Sin duda estamos viviendo un periodo en el que la guerra que se entabla entre dos sistemas ideológicos ha generado una polarización inevitable en la que se alinean diferentes frentes y ejércitos que se colocan de un lado y de otro, situación de la que no está exenta la prensa y los periodistas que cumplen con la labor de informar o desinformar a la población.
Editorial La Estrella del Oriente – Centa Reck
Todos estamos expuestos a una guerra que no es fría sino muy caliente y en la que entran a ser parte del ejército periodistas y comunicadores que han convertido la pluma y la voz en un arma más, un arma que toma los medios de comunicación como el lugar desde el que se disparan los proyectiles tratando de dar en el blanco y de ganar almas e indulgencias para Dios o para el Diablo.
No podemos por tanto negar que existe una guerra que se libra en los medios de comunicación como espacios en donde se posicionan los enemigos o amigos del régimen que se intenta consolidar y donde se desvirtúan a los que son contrarios o no adeptos a la ideología en proceso de consolidación.
En este sentido, en Bolivia algunos medios de comunicación, más específicamente algunos periodistas, reciben hoy la fuerte influencia del diario Página 12, que está dirigido por Horacio Verbitsky, quien fue catalogado en su momento como terrorista y a quien en sus años de lucha se lo conocía como “Alberto”, “Salazar” y “El Perro” y de quien se dice que fue uno de los máximos responsables del aparato de inteligencia de la organización “Montoneros”, quienes libraron una guerra interna con el Ejército argentino en la década del 70. La guerra fue cruel y despiadada como toda guerra y por supuesto ha dejado profundas heridas en el alma de los pueblos que la padecieron y que hoy desgraciadamente vuelve a reeditarse pero en sentido contrario, los antes terroristas son hoy oficialistas y los otros, los que ahora se oponen a reeditar un sistema en el que se renuevan los odios y venganzas son tildados por terroristas. La eterna rueda de la vida entre perseguidos que se transforman en perseguidores y viceversa, como los “perros” que siguen persiguiéndose su propia cola como si se tratara de un monstruoso y descomunal enemigo.
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Pues bien, a Verbitsky se lo sindica de muchos actos terroristas cometidos dentro de esa guerra cruel, como el estallido del comedor de Seguridad Federal, muerte de civiles inocentes al estallar un ómnibus, etc, pero no es menos cierto que del lado contrario también se cometieron crímenes horrendos que no se justifican ni se justificarán nunca. Entre otras cosas Verbitsky fue un crítico severo de la Ley de Punto Final -propuesta por el gobierno de Raúl Alfonsín- señalando que la misma consagraría “la impunidad de militares por violaciones a los derechos humanos” (1986); posición que algunos le critican aludiendo que también él y otras personas catalogadas entonces como terroristas consiguieron a su vez la impunidad para los actos delictivos que desarrollaron durante los años Setenta como consecuencia de la prescripción de las causas dispuesta por esa ley, razón por la que también quedaron exentos de ser juzgados por los crímenes que también cometieron en aquella época signada por el terror, la violencia y la guerra fratricida.
En 1987 Verbitsky promovió una acción judicial que implantó la censura previa en el país. Se habla en este sentido de la complicidad del juez Martín Irurzun y del Eduardo Jozami, quien en ese momento era dirigente de la UTPBA (Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires), todos quienes impidieron que cinco diarios de la Capital Federal publicaran una solicitada cuyo texto le disgustó a Verbitsky.
En la Presidencia de Raul Alfonsín, se planteó que Página/12” sabía de antemano que se daría el enfrentamiento de La Tablada (1989), pues la máxima dirigencia del MTP escribía columnas en ese diario y que incluso dos de los denominados terroristas que intervinieron en el ataque eran empleados del diario.
También se ha cuestionado que Verbistsky haya criticado duramente a los argentinos calificándolos de “vaciamiento”, al haber sacado legítimamente su dinero del país ante los severos daños que sufrió el derecho de propiedad con la confiscación forzosa de depósitos. Pero a él mismo se lo acusa de haber sido el encargado de sacar de la Argentina 54 de los 60 millones de dólares producto del pago del rescate por el secuestro de los hermanos Born, situación que se dio en los Años 70’ y en la que se dice que Verbitsky utilizó valija diplomática -libre de control aduanero- de la embajada de Cuba en Buenos Aires. Y los sacó de a fajos de 5 millones.
Estas explicaciones sirven para ver que el director de Página/12 tiene una trayectoria ideológica-política que ahora trabaja aportando a consolidar regímenes en América Latina que respondan a este sistema. Eso no sería tampoco cuestionable si no se estuvieran cometiendo los mismos, errores, las mismas persecuciones políticas y las mismas vulneraciones de derecho que antes se cometieron. Lo cuestionable es que ahora se pretenda criminalizar a todo pensamiento cuestionador o disidente de esta forma de querer implantar regímenes que no admiten el pluralismo de ideas y que consideran a todo opositor como un enemigo al que hay que destruir, encarcelar y perseguir irremediablemente.
Desgraciadamente, Página/12 ligado también a Mattarollo, quien elaboró el cuestionado informe de Pando, está desplegando una fuerte campaña de incriminación a sus antiguos y actuales enemigos “Carapintadas”, que en esa sorprendente circularidad de la vida ahora defienden los derechos humanos vulnerados por los regímenes establecidos de los que antes fueron perseguidos y hoy se han transformado en perseguidores.
Esta campaña se está presentificando en los medios de prensa boliviana, en los que se identifican diferentes operadores amigos o ligados a Verbistsky o a Página/12, ya sea por simpatía, por necesidad de navegar con la corriente o por adscripción ideológica, pero es indudable que importantes diarios están reproduciendo estas opiniones que no están exentas de un interés político y una guerra ideológica que está en marcha y en la que el opositor tiene que ser identificado y criminalizado o matado incluso con el arma de “la letra”, la pluma o la voz.
En este contexto tuve la amarga experiencia de entablar una conversación que me dejó muy preocupada al respecto por el grado de intolerancia y por la carga de agresividad con la que mi interlocutor Carlos Morales Peña, Jefe de Redacción del diario La Prensa, se refirió a todo aquel que hubiera cubierto la conferencia de Prensa o hubiera tomado algún contacto con el señor Jorge Mones, sindicado de Carapintada y por lo tanto enemigo de los otrora denominados terroristas que hoy son oficialistas y tienen el aparato del poder y los gobiernos en sus manos.
El señor Carlos Morales, se expresó abiertamente de que haría un “seguimiento” a todos los que hubieran estado en contacto con el señor Mones y que incluso había hablado con el presidente de la Federación de La Prensa de Santa Cruz, Hernán Cabrera, reclamándole porqué un “carapintada” había dado una conferencia dentro de la sala de prensa que tiene la Federación en instalaciones de la Prefectura. Yo le objeté que esta no era una actitud propia de un periodista, que debe considerar el pluralismo de las ideas y los procesos sociales de las que tenemos claras pruebas que son circulares y que en ese contexto Mattarollo tampoco debió dar entonces una conferencia de prensa o se debería “procesar” o sindicar a los periodistas que hubieran ido a escucharlo, a lo que me respondió que él había venido invitado por un gobierno constituido “democráticamente” y esto ya me pareció un acto sesgado, francamente inclinado a crear enemigos opositores, lo que no condice con el papel de la prensa, donde puede haber una inclinación ideológica pero no una incriminación inquisitorial del opositor tratando de llevarlo a la hoguera o a hacerlo objeto de escarnio o ajusticiamiento social y quien no dice incluso penal, dadas como están las condiciones que hoy imperan en el país donde cualquiera puede ser inculpado de “terrorismo” a simple sospecha.
De todo esto podemos deducir, que incluso en prestigiosos medios que hoy luchan encarnecidamente por la vigencia y el respeto de las libertades en general y en especial de la libertad de expresión, están penetrados por seres oscuros, con ideas atrabiliarias, dispuestos a criminalizar a los que ahora son considerados opositores.
Hago un llamado a las organizaciones encargadas de precautelar el respeto a las libertades y los derechos humanos para que no se permita que prosperen este tipo de atropellos y de actitudes francamente inquisitoriales que están incubándose desde el interior mismo de medios de comunicación que invocan por la vigencia de libertades y que en este momento incluso extrañamente el mismo diario La Prensa, incluso está recibiendo una especie de ajusticiamiento por haber informado sobre aspectos que han desatado la ira inquisitorial del poder vigente en Bolivia.
Hago un llamado de alerta a el papel que pretenden cumplir algunos periodistas transformados en inquisidores policiacos, que por responder a una línea ideológica, están saliéndose de los márgenes en los que debe ser tratada la oposición o la supuesta disidencia de ideas. La contienda debe ser limpia, sin incriminaciones prejuiciosas, sin usar falsas acusaciones, sin entrar en las intrigas y aquello que es parte del manual de los regímenes autoritarios que recomiendan que se infame y se sindique que de todos modos algo quedará.
Las letras son armas tan letales como una pistola, tienen balas que destruyen, son altamente eficaces para asesinar y luego lavarse las manos haciendo de cuenta que se ha cumplido una labor periodística, por eso también hay que considerar que los “crímenes y ajusticiamientos” que cometen quienes usan esta arma deben ser considerados en su real magnitud.
Elevaré formalmente esta queja y llamado de alerta a la SIP y otras organizaciones internacionales que trabajan en resguardo de los derechos y libertades de comunicadores y defensores de derechos humanos que son blanco de injustas sindicaciones y de acciones que buscan incriminarlos para apartarlos de su papel de defensa de derechos y libertades.