Denuncias. Al cuñado de la diputada Milena Hinojosa, se suman el ahijado de un alto dirigente sindical y un funcionario del Ministerio de Hidrocarburos que fue procesado por contratar a dos de sus sobrinos
Fiscalía imputa a Santos Ramírez por YPFB-SIPSA.
Frontis del edificio de YPFB, en Cochabamba. – Dico Soliz Los Tiempos
Por Gisela Alcócer Caero – Los Tiempos – 9/06/2009
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Amigos y allegados a diputados cochabambinos y altos funcionarios del Gobierno Nacional coparon espacios en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB-Cochabamba), según se ve en documentos y denuncias. Para su contratación, se vulneraron la Ley 1178 de Administración, Fiscalización y Control Gubernamental (Safco) y el Estatuto de YPFB.
La anterior semana, la diputada Milena Hinojosa admitió que el administrador del Distrito Comercial Centro, Vladimir Arroyo, es su cuñado, aunque, dijo, él está en el cargo antes de que ella asumiera un curul legislativo.
Arroyo nombró a Wilson Orellana Ulunque responsable del Distrito Comercial Centro de Cochabamba vulnerando varias normas, pues se hizo una designación directa a un funcionario eventual, sin convocar a un concurso de méritos, y contraviniendo el estatuto de YPFB, que establece como requisito para el cargo tener más de 10 años de experiencia en el rubro.
Esta situación fue denunciada por el Sindicato de Trabajadores Petroleros de Cochabamba a través de la carta Cite-STPC-001/2008, enviada al presidente de YPFB el 8 de marzo de la gestión pasada. Orellana permaneció en el cargo hasta diciembre de ese año y después fue retirado debido a que se cumplió el contrato eventual que firmó en la entidad.
El tiempo en que desempeñó esta función, la estación NOE Gas de propiedad de su esposa, cambió de categoría y subió su cupo de gas de 83 a más de 200 mil kilos por mes, muy parecido al cupo que reciben las distribuidoras de Cercado (300 mil kilos) y casi el doble de otras distribuidoras provinciales, según informaron funcionarios de YPFB Cochabamba.
Aunque Orellana se fue de la entidad, en YPFB Cochabamba no se hizo ningún proceso de investigación. Los Tiempos intentó conversar sobre el tema con Arroyo, pero éste no se encontraba en su oficina, ni contestó su celular durante todo el día.
UNO DE LOS CASOS ESTABA EN PROCESO, PERO SE EXTINGUIÓ
Hubo ahijados y procesados
El 2 de marzo de este año fue contratado en YPFB Octavio Laime, que es compadre del secretario ejecutivo de los Trabajadores Petroleros de Bolivia, José Domingo Vásquez, y Roger Uzquiano Alcoreza, quien tuvo un proceso en la justicia ordinaria, acusado de cometer irregularidades en el Ministerio de Hidrocarburos. Ambos funcionarios ingresaron a la empresa en la gestión de su actual presidente, Carlos Villegas.
Laime fue contratado como personal a plazo fijo hasta el 31 de diciembre de este año, dentro del Distrito Comercial Occidente con un haber básico de 1.940 bolivianos. Una invitación obtenida por este medio comprueba que el funcionario es compadre de Vásquez, quien el 20 de octubre de 2007, bautizó a su hijo en la parroquia Pio X de Ciudad Satélite en El Alto. Su contratación en YPFB lleva la firma del presidente interino de YPFB, Carlos Villegas.
Además de ese funcionario, el actual presidente de YPFB contrató a Uzquiano Alcoreza, quien fue director administrativo financiero del Ministerio de Hidrocarburos (mientras él era el Ministro) y que fue sometido a un proceso tras una serie de acusaciones en su contra formuladas por la ministra de Lucha contra la Corrupción, Nardy Suxo, quien descubrió que contrató a dos de sus sobrinos en esa cartera, vulnerando las normas vigentes en el país.
El caso fue denunciado por el diputado cochabambino, Edwin Jiménez (Podemos), quien pidió informes escritos sobre la contratación de Daniela Narváez Vargas y Walter Narváez Fernández. La Ministra llevó la denuncia hasta una estrado judicial, en el cual la defensa del funcionario aseguró que firmó los contratos a ciegas sin darse cuenta de que se trataba de sus familiares.
El caso se extinguió porque el Ministerio de Hidrocarburos no presentó las pruebas para demostrar la comisión del delito, que debía darle entre tres y ocho años de cárcel. Ahora, Alcoreza es el gerente financiero de YPFB.
CRÍTICAS
El senador del MAS, Gastón Cornejo, criticó las irregularidades cometidas en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), tanto en la asignación de cupos de hidrocarburos a las distribuidoras de gas y estaciones de servicio, así como la contratación de personal que no cumple los requisitos mínimos exigidos por las normas.
Cornejo dijo que las irregularidades en la dotación de cupos dentro de YPFB, que da más combustible a algunas estaciones de servicio y distribuidoras de gas en desmedro de otras, demuestra cómo el ex presidente de la estatal de hidrocarburos, Guillermo Aruquipa, todavía tiene el control sobre esta distribución, a pesar de que fue alejado de la entidad.
Aruquipa tiene detención preventiva investigado por la justicia, tras ser vinculado en el caso de corrupción en el que está implicado Santos Ramírez.
Fiscalía imputa a Santos Ramírez por YPFB-SIPSA
LA AUDIENCIA DE CESACIÓN DE LIBERTAD POR EL CASO CATLER FUE FIJADA PARA EL 12 DE JUNIO
El ex Presidente de YPFB está detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro hace 85 días.
La Prensa
Por la creación de YPFB-Servicios e Industrias Petroleras S.A.(SIPSA), la Fiscalía anunció la imputación en contra del ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez Valverde, cuyo abogado defensor advierte la intención de mantener al acusado en la cárcel.
SIPSA se creó durante la gestión de la ex autoridad y tiene dos contratos firmados, los que fueron anulados por YPFB, uno por la recalificación de garrafas y otro por el alquiler del taladro venezolano a la empresa YPFB-Andina para la perforación del campo Víbora.
Como parte de la comisión de fiscales que investigan el caso, César Romano informó que se dispuso emitir una resolución de imputación formal después de evaluar los documentos que obtuvieron de “diferentes instituciones”, resultado que fue contrastado con los testimonios de otros investigados. Además dijo que se analiza la existencia de riesgo procesal, por lo que también se pediría medidas cautelares.
No se precisó el indicio en el que se basó la decisión, pero la acusación está adecuadamente sustanciada en la resolución.
La firma fue cuestionada por el Ministerio de Transparencia por haber ocasionado un daño económico de más de 600 millones de dólares al Estado, por no contar con el aval del Directorio de la estatal petrolera y también por los elevados salarios de sus ejecutivos.
Los delitos que se imputan a Santos Ramírez por este caso son conducta antieconómica, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado y asociación delictuosa.
El abogado de la ex autoridad, José Paredes, señaló que no fue informado sobre la imputación y observó que primero se lo haya hecho conocer a la opinión pública. Adelantó que la empresa SIPSA fue legalmente constituida, y que no se puede hablar de daño económico porque en ningún momento YPFB hizo algún pago por los contratos, tampoco el que señaló el presidente de YPFB, Carlos Villegas, en una entrevista radial otorgada en abril, en la que dijo que se pagó un adelanto de aproximadamente 800.000 dólares.
Ramírez permanece bajo detención preventiva en la cárcel de San Pedro desde el 13 de febrero de este año por el contrato YPFB-Catler Uniservice. La defensa solicitó su libertad, pero la audiencia, después de dos suspensiones, se fijó para el 12 de junio.
Más datos
Los nuevos contratos reconocen a las petroleras los costos operativos y de inversiones realizados en explotación y exploración, que pueden ser:
1.- Costos de personal
2.- Costos de movilización y desmovilización de personal
3.- Costos de transporte y reubicación de personal
4.- Costos de materiales
5.- Impuestos, tasas, contribuciones, compensaciones e indemnizaciones
6.- Diferencias de cambio
7.- Protección al medio ambiente y seguridad industrial
8.- Costos legales
9.- Seguros
10.- Administración y servicios
11.- Depreciación de los activos fijos
12.- Cargos relacionados con la casa matriz del operador, además de otros gastos.
Los datos
YPFB-SIPSA se forma sobre la base de la recalificadora de garrafas Full Industry.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos compra el 99 por ciento de las acciones.
La adquisición y constitución de la empresa se hace en la gestión de Santos Ramírez.
El precio para la transacción fue de 216.000 dólares, aún se investiga si se los pagó.
SIPSA firmó dos contratos con YPFB, uno para recalificar garrafas por 1,8 millones de dólares.
El segundo contrato fue con YPFB Andina S.A., para alquilar el equipo de perforación PDV 08.
YPFB previsionó más de $us 279 millones para pagar gastos a petroleras en 2008
LA COMPAÑÍA DEBE INFORMAR SEMESTRALMENTE LOS CONCEPTOS POR LOS QUE DEVOLVIÓ COSTOS RECUPERABLES
Operación: trabajadores de Petrobras operan una válvula de gas en el campo San Antonio en el Chaco tarijeño
La Prensa
La Ley 3740 de Desarrollo Sostenible de Hidrocarburos obliga a Yacimientos a publicar los datos.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) previsionó una deuda de 279,9 millones de dólares (1.979,3 millones de bolivianos) en 2008 por la retribución a las empresas petroleras por los gastos en los que incurren en su actividad, denominados costos recuperables.
Así se establece en los estados financieros comparativos 2007-2008 de la empresa estatal en el rubro pasivos corrientes, de cuentas pendientes con compañías contratistas de operación.
Costos recuperables es un concepto que se incluyó en los 44 contratos de operación suscritos entre el Estado y las empresas petroleras el año 2006. Según el acuerdo, las empresas pueden cobrar a Yacimientos dos tipos de gastos, en inversión petrolera y en operación por gastos de mano de obra, insumos, tecnología, transporte y otros.
El Estado debe retribuir estos gastos porque las compañías aportan los capitales, equipos, instalaciones, personal, tecnología para el desarrollo de los campos bajo su operación.
El analista en hidrocarburos Hugo del Granado explicó que el monto corresponde a un saldo, es decir, una previsión por un monto que se adeuda hasta diciembre de 2008, pero el balance no establece el monto total por este concepto que debe incluir lo que se pagó.
Añadió que hasta diciembre de 2007 la deuda ascendía a 295,8 millones de dólares, entonces es posible que se haya pagado la diferencia de 15,9 millones de dólares en relación con los 279,9 millones de la pasada gestión.
A este monto se debe añadir los costos que cobraron las empresas durante 2008, pero en el balance no se aclara si se cancelaron; sólo figura el pasivo.
La Prensa se comunicó con YPFB para solicitar información sobre este tema y los desembolsos efectuados, pero no recibió respuesta, tampoco en el Ministerio de Hidrocarburos.
En los 44 nuevos contratos suscritos con las petroleras se establece que la distribución de ingresos será: 18 por ciento en regalías y participaciones, 32 por ciento en Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y el restante 50 por ciento cubre los costos recuperables y la utilidad para las petroleras. Dependiendo de la magnitud de cada campo petrolero o gasíferos y los de trabajos que se hayan realizado, las compañías pueden descontar un 40, 50 o 60 por ciento de lo que queda después de cancelarse la renta petrolera. Conforme al Anexo D de los contratos petroleros, todos los impuestos, tasas y contribuciones vigentes se constituyen en costos recuperables, con excepción del IDH, las regalías y participaciones, el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) y el Impuesto a las Remesas de Beneficiarios al Exterior.
El ex ministro de Hidrocarburos Guillermo Torres señaló que las cifras por este concepto que aparecen en el balance de YPFB son generales y no aclaran el tipo de gasto en el que se incurrió.
Recordó que ésa fue una observación a los contratos de operaciones de las empresas petroleras con YPFB, puesto que las primeras pueden indexar todo tipo de gasto bajo el argumento de que es un costo operativo. La Ley 3740 de Desarrollo Sostenible del sector Hidrocarburos, del 31 de agosto de 2007, en su artículo 6 establece que YPFB debe publicar semestralmente en su página web y por escrito toda la información, pero se la desconoce.
Más datos
Los nuevos contratos reconocen a las petroleras los costos operativos y de inversiones realizados en explotación y exploración, que pueden ser:
1.- Costos de personal
2.- Costos de movilización y desmovilización de personal
3.- Costos de transporte y reubicación de personal
4.- Costos de materiales
5.- Impuestos, tasas, contribuciones, compensaciones e indemnizaciones
6.- Diferencias de cambio
7.- Protección al medio ambiente y seguridad industrial
8.- Costos legales
9.- Seguros
10.- Administración y servicios
11.- Depreciación de los activos fijos
12.- Cargos relacionados con la casa matriz del operador, además de otros gastos.