Demandan la intervención del Parlamento Europeo en caso de presunto terrorismo en Bolivia y garantizar un juicio justo a Tóásó. Defensoría pide informe sobre maltrato a detenidos.
Pésame. Familiares y amigos de Dwyer durante el traslado del féretro
El Deber
Freddy Lacio F.
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El Comité Europeo-Húngaro, el capítulo de Europa Central para los Derechos Humanos y la Fundación Ámsterdam de servicios sociales solicitaron formalmente la intervención del Parlamento Europeo (PE) en el caso de presunto terrorismo en Bolivia, que involucra al fallecido Magyarosi Árpád y al detenido Elöd Tóásó (ambos de nacionalidad húngara).
Mediante una carta enviada a Bruselas y dirigida al alemán Hans-Gert Pöttering, presidente de la Eurocámara, las tres organizaciones demandan la participación de una comisión investigadora para establecer la verdad de la participación de ciudadanos de cuatro nacionalidades europeas –húngara, croata, irlandesa y rumana- en el supuesto intento de magnicidio en contra de Evo Morales.
En la misiva, enfatizan en lo que consideran ‘la inhumana detención’ de Elöd Tóásó en La Paz y los excesos cometidos durante su captura.
“Estos hechos son contrarios al espíritu de la legislación europea y su práctica. El Estado boliviano no puede proporcionar las condiciones para un juicio justo ni el respeto a los derechos humanos de Tóásó”, señala la carta, que desde ayer se encuentra en una página de Internet con la finalidad de recolectar firmas de apoyo a la iniciativa.
En este sentido, los simpatizantes del húngaro detenido en San Pedro exigen a Pöttering dos cosas: la conformación de una comisión de investigación de los sucesos en Bolivia y la intervención del PE para garantizar un proceso legal justo y el respeto a los derechos fundamentales de Tóásó.
El PE, conformado por 785 diputados de 27 países de Europa, representa a 490 millones de personas y es considerado la primera institución de la Unión Europea. Todavía no hay un pronunciamiento oficial de la organización sobre el tema.
Por otro lado, Edit Dénes Tóásó, hermana del detenido, acompañó en una conferencia de prensa al ministro de Relaciones Exteriores, András Karoly Nagy, que anunció se están redoblando esfuerzos para conseguir los fondos para la defensa legal del extranjero, afirmó el diario digital Hirszerzö.
Nagy aseguró que los derechos de su coterráneo fueron violados durante su detención y que las pruebas se encuentran en las huellas de los golpes, escoriaciones y hematomas que presenta el cuerpo del detenido.
Finalmente, el funcionario agregó que el Gobierno está apoyando en la recolección de fondos para la representación legal del detenido e incluso ya se tomó contacto con la firma Alpha International de abogados, para que asuma su defensa.
Enterraron a Michael Dwyer
Michael Martin Dwyer, muerto a tiros por la Policía de Bolivia durante el operativo en el hotel Las Américas el 16 de abril, fue enterrado ayer en su ciudad natal, a las 11:00 (hora local), informó el diario Irish Times en su edición digital.
El féretro, que recorrió las principales calles de Terryglass, en el condado de Tipperary (Irlanda), llegó al cementerio principal de la localidad, muy cerca de la casa de su familia, en la zona de Ballinderry.
Muchas personas asistieron a las honras fúnebres, mientras los familiares reiteraron que el joven, de 24 años en el momento de su muerte, era incapaz de involucrarse en hechos de este tipo.
El Gobierno de Irlanda solicitará una investigación oficial una vez se conozcan los resultados de la autopsia.
Repercusiones
Armas. El diario húngaro Blikk destacó en su página de Internet la foto que presentó el Gobierno de Bolivia en la que se ve a Elöd Tóásó portando un rifle con mira telescópica de largo alcance. En la nota se pone en duda la versión oficial sobre la participación del detenido en una presunta célula terrorista.
Dudas. El diario FigyelöNet señala que hubo violaciones a los derechos humanos de los extranjeros en el momento del operativo que finalizó con tres muertos y dos detenidos en el hotel Las Américas de Santa Cruz. En general, la prensa húngara expresa muy poca confianza en las declaraciones de los organismos de seguridad bolivianos y el Ministerio Público del país sobre la desarticulación del presunto grupo irregular.
Árpád. Ayer estaba prevista la llegada a Budapest del avión, procedente de Madrid, que transportaba los restos del ciudadano húngaro-rumano Magyarosi Árpád. Se esperaba el arribo de la aeronave a las 17:30 (hora local), pero ningún medio húngaro confirmó la recepción del cuerpo.
Defensoría pide informe sobre maltrato a detenidos
Investigación. El trato inhumano que se dio a los ciudadanos cruceños Juan C. Gueder y Alcides Mendoza Malavi debe ser sancionado, señalan organismos de defensa de los DDHH
Cuestionado. La labor policial en la detención de las dos últimas personas relacionadas con terrorismo fue muy criticada
El Deber
Gustavo Ondarza
La defensora del Pueblo, Rielma Mencias, hizo llegar una carta al fiscal General de la República, Mario Uribe, como cabeza de esa institución, para que instruya una investigación rigurosa sobre la detención ocurrida el miércoles en Santa Cruz de la Sierra de los ciudadanos Juan Carlos Gueder Bruno y Alcides Mendoza Malavi, y la forma en que fueron trasladados por vía terrestre a La Paz.
De igual manera, requirió al comandante general de la Policía, Gral. Víctor Hugo Escóbar, establecer responsabilidades directas e indirectas y que encuadre sus actuaciones en el marco de la protección de los derechos humanos y las garantías y derechos constitucionales.
Las autoridades mencionadas, a través de voceros, indicaron no tener conocimiento oficial del pedido, aunque aseguraron que se están realizando las investigaciones relacionadas sobre el caso.
Por su lado, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, confirmó la crítica sobre el trato policial recibido por los dos últimos detenidos por una supuesta trama terrorista para atentar contra el presidente de la República, Evo Morales.
“No me parece correcta la forma en que se los ha entregado a la Fiscalía”, dijo Rada a la prensa en la noche del miércoles.
El ministro cuestionó por qué los aprehendidos “llegaron maniatados y con los ojos vendados”, como se vio en los informativos de los canales de televisión, y con las ropas desgarradas.
Mendoza y Gueder son mencionados como asesores de la Unión Juvenil Cruceñista y se los acusa de complicidad con el grupo de presuntos terroristas descubierto en Santa Cruz en una operación policial el 16 de abril.
El abogado de Mendoza, Denver Pedraza, denunció que su cliente le comentó que recibió “golpes durante su detención” y que se encontraba ‘dolorido’. Para el letrado, la imagen de los detenidos maniatados y con los ojos vendados «sólo se veía anteriormente en época de dictadura» y agregó que el caso es «responsabilidad única y exclusiva del ministro de Gobierno».
Por su parte, el fiscal Marcelo Sosa, que encabeza la investigación, lamentó las circunstancias de la detención, que, aseguró, conoció el miércoles por la noche. “Los autores tendrán que responder. Yo he cumplido con emitir el mandamiento de aprehensión, no lo he ejecutado. Actuó la Policía, tendrán que ser ellos quienes respondan, yo deslindo responsabilidad”, agregó.
La Defensoría del Pueblo, a través de un comunicado, hizo hincapié en el hecho de que las condiciones de la detención y el traslado de Gueder Bruno y Mendoza Malavi “pone en evidencia la violación de la dignidad humana, la cual no es únicamente un concepto, sino fundamentalmente la interpretación del derecho positivo; con el plus de estar positivado con la categoría de un valor jurídico fundamental en la norma suprema del Estado y, por tanto, vinculante a todos los miembros de esta sociedad (gobernantes y gobernados)”, señala el comunicado.
Apuntes
Defensa. Los familiares de Juan Carlos Gueder Bruno y Alcides Mendoza Malavi insisten en que se respeten los derechos humanos. Aseguraron que las acusaciones contra ellos son falsas.
Vigilancia. Organizaciones de defensa de DDHH han comenzado a hacer un seguimiento más de cerca a la actuación de las fuerzas del orden en las detenciones de supuestos implicados en el caso de terrorismo, denunciado por el Gobierno.
Apoyo. Dichos organismos también han determinado brindar asesoramiento legal, en caso de ser necesario, a quienes son detenidos. También respaldarán a sus familiares para que tengan un contacto fluido con ellos, llevándoles cartas o facilitándoles comuniciones telefónicas.
Defensa. El Gobierno dice no estar violando derechos constitucionales y que sancionará a los que lo hagan.
No descartan presentar una denuncia
Uno de los dos últimos detenidos relacionados con la supuesta célula terrorista desarticulada en Santa Cruz de la Sierra anunció su intención de acusar formalmente sobre los malos tratos que recibió durante su aprehensión.
Así lo hizo conocer la representante regional de la Defensoría del Pueblo, Sonia Soto, en base a declaraciones de la titular, Rielma Mencias, que ayer visitó a los sindicados para verificar las condiciones en las que se encuentran.
“Uno de ellos, guardamos la identificación, hizo saber que fue maltratado y por ese motivo piensa denunciar formalmente el hecho”, apuntó Soto.
La entidad gestionó asimismo la presencia de un médico forense para que revise a los dos detenidos, cuyo resultado se plasmará en un certificado oficial.
En el Comando General de la Policía se indicó que los policías que están destinados para apoyar el trabajo de los fiscales tienen directa relación con ellos y no reciben órdenes de otras dependencias.
Por su parte, el diputado del MAS, Jorge Silva, secretario del Comité de Ministerio Público y Policía Judicial, repudió el exceso de violencia contra los dos detenidos y abogó para que se sancione a los responsables de las ‘arbitrariedades’ cometidas.
Actuación vulnera convenios y leyes
Organizaciones como la Oficina de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo han indicado que las actuaciones policiales realizadas en contra de los dos ciudadanos cruceños que fueron detenidos el pasado miércoles, acusados de tener relaciones con el presunto grupo terrorista, han vulnerado leyes y convenios internacionales.
Esto porque tal actuación constituye una violación a la integridad, por lo que se estaría incurriendo en tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes prohibidos por el artículo 15.I de la Constitución Política del Estado; el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 5.2 de la Convención Americana sobre DDHH.
Según la Defensoría, todos los seres humanos deben estar libres de abusos, sean físicos o mentales, incluido el de mantener a una persona en condiciones que le priven temporal o permanentemente, del uso de uno o más sentidos como la vista o la audición, o de su idea del lugar en que se encuentra o del transcurso del tiempo.
Entre tanto, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia emitió un comunicado público para referirse altema señalando que: “Si hay alguna presona, sea ésta empresario o empleado público, boliviano o extranjero, que ha obrado en contra de la legalidad, debe ser procesado respetando todos sus derechos constitucionales y las acusaciones comprobadas debidamente mediante los mecanismos que prevé la ley, con todas las garantías constitucionales y el derecho a un proceso justo”.
La Iglesia condena el trato que recibieron Gueder y Mendoza
La Razón
COMUNICADO: La Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) expresó ayer, a través de un comunicado de prensa, su preocupación por el trato que recibieron Juan Carlos Gueder y Alcides Mendoza, los detenidos por vínculos terroristas en Santa Cruz el martes y trasladados a la Fiscalía de La Paz el miércoles.
“Las investigaciones y operativos (…) no deben comprometerse con métodos que atenten contra la dignidad y derechos de las personas y tampoco promover un estado de amedrentamiento e incertidumbre en la ciudadanía”, se lee en el documento.
Ambas personas llegaron con las manos maniatadas y los ojos vendados con cinta adhesiva. El fiscal a cargo de la pesquisa, Marcelo Sosa, señaló que el operativo se llevó a cabo de acuerdo a ley.
El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, anunció que pediría un informe a la Policía sobre su accionar. La Iglesia espera que esos actos sean sancionados.