sentará desde este lunes, en un juicio oral, a parte de los que han sido involucrados en esa revuelta que culminó con 68 muertos y más de 400 heridos en 2003, como resultado de la llamada ‘guerra del gas’ y que originó la caída del ex presidente de la República Gonzalo Sánchez de Lozada.
Este juicio tiene varios elementos para ser catalogado como extraordinario e histórico: sólo estarán presentes ocho de los 17 imputados. Además, por primera vez en la historia de Bolivia se procesará a cinco ex miembros del Alto Mando Militar, a un ex presidente elegido en democracia y convocará, a por lo menos, 2.500 testigos. Toda esa gente presentará alrededor de 4.900 pruebas.
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El proceso comenzará en un ambiente en el que la justicia se encuentra en ‘estado de coma’: la Corte Suprema no tiene quórum (lo que pone en riesgo este mismo proceso); el Tribunal Constitucional está paralizado, así como el Consejo de la Judicatura. El Gobierno no descarta romper relaciones diplomáticas con Perú debido a que en ese país están asilados tres ex ministros acusados.
En Sucre, la sede del Poder Judicial, están los cinco miembros del ex Alto Mando Militar que fungían como tales hasta antes del 17 de octubre: Roberto Claros Flores, José Oswaldo Quiroga Mendoza, Juan Veliz Herrera, Luis Alberto Aranda Granados y Gonzalo Alberto Rocabado Mercado.
Erick Seifert, abogado de cuatro de ellos (menos de Rocabado) dijo que sus clientes estarán en Sucre las veces que sean convocados porque están interesados en que se establezca la verdad histórica.
A ellos se suman tres ex ministros: Erick Alberto Reyes Villa Bacigalupi, Adalberto Kuajara Arandia y Dante Napoleón Pino Archondo. Todos ellos dijeron que no obstaculizarán el proceso y alegan que no tienen ninguna responsabilidad por las muertes de octubre y que por eso se quedan en el país.
Pero nueve ex autoridades han preferido no estar en Bolivia porque, según dicen, en el país no hay seguridad jurídica y lo que se viene es un proceso político. El ex presidente Sánchez de Loazada y sus ex ministros Carlos Sánchez Berzaín, Jorge Berindoague y Guido Áñez están en EEUU; Mirtha Quevedo y Javier Torres Goitia están refugiados en Lima, y Jorge Torres Obleas es un asilado político de la administración del mandatario Alan García. Según el Ministerio Público, Hugo Carvajal se encuentra en España y Yerko Kukoc tiene paradero desconocido. EL DEBER se comunicó vía teléfono con el domicilio de este último y gente de su entorno dijo que se encuentra en una zona rural de La Paz y este domingo llegará a Santa Cruz.
El jurista Willman Durán puntualizó que, según el nuevo orden jurídico, a las ex autoridades ausentes no se las podrá juzgar hasta que retornen al país. Pero eso no quiere decir que el juicio sobre genocidio quede congelado, ya que el Gobierno puede apelar a la extradición, explicó el jurista Alberto Costa Obregón.
Los que se quedaron serán procesados. Tres fiscales y diez miembros del tribunal (dos magistrados y ocho conjueces) tendrán la responsabilidad de llevar adelante el proceso que, en el mejor de los casos, podría durar un año y medio, dado que son varios los imputados.
Las víctimas de octubre pedirán la pena máxima de 30 años de privación de libertad por el supuesto delito de genocidio y otros. El Ministerio Público, que encabeza el proceso, ha imputado a las 17 ex autoridades por haber firmado el Decreto Supremo 27209 que promovió la intervención de las Fuerzas Armadas de la Nación en los conflictos de octubre de 2003.
La capital de la República será el escenario principal de este juicio. Hasta allí se están trasladando los testigos, familiares de los fallecidos y heridos; los acusados que optaron por enfrentar el proceso y los abogados de quienes prefirieron resguardarse en el exterior. Los miembros del Comité Impulsor del caso de octubre negro ya piensan en solicitar autorización para utilizar la infraestructura de una escuela, porque no saben cuánto tiempo durará su estadía en esa ciudad.
Este lunes estarán presentes, además de los tribunos, los fiscales Mario Uribe, Mirna Arancibia y Milton Mendoza; el apoderado de las víctimas fallecidas, Rogelio Mayta; el apoderado de los heridos, Freddy Hablaos; el representante de Derechos Humanos, Cristian Zanabria, y una parte de los acusados. En el inicio se escuchará la acusación de la Fiscalía y de los abogados particulares de las víctimas. Después tendrán la opción de declarar los imputados, si así lo requieren, y los defensores también presentarán sus alegatos. Los acusados pueden quedar detenidos en el transcurso del juicio si se encuentra sospecha fundada de fuga.
Los imputados que se quedaron exigen un juicio justo, y muchos de los que se fueron del país anunciaron que retornarán cuando haya garantías constitucionales.
Antecedentes del proceso
– Hechos de 2003. La protesta social estalló contra la supuesta exportación de gas boliviano por puerto chileno. El 20 de septiembre se registró el primer enfrentamiento entre campesinos y militares. Seis personas murieron y 15 resultaron heridas en Warisata, a 70 km de La Paz.
– 2 de octubre. Hubo campesinos detenidos. De ahí en adelante se registraron más decesos y heridos. El 12 de octubre fue la jornada más sangrienta donde más de 20 personas murieron en El Alto. El vicepresidente Carlos Mesa rompió con el mandatario Gonzalo Sánchez de Lozada. Sectores en conflicto lo apoyaron para que tome el mando de la nación. El 13 de octubre cerró con 14 muertos y casi 100 heridos. El Alto se mantenía militarizado y en paro general.
– Réplicas. En otras regiones, como San Julián, se registraron muertos. Sánchez de Lozada propuso que un referéndum defina la política de exportación del gas. El 17 de octubre renunció a la Presidencia de la República y el Congreso Nacional eligió a Carlos Mesa como el nuevo mandatario.
– Juicio. A finales de octubre de 2003 se abrió la investigación. Se acusó por delitos de genocidio en su forma de masacre sangrienta, homicidio, lesiones gravisimas, lesión seguida de muerte, privación de libertad, vejaciones y torturas, delitos contra la libertad de prensa, allanamiento de domicilios, resoluciones contrarias a la Constitución.
– El 14 de octubre de 2004. El Congreso Nacional autorizó el juicio de responsabilidades. Se inició la acumulación de diferentes procesos que se habían presentado, y se tomó declaraciones informativas de todos los presuntos involucrados y de los testigos.
– El 28 de marzo de 2007 Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Joaquín Berindoague fueron declarados rebeldes y tiene orden de aprehensión.
– 17 de octubre de 2007. La Fiscalía General acusó formalmente a Gonzalo Sánchez de Lozada, a los ex ministros y a ex miembros del Alto Mando Militar.
– 18 de mayo de 2009. Es la fecha marcada para el inicio del juicio oral que se desarrollará en Sucre, donde se debe responder por 68 muertes y más de 400 heridos.
Los tribunos
Dr. Ángel Irusta Pérez
Presidente
Dr. Hugo Roberto Suárez Calvimonte
Ministro
Dra. Elizabeth Maldonado Loayza
CONJUEZ
Dra. Daysi Careaga Alurralde
CONJUEZA
Dr. Édgar Ruck Arzabe
CONJUEZ
Dr. José Ortuste Quiroga
CONJUEZ
Dr. Freddy Tomás
Rojas Castellón
CONJUEZ
Dr. Freddy Lupa Totola
CONJUEZ
Dr. Víctor Hugo
Escóbar Herbas
CONJUEZ
Dr. Eduardo Arteaga Ribera
CONJUEZ
Ex autoridades imputadas
G. Sánchez de Lozada | Ex presidente
Nació en La Paz el 1 de julio de 1930. Estudió Filosofía y Letras en Chicago y luego retornó a Bolivia, donde se inició en el mundo empresarial y político. Fue presidente de Bolivia en los periodos 1993-1997 y 2002-2003. En septiembre y octubre de 2003, ante rumores sobre la intención de exportar gas por puertos chilenos a la costa oeste de EEUU empezaron las movilizaciones sociales. En los enfrentamientos con los militares murieron 65 personas. Dejó el poder el 17 de octubre y desde entonces vive en EEUU.
Yerko Kukoc (MNR) | Gobierno
Nació en Potosí, tiene 51 años. Estudió Ingeniería agronómica. Fue prefecto de Potosí en 1997, cuando ocurrió la masacre de Amayapampa. También fue diputado. Después de los hechos de octubre de 2003 siguió haciendo noticia. Un grupo especial de Inteligencia de la PTJ y de la Felcn allanó el domicilio de un amigo de él y rescató Bs 1,5 millones y $us 77.185. Su amigo dijo que Kukoc le había entregado ese dinero para guardarlo. La gente de su entorno dice que está en el país pero su teléfono celular está apagado.
Jorge Berindoague | Hidrocarburos
Jorge Berindoague (MNR), antes de ser ministro de Hidrocarburos fungió como asesor del ex mandatario Gonzalo Sánchez de Lozada. Su paso por la cartera ministerial estuvo marcado por el rol que le dio el gobierno de entonces: trabajar en el proyecto de exportación de LNG a EEUU. Al igual que Goni y que Carlos Sánchez Berzaín, ha optado por quedarse en EEUU desde aquel 2003. Se desconoce si tiene asilo político. Públicamente no se lo ha visto y se desconoce a qué se está dedicando en el exterior.
Erick Reyes Villa | Des. Sostenible
Nació en La Paz, en 1953. Fue también ministro entre 1997 y 1999, durante la administración Banzer, cuando NFR era su aliada. Su actividad pública data de 1988. Es hermano mayor del ex prefecto de Cochabamba Manfred Reyes Villa. Fue uno de los imputados que no se alejó del país y que en las últimas semanas declaró ante los medios que se queda para asumir su defensa al someterse al juicio de responsabilidades por los hechos ocurridos durante la ‘guerra del gas’.
Jorge Torres | Desarrollo económico
Nació el 25 de mayo de 1957. Estudió Ingeniería Eléctrica y formó parte del MIR. Fue diputado por Potosí en 1989 y 1991 y el primero en recibir asilo político en Perú. Desde Lima, dijo que permanecerá en ese país hasta que en Bolivia se le ofrezcan las mínimas posibilidades para tener un proceso justo. "Mientras no se den las condiciones necesarias para un debido proceso, el Estado peruano, a solicitud mía, ha decidido brindarme protección" bajo el estatuto "de asilado político", afirmó Torres.
Hugo Carvajal | Educación
Hugo Carvajal (MIR) nació en Yacuiba el 12 de junio de 1953. Estudió Sociología en la Universidad Mayor de San Andrés (Umsa) en 1978. Presidió la Cámara Baja entre 1998 a 2000. También fue ministro de Agricultura en el gobierno de Hugo Banzer, cuando éste llegó a la presidencia por la vía democrática. Carvajal no ha dados señales de estar en el país pero tampoco de que haya salido de Bolivia. El Ministerio Público anunció que se encuentra en España, pero se desconoce si tiene asilo.
Javier Torres Goitia C. | Salud
Torres Goitia (MNR) nació en Oruro en 1959. Estudió Medicina en la Universidad de Santiago de Chile. Se especializó en Salud Pública en la Universidad de Harvard. De 1994 a 1997 fue subsecretario de Salud y años después consultor de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Fue subsecretario de Salud Pública de 1994 a 1997, durante el primer periodo constitucional de Gonzalo Sánchez de Lozada. El pasado martes fue aceptado como asilado político del alto comisionado de la ONU en Perú.
Adalberto kuajara | Trabajo
Adalberto Kuajara (NFR) nació en Santa Cruz. Estudió Derecho y Economía Política en Bolivia y en Suecia, respectivamente. Tiene una larga trayectoria política. Fue diputado en 1978, ministro de Trabajo en 1984, viceministro de Planificación y senador por el departamento de La Paz. Eso no es todo. Su currículum también dice que fundó el PDC y el MIR. Kuajara se quedó en Bolivia para asumir su defensa y ya está en Sucre. Asegura que no está interesado en obstaculizar el proceso y que apoyará el desarrollo del juicio.
Guido Añez | Asuntos campesinos
Nació en Santa Cruz, en 1959. Estudió Derecho en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Fue prefecto de Santa Cruz entre los años 1989-1991 y 1993-1995. También fue concejal, diputado uninominal y presidente de la Cámara de Diputados entre 2002 y 2003. En febrero de este año, desde EEUU, reveló que viajó a ese país como turista, pero que pretende iniciar los trámites para cambiar de estatus, ya que se siente perseguido en Bolivia. Dijo que fue la decisión más difícil de su vida.
Mirtha Quevedo | Part. Popular
Mirtha Quevedo Acalinovic, del Movimiento Nacionalista Revolucionario, nació en 1960, en Oruro. Fue una de las mujeres que se destacó como dirigente en las filas de su partido. Fue presidenta del Senado Nacional, concejala, diputada y prefecta. En Perú se le concedió refugio el pasado lunes. Desde Lima, mediante un contacto telefónico con el programa No mentirás, Quevedo negó que haya salido huyendo y dijo que espera volver al país cuando se den las condiciones para ello.
Dante Pino | Servicios financieros
Dante Napoleón Pino (NFR) nació en La Paz en 1949. Estudió Economía. Militó en el Partido Socialista, el Movimiento Nacionalista Revolucionario y su última labor política la desempeñó en el partido de Manfred Reyes Villa, Nueva Fuerza Republicana (NFR). Pinto es uno de los tres ex minsitros del gobierno de Sánchez de Lozada que decidió no salir del país. Se encuentra preparando su defensa y anunció que el lunes 18 de mayo, la fecha fijada para el inicio del juicio, estará presente en Sucre.
C. Sánchez Berzaín | Defensa
Nació en Cochabamba el 11 de septiembre de 1959. Vive en Miami, a donde se fue en octubre de 2003. Tiene asilo político y trabaja como abogado. Fue el hombre de confianza de Gonzalo Sánchez de Lozada. Ocupó los cargos de ministro de Gobierno (Interior), de la Presidencia y de Defensa, en los dos periodos de gobierno de Goni. El Alto mando Militar, que también va a juicio, lo acusa de ser el que dio la orden para que actuén las tropas en los hechos de octubre. Él dice que se trata de un juicio político que no le da garantías constitucionales
Analistas ven una ganancia mediática
Octubre negro. Desde su asilo en Miami, Carlos Sánchez Berzaín, el hombre fuerte de Gonzalo Sánchez de Lozada, habla de las acusaciones en su contra. Un tema polémico por resolver
Los analistas creen que este juicio de responsabilidades da rédito político al Gobierno, por la repercusión en los medios dentro y fuera del país, pero también vuelve a mostrar su interés por tomar el poder.
Irving Alcaraz asegura que el Ejecutivo gana más ruido electoral, aunque pierde seriedad por la forma en que se está manejando el sistema jurídico, tomando en cuenta que, por un lado intenta impulsar un juicio, y por el otro, insiste en aniquilar la institucionalidad, haciendo referencia a la suspensión del presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Mario Eduardo Galindo encuentra elementos contradictorios en el sentido de que el Gobierno se muestra interesado en el desarrollo del juicio, pero también toca al Poder Judicial. “Por un lado se puede decir que le interesa que el proceso no prospere para tener palestra pública; también le puede resultar beneficioso en un ambiente electoral”, apuntó.
Jorge Lazarte duda de que la preocupación gubernamental esté en el juzgamiento del octubre negro. Considera que está dirigida a asegurar el control sobre el Poder Judicial, por eso está utilizando el amedrentamiento contra los altos magistrados, dando a entender que esto puede ocurrir con cualquiera que actúe contra sus intereses, explicó.
Por su lado, Fernando García Yampur remarcó que con este juicio el presidente Evo Morales está dando la señal de que en el país la justicia tiene que cumplir su rol.
Respecto a la suspensión del presidente de la Corte Suprema, García Yampur sostuvo que con esto se busca terminar con la retardación de justicia. Desde esa perspectiva cree que hay responsabilidad de los miembros del Poder Judicial, porque considera que muchos temas pendientes pasaban, en una buena parte, por la voluntad de las autoridades desarrollar esos procesos. “Estamos viviendo una crisis del Poder Judicial porque éste había estado enmarcado en un modelo de organización de estructura del Estado que no garantizaba el cumplimiento y los derechos de las personas”, dijo.
«Con un juicio imparcial, Evo terminaría en la cárcel»
Carlos Sánchez Berzaín / Ex Ministro de Defensa del Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada
– ¿Cuál es su opinión sobre el juicio de responsabilidades?
– Es el procedimiento que Evo Morales ha elegido para encubrir los delitos que él mismo ha cometido en octubre de 2003 y antes. Evo cometió delitos de sedición, conspiración, buscó deliberadamente muertos para atribuirlos a nuestro gobierno y es el acusador en este proceso. Es un juicio político, nulo de pleno derecho, yo no estoy ni siquiera notificado. No es un juicio, es una farsa, un linchamiento jurídico que busca confirmar una sentencia públicamente establecida por Evo, que con esto pretende destruir a quienes considera sus enemigos políticos y que solamente hemos sostenido la democracia en Bolivia por medio del cumplimiento de la Constitución contra las permanentes acciones delictivas de Morales.
– ¿Está usted acusando al Presidente?
– Si, y estoy pidiendo desde hace más de cinco años que se lo investigue por los hechos de octubre de 2003, pero él está protegido –como todos los otros autores y sus cómplices- por los decretos de amnistía 27234 y 27237 de 31 de octubre y 4 de noviembre de 2003, firmados por Carlos Mesa, en acuerdo con el propio Evo. Por esos decretos se han perdonado los delitos cometidos a quienes alteraron el orden público, secuestraron gente en Sorata, emboscaron a una columna de evacuados en Warisata, atacaron y bloquearon en El Alto y La Paz, atacaron cuarteles policiales y militares, mataron gente y provocaron los hechos de septiembre y octubre de 2003. Hay que dejar constancia que no se dicta amnistía a favor de inocentes sino de culpables, la amnistía supone la previa aceptación de culpabilidad, pero también evita una investigación idónea. La pregunta es, ¿cómo se puede investigar lo sucedido, si quienes iniciaron los hechos están excluidos?
– ¿Cómo encarará el juicio de responsabilidades?
– El juicio no puede proseguir en mi contra porque no he sido notificado. El Gobierno y las autoridades judiciales conocen mi domicilio y mi estatus de asilado político en EEUU. Se debe impulsar una investigación imparcial, que comprenda a todos los actores de los hechos. Le reitero, que lo que llaman juicio en Bolivia no respeta la garantía del debido proceso, ni la presunción de inocencia, ni la igualdad jurídica de las partes. Cualquier organismo internacional que revise el proceso quedará convencido de su carácter político y de su ilegalidad. Si hubiera una investigación imparcial, un debido proceso y un juez idóneo, el que terminaría en la cárcel sería Evo Morales.
– Los ex comandantes de las FFAA aseguran que recibieron órdenes del Capitán General, ¿qué opina?
– Recibieron órdenes del Presidente de acuerdo con la Constitución y por escrito. En varias oportunidades Gonzalo Sánchez de Lozada ha declarado asumiendo la responsabilidad. Todos cumplimos con el mandato del Art. 210 y conexos de la Constitución y yo asumo –como siempre- mi responsabilidad política, que no es penal, ningún miembro del Gobierno, ni civiles ni militares, en la crisis del 2003 ha cometido delito alguno. El incluirlos en el juicio es una maniobra para amedrentar a los militares que cumplen con la defensa de la democracia. Los comandantes son inocentes, sólo cumplieron con la Constitución y con órdenes legítimas y legales del Capitán General, defendieron a la ciudadanía y no se excedieron en el uso de sus atribuciones, como prueba un informe público de los fiscales de Bolivia del año 2004, que por ese informe fueron procesados y destituidos. Evo usa a los ex comandantes militares como rehenes para tratar de obtener alguna declaración en contra de nuestra gestión.
– ¿Usted hace el rol de oposición desde Estados Unidos?
– Me encantaría estar en Bolivia para hacer oposición y luchar para evitar que Evo consolide un gobierno autoritario, pero como él sabe esto, me persigue para anularme. Bolivia tiene en el Gobierno de Evo Morales la administración más violenta, antinacional, corrupta e ineficiente de la historia.
– ¿Qué opina del impacto que tuvo su asilo?
– Fue políticamente utilizado por el Gobierno de Bolivia que ya sabía un año antes sobre mi asilo. Esta utilización es constante, basta ver ahora lo que pasa con el Gobierno de Perú respecto al asilo de otros compañeros ministros. Además, no se olvide que el primer asilado político del Gobierno de Evo en Perú fue el prefecto masista de Chuquisaca, que luego de la masacre de Sucre escapó de su propio Gobierno.
– ¿Qué opina de varios ex ministros que también han decidido marcharse del país?
– Son la nueva prueba de la persecución política que ejerce Evo Morales y su gente. Están protegiendo su libertad frente a un Gobierno que es acusador, juez y verdugo en este proceso.
– ¿Se siente liquidado o piensa retornar a la política?
– Mi exilio, el juicio de responsabilidades, la persecución, el acoso del que soy víctima con permanentes amenazas y alusiones de Morales y de funcionarios de su entorno, son todos políticos. Estoy en la política, pero en la parte baja de la rueda que no tardará en girar.
– ¿Quiere volver al país?
Desde luego y cuanto antes. Mi exilio es temporal y terminará cuando en Bolivia haya nuevamente democracia. Hay que construir un proyecto de Estado nacional para unir a los bolivianos y darles prosperidad en libertad.
«Me acusó una abogada de Goni».
Jorge Torres Obleas | Ex ministro de Desarrollo Económico
Acaba de conocerse la aceptación de su pedido de asilo político en Perú, donde llegó el 3 de febrero. El 24 de este mes estará de cumpleaños. Es su segunda ausencia obligada de Bolivia. La primera vez le tocó con su padre, el ex presidente Juan José Torres, durante su exilio en Chile y Argentina
Tuffí Aré Vázquez | [email protected] – El Deber
Hay algo de paralelismo en la vida de Jorge Torres Obleas y la de su padre, el ex mandatario Juan José Torres. El ex presidente se vio obligado en 1971 a buscar refugio político en Perú, por la persecución de la dictadura de Hugo Banzer Suárez. Su hijo, Jorge, tuvo que solicitar recientemente asilo político al gobierno del mismo país, ante la posibilidad de su detención en el marco del juicio que le siguen por los sucesos de octubre de 2003.
El jueves pasado, el ex ministro de Desarrollo Económico aceptó hablar con EL DEBER en el parque Yitzhak Rabin, ubicado en la costa limeña de la residencial zona de Miraflores.
-¿Es una paradoja que las acciones de un gobierno de izquierda, como el de Evo Morales, provoquen el asilo político de un hombre de izquierda?
-Nunca hubiera pensado que en un proceso que intenta llevar adelante cambios sociales para el país, una persona de mi trayectoria, que siempre se identificó con los sectores sociales más desprotegidos y que se enfrentó abiertamente con una base conceptual muy sólida a la capitalización, esté ahora en esta situación. Obviamente es un contrasentido.
-¿Por qué eligió Perú para el asilo político?
-Porque he tenido mucha relación con Perú. La mayor de mis hijas, que tiene ahora 28 años, ha vivido, se ha formado y trabajado mucho tiempo aquí. También por la tradición que tiene Perú de respeto a los derechos humanos y, sobre todo, a los convenios internacionales, como el que reconoce el asilo político, que es una figura muy latinoamericana.
-¿Cómo ha sido su vida después de octubre de 2003?
-Después de octubre una de mis preocupaciones permanentes fue atender el juicio. He tenido que contratar abogados en La Paz, en Sucre, viajar y erogar una gran cantidad de gastos, pero también he continuado con la cátedra de varias materias, con tesis y proyectos de grado en la Universidad de San Andrés. Mis ingresos este tiempo fueron generados por la actividad académica y profesional, con consultorías para organismos internacionales y para el sector privado. Nunca he sido empresario, sino una persona con vocación de servicio. Cuando uno tiene al menos un patrimonio base como una vivienda y un vehículo, sólo necesita generar el ingreso para el gasto corriente. Además, mi esposa ha estado trabajando este tiempo como abogada. Somos una familia de clase media. Tuve ofertas para trabajar fuera de Bolivia, pero no acepté porque tenía que atender el juicio y no podía ausentarme del país, porque tenía que firmar el libro de la Fiscalía. No pude estar siquiera en la graduación del MBE de mi hija en Columbia.
-¿Quiénes lo han defendido y cuánto le ha costado el proceso?
-En un primer momento tuve mucho apoyo de abogados amigos, pero cuando el juicio avanzaba y se complicó contraté los servicios de un bufete, a la cabeza de Alberto Morales, uno de los penalistas más destacados de Bolivia. Acordamos que le iba a pagar según mis posibilidades. En todo este tiempo no debo haberle pagado ni $us 10.000. Él ha dicho que estará el lunes 18 de mayo en Sucre para acreditar mi situación de asilado y demostrar que tengo un impedimento para estar, porque la ley del asilo impide que una persona retorne a su país. En estas circunstancias se debe producir la suspensión del proceso para mi porque no estoy desaparecido.
-¿Su partido, el MIR, lo abandonó en este proceso?
-En los sucesos de octubre hubo una predefinición. Si no se daba una salida política y pacífica, el MIR iba a dejar el Gobierno el 12 ó 13 de octubre, pero no se dio. Hubo parlamentarios que se solidarizaron conmigo cuando renuncié, pero el MIR siguió en el Gobierno. Por eso después me distancié del partido. Además, el MIR poco a poco fue muriendo por inanición. En un juicio como el de ahora en Bolivia, que tiene una lógica de vencedores y perdedores, el que gana, gana todo, y el que pierde debe perder todo, sin distinguir matices, participaciones y responsabilidades.
-¿Está arrepentido de haber estado en el Gobierno de Goni?
-No, porque en su momento fue una decisión acertada. El país vivía una situación muy difícil, con un febrero que marcó mucho, porque había el riesgo de que caigan las instituciones y que la turba comience a gobernar. En un principio no estuve de acuerdo con que el MIR apoye al MNR y por eso no ingresé al gobierno, pero lo hice en febrero de 2003 porque Bolivia necesitaba su mejor gente o la que pudiera aportar. En ese momento Goni había dicho que el MNR era la tesis y el MIR la antítesis, siendo necesario construir una síntesis con exponentes de más peso, no sólo con madurez política, sino con idoneidad profesional.
-Los ex ministros asilados son vistos como que se fugaron del país. ¿Usted volverá algún día a defender su inocencia?
-Por supuesto. He estado cinco años, o sea más de una décima parte de mi vida, defendiéndome y demostrando mi inocencia, en un proceso plagado de vicios e irregularidades y en el que había violaciones a mis derechos. He presentado dos recursos constitucionales que han quedado paralizados porque no hay Tribunal Constitucional. Todo el sistema jurídico nacional está colapsado y no hay las mínimas condiciones para un juicio debido. Tengo los memoriales en los que emplazo a la Fiscalía ir a la Corte Penal Internacional, ya que ellos mismos se han descalificado.
-¿Su retorno a Bolivia está supeditado al fin del mandato de Evo Morales?
-No, está supeditado a que se generen las condiciones para un debido proceso y, más que todo, que se dilucide en la Corte Penal Internacional. Si llega allí, estarán todos los actores y estoy seguro que mi caso se dilucidaría en la primerísima de las etapas, pues no hay argumento para que esté involucrado y eso lo saben los del actual oficialismo. Ninguno de los entonces diputados del MAS, incluyendo el presidente Morales, me incluyeron en sus proposiciones acusatorias. Yo estoy acusado por una abogada que trabajaba para un bufete que defendía al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, o sea que no me acusó el MAS. La Comisión de Constitución no había pedido que entren todos los ex ministros. No estoy acusado por genocidio. Me han puesto como cómplice de un homicidio y de lesiones graves y gravísimas y no debería estar con ninguna de esas tipificaciones.