Este criminal modo de actuar, que pretende ser cubierto con el manto de la justicia comunitaria, no es otra cosa que la expresión de un matonaje político, abusivo y prepotente…
Editorial La Prensa
¿Llegará el momento en que los bolivianos tengamos que pensar y actuar igual, todos del mismo modo, todos en consonancia con el poder constituido, donde no existan discrepancias sobre lo que dice o hace el poder público?
Después de los acontecimientos que hemos vivido recientemente, aquellos que nos han trasladado a la época de las cavernas o de la barbarie, parece que todos estaremos obligados a no cuestionar y a no oponernos a lo que hacen o piensan los poderosos de turno, porque de lo contrario sufriríamos la furia desenfrenada de quienes se creen dueños absolutos de la verdad.
Los actos de violencia salvaje cometidos en el marco de una supuesta justicia comunitaria contra la presunta corrupción, como fue el caso de Ayo Ayo en 2004, cuando el alcalde Benjamín Altamirano fue secuestrado, torturado y quemado; o contra la delincuencia común, representada por las 11 personas quemadas con gasolina en Achacachi, de las que dos resultaron muertas, derivaron recientemente en actitudes de venganza contra quienes piensan políticamente de distinta manera a la de los movimientos campesinos oficialistas y que escudan su cobarde accionar en la mal llamada justicia comunitaria, cuando en el fondo se trata de brutales intentos de asesinato.
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Ése es el caso del ataque a la casa del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, en Huatajata, a orillas del lago Titicaca, cuando los campesinos de esa zona altiplánica estuvieron a punto de linchar a la esposa y los hijos del ex Segundo Mandatario, a los que finalmente sacaron a empujones y puntapiés, confiscando su propiedad, negándose a devolverla y sin que alguna autoridad haga respetar el derecho a la propiedad privada y los derechos humanos.
El más reciente fue el caso del ex dirigente campesino de las tierras bajas del oriente Marcial Fabricano, flagelado por dirigentes indígenas que no aceptaron que el líder de la marcha por la tierra y por la vida hubiera decidido pasar a la oposición, como si fuera un delito. Este criminal modo de actuar, que pretende ser cubierto con el manto de la justicia comunitaria, no es otra cosa que la expresión de un matonaje político, abusivo y prepotente de quienes no admiten que alguien abrace ideologías políticas diferentes a las que impone el Gobierno.
Estas actitudes están muy alejadas de la verdadera justicia comunitaria y en contra de las libertades y los derechos humanos que garantiza la nueva Constitución Política del Estado, al sostener que nadie puede ser sometido a torturas, ni perseguido por sus ideas, y que todos los bolivianos tienen derecho a la libertad de expresión y de pensamiento.
Por otro lado, le hacen un flaquísimo favor al Gobierno que, a través de algunos de sus funcionarios, trata de justificar lo injustificable para evitar que los autores de estos delitos sean sometidos a procesos judiciales por intento de asesinato.
Finalmente, enlodan la imagen del país en el exterior, donde seguramente se nos ve como una nación de bárbaros y salvajes.