Presidente del Senado atribuye al gobierno corrupción en la nacionalizada Transredes

image Santa Cruz 15 de junio.- En el marco de las recientes denuncias de corrupción en la nacionalización de Transredes impulsada desde el propio gobierno, el titular del Senado Nacional, Oscar Ortiz, cuestionó la falta de transparencia en la compra de esta empresa petrolera, puesto que estaría respaldado por decretos firmados por el propio presidente de la republica.

Al mismo tiempo, informó que desde el ente legislativo se habría presentado una serie de peticiones de informe al gobierno nacional, para que expliquen el detalle de las compras bajo el titulo de nacionalización.

También sostuvo que “hace mas de dos meses, presentamos un estudio donde demostrábamos cómo el gobierno había pagado más de 250 millones de dólares por Transredes a sus inversionistas, sin haber hecho un estudio previo en el cual realmente fundamentase el precio y creo que nuevamente estamos confrontando los problemas de los fideicomisos y de las compras directas”.



Además de ello, la autoridad indicó que en el caso Transredes existe una situación por demás de anormal, ya en que en los primeros decretos impulsados desde el gobierno establecen que del monto final se restarían lo que corresponde a pasivos y contingencias que tuviera la empresa petrolera.

Sin embargo, agregó que en los últimos decretos el Estado asume pagar los conceptos de pasivos, contingencias y otras deudas sin hacer un estudio previo.

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Asimismo dijo “compraron a ciegas en una negociación a puerta cerrada sin determinar porqué valían eso las acciones, pero además asumieron también las deudas a ciegas, es decir, aquí hay un caso donde a titulo de nacionalización en realidad lo que el gobierno ha hecho son compras negociadas directamente por personas sin estudios, sin normas ni controles”.

Para finalizar reiteró que “es absolutamente irresponsable con los intereses del país el haber asumido todas estas deudas sin determinarlas previamente, además hay una cláusula que establece que el estado boliviano ya no tiene derecho a reclamaciones posteriores, pero sí el inversionista, a quien se le ha pagado a ciegas puede seguir haciendo reclamos, esto nuevamente muestra todas las cláusulas que hay en perjuicio al interés nacional”.