La discriminación, el racismo y la xenofobia que están alentando algunos dirigentes y militantes del gobernante Movimiento Al Socialismo y también algunos grupos radicales de derecha, son motivo de preocupación y repudio internacional, más aún por las agresiones que se vienen dando en contra de los grupos minoritarios como los indígenas y también aquellos pobladores del agro que no comparten criterios del partido de gobierno ni de la administración gubernamental del presidente Evo Morales Aima.
Editorial El Diario
La política racista y discriminatoria que ejecuta el gobierno masista ha traspasado las fronteras, lo que motiva la condena a esa forma de actuar de quienes se creen con derecho a defenestrar y acabar con quienes se oponen al actual Gobierno.
Mientras tanto el Primer Mandatario se dedica a buscar una confrontación con su homólogo peruano Alan García, por haber concedido asilo político a tres ex ministros de Gonzalo Sánchez de Lozada, aunque en el país son cometidas atrocidades a las que no se refiere, por la simple razón de que sus autores son militantes del partido que jefaturiza o afines a su régimen. Además el gobierno masista pretende sacar rédito de sus enfrentamientos externos, como con los ataques e insultos al Presidente de un país vecino o con el pedido de destitución del Secretario General de la Comunidad Andina de Naciones, porque no da curso a los planteamientos y observaciones de la delegación boliviana, aunque tales exigencias son rechazadas por los otros miembros de la CAN, que son Colombia, Ecuador y Perú, que apoyan a dicha autoridad cuestionada. Esta forma de actuar demuestra que el Gobierno no tiene una política de relaciones y comercio internacional. Además que muchos funcionarios encargados de esas tareas son improvisados y no el personal de carrera que se requiere.
En cuanto al repudio a los casos de racismo y discriminación, el representante para Bolivia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recomendó al Gobierno luchar contra toda manifestación de racismo, así como pidió al Poder Legislativo que emita en el menor tiempo posible la ley que sancione como delito penal las acciones discriminatorias. Ese repudio y las observaciones tienen que ser tomados muy en cuenta por los responsables de la administración gubernamental, porque tales abusos trasponen nuestras fronteras y afectan la imagen no sólo de Bolivia, sino fundamentalmente del Gobierno de Morales Aima y de su partido.
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Es también importante destacar que el Alto Comisionado de la ONU reconoce que en Bolivia existen avances significativos en la lucha contra el racismo desde el año 1990, cuando son reconocidos los derechos que tienen los pueblos indígenas y los originarios, tratando de acabar con la exclusión social. Un avance innegable es la elección como Presidente de Bolivia de un indígena, como es el caso de Evo Morales Aima. Otro elemento destacable es que Bolivia es el primer país que elevó a rango de ley las declaraciones de los pueblos indígenas emitidas por las Naciones Unidas. Son aspectos que deben ser considerados por los gobernantes y legisladores, para continuar aprobando la normativa que sancione el racismo y la discriminación, porque afectan a la convivencia pacífica de los pueblos.
Personas racistas propician la violencia, recurriendo a discursos encendidos en contra de determinados grupos sociales, lo que tiene que ser frenado y erradicado más aún si esa gente se encuentra en funciones de gobierno. También algunas autoridades justifican la violencia ejercitada por los discriminadores. Estas acciones se dan con mayor fuerza y frecuencia desde que el actual Primer Mandatario asumió el mando de la Nación, constituyéndose en uno de los principales alentadores, sobre todo en foros internacionales, donde no reflexiona antes de hacer denuncias en contra de los llamados “blancoides”, “kharas” y “separatistas”, entre algunos apelativos.
Pero el racismo y la discriminación también son ejercitados por desalmados, como ocurrió en la Capital de la República, donde algunos campesinos fueron humillados por haber participado en una concentración a favor del gobierno del MAS, o los enfrentamientos entre fracciones de indígenas y campesinos en la ciudad de Cochabamba, por asuntos racistas y étnicos. Lo grave de este asunto es que muchas autoridades del Ejecutivo promueven esas confrontaciones.
El racismo, la discriminación y las salvajes agresiones a dirigentes y gente ajena al MAS, están devaluando la imagen del Gobierno y sobre todo la del presidente Morales Aima, porque esas acciones son atentados a la libertad de las personas, por lo que instituciones tanto extranjeras como nacionales las repudian. Lo raro es que las autoridades poco dicen sobre esos excesos, por el contrario, algunos diputados y viceministros justifican y alientan la violencia con la que actúa gente oficialista. Lo cierto es que la popularidad del Jefe de Estado está cayendo por esos excesos y la falta de sanciones a los responsables de tales actos.