En las últimas semanas, el oficialismo ha desatado una verdadera cacería legal y política contra todos sus probables rivales en las elecciones generales previstas para diciembre de este año.
Por Redacción central | – Subeditorial de Los Tiempos
Sea reactivando juicios y desempolvando viejas acusaciones; prohibiendo el ingreso de candidatos opositores a poblaciones y comunidades controladas por organizaciones sociales afines al Gobierno; o bien, abriendo investigaciones e involucrando a moros y cristianos en hechos de corrupción o de violencia política como los que le ha tocado vivir al país en los últimos meses y años, es posible afirmar que en este momento no existe un eventual candidato opositor sobre el que no pese alguna acusación o amenaza proveniente del aparato gubernamental.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Y todo esto sucede en momentos en que —con la única excepción del Movimiento al Socialismo— todavía no existen agrupaciones políticas o ciudadanas que hayan confirmado, de manera oficial, su concurrencia a los comicios generales de diciembre.
Si así comenzamos la todavía incipiente carrera electoral, es de prever que, en los siguientes meses, el proceso se vea empañado por demostraciones de intolerancia y violencia política, cuando lo ideal es que transcurra en el marco de una confrontación democrática de ideas y propuestas.
Sería deseable, pues, que los líderes políticos que vayan a participar en las elecciones de diciembre lo hagan con el compromiso de respetar unas reglas de juego rigurosamente apegadas a la convivencia democrática, evitando agresiones y actos de violencia e intolerancia que podrían sólo contribuir a deteriorar la legitimidad que requiere cualquier proceso electoral.