¿No es atentar contra la “unidad” el hecho de que en vez de avenirse a un intento de reconciliación, el Ejecutivo programe actos paralelos a los preparados por autoridades chuquisaqueñas…?
Editorial La Prensa
Con una celeridad deseable para mejores causas, el Gobierno acaba de aprobar un decreto que le permitirá respaldar la incautación de los bienes de empresarios y propietarios de medios de comunicación que hubieran tenido vínculos probados con actos de terrorismo, secesionismo, separatismo y otros “ismos”. La orden para la elaboración de la disposición fue impartida por el Presidente y cumplida en un dos por tres por el gabinete de ministros.
Hasta antes de esta cuestionable medida, el decomiso de bienes en Bolivia correspondía sólo por delitos de narcotráfico, y la expropiación de la propiedad privada era viable por causa de necesidad y utilidad pública, calificada mediante ley parlamentaria y previa indemnización a los afectados para resarcir su derecho propietario.
Como quiera que don Evo Morales y sus colaboradores ya tienen plenamente asumido —anticipándose a los resultados de una investigación todo enredada— que respondía a afanes terroristas y separatistas la presencia de ciudadanos extranjeros abatidos violentamente en los luctuosos y oscuros sucesos del 16 de abril en Santa Cruz, creen que es momento oportuno para darle una vuelta más a la tuerca en el afán de seguir atemorizando a esta ciudad, que decididamente no es de sus afectos, y de quitar del camino o poner a correr a quienes simplemente disienten del Gobierno masista y/o representan un escollo para los planes que tiene Morales de atornillarse en el poder el mayor tiempo posible.
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Con Santa Cruz en el centro de la mira desde que impulsó la lucha por el ideal autonomista, hace poco se dispuso con rebatibles argumentos una aparatosa movilización de tropas militares dizque para luchar contra el contrabando, el narcotráfico y el terrorismo en partes de la extensa línea fronteriza departamental con Brasil.
El decreto aprobado recién y que apunta contra esa región tipifica los delitos de terrorismo o secesionismo como “traición a la patria” y toma como base un artículo de la nueva CPE que señala que comete aquel delito la persona que atente contra la unidad nacional. Una unidad, dicho sea de paso, que parece pegada con chicle desde que el régimen actual aplica como al descuido la receta de dividir para reinar. ¿O no es el propio Gobierno el que tiene separadas las aguas entre oriente y occidente tras exacerbar torpemente las diferencias regionales? ¿O no es atentar contra la cacareada “unidad” del país el hecho de que en vez de avenirse a un intento de reconciliación, el Ejecutivo programe actos paralelos a los preparados por las autoridades chuquisaqueñas con motivo del Bicentenario el 25 de mayo?
Si de unidad nacional habla el Gobierno, pues bien haría en predicar con el ejemplo, demostrando claramente qué está haciendo efectivamente para que en estas tormentosas épocas ningún boliviano se sienta tentado a buscar futuro en otras latitudes o que se resista a retornar pese a la severa crisis económica en las naciones donde radican.