La nueva Constitución no tiene futuro y está condenada al fracaso porque proyecta una comunidad de reglamento en lugar de una comunidad de principios.
Carlos Alarcón* en La Razón
Siguiendo las categorías del filósofo del derecho, Ronald Dworkin, en su libro El imperio de la justicia, existen tres modelos de comunidades o Estados: i) el de accidente o de facto; ii) el de reglamento o convencionalismos; y iii) el de integridad o principios.
En la comunidad de accidente no existe un compromiso entre sus miembros para proyectar el futuro en común; un accidente histórico los vincula dentro de un espacio geográfico en un marco de convivencia dentro del cual unos quieren aprovecharse de los otros para alcanzar sus fines y objetivos. Podemos asimilar a este modelo la situación anterior de Bolivia donde importantes sectores de la población estaban excluidos del sistema político, económico y social.
En la comunidad de reglamento, la convivencia se organiza bajo la aceptación convencional de determinadas reglas de juego bajo las cuales se desenvuelve una cruenta competencia entre actores y grupos rivales cuya única finalidad no es la construcción y desarrollo de un proyecto en común, sino la de ganar la competencia y conseguir el mejor resultado a cualquier costo, destruyendo o aniquilando al adversario. A veces, este compromiso superficial se expresa en reglamentos diferenciados que corresponden a los intereses de cada uno de los contendientes enfrentados.
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Esto es lo que sucede con la nueva Constitución que contiene dos reglamentos o constituciones dentro de la apariencia de una sola; establece unas instituciones para los indígenas y otras para los no indígenas. En la dinámica del régimen constitucional, bajo estos reglamentos diferenciados, se desarrollará una encarnizada competencia entre los dos segmentos; cada uno de ellos tratando de ganar el mayor espacio y terreno posible a costa del otro. La justicia indígena a costa de la republicana y viceversa, la autonomía indígena a costa de la departamental o municipal y viceversa. Este es el germen de la autodestrucción de la Constitución que impulsó el MAS.
En la comunidad de principio, la convivencia se organiza bajo el presupuesto de un compromiso auténtico y profundo de todos los ciudadanos con el principio de integridad o coherencia en los ámbitos de la equidad, justicia y debido proceso, que obliga éticamente a la comunidad o Estado, por encima de las diferencias y particularidades que caracterizan a cada grupo o sector. Cada una de estas parcialidades tiene y defiende legítimamente sus propios intereses y proyectos, pero por encima de ellos se impone como deber de la comunidad o Estado un trato coherente y razonable, igualitario, para todos sus ciudadanos.
Como modelo alternativo de país, a la comunidad de reglamento que nos propone el MAS, tenemos que plantear una comunidad de integridad y principios, para todos los bolivianos, sin exclusiones de ninguna naturaleza. Este es el cambio que necesita Bolivia.
*Carlos Alarcón es abogado constitucionalista.