El Ministerio Público sospecha que están vinculados a la célula irregular.
En la la lista figuran Guido Nayar, el prefecto Costas, Marinkovic, dirigentes civicos de Santa Cruz y Beni, empresarios y otros.
Operativo: un policía muestra las armas incautadas ayer en Santa Cruz y que serán enviadas a La Paz
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La Prensa
Alberto Melgar, presidente del Comité Cívico del Beni, es el único no cruceño investigado por la UIF. Se busca saber si Eduardo Rózsa Flores tuvo cuentas a su nombre o bajo su alias Jorge Hurtado Flores.
La Fiscalía solicitó oficialmente a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) informes sobre el movimiento económico y las cuentas bancarias de 31 personalidades, autoridades y dirigentes de la institucionalidad cruceña.
La indagación es consecuencia de que unidades de élite de la Policía desarticularon un grupo irregular la madrugada del jueves 16 de abril en el hotel Las Américas de Santa Cruz.
En esa oportunidad murieron el boliviano-croata-húngaro Eduardo Rózsa Flores, el húngaro-rumano Árpád Magyarosi y el irlandés Micheal Dwyer, en tanto que sobrevivieron el rumano-húngaro Elöd Tóásó y el boliviano-croata Mario Tádic Astorga.
El Ministerio Público trata de localizar a los financiadores de la milicia compuesta en principio, según se confirmó ayer, por diez europeos, de quienes cinco no pueden ser encontrados.
Según la lista de la Fiscalía, a la que La Prensa tuvo acceso, el primero es Guido Nayar, presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) y primer vicepresidente del Comité pro Santa Cruz.
A continuación aparecen:
Francisco Cirbián, empresario y delegado del Consejo Departamental de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales de la Prefectura cruceña.
Edmundo Farah, arquitecto, oficial mayor de Planificación de la Alcaldía de Santa Cruz.
José Luis Quiroga es director de la empresa ITS, que distribuye la señal de televisión de paga en esa región.
David Sejas, ex presidente de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), grupo de choque del civismo de Santa Cruz.
Pedro Yovhío, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz.
Branko Marinkovic, empresario del ramo aceitero y past presidente del Comité Cívico.
Zvonko Matkovic, empresario ganadero y aceitero, ex presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), ex presidente de la Corporación Regional de Desarrollo de Santa Cruz (Cordecruz), ex presidente de la Feria Exposición de Santa Cruz (Fexpocruz), ex presidente del Comité pro Santa Cruz, ex senador y ex prefecto del departamento de Santa Cruz.
Mauricio Roca, empresario y presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).
Rubén Costas, prefecto de Santa Cruz, ex presidente del Comité Cívico y empresario.
Luis Alberto Hurtado Vaca, consejero de Vigilancia de la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (Cotas), uno de los presuntos financiadores de la milicia liderada por Rózsa.
Orlando Áñez, de quien no hay mayores referencias.
Lorgio Balcázar Arroyo, médico y ex gerente del Comité pro Santa Cruz, actualmente fuera del país. Es señalado como uno de los presuntos financiadores del grupo comandado por Rózsa.
Rolando Aguilera Gasser, presidente de la Academia Tahuichi Aguilera y actual secretario general de la Prefectura de Santa Cruz.
Jorge Rivero, ex concejal de Santa Cruz y actual vicepresidente del Concejo Municipal de Montero. Fue elegido por las listas del Movimiento Bolivia Libre (MBL). El único en lograrlo.
Hugo Salces, ex presidente de la Corte Superior de Justicia de Santa Cruz, ex presidente del Tribunal Agrario Nacional, ex magistrado del Consejo de la Judicatura y es un destacado jurisconsulto del país.
Alberto Melgar, presidente del Comité Cívico del Beni, el único líder regional no cruceño, con quien Rózsa se reunió en Trinidad, según la declaración de Ignacio Villa Vaca, el testigo “clave” de la Fiscalía.
Víctor Hugo Velasco, dirigente campesino y ex vicepresidente del Consejo Departamental de Educación de Santa Cruz.
Mauricio Iturri, activista cívico, considerado uno de los “duros”. Se autoexilió en Miami.
Martha Lazo, presidenta del Mecanismo Departamental de Control Social de Santa Cruz y dirigente de la Federación de Artesanos de Santa Cruz.
Sergio Antelo, activo militante del Movimiento Nación Camba, ex alcalde de Santa Cruz. El único arquitecto urbanista que administró la ciudad.
Lucio Áñez Rivera, general en retiro del Ejército, uno de los artífices del derrocamiento del dictador Luis García Meza, en agosto de 1981.
Juan Líder Paz Castro, presidente del Tribunal de Honor de Falange Socialista Boliviana.
Héctor Laguna Paniagua, funcionario de la CAO y vocal alterno en el Directorio de la Fundación Trópico Húmedo.
Mario Bruno León Hart, ex director de la Fundación Libertad y Democracia, una institución de corte liberal fundada en 1992 y que luchó activamente por la autonomía cruceña.
Hugo Antonio Achá Melgar, presidente de Human Rights Foundation Bolivia y analista.
Alejandro Melgar Pereyra, árbitro conciliador de la Cainco y representante de la CAO en el Directorio del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).
Juan Kudelka, gerente de Marketing de Industrias Oleaginosas (IOL), empresa perteneciente a la familia Marinkovic.
En la nómina figuran también Eduardo Rózsa Flores, el presunto sicario muerto el 16 de abril, y Jorge Hurtado Flores, uno de los alias del paramilitar.
Policía halla armas y detiene a 3 en Santa Cruz
Tres personas fueron detenidas ayer cerca de la casa del cardenal Julio Terrazas, en poder de armamento de grueso calibre que según la Policía es similar al que fue decomisado los miembros de la presunta célula terrorista encabezada por el boliviano- húngaro Eduardo Rózsa.
Según informes policiales, los individuos, al parecer, pretendían realizar una transacción del material bélico y establecieron que una de las armas pertenece a la misma familia de un subfusil Uzi calibre 9 milímetros hallado en el hotel Las Américas.
El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) cruceña, coronel Miguel González, confirmó que estas armas son similares a las encontradas tras el operativo de marras. Son de fabricación israelí, con serie 46074.
“Son un silenciador y dos cargadores que en esa oportunidad se recogió como evidencia, hoy tenemos la misma arma, el mismo maletín, el mismo silenciador y la misma serie de arma”.
González dijo que alrededor de las 11.00, en la avenida Beni, segundo anillo en la calle Seminario esquina Tajibos, fue interceptado Mario V.M. (23) portando un bolsón que contenía tres ametralladoras y dos pistolas automáticas.
A las seis horas, alrededor de 17.00, los policías detuvieron a Armando R.A. y José P., quienes por la mañana habían logrado huir.
Además de las armas, la Policía quitó a Mario V. 300 proyectiles de diverso calibre y cacerinas, entre otros elementos, que según los detenidos fueron encontrados en un lote baldío y que estaban siendo ofrecidos al Jefe de Personal de una empresa de seguridad privada.
Gueder y Mendoza están en casa
Los unionistas Alcides Mendoza Mazabi y Juan Carlos Gueder Bruno fueron trasladados a Santa Cruz de la Sierra, donde, por disposición del juez Álvaro Melgarejo, deberán cumplir arresto domiciliario por su vinculación con la presunta célula irregular liderada por el boliviano-croata-húngaro Eduardo Rózsa Flores.
Con esa finalidad, sus abogados Denver Pedraza y Raúl Corro presentaron dos memoriales a la juez Marcela Siles, quien conoce la causa, a fin de que conmine al Ministerio de Gobierno a designar custodios policiales para los imputados por el delito de terrorismo.
“Si son convocados para otras audiencias, mis defendidos estarán presentes en todo momento, ante cualquier llamado del Ministerio Público, pero no podemos quedarnos en La Paz, porque si no ¿quién paga los gastos de hoteles y alimentación?”, dijo Pedraza en el traslado de sus defendidos, quienes dejaron la Corte de Justicia a las 17.30 y partieron a su ciudad de origen a las 19.00.
Audiencias suspendidas
Dos audiencias de anticipo de prueba correspondientes al caso de presunto terrorismo fueron suspendidas ayer por la tarde por el Juzgado Sexto de Instrucción en lo Penal, porque ese despacho y el Ministerio Público no notificaron a los imputados Mario Tádic Astorga y Elöd Tóásó sobre ambos eventos judiciales.
La primera audiencia estaba prevista para comenzar a las 15.00, en la que debió presentarse computadoras, memorias flash, celulares y cámaras fotográficas para revelar indicios contra el presunto grupo irregular desbaratado el 16 de abril en el hotel Las Américas de la capital cruceña.
En el segundo acto programado para las 16.00, la Fiscalía debía presentar al “testigo clave”, Ignacio Villa Vargas, quien se recupera de un coma diabético, por lo que se encuentra muy delicado de salud y bajo custodia policial para resguardar su seguridad, puesto que él pudo haber entregado la grabación en la que se ve a los presuntos terroristas Eduardo Rózsa Flores (boliviano-croata-húngaro), Micheal Martin Dwyer (irlandés) y Árpád Magyarosi (húngaro-rumano) cuando se lamentaban en tono de broma no haber atacado la embarcación multipropósito de la Fuerza Naval que el 3 de abril acogió a autoridades de Gobierno, dirigentes y parlamentarios oficialistas.
Rigoberto Paredes, abogado defensor de Tóásó, informó que las dos audiencias se suspendieron porque los administradores de justicia no notificaron a su cliente ni a Tádic, quienes están detenidos preventivamente en la cárcel de San Pedro, y tampoco solicitaron el permiso para su traslado desde ese recinto al estrado judicial.
“Considero que es negligencia del Ministerio Público —apuntó Paredes— porque es el interesado en judicializar una prueba (testifical) y apertura de sobres. Ellos, como parte interesada, deberían haber precautelado que se hubiese notificado a todas las partes y que se hayan obtenido los permisos correspondientes para salir”.
Denver Pedraza, abogado de los unionistas cruceños Alcides Mendoza Mazabi y Juan Carlos Gueder Bruno, quienes deben guardar detención domiciliaria, indicó que la primera audiencia se suspendió porque así lo pidió la Fiscalía, pues no había un perito en informática para el manipuleo de los equipos electrónicos.
El asesor jurídico del Ministerio de Gobierno, Danis Rodas, quien es parte coadyuvante en este proceso, observó a la juez Marcela Siles y al fiscal de la causa, Marcelo Soza, por no cursar las notificaciones a todas las partes para el desarrollo de estos actos judiciales.
Fiscal Soza anuncia demanda contra Guiteras y PAT
El fiscal Marcelo Soza, director de la investigación del caso de terrorismo, demandará al senador Wálter Guiteras y a la red PAT por difamación.
En los últimos días, el parlamentario dio a conocer por distintos medios de comunicación denuncias en torno a procesos que involucrarían al Fiscal por la comisión de los delitos de violación y estafa.
Soza rompió el silencio ayer por la mañana sólo para defenderse y dio detalles sobre el avance de las investigaciones de terrorismo.
“Esta información (de violación y estafa), creo que está siendo manejada por el senador Guiteras, voy a tener que tomar acciones contra esta persona y, gracias a Dios, como no tiene inmunidad, va a tener que responder ante la justicia. Mi persona no puede ser mellada de esa forma”.
El Fiscal aclaró: “No sé de dónde sacan la denuncia de violación, yo nunca he vivido en Santa Cruz, donde se habría suscitado el hecho hace cinco años. También me han vinculado con temas de estafa, yo nunca tuve ningún problema de esa naturaleza”.
Calificó como irresponsables a los medios de comunicación que publicaron sobre esa “denuncia sin fundamento”.
“Considero que es una guerra mediática, porque seguramente quieren desviar la atención de esta investigación (sobre terrorismo). Hay gente que está preocupada y sabe indirectamente que está involucrada y lo que les interesa es separar al fiscal Soza para que no continúe investigando este tema”.
El representante del Ministerio Público informó que tiene un recorrido “limpio” en su carrera. Es fiscal desde 2004, después de haber cumplido funciones en los juzgados y ser docente en materias de Derecho en varias universidades de la ciudad de La Paz.
Por su trabajo en este caso, el Fiscal dijo que recibió amenazas.
Venezolanos en Santa Cruz
Los militares venezolanos Daniel Sánchez, Alivio Ortega, José Román Garrido y Jesús Ordaz Landaeta se hospedaron en el tercer piso del hotel Las Américas entre el lunes 13 y el miércoles 15 de abril. Ellos abandonaron ese centro de hospedaje horas antes del operativo policial que acabó con la vida de tres presuntos mercenarios.
El jefe de la Casa Militar del Palacio Quemado, general Ramiro Orellana, explicó que la presencia del contingente fue resultado de una casualidad y que nada tuvieron que ver con la acción.
El jefe militar añadió que trasladaron a técnicos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y PDVSA para estudiar campos hidrocarburíferos en Santa Cruz, por lo que nada hicieron con los presuntos terroristas.
Aparecen tres húngaros más
Tibor Revesz, Nagy Tamás Lajos (húngaros) e Ivan Pistovcák (eslovaco) permanecieron con Eduardo Rózsa Flores en el hotel Asturias de Santa Cruz entre el 10 de diciembre y el 9 de enero, según el diputado Peter Maldonado, de Unidad Nacional, mientras que Luis Alberto Hurtado Vaca pagó por su hospedaje.
Con ellos, la célula liderada por Rózsa, muerto la madrugada del 16 de abril, contaba con diez hombres, de quienes cinco no pueden ser encontrados: los tres que salieron del país y los también húngaros Daniel Gaspar y Gabor Dudog.
Revesz fundó en 2002 la Legión Secuiesti, una organización de ultraderecha.
Árpád Magyarosi, fallecido junto con Rózsa, fue fundador de esa agrupación. Elöd Tóásó, según el sitio de internet Stirile OTV, se les unió.
Una legión ultraderechista
Micheal Dwyer llegó a Bolivia a fines de octubre en compañía del húngaro Tibor Revesz.
Tibor Revesz se consideraba a sí mismo como el Comandante Supremo e ideólogo de una logia.
El mercenario húngaro fue campeón militar de judo y subcampeón nacional de su país.
Además, posee el grado de cuarto dan en kung fu. Es militar retirado del Ejército magiar.
La Logia Secuiesti actúa en la región rumana de Szekely, habitada por etnias húngaras.
Una parte de esa región propugna el separatismo de Rumania para anexarse a Hungría.