En el caso terrorismo, el respaldo legal e institucional es lo de menos para el Gobierno. Todo vale para la persecución política.
Editorial El Nuevo Día
La politización del denominado “caso terrorismo” no es ninguna novedad, pero a partir de la decisión de la Corte Superior de Justicia de Santa Cruz, de paralizar las acciones del fiscal Marcelo Soza, un quijote lleno de manchas, al Gobierno sólo le queda manejar el asunto en el plano de la más pura chacota mediática, aunque de esto sabe mucho el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, muy afecto a los videos y fotografías bajados de Internet. El hecho de que sea una payasada, sin embargo, no le quita ni un solo grado de peligrosidad.
Están por cumplirse tres meses desde que se produjo el único hecho comprobable de terrorismo, es decir, la salvaje ejecución de tres extranjeros en un hotel de Santa Cruz y hasta hoy, lo único que ha aportado el ir y venir del fiscal Soza, es la descarada manipulación de nombres de personas e instituciones, cuya vinculación al grupo de Eduardo Rózsa sigue sin demostrarse, pese a que desde un principio se prometieron fotografías de parrilladas, videos, grabaciones y un sinfín de evidencias. A nombre de todas esas especulaciones, se ha producido una sistemática violación a los derechos humanos, a las normas procesales y no hay que olvidar que tres personas están detenidas ilegalmente en La Paz.
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Ayer, luego de que se habían pronunciado los tribunales cruceños y después de que el “testigo clave” del Gobierno denunciaba desde la clandestinidad que había sido torturado para implicar en terrorismo a numerosas personas, la comisión de diputados que realiza una investigación paralela del caso, reaccionaba de manera abrupta, con el fin de darle oxígeno a un asunto que se ha muerto desde el punto de vista policial y jurídico. El titular de ese comité parlamentario, el masista César Navarro, puso toda la “carne al asador”, mencionando una veintena de nombres, sin dejar libre a ningún miembro de la institucionalidad cruceña. Faltó poco para que involucre también a la jerarquía eclesial.
Al Gobierno poco le importa carecer de un respaldo institucional para llevar adelante la persecución parajudicial que viene ejecutando desde septiembre del año pasado. Ni siquiera una orden de la Corte Suprema de Justicia vale para el aparato represivo del MAS, como sucedió con el caso Leopoldo Fernández. No resultaría extraño que el solícito fiscal Soza continúe haciendo sus incursiones en Santa Cruz, aunque no sea más que para provocar y, desde el punto de vista mediático, plano en el que tiene probadas habilidades, tratar de dejar en claro que “los cambas” han montado una conjura para encubrir al terrorismo.
A partir de hoy, este caso terrorismo comienza a transitar por el camino de la politiquería más salvaje y que nadie dude que la comisión parlamentaria comenzará a jugar un papel más activo y más descarado también, secundada por el más comedido y funcional concurso de cierta “oposición” congresal. En definitiva, el oficialismo quiere poner al caso Rózsa donde siempre quiso tenerlo: por un lado, en su agenda de campaña electoral y por otro, como arma de persecución política, sin importar qué instrumentos sean necesarios para aniquilar a los “enemigos”. Es cuestión de “meterle nomás”, como dijo el presidente Morales cuando expuso el paradigma de su gobierno.