Centa Reck
Evo Morales y su partido siguen arremetiendo y han logrado en corto tiempo varios golpes certeros a la institucionalidad, la legalidad, los derechos humanos y por ende a la democracia.
De manera paralela ha conseguido acorralar al poder judicial suspendiendo en sus funciones al presidente de la Corte Suprema de Justicia, bajo el pretexto de retardación de justicia y al mismo tiempo ha tomado al departamento de Santa Cruz militarizando las provincias a título de sindicaciones de terrorismo en un caso harto controvertido en el que se ha manoseado al ministerio público, las pruebas, las pericias y los testigos.
Esto es reprochable por cierto, pero más reprochable es la actitud que están tomando algunos sectores dirigenciales que viendo a la sociedad agredida no alcanza a tomar una posición de protesta ni de defensa ante tanto abuso y atropello.
¿Será que el miedo da para tanto?, nos preguntamos viendo el actual fenómeno en el que se encuentra inmersa nuestra sociedad, que está expuesta a una reiterada violación del Estado de Derecho, viendo el derrumbe de sus instituciones, entre ellas la de justicia y además con nuestro departamento sindicado de haber cometido terrorismo, o más precisamente sedición y traición a la patria como se empeña en demostrarlo el gobierno pese a los tropiezos de sus investigaciones, que a cada paso caen en un pozo de fango, a tal punto que la policía se ha visto obligada a entregar pruebas acompañadas de una solicitada en la que amenaza que quien las contradiga será sindicado y sujeto a proceso.
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El clima que se vive es francamente hostil y con acciones en las que el gobierno lleva la delantera en una persecución implacable contra sus opositores. En este clima es imposible suponer que se lleve a cabo cualquier proceso eleccionario, no es posible imaginar que en las presentes condiciones se pueda realizar una contienda electoral, pues una lid electoralista supone que exista un ambiente en el que se libre una batalla política y no una guerra interna propiamente dicha como la que está ocurriendo en el momento presente.
Nos atreveríamos a decir que el gobierno ha desatado una verdadera guerra intestina, en la que conquista territorios, toma rehenes, sindica y apresa a personas sin pruebas, instalando un verdadero control político a la par que destruye todo resquicio de democracia.
Es increíble que muchas voces sigan embargadas, mientras las mujeres se atreven a levantar su voz de protesta, exponen su frustración y demandan justicia, plantenado que no se puede aceptar tanto atropello, ni se pueden seguir tomando como normales las estrategias violentas y persecutorias de la que la ciudadanía y en especial los habitantes de Santa Cruz son objeto.
En el colmo de la pasividad, de la permisividad que raya en el entreguismo escuchamos varias declaraciones del prefecto del departamento que nos llaman profundamente la atención por la actitud con la que tiende a normalizar todo lo que viene del gobierno y criminalizar todo lo que viene de los que protestan dentro del departamento por los atropellos recibidos.
Por un lado el prefecto viene planteando hace mucho tiempo que los ciudadanos que se muestran firmes en la defensa del departamento son extremistas, los ha sindicado en reiteradas y continuas ocasiones de radicales de derecha, lo que ha provocado el efecto de que desde su dirigencia se establezca una división en las filas de defensores de la democracia y las autonomías, planteando que hay radicales de derecha, algo que se constituye en un error político y un acto que produce y desencadena de por sí un cisma en la sociedad. Lo curioso es que sea el prefecto quien haya iniciado esta acusación, antes que defender a los y las luchadoras por una autonomía verdadera.
Creemos que estos errores en los que se maximizan errores internos o posiciones discordantes internas y se minimizan las amenazas que vienen desde el gobierno, como se constituye el decir por ejemplo que no nos debemos asustar ni alarmar por el ingreso masivo de tropas militares y decir que los militares serán bien recibidos, es algo que no se puede entender dentro de una lógica de contención de la población y de defensa de la integridad de nuestro territorio departamental y de los derechos y garantías con las que debemos contar para vivir dentro del país.
No podemos dejar de observar estas situaciones y plantear que sentimos que la gente se ha comenzado a cansar de tanto yugo, de tanto calmante, de tanta morfina. Nadie quiere violencia, pero no basta ir a visitar a Fabricano después que ha sido apaleado, esa y otras prácticas violentas ya son una amenaza que pende sobre las cabezas de todos. Entonces, creemos que es hora de mirar el bosque y no el árbol. No es lógico ver con pelos y señales y armar tantas tontas e ingratas contiendas con supuestos enemigos internos, sin responder ni un ápice a las amenazas que son realmente amenazas y que sin embargo se las trata como si no existieran, negándolas, haciéndolas ver como nimias y sin sentido.
Cuando se plantea que el pueblo tiene que estar unido, en realidad son los dirigentes los que pueden mantenerlo unido o no. Son las acciones justas o injustas de los dirigentes las que unen o desunen los pueblos. Esto no está en manos del pueblo, es consecuencia de políticas, de gestiones, de acciones que bajan desde sus dirigentes. Lo otro, pedirle al pueblo que no se desuna, cuando está descontento, es un método de lavado cerebral, una forma de poner a la víctima en victimario que en psicología se conoce como manipulación de masas y que nunca lleva a nada bueno ni a que se practique una verdadera justicia social ni una real defensa de los derechos de los ciudadanos.
Es hora de que nos mostremos claros y no seguir emborrachando la perdiz.