“Están en riesgo las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Perú”, afirmó Evo Morales pero, como de costumbre estamos ante la duda de si sabe realmente lo que dijo y ha sopesado adecuadamente las implicaciones de esta frase o simplemente la lanzó como quien comenta el estado del tiempo.
Ocurre que nunca es posible saber con certeza cuando una afirmación del Presidente es producto de una evaluación serena de una situación determinada o cuando es nada más que una expresión hepática y por tanto debemos estar siempre prevenidos.
En el caso que nos ocupa parece que el hígado ha tenido mucho que ver en las afirmaciones que el mandatario hizo. De otra forma no se puede entender que se ponga en entredicho de una forma tan desaprensiva las tradicionalmente buenas relaciones existentes entre Bolivia y Perú.
En el lenguaje diplomático, tan plagado de sutilezas, la afirmación de Evo significa, nada más y nada menos que una amenaza de rompimiento de relaciones y es dudoso que el presidente haya evaluado las consecuencias de una medida de este tipo.
El asilo y el refugio son dos instituciones esenciales del Derecho Internacional y son reconocidos y respetados por todas las naciones, muy especialmente por las latinoamericanas debido a las características muy peculiares de nuestra historia política.
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A Evo le ha molestado mucho que el vecino país conceda asilo a uno de los ministros de Goni y haya reconocido el estatus de refugiados a otros dos. Dentro de su egolatría que tanto le incentivan sus cortesanos ha llegado al extremo de creerse poseedor de la verdad absoluta y considera que puede dar normas y pautas de comportamiento a todos. El decide que es bueno y que es malo. Se ha auto atribuido el don de la infalibilidad.
Consideró, por ejemplo, muy pertinente que la justicia boliviana rechace el pedido de extradición que hizo el gobierno peruano contra su asesor en comunicación, Walter Chávez, quien tiene una condena por vinculaciones con el terrorismo. De igual forma no hizo nada para impedir que Ángel Acosta Centurión y Blas Concepción Franco Aquino, acusados del secuestro y muerte de Cecilia Cubas, hija del ex vicepresidente paraguayo Raúl Cubas, fugaran cuando se encontraban en calidad de refugiados en Bolivia. Es más, se comenta que dicha fuga fue facilitada por la entonces ministra de Gobierno, Alicia Muñoz.
Sucede que en el Derecho Internacional, el gobierno de un determinado país tiene la atribución de decidir a quien concede asilo o refugio y a quien no. A Perú y Paraguay ciertamente no les cayó bien la decisión de la justicia boliviana y la actitud del gobierno de Evo Morales pero tuvieron que aceptarlas, no hicieron comentarios destemplados ni lanzaron acusaciones fuera de lugar.
Pero cuando el gobierno peruano toma una decisión soberana, Evo se rasga las vestiduras y gime lastimeramente. No se percata de que la actitud asumida por los ex ministros de Goni se debe a que gracias a las medidas que esta asumiendo para descabezar la justicia, ningún boliviano tiene garantías para un debido proceso, pero prefiere, muy a su estilo, echar las culpas a otros.
Que las circunstancias en que se produjeron los luctuosos hechos de octubre de 2003 deben ser debidamente aclaradas y los responsables, de uno y de otro lado, sancionados, es muy cierto. Se trata de una necesidad histórica. Pero que Evo pretenda erigirse en el rector de las decisiones de los gobiernos y presidentes de otros países definitivamente no es pertinente.
“El respeto al derecho ajeno es la paz” decía el prócer mejicano Benito Juárez, el primer presidente indígena en el continente, quien dejó a todos los latinoamericanos un legado de tolerancia y humildad. Evo haría muy bien en recoger este legado.