Terrorismo. La Corte Superior declaró procedente la demanda de Acción de Libertad de los ex unionistas y suspendió las acciones del fiscal Soza hasta que se resuelva el conflicto de competencia.
Salón de audiencia. El fiscal Marcelo Soza llego acompañado de un grupo de agentes policiales de civil y uniformados.
El Día
Miércoles, 8 de Julio, 2009
La sala penal segunda de la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz ordenó ayer la suspensión de las investigaciones y citaciones que llevaba adelante el fiscal paceño Marcelo Soza hasta que se resuelva el conflicto de competencias en el caso de presunto terrorismo.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
El fallo fue pronunciado a las 19.30 después de tres horas de audiencia en la demanda de “Acción de Libertad” –que reemplaza al ‘Hábeas Corpus- interpuesta por los ex unionistas David Sejas y Alfredo Saucedo, que se encontraban con mandamiento de apremio y estaban por ser llevados de Santa Cruz a La Paz, según argumentaron.
Los vocales Adhemar Fernández, Samuel Saucedo y Edgar Molina votaron por unanimidad que el fiscal Marcelo Soza se había extralimitado al continuar con la toma de declaraciones y órdenes de detención a pesar que la juez paceña Betty Yañíquez suspendió su competencia ante el conflicto planteado por el juez cruceño Luis Tapia Pachi, quien también se declaró competente para llevar adelante el control jurisdiccional del caso.
El expediente del caso se encuentra en la Corte Suprema de Justicia para que resuelva el conflicto de competencias.
Se trata de un segundo revés que sufrió el fiscal Marcelo Soza durante la presente jornada, pues en la mañana, el diputado de Podemos, Wilfredo Añez hizo escuchar una grabación en la que su principal testigo, Ignacio Villa Vargas, desde la clandestinidad afirmaba que el mencionado representante del Ministerio Público lo estaba presionando para implicar a varios dirigentes cruceños en el supuesto delito de terrorismo después del operativo realizado el 16 de abril en el hotel Las Américas en el que murió el boliviano croata, Eduardo Rózsa, presunto cabecilla y otros dos extranjeros.
La audiencia se inició a las 16.00 con la interrogante si el fiscal Soza se iba a presentar y cuando la sala del tribunal se había abarrotado de damas cívicas, activistas de la autonomía y familiares de David Sejas y Alfredo Saucedo.
Cuando habían transcurrido 15 minutos de la hora fijada apareció el fiscal Soza acompañado del jefe de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcn) coronel Miguel Gonzales y un puñado de agentes policiales de civil y uniformados.
Tomaron la palabra los abogados de los demandantes Luis Orlando Reyes y Fabio Joffré.
Retrucaron por el otro lado el fiscal Soza y un fiscal paceño que no fue identificado al que tuvieron que pedirle que bajara la voz mientras hacía las argumentaciones.
Uno de los miembros de la sala penal segunda de la Corte, Samuel Saucedo, precisó que el delito de terrorismo se debe condenar y castigar a los culpables; sin embargo, se tiene que seguir el debido proceso y las investigaciones deben ser realizadas bajo el control de un juez, situación que no existe debido al conflicto de competencias.
Al concluir el fiscal Soza abandonó la sala prácticamente huyendo porque amenazaron con agredirlo. En declaraciones por teléfono a El Día dijo que cumplirá el fallo pero se preguntó qué hacer en caso de encontrar armas de fuego de la organización terrorista tendrá que cruzarse de brazos.
Los argumentos de las partes y la resolución de la Corte
Los demandantes • David Sejas y Alfredo Saucedo pidieron paralizar la investigación hasta tanto no se resuelva el conflicto de competencias entre el juzgado de Santa Cruz y La Paz en el entendido que se sentían amenazados de ser privados de su libertad en caso de no concurrir a La Paz.
La Acción de Libertad • La demanda podrá ser interpuesta por la persona que considere que su vida está en peligro, que
es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad (art.125 CPE).
Los demandados • El fiscal Marcelo Soza y otro representante del Ministerio Público se defendieron como leones en la audiencia e hicieron una fundamentación documentada en dos libros que entregaron al Tribunal además de sentencias constitucionales en las que argumentaron que las simples citaciones no implicaban riesgo alguno y que la libertad de locomoción de los demandantes no estaba en peligro.
Error • Argumentaron también que los demandantes no habían agotado todos los recursos antes de presentar la “Acción de Libertad”.
El fallo • Los tres magistrados, Samuel Saucedo, Adhemar Fernández y Edgar Molina coincidieron que al estar suspendida la competencia de la juez paceña Betty Yañíquez y el juez Luis Tapia Pachi no existe el llamado control juridisccional de las actuaciones del fiscal Marcelo Soza.
Prohibiciones • Por esa razón prohibieron expresamente que Soza continúe con las citaciones, la toma de declaraciones a imputados u otras acciones hasta que no se resuelva el conflicto de competencia en la Suprema.
Los hechos
Soza más seguro que nunca
El fiscal Marcelo Soza ingresó ayer a la audiencia rodeado de varios policías. El mismo jefe de la Felcn, coronel Miguel Gonzales, estuvo en el Palacio.
Cívicas brindaron apoyo
Damas del Comité Cívico Femenino siguieron atentas el desarrollo de la audiencia y brindaron su apoyo a los ex unionistas demandantes.
‘Fiscales vendidos al MAS’
Eso escribieron en varias poleras que exhibieron ayer en la audiencia en la que también pedían al fiscal Jaime Soliz defender la jurisdicción.
‘Se cumplió la ley…’
Eso señalaron ayer los ex unionistas, David Sejas y Alfredo Saucedo al abandonar anoche la audiencia en el Palacio de Justicia de Santa Cruz.
Fiscal Soza no puede emitir citaciones
Terrorismo. La Sala Penal Segunda de Santa Cruz declaró procedente el recurso de acción de libertad interpuesto por dos ex unionistas contra el representante del Ministerio Público
Salón. El fiscal Marcelo Soza (dcha.) trató de evitar la recusación, pero pesaron más los argumentos de los recurrentes
Gustavo Ondarza
El fiscal Marcelo Soza, cabeza de la comisión del Ministerio Público que investiga el caso de terrorismo denunciado por el Ministerio de Gobierno, no podrá emitir más citaciones contra personas presuntamente relacionadas con el hecho, hasta que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dilucide el conflicto de competencias jurisdiccionales que reclaman dos juzgados de Santa Cruz y La Paz.
La instructiva la emitió la Sala Penal Segunda de la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz, después de declarar procedente el recurso de acción de libertad interpuesto por los ex unionistas David Sejas López y Alfredo Saucedo Ayala en contra de Soza, al que acusaron de realizar persecuciones ilegales.
Adhemar Fernández, presidente de la instancia judicial, y los vocales Samuel Saucedo y Édgar Molina, coincidieron en el indicado fallo al resaltar que el representante del Ministerio Público estaba actuando al margen de la ley, pues debido al conflicto en cuestión, no había el control jurisdiccional para los eventuales citados y aprehendidos.
Soza, que llegó de La Paz para atender la denuncia, junto a otro colega, fundamentó su pedido de rechazo a la demanda de los ex unionistas indicando que su autoridad estaba cumpliendo su labor en el marco de la ley, y que la citación que extendió a Sejas y a Saucedo se trata sólo de una formalidad para continuar con la pesquisa, y que el recurso interpuesto por éstos era irregular, ya que deberían haberlo hecho ante un Juzgado de Instrucción.
La defensa de los recurrentes pidió el amparo legal de la Corte cruceña, el respeto a la jurisdicción y competencia y el derecho al llamado ‘juez natural’ de ser procesados, en caso de existir una acusación formal contra ellos, en el territorio donde presuntamente ocurrieron los hechos, donde están las pruebas y donde viven los imputados, explicó el abogado defensor, Luis Orlando Parada.
“Ahora no hay un control por parte de los órganos del juez cautelar, tanto el de La Paz como el de Santa Cruz, por existir un conflicto de jurisdicción; sin embargo, el fiscal Soza sigue ordenando detenciones ilegales”, agregó.
Los vocales aclararon que ellos se iban a limitar a responder a la demanda y que no podían aclarar el asunto de las competencias. En ese sentido, los tres miembros de la Sala señalaron en forma coincidente que el fiscal debe anular las citaciones contra los unionistas y, además, no emitir otras convocatorias similares contra personas residentes en Santa Cruz. Soza no emitió declaración alguna después de ello.
Hasta donde se informó, los jueces de La Paz, Betty Yañíquez, y de Santa Cruz, Luis Tapia Pachi, se declararon competentes para llevar a cabo la investigación de la célula terrorista desarticulada el 16 de abril en un hotel de Santa Cruz, y cuyo objetivo supuestamente era atentar contra la vida del presidente Evo Morales y otras autoridades, y buscar la secesión del país.
EN LA AUDIENCIA
n Lleno total en la sala donde se llevó la audiencia. La mayoría eran cívicos y afines a los ex unionistas, a quienes el vocal Fernández advirtió con medidas disciplinarias si no se callaban.
n Al final, más de uno insultó al fiscal Soza llamándolo asesino.
n La Sala Penal Segunda explicó que la acción del Ministerio Público, en este caso, se debe limitar a atender y colaborar las cuestiones emergentes y de urgencia que no impliquen actos investigativos, mientras no se sepa qué juzgado se encargará de hacer el control jurisdiccional.
Diputado Áñez dice que ‘El Viejo’ fue obligado a mentir
El diputado Wilfredo Áñez, de Podemos, hizo pública una serie de grabaciones obtenidas desde un teléfono celular, en la cual asegura que habla el testigo clave del supuesto caso de terrorismo, Ignacio Villa Vargas, apodado como ‘El Viejo’, que revela las torturas que había sufrido.
Áñez explicó que en varias oportunidades recibió la llamada de Villa Vargas para pedirle garantías y resguardo policial para su familia, y que le reveló que fue sometido a presiones psicológicas por parte del fiscal Marcelo Soza para que firme su declaración.
“Estoy pidiendo garantías constitucionales para el señor Ignacio Villa y para su familia, no vaya a ser que atenten contra su vida y que de ese hecho el Gobierno diga que los cruceños somos los culpables”, apuntó. La grabación la entregará al fiscal de Distrito.