Posesionan a seis autoridades de Fiscalización y Control Social que reemplazan a superintendentes

La Paz, 7 mayo (ABI).- El Gobierno posesionó el jueves a seis directores ejecutivos de Fiscalización y Control Social que reemplazan a los superintendentes sectoriales que cesaron en sus funciones desde la fecha.

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    En un acto realizado en el presidencial Palacio Quemado juramentaron como directores ejecutivos Oscar Javier Lijerón, de Fiscalización y Control Social de Pensiones; Mario Alberto Sapiencia Arrieta, de Telecomunicación y Transporte; Oscar Guido Cámara Amaya, de Empresas y Nelson Caballero Vargas, de Electricidad.



    Ernesto Rivero Villarroel juramentó como Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y Constantino Escóbar Alcón como Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera.

    En la ceremonia, que se cumplió en el presidencial Palacio Quemado, el presidente Evo Morales les pidió a las flamantes autoridades de fiscalización y regulación y a todos los funcionarios públicos, trabajar con profundo «compromiso social, ideológico, programático, no solo con Evo, sino con el pueblo».

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    «El Gobierno no necesita un simple empleado público, necesitamos revolucionarios», sentenció.

    Morales justificó la sustitución de las superintendencias que tenían la misión de regular varios servicios, por las direcciones de fiscalización y regulación, porque con estos cambios se «cumplen las grandes reivindicaciones y luchas contra esas estructuras que defendían los intereses de algunos privados y no del pueblo boliviano».

    Oscar Cámara, en representación de las nuevas autoridades del Ejecutivo aseguró que «se convertirían en verdaderos vigilantes de la transformación de la patria» y reconoció que sus cargos tienen una importancia vital para el proceso de cambio.

    Las nuevas direcciones ejecutivas de regulación y fiscalización dependerán de los ministerios del ramo y extinguen a las superintendencias sectoriales.

    El ministro de Planificación del desarrollo, Noel Aguirre, señaló que las flamantes autoridades evaluarán a todos los funcionarios que dependían de las superintendencias y de acuerdo a sus nuevos organigramas y necesidades, serán contratados.