Evo advierte con confiscar medios “separatistas” (La Razón)
Evo anuncia hoy la confiscación de medios y empresas de los terroristas (La Prensa)
Castigarán a medios con nexos terroristas (El Deber)
Terrorismo: Evo amenaza con confiscaciones a medios de comunicación (Los Tiempos
• EL TRABAJO • Un grupo de periodistas y camarógrafos realiza la cobertura informativa en inmediaciones de la plaza Murillo. La fotografía fue tomada en diciembre del año pasado.
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Evo advierte con confiscar medios “separatistas”
La Razón
El Mandatario anunció, hace casi un mes, la emisión de un decreto para confiscar los bienes a empresarios que supuestamente apoyaron a los grupos separatistas. Ayer, con el mismo argumento, incluyó a medios.
El presidente Evo Morales sostuvo ayer que el gabinete ministerial, en su reunión de hoy, podría tratar el decreto que ordena la confiscación de bienes a personas y empresarios que, según el Gobierno, apoyaron acciones separatistas en el país, lista a la que añadió a medios de comunicación que habrían dado la misma ayuda.
El anuncio del Jefe de Estado fue emitido durante el acto de inauguración de la Fase III del Gasoducto Carrasco-Cochabamba, en la localidad de Sacaba.
“Si algún boliviano, algún empresario, algún medio de comunicación estaba aportando plata (dinero) para este grupo separatista, los bienes de estos grupos separatistas van a ser incautados, todo por defender la patria”, expresó durante su discurso.
El 16 de abril, en la ciudad de Santa Cruz, el Gobierno promovió un operativo policial en el que murieron Eduardo Rózsa, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer, y cayeron detenidos Elöt Tóásó y Mario Tadic, acusados de acciones terroristas. Actualmente este caso aún es investigado por el Ministerio Público.
A raíz de ese hecho, el domingo 26 de abril, también en Cochabamba, el Primer Mandatario anunció la redacción y aprobación de un decreto supremo para confiscar los bienes de empresarios que apoyaron al supuesto grupo terrorista que también promovería una acción separatista en el país.
Ayer, Morales aseguró que el mencionado decreto está destinado a impedir que en el país haya más apoyo a grupos irregulares. “No vamos a permitir nunca más que alguna persona o algún empresario pueda estar aportando para que gente venga del exterior para dividir Bolivia. La unidad del país es algo sagrado para los bolivianos y eso se lo hemos demostrado desde hace un año”, sostuvo. El apoyar con recursos económicos a cualquier acto separatista será considerado “una traición a la patria”, agregó.
En Santa Cruz, el vicepresidente Álvaro García dijo que “es un decreto que aplica el artículo 124 de la nueva Constitución, en torno a la traición a la patria, en el acápite referido a actitudes que atenten contra la unidad del país, y posiblemente mañana (hoy), como lo anunció el Presidente, esté en ejecución, fundamentalmente para dar la señal más contundente para que nadie más pueda volver a involucrarse en actividades que atenten contra la unidad de Bolivia”.
Morales también advirtió que las empresas privadas, “petroleras, transnacionales que son socias del Estado boliviano, entiendan que si van a trabajar, el Gobierno va a garantizar la recuperación de (su) inversión y tendrán derecho a utilidades. Pero si alguna empresa, so pretexto de inversión en Bolivia, va conspirando contra el pueblo boliviano, contra la democracia, esa empresa tiene los días contados en Bolivia, porque tenemos derecho a defender nuestra dignidad, nuestra soberanía, pero también la democracia”. Redacción Cochabamba y Santa Cruz
La denuncia
El caso • Un grupo de bolivianos, con el apoyo de extranjeros, que radicaban en Santa Cruz, es acusado de promover acciones separatistas en el país.
El castigo • El presidente Evo Morales anunció la aprobación de un decreto supremo que permita a las autoridades confiscar los bienes de quienes ayudaron a ese grupo.
Puntos de vista
“Es una cuestión descabellada”
JUAN JAVIER ZEBALLOS.
Director Ejecutivo de la ANP.
“Es una amenaza que está destinada a amedrentar a los medios de comunicación. Si hubo delitos cometidos, tienen que presentar pruebas y no hacer denuncias simplemente mediáticas, sin ningún respaldo documental. En todo caso, tienen que tener pruebas que respalden la acusación de que algunos medios están vinculados con supuestos grupos desestabilizadores. Nos parece una cuestión muy descabellada, no se sabe a quién acusa ni por qué acusa”.
“Es revolución totalitaria”
ANTONIO FRANCO.
Diputado de Podemos.
“La revolución cultural del MAS le permite al Presidente (Evo Morales) cometer semejantes excesos. Y el Presidente, lógicamente, lo que quiere y propone es una revolución cultural totalitaria, donde todos los poderes estén concentrados en una mano, donde él sea el imperio de la ley y el dueño de la verdad. Esta constante amenaza, amedrentamiento de utilización en exceso de los medios en coacción que tiene el Presidente, son los que tienen a la población boliviana en vigilia desesperada”.
“Una norma inconstitucional”
BERNARDO WÁYAR.
Presidente Col. de Abogados La Paz.
“Esa norma, como lo dijimos en anteriores oportunidades, sería considerada inconstitucional porque estaría regulando los efectos procesales respecto a la conducta que se hubiera declarado culpable, previo juicio, en un proceso penal. Los procedimientos judiciales y este tipo de sanciones y medidas se dictan necesariamente por medio de la República. No hay posibilidad alguna de que un decreto supremo pueda regular este tipo de normas”.
“Se tiene que hacer un análisis”
PABLO ANTELO.
Presidente del IBCE.
“Primero tendrían que determinar si existe alguna culpabilidad en las personas procesadas porque el Presidente (Evo Morales) está aplicando una medida contra la que él luchó por mucho tiempo que es la Ley 1008, con la que se incautan bienes de aquel que está procesado por los delitos de narcotráfico, y él la está aplicando ahora, por temor de los delitos de terrorismo, de gente que considera estar involucrada. Se tiene que hacer análisis con más detenimiento”.
Evo anuncia hoy la confiscación de medios y empresas de los terroristas
La medida se dirigirá contra quienes hubiesen apoyado o financiado a la milicia
Fiscal Marcelo Soza, director funcional de la indagación por el caso de presunto terrorismo en Santa Cruz
La Prensa
En enero, Inteligencia alertó sobre la presencia de extranjeros dedicados a actividades irregulares. El viceministro Marcos Farfán confirmó que se investiga la presencia de “carapintadas” en Bolivia.
Durante el discurso pronunciado ayer en Pampa Tambo, Cochabamba, el presidente Evo Morales anunció que en la reunión de gabinete que se realizará hoy, “posiblemente” se promulgará el decreto que confiscará el patrimonio de los terroristas y quienes hayan amparado y financiado a la milicia de Eduardo Rózsa Flores en el país. El Primer Mandatario puso énfasis en que “si se comprueba que algún boliviano, algún empresario, algún medio de comunicación hubiera dado dinero para este grupo, sus bienes van a ser incautados”.
Morales hizo referencia a la célula irregular desarticulada en el hotel Las Américas, de Santa Cruz de la Sierra, la madrugada del 16 de abril, y que concluyó con la muerte de Eduardo Rózsa Flores, boliviano-croata-húngaro; Árpád Magyarosi, rumano, y Micheal Dwyer, irlandés, en tanto que el húngaro Elöd Tóásó y el boliviano-croata Mario Tádic fueron capturados con vida.
En una entrevista concedida al periodista húngaro Andras Keppes, Rózsa Flores reveló que regresó a su país natal para organizar la defensa de Santa Cruz y que en caso de que la administración central no daba a la región el nivel de autonomía que demandaba, se procedería a crear una nueva república.
El Jefe de Estado dijo ayer que “se aprobará un decreto por el que si se comprueba que algún boliviano, algún empresario, algún medio de comunicación, hubiera dado dinero para este grupo”, sus propiedades pasarán a dominio del Estado.
Al ser consultado sobre el particular, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, admitió que el contenido de la mencionada disposición legal “aún no ha sido aprobado, por lo que no puedo comentarlo a fondo” y “es necesario que el Presidente explique a fondo sus características, por lo que nada puedo decir”.
A través de su área de relaciones públicas, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) ratificó un comunicado emitido hace tres semanas, en el que sostiene que “si hay alguna persona, sea ésta empresario o empleado público, boliviano o extranjero, que ha obrado en contra de la legalidad, debe ser procesado respetando todos sus derechos constitucionales y las acusaciones comprobadas debidamente mediante los mecanismos que prevé la ley, con todas las garantías constitucionales y el derecho a un proceso justo”.
El vocero presidencial, Iván Canelas, sostuvo que “el separatismo comenzó con el intento de golpe de Estado cívico prefectural”, ejecutado entre agosto y septiembre del año pasado.
“Hemos defendido la unidad territorial y la democracia. Quienes no entienden la democracia, no quieren jugar bajo la reglas de la democracia y la libertad. Sólo entienden de separatismo”.
Aseguró que “quienes no respetan la democracia, quienes han estado involucrados en el golpe de Estado cívico prefectural, han apostado por el separatismo”.
La Fiscalía investiga a 29 líderes de la institucionalidad cruceña, en tanto que una comisión multipartidaria de la Cámara de Diputados se apresta a tomar declaraciones a 20 personalidades de Santa Cruz.
Seguimiento
En conferencia de prensa ofrecida ayer, el viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, explicó que hubo “indicios de la actividad terrorista que contribuiría a dividir el país desde septiembre del año pasado, (pero) de la actividad y presencia de grupos extranjeros (irregulares) contamos con indicios desde enero de este año”.
A partir de ese momento, se estableció la existencia de un grupo de extranjeros identificado como el responsable del atentado a la residencia del cardenal Julio Terrazas.
Alrededor de las 00.30 del miércoles 15 de abril, un artefacto explosivo detonó ante la casa del prelado católico.
Inteligencia detectó la presencia de los milicianos en el cuarto piso en el hotel Las Américas, pero, según Farfán, fue necesario confirmar el dato, por lo que el director general de Régimen Interior, Luis Nolberto Clavijo, hizo la verificación del caso.
“El señor Clavijo asegura que tiene la necesidad de ingresar al hotel y lo hace. En el momento en que escucha abrir la puerta (de la habitación de los presuntos mercenarios), él abre la suya. Comprueba que eran elementos extranjeros los que estaban en el piso y que eran sobre quienes recaían indicios de realizar estas actividades ilegales en Bolivia”.
Farfán refirió que de inmediato salió de ese establecimiento hotelero y “se comunica con los órganos de inteligencia”, y algunas horas más tarde se produjo el operativo en el hotel.
El Viceministro afirmó que la actividad de Clavijo se enmarcó dentro de las leyes vigentes en el país, porque “la Policía es una institución que tiene como cabeza de sector al Ministerio de Gobierno, por lo tanto, un funcionario de jerarquía, como Luis Clavijo, tiene todas las facultades legales para establecer contacto de manera directa con quienes dirigían la investigación, aunque una cosa es la investigación y otra es la operación propiamente dicha”.
Finalmente, la autoridad confirmó que se investiga la presencia de “carapintadas” argentinos en el oriente del país, donde recibirían protección en algunas haciendas. “Se busca establecer quiénes son las personas que en nuestro país están contratando a estos elementos”.
Soza anuncia proceso penal a cinco europeos
El fiscal Marcelo Soza anunció que, con base en un tratado internacional, citará a cinco presuntos terroristas, tres de ellos húngaros, un rumano y un eslovaco, quienes estuvieron en Bolivia y habrían formado parte del grupo irregular de Eduardo Rózsa.
El representante del Ministerio Público explicó que mediante un acuerdo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre terrorismo, es posible seguir procesos penales a extranjeros imputados por este delito en sus países de nacimiento.
En el caso de los húngaros “se puede citar a estas personas para que de manera voluntaria se presenten ante la Embajada concurrente de Bolivia en Hungría y que decidan prestar su declaración y se sometan a la justicia boliviana”.
En caso contrario, los presuntos terroristas pueden ser juzgados en su país, por lo que las autoridades bolivianas deberían viajar a éste y llevar el expediente con todas las evidencias, fotocopias legalizadas, a fin de respaldar el proceso.
Soza no descartó la posibilidad de que un eventual juicio se ventile ante la Corte Penal Internacional, aunque es más factible hacerlo en Hungría, además indicó que no podrían ser extraditados, porque no existe un tratado sobre el tema entre ambos países.
Para iniciar los trámites, la Fiscalía espera los resultados del peritaje del equipo informático secuestrado en el hotel Las Américas, donde fue descubierto el grupo irregular, y en el stand de la Cooperativa de Telecomunicaciones de Santa Cruz (Cotas).
Los gastos para llevar adelante el proceso a los centroeuropeos serían erogados por la Fiscalía General del Estado, por tratarse de un asunto de interés nacional.
Defensa de Tóásó pide garantías a entes extranjeros
La defensa del húngaro Elöd Tóásó, presunto terrorista, pedirá garantías pare él y su familia ante organismos internacionales por las amenazas que dice haber recibido en idioma inglés dentro del penal de San Pedro y ante el temor que siente por la integridad de su familia, residente en Europa por la próxima presencia del mercenario Tibor Révész.
El súbdito extranjero fue detenido junto con Mario Tádic, el 16 de abril, en el hotel Las Américas de Santa Cruz, donde fueron muertos Eduardo Rózsa Flores, Árpád Magyarosi y Micheal Dwyer.
Los abogados Rigoberto Paredes y Claudia Abasto aseguran que su cliente les informó que recibió amenazas de muerte porque conoce “mucha información” sobre la presunta célula.
“Él tiene que decir su verdad —dijo Abasto—. Va a hablar cuando se sienta seguro y de que su familia va a estar segura y tranquila (porque) dijo ‘tengo miedo por mis parientes. Tengo miedo de que me maten, porque yo tengo información’”.
En Hungría viven su hermana mayor y su padre. “Queremos que se garantice que no va a suceder nada a él y a su familia. Eso se tendrá que ver con algún organismo internacional, aquí (Bolivia) y allá (Hungría)”. La defensa ya pidió que se refuerce la seguridad para la celda de aislamiento en la que se halla recluido.
Paredes sostiene varias hipótesis acerca de dónde provienen las amenazas. “Podría estar implicada la alta cúpula de Santa Cruz o gente del mismo Gobierno. Considero que hay algunas personas que afirman que, dentro de este caso, habían también autoridades de Gobierno. Eso tiene que dilucidarlo la Fiscalía. La susceptibilidad de mi defendido viene también de ambos lados, tanto de policías como personas que operaron con este grupo”.
El gobernador del penal de San Pedro, Oswaldo Cabrera, aseguró que nadie ingresa al sector de La Grulla, donde Tóásó está detenido. Sólo lo hacen sus abogados.
El centroeuropeo no les revela quién lo intimidó, sólo menciona que escuchó una voz que le dijo: “Elöd Tóásó, estás muerto”.
Él siente temor por uno de los presuntos terroristas prófugos, Tibor Révész, de quien se conoce que está en Hungría, donde podría atacar a su familia porque es un hombre con “alto grado de peligrosidad”, experto en artes marciales, combate y el manejo de armas.ç
Áñez admite haber “aconsejado”
El general retirado Lucio Áñez reveló el lunes por la noche en el programa No Mentirás, que se emite por la red televisiva PAT, que en septiembre de 2008, la dirigencia de algunas instituciones cruceñas buscaron a militares en servicio pasivo y otros que viven en Santa Cruz para solicitar consejos de cómo defenderse ante un cerco campesino que se cernía a mediados de septiembre de 2008.
Áñez declaró la semana pasada ante el fiscal Marcelo Sosa porque lo acusan de reclutar a algunos miembros de la célula de Eduardo Rózsa, a quien conoció casualmente en la plaza 24 de Septiembre, quien lo entrevistó para un medio de comunicación sobre los sucesos golpistas de inicios de los años 80. “Sin embargo, corté el diálogo cuando me quiso preguntar sobre la autonomía”.
Áñez confirmó que en septiembre del año pasado sostuvo reuniones en el Club Social y contactos con instituciones, como el Comité Cívico Femenino, que le consultaron qué hacer si se producía el ataque campesino. “Nos preguntaron qué hacer para defendernos. Entonces entramos a internet y les dimos varias recomendaciones”, precisó y aclaró que nunca hubo terrorismo, ni nada similar.
Los convocados
LA COMISIÓN multipartidaria de la Cámara de Diputados convocó a declarar, entre miércoles y viernes, en Santa Cruz de la Sierra, a 20 personalidades de la institucionalidad cruceña. A saber:
JUAN CARLOS VELARDE, presidente del Consejo de Administración de Cotas.
MARCELO BANZER, titular del Consejo de Vigilancia de Cotas.
RONALD CASTEDO, ex presidente de Cotas.
JORGE ZANKIS, gerente administrativo de Cotas.
LORGIO BALCÁZAR, ex gerente del Comité pro Santa Cruz.
HÉCTOR LAGUNA, asesor de la Cámara Agropecuaria del Oriente.
LUCIO ÁÑEZ RIVERA, general en retiro de las FFAA.
ROLANDO AGUILERA, secretario general de la Prefectura cruceña.
LUIS ALBERTO ALPIRE, jefe de gabinete de la Prefectura cruceña.
CARLOS ALBERTO GUILLÉN, vicepresidente del club Blooming.
MIGUEL SALEK, gerente de la empresa de seguridad Falcon.
ENRIQUE VACA PEDRAZA, ex ejecutivo de la Feria Exposición.
LUIS ALBERTO HURTADO, consejero de vigilancia de Cotas.
HUGO ACHÁ MELGAR, ex presidente de Human Rights Foundation-Bolivia.
ALEJANDRO MELGAR, ex árbitro conciliador de la Cainco.
LUIS ORLANDO JUSTINIANO, supuesto responsable de “La Torre”.
MARIO HERRERA, gerente de la Feria Exposición de Santa Cruz (Fexpocruz).
LUIS ALBERTO ÁÑEZ, gerente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz).
EDGARDO CUÉLLAR, asesor de Comunicación de la Prefectura.
TAMBIÉN fue convocado el gerente de la empresa de seguridad privada Aries, que custodiaba el stand de Cotas en el campo ferial.
Peritajes electrónicos
Los resultados de los peritajes de equipos electrónicos serán presentados el viernes o el sábado.
Los equipos de computación secuestrados a los presuntos mercenarios ya fueron abiertos.
También se abrieron flash memories y cámaras fotográficas a los supuestos terroristas.
Los investigadores de la Fiscalía se reunieron ayer ante los peritos en electrónica.
El trabajo no resulta sencillo, por lo que los expertos anunciaron un nuevo plazo.
Por el momento no se conoce indicio alguno sobre los datos encontrados en esos equipos.
Posiciones
Los empresarios se oponen al uso de argumentos políticos para vulnerar la propiedad.
Las investigaciones deben realizarse sin violar los derechos, dicen los privados.
El viceministro Wilfredo Chávez rehusó comentar el decreto que hoy se promulgará.
Castigarán a medios con nexos terroristas
Proceso. El Presidente anunció que el Gobierno lanzará el decreto que respaldará la incautación de los bienes de empresarios y de dueños de medios que hayan tenido vínculos probados con el terrorismo
Por segunda vez en menos de un mes, el presidente Evo Morales advirtió con emitir un decreto para incautarse de las propiedades a los empresarios, y agregó a los dueños de medios de comunicación en su acusación, si se demuestra que estuvieron involucrados con una supuesta célula terrorista desarticulada en Santa Cruz. El anuncio, realizado ayer durante la entrega de un tramo de gasoducto en Cochabamba, fue cuestionado por representantes de los empresarios y por el Colegio de Abogados, porque lo consideran un acto de amedrentamiento. Sin embargo, el vicepresidente, Álvaro García Linera, señaló anoche que no tiene información de que algún medio o sus propietarios estén involucrados.
“Si algún boliviano, algún empresario, algún medio de comunicación estaba aportado plata para estos grupos separatistas, sus bienes van a ser incautados”, advirtió el jefe de Estado, que se refirió a los dirigentes cruceños que fueron mencionados por el fiscal Marcelo Sosa, que investiga el caso de terrorismo, como los supuestos financiadores de la presunta célula integrada por el boliviano-croata-húngaro Eduardo Rózsa, el irlandés Michael Dwyer y el húngaro Árpád Magyarosi, que resultaron muertos en el operativo policial realizado el pasado 16 de abril en el hotel Las Américas. En ese mismo hecho fueron detenidos el boliviano-croata Mario Tadic y el rumano-húngaro Elöd Tóásó.
A comienzos de mayo, fuentes del Gobierno hicieron circular la versión de que el Poder Ejecutivo tenía listo un decreto de incautación de bienes que sería aprobado en la reunión de gabinete del pasado miércoles 6; sin embargo, la medida no se concretó.
Para el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Edwin Rojas Tordoya, la incautación de bienes es una figura que no está contemplada en el Código Penal; lo que puede solicitar un juez, siempre y cuando se compruebe la comisión de un delito, es el embargo y anotación preventiva de los bienes para resarcir posibles daños que se produjeron por la actividad delictiva.
Rojas recordó que hace poco menos de un mes el Gobierno mencionó la posibilidad de confiscar los bienes de las personas que resultaren involucradas con actos terroristas y separatistas, pero en esa oportunidad se advirtió que la confiscación ha sido erradicada de todas las constituciones del mundo porque es una violación a los derechos humanos.
El anuncio del presidente Morales también fue cuestionado por el ex dirigente empresarial Roberto Mustafá. En su criterio, el jefe de Estado recurre a ese discurso para amedrentar, porque la nueva Constitución Política del Estado no contempla la figura de incautación y tampoco la expropiación.
Asimismo, el ex presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia dijo que no está de acuerdo con los actos separatistas ni con terrorismo, pero exige una investigación imparcial y profunda a fin de establecer la verdad de los hechos e identificar a los responsables.
“Lanzar amenazas antes de que concluya la investigación es un atentado contra la paz social”, opinó Mustafá.
Consultado sobre el tema, el director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa, Juan Javier Zeballos, dijo que el Gobierno utiliza los mismos mecanismos para amedrentar a los medios de comunicación para acabar con las críticas y la fiscalización que realizan los medios independientes. “Como siempre, se acusa sin pruebas”, señaló.
Costas descarta tener que declarar sobre La Torre
El prefecto Rubén Costas reconoció ayer que existió el denominado grupo ‘La Torre’ que, según la empresaria Kathy Rabzuck, se encargaba de recaudar dinero para financiar la campaña del movimiento autonomista.
Costas afirmó: “No tengo por qué presentar algún informe (sobre La Torre), soy la primera autoridad política del departamento por votación, el informe lo hago junto a las instituciones cruceñas en las reuniones que hemos mantenido en la Gobernación o en otras instituciones”.
La existencia de La Torre había sido reconocida, con anterioridad, por el ex presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña Carlos Pablo Klinsky. Ambas autoridades descartaron una posible relación de La Torre con afanes separatistas, como lo pretenden hacer ver desde el oficialismo.
En la jornada
– Dirigente. Mientras la Fiscalía anunció la posibilidad de imputar a Ignacio Villa Vargas, que fue considerado el ‘testigo clave’, el diputado masista César Navarro lamentó que algunos sectores no mencionaran que el hombre apodado ‘el viejo’ fue dirigente durante siete años de la Unión Juvenil Cruceñista.
– Evasivo. El presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Núñez, evitó ayer referirse a la supuesta célula terrorista que fue desarticulada hace más de un mes en la capital cruceña.
El Gobierno apunta a los ‘carapintadas’
El Gobierno sospecha que militares de ultraderecha argentinos conocidos como ‘cara- pintadas’ están escondidos en fundos rurales del este del país, informó el viceministro de Interior, Marcos Farfán.
La oficialista agencia de noticias ABI reveló que «la posible protección de los grupos separatistas a ex carapintadas es investigada por la Policía en el oriente boliviano».
Señaló además que «existen indicios de que estarían (ocultos) en varias haciendas» del oriente boliviano, propiedad de algunos adversarios del Gobierno.
El funcionario dijo que los puestos de Migración no tienen registrado el ingreso a territorio nacional de «esta gente que viene a realizar actividades separatistas, a contribuir a los grupos que tienen el interés de dividir a Bolivia».
Por su parte, sectores cruceños alertaron que el Gobierno comenzó a establecer un supuesto vínculo entre los denominados ‘carapintadas’ con un presunto grupo terroristas después de que una comisión de Uno América, dirigida por el venezolano Alejandro Peña Escluza, investigó la denominada ‘masacre de Pando’, ocurrida en septiembre del año pasado, y estableció responsabilidad de funcionarios del Gobierno en la muerte de campesinos y de trabajadores de la Prefectura pandina.
Terrorismo: Evo amenaza con confiscaciones
A MEDIOS DE COMUNICACIÓN
El presidente Evo Morales, ayer.
Por Redacción central | – Los Tiempos – 20/05/2009
El presidente Evo Morales anunció ayer la posible aprobación hoy en la reunión de gabinete de un decreto para confiscar los bienes de todos aquellos empresarios y medios de comunicación implicados con los grupos terroristas y actividades separatistas.
«Ya tenemos avanzado (el decreto)”, anunció Morales al ratificar que si «algún boliviano, algún empresario, algún medio de comunicación estaba aportando plata para esos grupos separatistas… sus bienes van a ser incautados».
Morales argumentó que «hay que defender la Patria», al hacer el anuncio, ayer, durante el acto de inauguración de la tercera fase del gasoducto Cochabamba-Carrasco, que se realizó en Sacaba (Cochabamba).
El Presidente dijo que el decreto se aprobará «posiblemente mañana» en la reunión habitual de gabinete, porque «existen algunos empresarios», sin citar nombres, que estarían financiando grupos irregulares «para dividir a la patria».
Agregó que conformar esos grupos «es una traición a la Patria».»No podemos permitir, nunca más, que algunas personas, algunos empresarios, puedan estar aportando para que venga gente del exterior a dividir Bolivia”, precisó Morales.
El pasado 16 de abril, en la ciudad de Santa Cruz, la Policía desarticuló un presunto grupo terrorista integrado por extranjeros.
En un operativo fueron abatidos a tiros tres de los supuestos mercenarios: Eduardo Rózsa Flores (boliviano con ciudadanía húngara y croata), Arpad Magyarosi (rumano de origen húngaro) y Michel Martin Dwyer (irlandés), mientras que otros dos fueron detenidos y actualmente están recluidos en el penal de San Pedro de La Paz.
Tras el operativo Rózsa apareció en una entrevista, realizada en 2008, en la que anuncia que viajará a Bolivia para ayudar en la «autodefensa» de Santa Cruz, incluso, en la proclama de la «independencia» de aquel departamento.
Según las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, a base de los testimonios recogidos de los implicados, este grupo fue articulado y era financiado por algunos empresarios, cívicos y políticos de Santa Cruz, entre los que se encontrarían el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, el ex presidente del Comité pro Santa Cruz Branko Marinkovic.
Ante esta supuesta relación, aún no constatada, el presidente Evo Morales hace algunas semanas, amenazó con la confiscación a favor del Estado de los bienes y patrimonio de aquellas personas que solventaban a este “grupo irregular”, para lo que anunció la preparación de un decreto.
Morales ayer dijo que dicho decreto está “muy avanzado” y que hoy, el mismo podría ser aprobado en la reunión del gabinete de ministros.
“Ahora nos damos cuenta cómo, antes, algunas personas gritaban independencia desde Cochabamba», dijo Morales en alusión al prefecto revocado de este departamento, Manfred Reyes Villa.
Para las autoridades gubernamentales detrás del presunto grupo terrorista desarticulado en la ciudad de Santa Cruz están los principales líderes de esa región quienes deben ser sancionados por eso.
Sospechan de protección a ‘carapintadas’
El Gobierno dijo ayer que tiene la sospecha de que los ex militares golpistas argentinos conocidos como «carapintadas», de cuya presencia en el país se presume, son protegidos por los grupos separatistas que en 2008 organizaron protestas antigubernamentales.
El viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, dijo que la policía investiga «la posible protección de los grupos separatistas a ex carapintadas» en varias haciendas del oriente boliviano. El funcionario señaló que estos ex militares tienen órdenes de aprehensión emitidas por la justicia ordinaria argentina, pero advirtió que si están implicados en operaciones sediciosas contra la seguridad interna de Bolivia, serán enjuiciados en este país, indicó ABI.
Según una publicación argentina, 11 ex «carapintadas» argentinos están supuestamente en el Beni en contacto con sectores opositores a Evo Morales.
El viceministro Farfán dijo que el presunto ingreso al país de este grupo no ha sido registrado en los reportes oficiales.