Cívicos se declaran en emergencia. El Gobierno anuncia que el decreto de confiscación de bienes se parecerá a la Ley 1008.
Directorio. El Comité pro Santa Cruz se reunió anoche de emergencia y rechazó las acusaciones contra sus dirigentes (El Deber)
Las organizaciones cruceñas cierran filas en torno a sus líderes acusados en el caso Rózsa
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LA RAZÓN
En Tarija se realiza hoy una reunión de cívicos. El Gobierno anuncia que el decreto de confiscación de bienes se parecerá a la Ley 1008.
A 24 horas de que la Fiscalía vinculara a líderes cruceños con el grupo liderado por Eduardo Rózsa, organizaciones e instituciones de Santa Cruz se reunieron ayer y se declararon en “estado de emergencia”, y amenazaron con movilizaciones y acciones en defensa de los derechos humanos de sus líderes acusados.
Luego de más de dos horas de deliberaciones, el presidente del Comité Cívico, Luis Núñez, informó de las decisiones tomadas con la participación de representantes de las instituciones, que tienen a sus líderes identificados —por la Fiscalía— con vinculaciones con el grupo de Rózsa.
“Condenar la actitud del Gobierno nacional de amedrentar a los líderes autonomistas del país, con este complot absurdo en base a declaraciones de individuos con largo prontuario delictivo y con sospechosos acuerdos de cooperación en las presuntas investigaciones”, señala el comunicado.
Un día antes, el fiscal Marcelo Sosa informó que el prefecto Rubén Costas, el ex cívico Branko Marinkovic; los líderes de los ganaderos, Guido Nayar, y de los agropecuarios, Mauricio Roca, además del presidente de los empresarios, Pedro Yovio, entre otras personalidades, fueron identificados como posibles nexos del grupo de Rózsa.
El testigo “clave”, Ignacio Villa Vargas —conocido como El Viejo y “soplón” del grupo—, y los acusados de proveedores de armas a Rózsa, Juan Carlos Gueder y Alcides Mendoza, mencionaron, según Sosa, los nombres de la élite política, cívica y empresarial.
Las organizaciones e instituciones cruceñas cuestionaron esta acusación y anunciaron movilizaciones de defensa de sus líderes, de presentarse el caso.
“Declarar el estado de emergencia y movilización general de todas las instituciones afiliadas al Comité Pro Santa Cruz”, se indica.
Aunque no participaron sus principales ejecutivos, en la reunión estuvieron representantes de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Cámara de Exportadores (Cadex) y de la Cámara de Industria y Comercio (Cainco). También participó la Unión Juvenil Cruceñista, la Central Obrera Departamental (COD) y juntas vecinales.
En el ámbito legal, se decidió formar un “Consejo de Defensa de los Derechos Humanos” que tendrá como principal tarea defender, precisamente, los derechos humanos de los acusados en el caso Rózsa, aunque también, se añade, “de todos los bolivianos que sean víctimas del acoso del Gobierno”.
El Consejo estará integrado por personalidades destacadas como Alcides Parejas Moreno, Isabel Saavedra, Isaac Sandóval, Orlando Roca Aguilera y otros.
“Son grandes juristas que de alguna manera van a defender los derechos humanos y mañana (hoy) se desarrollará su primera reunión de coordinación”, explicó Núñez al final de la conferencia.
Por su parte, el vicepresidente cívico, Nicolás Rivera, detalló que la comisión diseñará una estrategia jurídica y establecerá los procedimientos y pasos procesales “para que todos los ciudadanos podamos llegar a los estrados judiciales con el resguardo de las garantías constitucionales”.
Además, el Comité Pro Santa Cruz solicitará la presencia en sus reuniones del cuerpo diplomático acreditado en esta ciudad, “dado que la situación se plantea de manera diferente del normal desarrollo de la actividad social, política y económica en Bolivia”.
Mientras que, desde Tarija, la dirigente cívica Patricia Galarza informó que las representaciones cívicas de Santa Cruz, Beni, Pando y Chuquisaca se reunirán en esta capital para asumir acciones por “la abusiva participación del Gobierno en contra de algunos dirigentes cívicos y autoridades departamentales”.
En La Paz, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, anunció para hoy la firma de un “pacto antiterrorista” y reiteró que se trabaja en el decreto de “confiscación” de bienes a gente vinculada a estas actividades.
“Estamos trabajando en la lógica de la incautación, como en la Ley 1008, que permite incautar recursos a quienes están involucrados en actividades del narcotráfico. Este mecanismo de la incautación puede operar como un recurso legal para limitar los recursos de los terroristas”, dijo.
“Condenar la actitud del Gobierno nacional de amedrentar a los líderes autonomistas”.
RESOLUCIÓN de las organizaciones de Santa Cruz.
“La incautación puede operar como recurso legal para limitar los recursos de los terroristas”.
JUAN RAMÓN QUINTANA, ministro de la Presidencia.
Los hechos
Atentado • La madrugada del 15 de abril, un artefacto explota en la puerta de la casa del cardenal Julio Terrazas.
Operativo • Un día después, la Policía elimina a tres personas y detiene a otras dos, acusadas de ser terroristas.
Cabecilla • Eduardo Rózsa aparece como el líder del grupo. La Fiscalía inicia la pesquisa por el delito de terrorismo.
Gobierno • El vicepresidente Álvaro García vincula a empresarios bolivianos con la célula terrorista de Eduardo Rózsa.
Vínculos • La Fiscalía detiene a Juan Carlos Gueder y Alcides Mendoza como posibles proveedores de armas a Rózsa. Hablan de un “testigo clave”.
Testimonio • Gueder revela a los medios que los blancos de Rózsa eran los prefectos de Santa Cruz, Rubén Costas, y del Beni, Ernesto Suárez.
Revelación • El fiscal Marcelo Sosa dijo el lunes que líderes cruceños, incluyendo a Costas, estarían vinculados con el grupo de supuestos terroristas.
Cívicos se declaran en emergencia
Investigación. La dirigencia cruceña restó crédito a las acusaciones de terrorismo contra los líderes, mientras que autoridades gubernamentales piden que colaboren en la investigación
Aideé Rojas C. | El Deber
La institucionalidad cruceña rechazó anoche las acusaciones que hizo el Ministerio Público de La Paz contra los principales líderes de Santa Cruz de tener supuestos vínculos con terrorista y se declaró en emergencia, movilización permanente y autorizó al líder cívico, Luis Núñez, para que llame a una asamblea de la cruceñidad si la situación lo amerita.
La reunión de directorio, que se realizó a puerta cerrada en la sede del Comité pro Santa Cruz, también conformó el Consejo de Defensa de los Derechos Humanos como ente jurídico-institucional para defender a todos los bolivianos que vean que sus derechos están siendo violados por el Gobierno central. Esa entidad estará conformada por 15 profesionales notables, como el historiador Alcides Parejas, Isaac Sandóval e Isabel Saavedra, entre otros, que deberán asumir la defensa de todos los ciudadanos que se sientan perseguidos políticos del Gobierno del MAS.
El cívico cruceño Luis Núñez dijo que de convocarse una asamblea de la cruceñidad es para definir medidas de presión en rechazo a las acusaciones que hacen las autoridades gubernamentales contra líderes autonomistas. Calificó esas sindicaciones como un ‘complot absurdo’ en base a declaraciones de individuos con prontuarios delictivos y de sospechosos acuerdos de cooperación en las investigaciones sobre el accionar de una supuesta célula terrorista.
De la cita, que duró cerca de dos horas, participó el ex presidente cívico Branko Marinkovic, uno de los sindicados por el fiscal Marcelo Sosa de financiar al supuesto grupo irregular liderado por el ciudadano Eduardo Rózsa. La reunión se vió ‘deslucida’ por la ausencia de dirigentes empresariales, ganaderos y productores, como Pedro Yovhío, de la Federación de Empresarios Privados; Mauricio Roca, de la CAO, y del primer ‘vice’ del ente cívico y presidente de Fegasacruz, Guido Nayar, que también fueron llamados a declarar a La Paz por el caso de terrorismo.
“Es un montaje y un show del Gobierno”, fueron las únicas palabras que pronunció Marinkovic al abandonar el Comité e informó de que sus abogados se encargarán de hacer más declaraciones.
En ese marco, el jurista Víctor Peralta, que defiende a Marinkovic, aseguró de que en caso de que su patrocinado sea citado a declarar a La Paz, pedirá que se respete la jurisdicción para que las autoridades judiciales de Santa Cruz sean las que tomen las declaraciones del ex presidente cívico.
Por su lado, el secretario de Justicia de la Prefectura de Santa Cruz, Vladimir Peña, aseguró que si bien el prefecto Rubén Costas aún no recibió ninguna citación, el equipo de abogados, junto a la comisión jurídica del Comité, está delineando la estrategia en caso de que se concrete la demanda. El primer ‘vice’ del Comité y titular de Fegasacruz, Guido Nayar, adelantó que analiza la vía legal para a sumir su defensa, pese a no ser citado. “Vamos a seguir el camino que la ley dice y no vamos a nadar en la ilegalidad del Gobierno. ¿Qué voy a responderle a un delincuente que lo sacaron de Palmasola y lo llevaron a La Paz? ¿Qué valor testifical tiene un delincuente? No me han hecho llegar ninguna citación”, indicó.
El gerente de Marketing de IOL, Juan Kudelka, se declaró sorprendido de que su nombre esté en la lista de las personas involucradas en supuestos actos de terrorismo y pidió garantías para prestar su declaración, pero en la capital cruceña; mientras que el presidente de la CAO, Mauricio Roca, vinculado por el Ministerio Público a la presunta célula terrorista, aclaró que en las únicas reuniones en las que él participó fueron por las movilizaciones en pro de la autonomía departamental, por las convocatorias a los referendums, pero nunca para atentar contra la unidad del país o para fomentar acciones armadas.
Los familiares del general en retiro Lucio Áñez, que ya fue citado, indicaron que no irá a La Paz por problemas de salud, pero están haciendo los trámites para que tomen su declaración en esta capital. El ex gerente del Comité Lorgio Balcazar renunció al cargo el 8 de marzo y se fue a Brasil, y Mario Bruno ya buscó abogados para ver su caso; José Luis Quiroga Attonello viajó a EEUU.
Gobierno pide que vayan a declarar
El Gobierno central, a través del viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, pidió a la dirigencia cívica que colabore en la investigación sobre un supuesto grupo terrorista que planeaba atentar contra el presidente Evo Morales, en vez de poner obstáculos para ir a la ciudad de La Paz para prestar sus declaraciones sobre las acusaciones que pesan contra algunos dirigentes cruceños.
“En vez de poner una coraza de protección, deberían estar prestos a colaborar en la investigación”, dijo Chávez, en alusión a las principales autoridades de Santa Cruz, como el cívico Branko Marinkovic; Pedro Yovhío, del empresariado; Mauricio Roca, de la CAO, y el prefecto Rubén Costas, entre otras autoridades. Además, aclaró que el Gobierno central no es el que hace las acusaciones sino el Ministerio Público a raíz de las investigaciones que sigue desde el pasado 16 de abril, cuando fueron abatidos los ciudadanos Eduardo Rózsa, Michael Dwyer, Árpád Magyarosi. Esas sindicaciones fueron rechazadas por el dirigente indígena de Santa Cruz Víctor Hugo Velasco, que conminó a los fiscales y abogados de Santa Cruz a que exijan el traslado del caso desde la sede de Gobierno hasta la capital cruceña, porque, según él, es el lugar dónde sucedió el hecho.
La resolución
1.- Declarar el estado de emergencia y movilización general de toda la institucionalidad cruceña. Se autoriza al presidente del Comité convocar de manera directa una asamblea de la cruceñidad, en caso de que la situación así lo amerite.
2.- Condenar la actitud del Gobierno de amedrentar a los líderes autonomistas del país con este ‘complot absurdo’, en base a declaraciones de individuos con largos prontuarios delictivos.
3.- Confomar un consejo de defensa de los derechos humanos como un ente jurídico–institucional para defender a todos los bolivianos que vean sus derechos violados por el Gobierno, a través de cualquiera de sus órganos.
Opositores se rearman para enfrentar ataques
Los cívicos tendrán una cumbre en Tarija y no descartan adoptar medidas. Santa Cruz crea un consejo para defender a los acusados por terrorismo. El Senado cita al ministro Rada.
Comisión de diputados ingresa al penal de San Pedro
El Nuevo Día
Miércoles, 6 de Mayo, 2009
Las acusaciones de terrorismo contra autoridades cívicas, prefecturales y empresariales de Santa Cruz provocaron una especie de rearme de la oposición al Gobierno del presidente Evo Morales que anoche conformaron un comité de defensa de derechos humanos y asumieron el compromiso de no dejarse atropellar por la ilegalidad. También de la defensa pasaron al ataque al convocar, por medio del Senado, al ministro de Gobierno, Alfredo Rada y otras autoridades policiales para que demuestren con pruebas las acusaciones.
“Esto es el diseño de una estrategia electoral del MAS”, interpretó el senador de Podemos, Wálter Guiteras, al calificar todo como “un burdo montaje”.
Por su parte el presidente del Senado, Óscar Ortiz, calificó de «poco serias» las revelaciones hechas por el fiscal Sosa, quien vinculó al ex presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branko Marinkovic; al representante de la Federación de Ganaderos, Guido Náyar; al dirigente agropecuario Mauricio Roca y al empresario Pedro Yovhió con Eduardo Rózsa Flores, entre otros.
Para Ortiz, la Fiscalía y la Policía pretenden hacer una especie de nuevo «Terebinto» con los líderes cruceños, buscando descabezar los liderazgos de una región opositora al gobierno. El diputado Carlos Pablo Klinsky dijo que el fiscal Sosa “es un Tribilín” del MAS.
Citaron para el próximo martes al ministro de Gobierno, Alfredo Rada, para que informe con detalles el operativo policial que derivó en la muerte de tres presuntos terroristas y la detención de otros dos miembros que se encuentran en la cárcel de San Pedro de La Paz.
Llamarán al fiscal general, Mario Uribe, al fiscal Marcelo Sosa y al comandante general de la Policía, general Víctor Hugo Escóbar, “para que se deje de buscar mecanismos de escape y los fiscales sigan secuestrando a los ciudadanos», dijo Guiteras.
También preguntarán al Gobierno por qué hicieron caso omiso a las denuncias hechas por el abogado Dénver Pedraza sobre el tráfico de armas que involucran al policía Johnny Tapia, de la cual hicieron oídos sordos.
Al mismo tiempo, la presidenta del Comité Cívico de Tarija, Patricia Galarza, convocó de emergencia a los representantes de Santa Cruz, Chuquisaca, Beni y Pando a fin de definir medidas de presión para frenar los atropellos del Gobierno.Se reunirán el jueves en la capital oriental.
Al mismo tiempo decenas de ONGs de derechos humanos, adscritas a la Unión de Organizaciones Democráticas de América (UnoAmérica), anunciaron que acusarán al presidente, Evo Morales, y al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, por delitos de lesa humanidad, por la masacre perpetrada en Pando en septiembre de 2008. y una investigación internacional sobre el asesinato de tres ciudadanos de Hungría, Irlanda y Croacia, perpetrado por la Policía el 16 de abril en Santa Cruz /Agencias
Así reaccionan ante la arremetida
1Consejo departamental de defensa de los derechos humanos • Fue conformado anoche entre la unión del Colegio Nacional de Abogados, Colegio de Profesionales, Comité pro Santa Cruz, empresarios y Prefectura cruceña. Alistarán la defensa legal de los acusados para contrarrestar la ofensiva del Gobierno.
2Comités Cívicos de la media luna • Los representantes de los comités cívicos de la denominada «media luna» (Santa Cruz, Beni, Pando, Chuquisaca y Tarija), se reunirán este jueves de emergencia en la capital cruceña para analizar las denuncias contra dirigentes y autoridades de sus departamentos y analizar medidas de protesta contra el Gobierno del presidente Evo Morales.
3Senado realizará una contrainvestigación • El senador opositor, Wálter Guiteras, informó que el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, será citado el próximo martes para que aclare la intervención que tuvo la Policía en el operativo en el que murieron tres supuestos terroristas en un céntrico hotel de Santa Cruz la madrugada del pasado 16 de abril.
4Torturas • También citarán al Comandante General de la Policía y al Fiscal General de la República Mario Uribe y al fiscal Marcelo Sosa por las denuncias de vejámenes a los detenidos.
5Armas • También quiere preguntar por qué el Gobierno no investigó las denuncias de tráfico de armas denunciadas por el abogado Dénver Pedraza.
Duro forcejeo
Otro round más
La acusación de un fiscal contra las autoridades de Santa Cruz se convierte en el último capítulo de un duro forcejeo entre el gobierno del presidente Evo Morales y las autoridades de ese departamento que mantienen su anhelo autonomista frente al poder central. Aportan al PIB boliviano con el 30%, el más grande del país.
Autonomía
Santa Cruz encabeza una lucha por la formación de gobiernos autónomos junto a Beni, Pando y Tarija, en lo que para el poder Ejecutivo es una iniciativa con carácter secesionista.Morales también apoya las autonomías regionales pero mucho más limitadas en sus alcances.
Nueva Constitución
Fue aprobada el 25 de enero del 2009 y fue punto del conflicto entre el gobierno y los líderes políticos y cívicos de esas regiones.
Diferencias políticas
El gobierno de Morales defiende una visión de país de corte indígena y estatista y es aliado ideológico de los gobiernos de Venezuela y Cuba. Las cabezas de las cuatro regiones, en cambio, priorizan el rol de la iniciativa privada en la economía y son críticos de los líderes Hugo Chávez y Fidel Castro.
Nuevo eje de poder
El prefecto rebelde, Rubén Costas, pronosticó que su región será el corazón de un nuevo eje que concentre los poderes económico y político, en desmedro de la andina de La Paz, sede del Ejecutivo y Legislativo /AFP