A las comisiones de Constitución y DDHH de diputados, que son controladas por el MAS, llegaron 32 denuncias.
Elizabeth Salguero, preside la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja.(Foto Abi)
La Prensa
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De 32 procesos judiciales que se ventilan en la Comisión de Constitución y la de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que son controladas por el oficialismo, solamente se da prioridad a nueve demandas contra autoridades del Poder Judicial, diputados de la oposición y un líder cívico.
Los parlamentarios opositores denunciaron que estas entidades legislativas buscan amedrentar a quienes consideran contrarios al Poder Ejecutivo, eso explicaría por qué dejaron de lado otras demandas y sólo atienden algunos casos que son “importantes” para el Movimiento Al Socialismo (MAS).
En la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, por ejemplo, se pidió a la Corte Suprema de Justicia el retiro de la inmunidad de los parlamentarios opositores Fernando Rodríguez (Podemos), Tomasa Yarwi (UN), Lourdes Millares y Gonzalo Pórcel (Podemos).
Estos legisladores son investigados por los sucesos del 24 de mayo de 2008, cuando activistas sucrenses humillaron a una treintena de campesinos.
Aparte, la mayoría de los procesos de la Comisión de Constitución se halla paralizada, todos son en contra de autoridades del Poder Judicial y se acumulan desde el año 2006.
El Comité del Ministerio Público y Policía Judicial, que forma parte de la Comisión de Constitución, responsable de administrar todas las denuncias contra el Órgano Judicial, se halla compuesto por dos masistas, Jorge Silva y David Balderrama, y una podemista, Lourdes Millares.
De las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, únicamente la presidenta interina de la entidad, Beatriz Sandoval Capobianco, no cuenta con procesos abiertos en su contra.
Los demás ministros son investigados por distintos casos en el referido Comité del Ministerio Público y Policía Judicial.
De hecho, el presidente titular de la Suprema, Eddy Fernández, hoy se encuentra suspendido por resolución de la comisión por la denuncia de retardación de justicia en los casos “octubre negro”, “Chitochatarra” y otros.
Actualmente afronta otro proceso por el mismo delito en el caso del avión Beechcraft y en otro llamado Hyundai. El primero ya fue remitido a la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, de mayoría opositora, que anunció que restituiría al Ministro.
La diputada Lourdes Millares y su colega Jhonny Tórrez (Podemos) coinciden en que el oficialismo “utiliza” a las comisiones de Constitución y Derechos Humandos y a las comisiones especiales para “escarmentar” a quienes considera opositores y a las autoridades judiciales que dictan fallos contrarios al Gobierno.
Sin embargo, el presidente de la primera entidad parlamentaria aludida, Jorge Silva (MAS), manifiesta que esa instancia investiga solamente las denuncias presentadas.
La ministra de la Suprema, Rosario Canedo, también es investigada, por la liquidación del quebrado Banco Sur, porque su actuación pudo haber ocasionado daño económico al Estado boliviano por más de seis millones de dólares. La denuncia fue interpuesta por su colega Julio Ortiz.
Canedo anunció irregularidades en el proceso que lleva la Comisión de Constitución y solicitó a los parlamentarios que envíen su caso al archivo de obrados.
Otra denuncia, por uso indebido de influencias, alcanzó a los magistrados José Luis Baptista, Ángel Irusta, Teófilo Tarquino, Hugo Roberto Suárez y a las ex autoridades Emilse Ardaya y Eddy Fernández, por una resolución que dispuso el traslado de los archivos del caso del ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández a Sucre.
Fernández está aún detenido preventivamente en el penal de San Pedro de La Paz.
En el mismo proceso está involucrado el único miembro en funciones del Consejo de la Judicatura, Rodolfo Mérida, quien ya entregó su declaración oficial, al igual que Baptista e Irusta.
En la comisión igualmente está en agenda una denuncia contra el fiscal general Mario Uribe, por resoluciones contrarias a la Constitución, en una demanda interpuesta por el Gobierno contra el prefecto Mario Cossío.
La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados cumple también la función de Ministerio Público en la investigación de los hechos del 24 de mayo de 2008, cuando se humilló a campesinos en la ciudad de Sucre.
La presidenta del grupo parlamentario, Elizabeth Salguero, pidió el desafuero de sus colegas Rodríguez, Pórcel, Yarwi y Millares. Por esta comisión son investigados también la prefecta de Chuquisaca, Savina Cuéllar, y el líder cívico regional Jhon Cava.
Comisión congresal irá a Sucre a tomar testimonios
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Elizabeth Salguero (MAS), anunció a la agencia ANF que en julio los parlamentarios que conforman su repartición congresal se trasladarán a la ciudad de Sucre para tomar declaraciones a la prefecta Savina Cuellar, el dirigente cívico Jhon Cava y a los congresistas opositores de ese departamento implicados en los bochornosos actos del 24 de mayo de 2008, cuando se humilló a campesinos en esa urbe.
Explicó que la decisión surgió ante la negativa de los convocados a prestar sus declaraciones en la Comisión de Derechos Humanos. Los parlamentarios en la mira son Lourdes Millares, Fernando Rodríguez, Gonzalo Pórcel y Tomasa Yarwi. En su oportunidad, Cuéllar comentó que la instancia congresal no tenía competencia para averiguar este hecho, cuando ya la Fiscalía había iniciado la investigación. Sin embargo, el fiscal general, Mario Uribe, respaldó la labor de la entidad legislativa de Salguero.
Esta congresista también dijo que se está analizando la resolución enviada por la Corte Superior de Distrito de Chuquisaca sobre la acción de libertad que ganó hace dos semanas Cava, para anular el mandamiento de aprehensión que había expedido la Comisión de Derechos Humanos.
Apuntes
La Comisión de Constitución tiene atribución para investigar a autoridades judiciales.
Según el reglamento, esta entidad puede constituirse en cabeza del Ministerio Público.
La Comisión de Derechos Humanos puede asumir esa competencia en algunos casos.