Decisiones. Ni paros ni medidas radicales. La cruceñidad recurrirá a los tribunales para defender los derechos ciudadanos y demandar a las autoridades que los afecten. Habrá una marcha el miércoles 15
Jornada de mucha reflexión, cautela y marcadas ausencias
Dirigencia. Fue una de las Asambleas de la Cruceñidad con mayor convocatoria de gente. Se tuvo que habilitar otro ambiente para que el público siga los discursos
El Deber
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Pablo Ortiz
La Asamblea de la Cruceñidad decidió anoche demandar, en coordinación con la Brigada Parlamentaria Cruceña, iniciar acciones legales contra las autoridades nacionales, departamentales y locales que violen los derechos humanos y recomendó a las personas que consideren que sus derechos fundamentales están siendo violados por algún fiscal o juez, no presentarse ante éstos y denunciar el hecho ante los tribunales correspondientes. Además, lanzó un pliego petitorio en materia de seguridad ciudadana exigiendo el envío de 2.000 efectivos policiales a Santa Cruz, la construcción de una cárcel modelo y la erradicación de las plantaciones de coca en el departamento.
También se convocó una marcha ‘por la justicia, la libertad y la democracia’ para el 15 de julio. Para el Gobierno, se trata de un pronunciamiento más político que cívico, tendiente a proteger a los presuntos involucrados en supuestos hechos de terrorismo.
Durante casi tres horas de deliberaciones, en las que predominaron los discursos calmos y reflexivos sobre los radicales, hubo un fuerte llamado al Comité a que recupere las banderas de la lucha autonómica, que, sin embargo, quedó fuera de la resolución.
Para el presidente del órgano cívico, Luis Núñez, a través de la Asamblea de la Cruceñidad se demostró que la institucionalidad está unida para defender los derechos humanos y los intereses de los cruceños. Consultado sobre si no consideraba extemporánea la resolución, tomando en cuenta que la Corte Superior de Distrito ordenó al fiscal que investiga el caso Eduardo Rózsa inhibirse de citar a más personas hasta que se resuelva el problema de competencias entre Santa Cruz y La Paz (leer pág. A10), Núñez aseveró que una resolución nunca será extemporánea porque considera que el Gobierno es parte de un complot para perseguir a la dirigencia cruceña con falsas acusaciones sobre terrorismo. “Nos dicen terroristas y no lo han probado”, reclamó.
Interrogado sobre el fuerte pedido de la Asamblea, el máximo instrumento de la institucionalidad para la toma de decisiones, sobre volver a la lucha por una autonomía, como fue planteada por la dirigencia local, Núñez respondió que se seguirá con paciencia. Acotó que a la región nada se le ha dado de forma fácil, pero que se buscará la autonomía a través de movilizaciones y cabildos, como se lo ha hecho desde 2003.
Consultado sobre la resolución cívica, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, manifestó que se trata de un pronunciamiento eminentemente político de un organismo que no es elegido por voto directo. Reclamó por qué el Comité no se pronunció por los derechos humanos cuando se tomaban y destruían instituciones del Estado en septiembre pasado, o cuando se golpeaba gente en la plaza 24 de Septiembre. Sobre el pedido de más efectivos policiales en Santa Cruz, afirmó que el Gobierno, mediante el ministro del área, ‘ha tomado la batuta’ de la lucha contra el crimen.
Chávez dijo que extrañó el pronunciamiento sobre la salud de la población, el cual considera un tema urgente en Santa Cruz, y ratificó la visión del Gobierno de que hay personas que financiaron, encubrieron y participaron en acciones terroristas y que se están escudando en el Comité. Finalmente, advirtió que los cívicos están alentando a la sedición al recomendar a la población a no presentarse ante las autoridades judiciales y el Ministerio Público.
La resolución
1. Disponer todos los recursos necesarios para la defensa efectiva de los derechos humanos de los bolivianos, objetivo a realizarse a través del Consejo de Defensa de los Derechos Humanos y la Libertad.
Denunciar ante los organismos internacionales al Poder Ejecutivo por las permanentes y constantes vulneraciones a la Constitución, los derechos humanos, las garantías constitucionales, al estado de derecho y a la seguridad jurídica.
2. Iniciar, junto con la Brigada Parlamentaria Cruceña, las acciones legales en contra de aquellas autoridades nacionales, departamentales y municipales que vulneren los derechos humanos e incumplan la Constitución y las leyes.
Recomendamos a aquellos ciudadanos que crean ser sujetos de una injusta persecución y avasallamiento de sus derechos y garantías constitucionales de parte de algunos fiscales y jueces sin jurisdicción ni competencia, no presentarse ante los mismos e iniciar las acciones legales correspondientes.
3. Convocar una marcha, a realizarse el 15 de julio, a las 16:00, por la democracia, la libertad y la justicia.
4. Rechazar el traslado de ciudadanos bolivianos a Pando con fines políticos electorales, por parte del Gobierno.
5. Exigir un proceso electoral limpio sobre la base de un nuevo Padrón Electoral, el cual es una justa reivindicación del pueblo boliviano.
6. Proponer y exigir el cumplimiento del siguiente “Plan Cívico” en contra de la inseguridad ciudadana:
Demandar del Gobierno Nacional 2.000 nuevos efectivos policiales operativos.
Exigir la implementación de un presupuesto para la creación de una cárcel modelo en Santa Cruz, actividad que debe realizarse en coordinación entre el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal.
Solicitar la inmediata distritalización de los puestos policiales del departamento de Santa Cruz.
Dentro de una política nacional de lucha contra el narcotráfico, exigir un plan departamental de coca cero mediante la erradicación de los cultivos.
Plantea una agenda cívica
Carlos Cordero / Politólogo
En el documento cívico hay una aceptación del estado de derecho planteado en la nueva Constitución y, al mismo tiempo, un reconocimiento implícito de autoridad nacional. Observo que el pronunciamiento es un pliego petitorio que defiende intereses regionales, que no tiene ningún contenido político. Creo que ésta es una aceptación implícita que la oposición política pertenece a los partidos y no a los movimientos cívicos, que deben dedicarse a defender intereses regionales.
También se observa que la ausencia del reclamo autonómico puede obedecer a la aceptación del fracaso de lo que ha significado el proceso autonómico, los referéndums y la aplicación de los estatutos, que fueron rechazados por el Estado, que no reconoce el modelo autonómico planteado por Santa Cruz. Por lo tanto, habrá autonomía, pero según el modelo gubernamental, a las maneras del MAS, y avanzará a los ritmos que defina el Poder Ejecutivo.
Jornada de mucha reflexión, cautela y marcadas ausencias
Asamblea. Los oradores asumieron los errores del pasado, pero refrendaron la lucha por el proceso autonómico, libertad y democracia. Empresarios y productores faltaron al evento
Expectativa. Una pantalla gigante fue colocada en las afueras de la sede cívica; hubo transmisión por radio a las provincias
Henrry Ugarte A.
La Asamblea Extraordinaria de la Cruceñidad se realizó anoche en la sede del Comité pro Santa Cruz en medio de profundas reflexiones en los discursos, cautela en la resolución final y algunas ausencias notorias en el público asistente.
La Asamblea, que fue la primera organizada en la gestión del presidente Luis Núñez, concentró buena cantidad de personas en la sede cívica y concitó la expectativa de la población, que siguió el desarrollo del evento a través de pantallas gigantes ubicadas en lugares estratégicos de la ciudad.
Uno de los discursos más reflexivos, aunque no muy aplaudido, fue el del secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD), Edwin Fernández, que realizó una autocrítica sobre el liderazgo regional y los pasos en falso que ha dado la demanda autonómica.
“No sólo miremos la paja del ojo ajeno, también miremos lo que hemos hecho del proceso autonómico y corrijamos los errores. Luchemos por la autonomía y democracia, pero no defendamos a terroristas y asesinos”, exigió el líder cobista.
Otro que llamó a la reflexión, pero para desterrar el odio y respetar los derechos humanos de la ciudadanía, fue Germán Antelo, ex presidente cívico. Wílmar Stelzer proclamó que los cruceños son autonomistas, no terroristas, y que si es necesario volverán a aportar recursos para consolidar el proceso histórico que demanda la región.
A la hora del balance sobre las conclusiones de la Asamblea, Jorge Landívar, otro ex presidente cívico, destacó que no era necesaria la toma de medidas extremas y que fue un acierto la decisión de asumir la defensa jurídica e institucional de los ciudadanos perseguidos por el Poder Ejecutivo.
El secretario general de la Prefectura, Roly Aguilera, señaló que llevó la representación del prefecto Rubén Costas y, aunque no hizo uso de la palabra ante la concurrencia, ponderó la decisión final de la Asamblea afirmando que estuvo a la altura del acontecimiento.
A excepción del presidente cívico de San Ignacio de Velasco, Carmelo Gómez, que pidió realizar un paro si es que el Gobierno se lleva otro detenido a La Paz, y del líder de la FUL, Rafael López, que llegó al extremo de pedir la desobediencia civil con un ‘carajazo’ de por medio, los demás oradores apostaron por la cautela.
Contrariamente a lo que sucedió en anteriores encuentros de este tipo, esta vez brillaron por su ausencia los máximos representantes de los empresarios privados y de los productores agropecuarios.
Tres mujeres llevaron la representación de los gremiales, campesinos y provincias de Santa Cruz.
LAS FRASES
«Creyeron que la autonomía era para agrandar sus potreros, pero se equivocaron; corrijamos nuestros errores »
Edwin Fernández | COD
«No hay por qué asustarse. Hay que movilizarse y combatir al Gobierno, pero con la ley en la mano»
Wílmar Stelzer | Ex presidente
«Los campesinos no nos corremos, estamos firmes para defender la libertad, la democracia y el proceso autonómico»
Trinidad Vaca | Representante
Detalles
Ausentes. Muchas personas que antes sus voces eran infaltables en la Asamblea de la cruceñidad, anoche no estuvieron. Es el caso de Pedro Yovhío, Eduardo Paz y Mauricio Roca, presidentes de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, de Cainco y de la Cámara Agropecuaria del Oriente, respectivamente.
Personajes. Tampoco hicieron uso de la palabra, pero sí estuvieron en la Asamblea, viejos conocidos como Rodolfo Landívar, de la Fejuve; Víctor Hugo Velasco, dirigente indígena, y los líderes de la Unión Juvenil Cruceñista.
Notorio. El ex presidente cívico Óscar Román Vaca fue el único que no aceptó los aplausos de la concurrencia y hasta desafió al vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, a un debate sobre la realidad nacional.
Ex líderes. A propósito de los ex presidentes cívicos, Carlos Dabdoub estuvo, pero no participó entre los oradores; Branko Marinkovic tampoco acudió a la Asamblea, pero muchas de las damas cívicas dijeron presente.
Transmisión. Se realizó a través de Activa TV y Canal 11. Todas las estaciones televisivas y radiales fueron autorizadas para bajar la señal. Además, Radio Santa Cruz y la red Amazónica satelital, conformada por 60 radioemisoras en todo el territorio nacional, transmitieron el evento.También se instalaron pantallas gigantes.