El que denuncie un caso de corrupción será destituido y el denunciado seguirá gozando de las prerrogativas del cargo o, en el peor de los casos, será trasladado a otro donde disfrutará de iguales o mayores privilegios.
El general López, frente al prefecto interino de Pando, Rafael Bandeira, durante el careo organizado por la Comisión parlamentaria que investigó el contrabando de los camiones, el pasado mes de marzo.
Tenemos varios ejemplos que indican que esta apreciación no es arbitraria y para citar solo los casos más conocidos, aquí van algunos.
Jorge Alvarado es una persona muy allegada al presidente Evo Morales y en esa condición fue designado como el primer presidente de YPFB luego de la “nacionalización”.
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No pasó mucho tiempo y se le ocurrió que podría obtener algunas ventajas adicionales. Formó una empresa, la Iberoamerica Trading con la que pretendió exportar, en forma personal, gasolina al Brasil. Este hecho fue denunciado por el entonces Superintendente de Hidrocarburos, Víctor Hugo Saenz e implicaba para el Estado un daño económico por 38.5 millones de dólares.
¿El resultado?, como producto de una “investigación”, el gobierno concluyó que la operación no se concretó y por tanto no existió daño económico para el Estado. Sin embargo, ante la magnitud del escándalo, Alvarado fue “renunciado” y trasladado rápidamente a Venezuela con el cargo de “Encargado de Negocios”. El denunciante fue prestamente destituido del cargo sin derecho a pataleo.
Otro caso. El Superintendente de Empresas, Rolando Morales, denunció que la funcionaria de esa entidad, Ady Suxo Uría, realizó un viaje al exterior por razones personales con recursos de la entidad.
Resulta que la denunciada era sobrina de la todopoderosa ministra de Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, quien se interesó directamente en el problema y el asunto concluyó con la destitución del Superintendente denunciante, quien seguramente estará arrepentido de haberse metido en camisa de once varas.
Otro. La dipùtada Jeimi Flores denunció la inoperancia del masista prefecto de Oruro en un problema de limites con otro departamento. Ella y su hermano recibieron los chicotazos correspondientes de los campesinos empujados por el propio Aguilar y allí concluyó el asunto.
El caso tal vez más bullado está relacionado con la denuncia del ex presidente de la Aduana Nacional, César López contra el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana por su intervención para posibilitar el paso de 33 camiones cargados de contrabando en Pando (región convertida hoy en feudo del MAS).
Al parecer el general López se metió con quien no debía, que por otra parte era su padrino. Las consecuencias no se dejaron esperar: fue destituido y de héroe, suma de todas las virtudes, se convirtió en el más despreciable villano, arrastrando en su caída a su esposa que recibió brutales golpizas, perpetradas por delincuentes enviados por masistas, al extremo de haber perdido un ojo.
Y la lista no se acaba. Gildo Angulo, expresidente de YPFB- Transportes, acusó al ahora presidente de YPFB, Carlos Villegas, en su condición de Ministro de Hidrocarburos, haber propiciado que las millonarias deudas de Transredes con el fisco sean asumidas por YPFB-Transportes con el pretexto de evitar un juicio a causa de la “nacionalización” de dicha empresa.
Villegas, con el apoyo del presidente Morales, reaccionó prestamente y logró la destitución del denunciante y, por el momento, no se conoce de mayores represalias contra el contestario contralmirante.
Moraleja: Denunciar hechos de corrupción puede resultar altamente perjudicial para la estabilidad laboral. Absténgase, porque ya sabe que los llamados que hace Evo para denunciar a los corruptos son puro cuento de campaña electoral.