Voz compartida – SemanarioUno
“Los problemas por falta de seguridad pública y por la ineficacia de la Policía no solamente persisten, sino que además se han agudizado en los últimos años, incluidos los tres que corresponden a la actual gestión de gobierno, en la que el investigador pasó a ser uno de los ministros con mayor poder e influencia en los temas de seguridad.”
Hace seis años, un investigador afirmaba que “la seguridad ciudadana es importante no sólo por ser un derecho constitucional, sino también y fundamentalmente porque es una condición ineludible para fortalecer la democracia”. El mismo investigador observaba, además, el riesgo que corrían los bolivianos de transformarse en rehenes del miedo, debido a la falta de respuestas de las autoridades públicas al grave problema de la inseguridad ciudadana. Las afirmaciones obedecían al resultado de una investigación titulada “Policía y Democracia: una política pendiente”.
Por increíble que parezca, esa política continúa pendiente y no sólo eso. Los problemas por falta de seguridad pública y por la ineficacia de la Policía no solamente persisten, sino que además se han agudizado en los últimos años, incluidos los tres que corresponden a la actual gestión de gobierno, en la que el investigador pasó a ser uno de los ministros con mayor poder e influencia en los temas de seguridad. ¿Habrá olvidado los resultados y reflexiones hechas en 2003 sobre la seguridad pública? ¿O simplemente optó por el camino recorrido por los anteriores gobiernos a los que criticó por alimentar el círculo vicioso de la prebenda, el clientelismo y la corrupción policial, a cambio de favores políticos?
Hay motivos para sospechar que el investigador olvidó sus investigaciones, una vez llegó a Palacio Quemado. O las burló. Una de dos. No se entiende de otra manera que su paso por el Poder Ejecutivo no marque una diferencia en el manejo de las políticas de seguridad pública y, sobre todo, en la necesaria y postergada reforma policial. Una reforma que, como el mismo investigador ya lo había advertido en 2003, no es de interés de los políticos que se turnan en el poder, porque implicaría una especie de “harakiri”: perderían la posibilidad de reeditar, una y otra vez, el pacto prebendal que durante años han suscrito los gobiernos de turno con los jefes que se turnan en el mando policial, en beneficio propio. Los primeros para seguir usando a la Policía como instrumento de amedrentamiento y control de las voces disidentes; y los segundos para seguir manejando discrecionalmente y sin control los millonarios ingresos que percibe la institución del orden.
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Esto es lo que los bolivianos continúan percibiendo hoy, cuando una nueva ola de delitos irrumpe en el escenario nacional, marcada por hechos cada vez más violentos e impunes en su gran mayoría, en cuyo espectro no aparecen únicamente los crímenes comunes (asaltos, atracos, volteos, violaciones, etcétera), sino también otros de carácter político (secuestros, detenciones arbitrarias, agresiones físicas y verbales, entre otros). Otra vez, y tal como lo había diagnosticado el antes investigador y hoy ministro, marcados por una ineficiente acción policial y una evidente complicidad entre el gobierno de turno y los coyunturales mandos policiales.
El agravante, esta vez, es que quienes operan el nuevo pacto prebendal entre el gobierno de turno y los mandos policiales saben muy bien qué es lo que están haciendo y cuáles son sus consecuencias. Entre otras, el evidente deterioro de la democracia por la vulneración sistemática de los derechos ciudadanos y el aliento a un caldo de cultivo peligroso que sólo genera inseguridad y temor. Dos sensaciones que transforman a ciudadanos nacidos para ser libres en rehenes del miedo, en presas fáciles de un gobierno dictatorial y de una institución señalada ya en 2003 como “despótica, represiva y obstaculizadora de la Justicia”.
Este es el problema de fondo. Un problema que no se resuelve con la confiscación de recursos prefecturales y municipales, ni con discursos ni arengas políticas, menos aún con declaraciones que manipulan y exacerban sentimientos regionales, como la hecha hace poco por el máximo jefe de los policías al señalar que sus efectivos ¡no quieren trabajar en Santa Cruz!